En una marcha, agrupaciones civiles reclamarán hoy condiciones de equidad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles convocaron para hoy a una marcha desde la glorieta de Tlaltenango y una concentración en el monumento a la Madre, además de numerosos foros y conferencias virtuales. Las agrupaciones coinciden en que las condiciones de inequidad prevalecen y urgen políticas públicas efectivas para abatir las violencias, en particular los feminicidios. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, mismas que componen el 51.2 por ciento de la población total. 

El mismo documento señala que entre la población que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social las mujeres ocupan apenas el 39 por ciento  de los puestos disponibles.  

En 2018, 40.7 por ciento de las judicaturas y magistraturas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales estaban a cargo de mujeres y el 48.2 por ciento y 49.2 por ciento de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado son ocupados por féminas; en los Ayuntamientos, el 44.9 por ciento (en 2018) eran regidoras, síndicas o presidentas municipales. 

Según los datos del Inegi, las mujeres son propietarias de un tercio (36.6%) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros (MIPYMES). Cabe destacar que cuando ellas son dueñas de su negocio contratan más mujeres para trabajar (dos mujeres remuneradas por cada hombre); además, el 86.1% de su personal permanece empleado durante todo el año. 

La brecha de género en la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) es de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en una menor disposición de tiempo libre, pues el promedio  es de solo 4.2 horas a la semana. 
Para este 2021, el tema propuesto por ONU Mujeres es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, como un esfuerzo por reconocer sus logros y desafíos, y destacar la importancia de la participación de las mujeres en las decisiones públicas.
Cabe destacar que según el mismo instituto, en México, el promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más es de 9.6 años, y la tasa de participación económica para la población femenina creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años (de 33.3 en 2010 a 49.0 en 2020). 

Las cifras siguen mostrando inequidad, pero en los hechos, los casos de violencia dejan muestra de las condiciones de desventaja en que se encuentran las mujeres en el país y en el estado.  

Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del  2016, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno arrojan que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.  

El 43.9% de ellas ha sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. 

Como cada año, organizaciones de mujeres han convocado para hoy a una marcha que iniciará a las 15:00 horas desde la glorieta de Tlaltenango y avanzará hacia el zócalo de Cuernavaca. Las convocantes han solicitado a quienes acudan que porten cubrebocas como requisito obligatorio, así como gel antibacterial y que mantengan la sana distancia. Además, recomendaron llevar pancartas o mantas con mensajes alusivos, así como paliacates verdes o morados.  

Por otra parte, mujeres de diferentes agrupaciones programaron una reunión a las 10 horas en el monumento a la Madre ubicado en la calle Salazar en el Centro de Cuernavaca, donde se emitirá un pronunciamiento en demanda de condiciones de equidad y el cumplimiento de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.   

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Francisco Javier Calderón Medina, informó que este lunes será desplegado un operativo ante las posibles protestas y manifestaciones que se llevarán a cabo este día con motivo del Día Internacional de la Mujer

El secretario refirió que está de acuerdo y es respetuoso ante cualquier manifestación de las mujeres a través de las cuales pretendan exigir respeto a sus derechos.

Puntualizó que el operativo no se llevará a cabo para evitar la libre manifestación de las mujeres, sino para garantizar que personajes ajenos a las protestas realicen acciones que pretendan desestabilizar la movilización.

 

  

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Ante actos de violencia, activista llama a las autoridades a atender la situación para garantizar la seguridad de los integrantes de ese sector.

Cuautla.- Derivado de diversos actos violentos en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI+, el representante del Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado de Morelos, Israel Dirzo, lamentó y condenó este tipo de acciones.

Aunado a lo anterior, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a que a la brevedad atiendan esta situación y se implementen las medidas pertinentes para evitar que este tipo de actos continúen presentándose y de esta manera, se garantice la seguridad e integridad de las personas que pertenecen a dicha comunidad.

Llamó a las autoridades a atender de manera adecuada la problemática y dar puntual seguimiento a las investigaciones del asesinato de la activista Gala Ocampo que ocurrió en la región sur, el pasado domingo.

Asimismo, solicitan la implementación de acciones de mayor eficacia para localizar con vida a José Luis Mora y Diana o César Cedillo, integrantes del colectivo LGBTTTI+ que desaparecieron en los municipios de Tepoztlán y Ayala, respectivamente.

El activista agregó que es de suma importancia que las autoridades puedan garantizar y brindar la certeza de evitar que haya discriminación contra personas pertenecientes a la comunidad lésbico-gay, además de que se implementen campañas para promover los derechos de las personas pertenecientes a la misma.

Destacó que en lo que va de este año, se han presentado al menos 19 actos cometidos en contra de personas de la comunidad LGBTTTI+, sin que haya implementación de acciones a favor de la diversidad sexual.

