Maciel Calvo

Maciel Calvo

Un grupo de magistrados, jueces y secretarios del estudio participaron en la primera sesión de capacitación de la Clínica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, promovida por el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, (IMM)

Un total de 77 operadores de justicia se sumaron a la sesión impartida la semana que conlcuye, cuyo propósito fue capacitar y orientar sobre los concepto normativos existentes y los procesos de construcción de identidad que puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad y a las mujeres en particular.
Mirna Cordero Perulero, responsable de la Coordinación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, el objetivo es que los impartidores y operadores de justicia elaboren sus sentencias con esta perspectiva, en todos aquellos casos en los que está presente la violencia de género.

“Estas acciones para el fortalecimiento a la transversalidad, de carácter nacional, nos permiten, a través de las diferentes dependencias, cumplir también con los compromisos internacionales. Las y los servidores públicos son fundamentales en su participación para estar abonando a este compromiso que tenemos como Estado Mexicano”, señaló.
Destacó que “no es común la impartición de estos cursos en los estados para identificar estos casos sobre la perspectiva de género, ya que los objetivos particulares constituyen la piedra angular de esta capacitación como compartir información sobre la aplicación del enfoque en Derechos Humanos”.

Sábado, 26 Octubre 2019 05:33

Jaimes Olmos, magistrado presidente del TUJA

Cubrirá la licencia médica de su homóloga Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.

José Luis Jaimes Olmos fungirá como magistrado presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) hasta que concluya el periodo de incapacidad que, por motivos de salud, solicitó la magistrada titular, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.

Luego de ganar un juicio de amparo, el 12 de junio pasado, Jaimes Olmos fue designado como magistrado suplente del tribunal de justicia especializado en menores en conflicto con la ley, quien por ley debe cubrir las ausencias temporales de la magistrada presidente.

Debido a un problema de salud, el pasado 11 de octubre el Instituto Mexicano del Seguro Social expidió a Pérez Güemes una incapacidad temporal por 28 días para someterse a tratamiento médico.

Al no exceder el plazo de 30 días previsto en la normatividad en la materia, por primera vez entró en funciones el magistrado suplente, quien desde la fundación del TUJA en el año 2008 se desempeña como juez especializado en justicia para adolescentes.

Una vez que concluya la incapacidad médica expedida por el IMSS, la magistrada retornará a sus funciones.

 

 

La SCJN notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos quedó oficialmente invalidada, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

El falló, que también fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, invalidó la norma esencialmente porque tenía vicios de constitucionalidad, al no haberse consultado, ante de legislar sobre el tema, a la población objetivo.  

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Pleno determinó que la legislación local –publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de octubre de 2016- transgredió tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que protegen los derechos de grupos de población vulnerables.

“Se actualiza un vicio de constitucionalidad respecto de  las normas que se impugnan de previo y especial pronunciamiento, relacionado con el incumplimiento de la obligación de consulta en términos del artículo cuarto, numeral tres , de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no obra constancia de que el Congreso del Estado de Morelos haya realizado una consulta estrecha en la que participaran activamente las personas con discapacidad en torno a una legislación que está dirigida y afecta directamente a una  población determinada, como lo es la ley local para la atención integral de las personas con síndrome de Down.

“Por tanto, al no haber observado la regla de tipo convencional a la que se sujetó el Estado Mexicano, en todos los niveles de gobierno para garantizar la participación de personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen directamente, el proyecto concluye que no sólo debe invalidarse las porciones normativas impugnadas sino por extensión o por principio todas las disposiciones de la ley”, detalló en la sesión de Pleno del 27 de agosto el otrora ministro ponente, Eduardo Medina Mora, quien recientemente presentó su renuncia al cargo.

Al ser notificado el fallo, la ley en cuestión quedó sin efecto y los diputados tendrían que realizar un nuevo proyecto de ley, para resarcir los vicios señalados por el tribunal constitucional.

 

 

María de Jesús Vital Díaz fue declarada por un juez de control como “sustraída de la justicia”, luego de no acudir a la audiencia de formulación a la que fue emplazada.

La ex presidente municipal de Totolapan, María de Jesús Vital Díaz, fue declara por un juez de control como “sustraída de la justicia”, luego de no acudir a la audiencia de formulación a la que fue emplazada. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detalló que en dicha audiencia se le imputaría el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, supuestamente cometido durante su gestión en el periodo 2016-2018.

“La ex presidenta municipal de Totolapan no acudió a la audiencia programada para este día 23 de octubre en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Cuautla, pese a haber sido notificada por la autoridad Judicial. 

“Por tal motivo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgador declarar sustraída de la justicia a la ex funcionaria relacionada con la carpeta de investigación FECC/155/2019 derivada de una denuncia iniciada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización por la compra presuntamente ilegal de un terreno por parte del Ayuntamiento de Totolapan durante la gestión de María de Jesús”, detalló.

 

Jueves, 24 Octubre 2019 05:13

Indignación

La resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia a favor de la exsecretaria Patricia Izquierdo genera malestar; la fiscalía anticorrupción analiza qué hacer ante el movimiento adverso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) analiza la ruta jurídica que seguirá ante la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que  revocó el auto de vinculación a proceso dictado en mayo pasado a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien había sido imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. El TSJ, a través de un comunicado, se defendió de las críticas y rechazó que resolución signifique una exoneración de la ex funcionaria. 

La resolución, que fue aprobada por los magistrados  Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis -con el voto en contra del magistrado Carlos Iván Arena Ángeles, quien consideró que si había elementos para mantener la vinculación a proceso- fue resentida no sólo por los representantes del Poder Ejecutivo sino por la propia fiscalía anticorrupción, que consideró que sí existían elementos suficientes para mantener bajo proceso penal a la ex funcionaria. 

A través de un comunicado, la fiscalía informó que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, analiza “la estrategia a seguir tras la decisión de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revocar la vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, imputada por presuntamente adjudicar de manera directa una obra por más de 75 millones de pesos a una empresa fantasma”, que operaba bajo la razón social Ago Operaciones S.A. de C.V.

Fuentes de la FECC consultadas indicaron que no se descarta ninguna posibilidad jurídica, es decir, desde impugnar la resolución aprobada por mayoría por la Segunda Sala del TSJ ante la justicia federal hasta considerar una acción legal contra los magistrados que votaron por la no vinculación de la ex secretaria de obras, pero todas las opciones están bajo análisis. 

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del TSJ, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

Sin embargo, la sala determinó confirmar el auto de vinculación a proceso a los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, ya que se corroboró que la empresa no estaba legalmente constituida y los imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

La ex secretaria de Obras aún enfrenta dos procesos penales más, debido a que la fiscalía anticorrupción le imputó el delito de ejercicio indebido de la función pública. En el primer caso, se le acusó del pago 34 millones de pesos para la construcción de una planta recicladora en Jiutepec cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, se le acusó de haber pagado 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta recicladora, la cual tampoco fue concluida y su edificación quedó sólo al 40%. 

 

 

 

La investigación del caso está en manos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el homicidio del empresario y activista ambiental Paul Vizcarra Ruiz, no ocurrió en Morelos y que será la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México la responsable de investigar el crimen, aunque las autoridades morelenses apoyarán en las pesquisas. 

Tras la conmemoración del Día del Ministerio Público, sostuvo que hay indicios suficientes para dar con los probables responsables de privar de la vida al empresario y otra personas más lo acompañaba el pasado de 14 de octubre, cuando se le vio por última vez al salir de su casa en Cuernavaca y abordar un vehículo Mercedes Benz. 

Reservó el posible móvil del doble homicidio, pero descartó que se haya tratado de un secuestro, porque no hubo petición de rescate a la familia de las víctimas, cuyos cuerpos semidesnudos y con huellas de tortura fueron localizados  en el paraje “El Cuatillo”, en el poblado de Parres, en la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México.

“Lo que tenemos ya corroborado y es algo que se puede compartir con ustedes, es que este lamentable el homicidio de una persona tan reconocida y tan querida aquí en Morelos no ocurrió en dentro de los límites del estado, ese es un asunto que de competencia de la procuraduría de la Ciudad de México. 

“Estamos nosotros trabajando coordinadamente con ellos, tenemos contacto con la división de homicidios de la  procuraduría de la Ciudad de México y estamos investigando cuál es el móvil, cuál es el origen, lo estamos haciendo en equipo, tenemos una importante línea de investigación y en este momento no es posible compartirla todavía, pero no vamos a dejar impune ese homicidio”, dijo y recordó que la colaboración entre Morelos y Ciudad de México se debe a que en el estado se iniciaron las carpetas de investigación por desaparición y en la capital del país por homicidio

Insistió en que hay pistas sobre quienes perpetraron el delito y no habrá impunidad, “porque si hay un gran material de evidencia que nos va a llevar con los responsables”.

 

 

Miércoles, 23 Octubre 2019 05:19

Exoneran magistrados a Patricia Izquierdo

Consideran que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones; confirman la vinculación a proceso a dos exsubordinados de la exsecretaria de Obras.

Por mayoría de votos, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones, sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

El pasado 6 de mayo, una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Al realizarse la audiencia para resolver el recurso de apelación promovido por los tres ex funcionarios, el magistrado ponente, Rubén Jasso Díaz, y la magistrada, Carmen Aquino Celis, votaron a favor de la revocación de la vinculación a proceso a Izquierdo Medina, mientras que el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, voto en contra y emitió un voto particular por considerar que el veredicto aprobado por mayoría resultaba incongruente. 

De acuerdo con los argumentos expuestos por el magistrado ponente, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

También consideró que no podía tampoco considerarse indebida la actuación de la ex titular de la Secretaría de Obras, ya que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – como parte acusadora- no aludió cuáles eran la facultades y atribuciones de la ex funcionaria. 

En consecuencia, por mayoría, el tribunal de alzada consideró fundada la apelación promovida por la ex secretaria de despacho, a quien se le violentó el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal y resolvió revocar la vinculación a proceso, sin embargo, la resolución no impedirá que el Ministerio Público continúe la investigación y posteriormente pueda formular imputación nuevamente. 

Por cuando a los casos de los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por unanimidad los magistrados de la Segunda Sala confirmaron la vinculación a proceso de ambos por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, en virtud de que permitieron la celebración del contrato con la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V, sin verificar antes que cumpliera con los requisitos previstos la normatividad. 

De acuerdo con lo descrito en la causa penal, dicha empresa no estaba inscrita en el Instituto Registral en Pachuca, Hidalgo, es decir, no hay evidencia de que estuviera legalmente constituida, por lo que los ex funcionarios imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

Al emitir su voto particular, el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, expuso en la audiencia su desacuerdo con el proyecto resolutivo de su homólogo Rubén Jasso, por considerar que la representación social citó cuáles eran las atribuciones legales de la ex funcionaria “lo que es basto y suficiente para encuadrar la conducta imputada a Izquierdo Medina, quien tenía la obligación legal de licitar la obra justamente para no incurrir en responsabilidad, pero no lo hizo. 

Tal es así, dijo, que ella dirigió en su momento oficio a la Secretaría de Hacienda para la obtención del presupuesto. Adicionalmente, dijo, la ex secretaria tenía la obligación de verificar la cuestionada empresa cumpliera con la normatividad y, conforme a los indicios aportados por la fiscalía anticorrupción, la empresa a la que se le adjudicó la obra no existe, pues no estaba legamente constituida y no había certeza de que contara con la capacidad técnica y financiera. 

Consideró que había indicios para confirmar el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo, pues “la resolución que se somete a estudio presentaría un vicio de incongruencia interna, al vincular por el mismo hechos a los coimputados y pretender dictar una resolución en sentido contrario a la que en su momento fue la superior jerárquico”.

El magistrado Jasso rechazó que hubiese tal incongruencia y aclaró que la ex secretaria y sus ex subordinados enfrentaban cargos diferentes. La Unión de Morelos solicitó a la ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo, una entrevista, pero rechazó hacer una declaración. El fallo es impugnable ante la justicia federal. Hasta el cierre de edición, la fiscalía anticorrupción no había emitido una apostura respecto a este fallo adverso.

 

 

La propuesta obligaría a usar casco, a dar visibilidad a las placas y a prohibir circular con permisos.

Albino Quiroz Sandoval fue secuestrado en marzo de 2017

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será sede del Congreso Internacional sobre Derecho Familiar, que se realizará a mediado del mes de noviembre, con la participación de países de América Latina y Europa. 

Ponentes de lugares como Francia, España, Perú, Argentina, Ecuador y Costa Rica abordarán temas relacionados con la restitución internacional de menores, nuevas modalidades de la guarda y custodia, alienación parental y adopción homoparental. 

El magistrado y director de la Escuela Judicial del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, detalló que el congreso se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre, luego de que durante la edición anterior, que se celebró en Colombia, Morelos se postuló para ser sede este 2019.

 “De entre más de 10 países solicitantes, la Academia Euroamericana de Derecho de Familia favoreció con su confianza al TSJ de nuestra entidad” señaló Falcón Vega. 

 Nain Isaac Monge Segura, juez del Poder Judicial de Costa Rica y vicepresidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Argentina, aseguró que estas actividades que se llevarán a cabo en Morelos constituyen un ejercicio en el que los saberes que se compartirán forman parte de la experiencia consolidada de nuestro país y en especial de Morelos.

“La Academia Euroamericana pensó en Morelos por el nivel de debate, los temas son mundiales y México los discute para beneficio de la comunidad jurídico internacional. Morelos es un escenario óptimo, pues tiene la plataforma tanto estructural como académica”, dijo el juez costarricense. 

Las inscripciones están abiertas para estudiantes, postulantes, servidores públicos y sociedad en general, a través de la plataforma digital del TSJ.

 

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.