En este sentido, Israel Dirzo refirió que hasta que no haya modificaciones y compromiso a las acciones implementadas, tendrán que continuar cuidándose entre quienes integran dicha comunidad, acompañados de los defensores de los derechos humanos.

En lo que se refiere al asesinato de la activista Gala Ocampo, precisó que una de las líneas de investigación apunta a que se habría tratado un crimen de odio.

A su vez, señaló que se desconocen las circunstancias en las que desaparecieron José Luis Mora y Diana o César Cedillo.

 

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Xochitepec y Emiliano Zapata implementaron acciones en un intento de levantar la AVG en esos municipios.

El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, señaló que los presidentes municipales deberían realizar campañas de difusión y atención permanente para disminuir los índices de violencia hacia las mujeres, porque en lo que va del año se han registrado al menos tres feminicidios.

Denunció que los alcaldes no están cumpliendo con las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que contempla la Alerta de Violencia de Género (AVG) decretada en ocho municipios morelenses desde agosto del 2015, y reveló que apenas dos municipios, Xochitepec y Emiliano Zapata, implementaron campañas informativas, en un intento de querer salir de la alerta.

Además, dijo que los feminicidios también muestran la indiferencia social, lo cual -a su consideración- implica un incremento en la violencia, porque se convierte en comunitaria.

"¿Cómo es posible que a la gente se le vea así, abandonada, sin que haya respuesta de la ciudadanía? eso es inaceptable, es decir elevar el nivel de conciencia social es fundamental, pero también debemos exigir a las autoridades que cumplan sus tareas, responsabilidades y las acciones mandatadas, porque son parte de la política de respeto a la Ley general de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia", dijo en entrevista.

Martínez Cruz puntualizó que desde el año pasado presentaron un estudio a los municipios y al gobierno, donde se señala que no se están cumpliendo todas las medidas de la AVG y hasta la fecha siguen sin atenderse por lo que, dijo, no se trata de que las autoridades informen que van a trabajar para salir de la AVG, sino de garantizar los derechos a las mujeres y que los casos no queden impunes.

 

 

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A pesar de los reiterados llamados a cumplir con la Alerta de Violencia de Género (AVG), el año cierra con cuentas pendientes y con al menos 78 feminicidios documentados. 

Así lo sostuvo la representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos Juliana García Quintanilla, al exponer que todavía restan algunos días para concluir el 2020.  

La vocera de la organización social promotora de la AVG lamentó que “la postura del gobierno sigue siendo omisa en el tema de feminicidio”. Destacó que a pesar de que en días pasados la CIDH ha solicitado información a diferentes instancias que tienen que atender la alerta, éstas “siguen siendo negligentes y desafortunadamente hay declaraciones del gobierno que sean que atienden con oportunidad este asunto y dan cifras engañosas”.  

Recordó que desde agosto se dio a conocer que al corte del mes de julio se habían registrado 44 feminicidios en el estado y a la fecha ya se incrementaron los casos.  

Además, aseveró que los feminicidios siguen sin ser atendidos y que en la procuración de justicia “éste asunto no es importante”.  

García Quintanilla sostuvo que “el mensaje que se da públicamente no es el de cero tolerancia, por el contrario, es de apatía de deficiencias y de engaños”.  

 

 

 

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Jueves, 03 Diciembre 2020 05:14

Buscan acelerar proceso contra diputado

Niegan “violencia política de género” en contra de Zapotitla Becerro.

La diputada morenista Keila Figueroa Evaristo defendió la postura que asumió junto con siete legisladoras más para exigir en tribuna la salida de su homólogo Marcos Zapotitla Becerro del salón de Plenos y su separación del cargo, para que enfrente la denuncia en su contra por el presunto delito de violación sexual.


"A mí no me tiembla el tacón de la zapatilla para seguir señalando estos actos que no se deben de permitir ni en este estado ni en ningún otro", manifestó la legisladora, quien rechazó que se haya ejercido violencia política de género en contra de Zapotitla Becerro.


El pasado 4 de noviembre, en sesión ordinaria de Pleno un grupo de legisladoras subió a la tribuna y a gritos de "es moral, no es legal" obligaron a la salida del salón del legislador local, de quien además demandaron su separación del cargo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda continuar con las investigaciones.


Figueroa Evaristo fue una de las que encabezó la protesta y aseguró que ésta se desarrolló sin violentar ningún derecho.
"Fue un clamor que hicimos como legisladoras para que en Morelos no sucedan esas cosas", agregó.


Por ello, dijo que como grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) insistirán en que se agilice el procedimiento para la declaración de formación de causa y Marcos Zapotitla sea separado de su representación.
"Espero que no sea falta de voluntad y encubrimiento y se sesione y se resuelva antes de que termine el año", manifestó.


Desde el 4 de noviembre, el diputado Marcos Zapotitla Becerro no se ha presentado a su oficina del  Congreso del estado y mucho menos a una sesión ordinaria.

 

 

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Martes, 01 Diciembre 2020 05:16

Zapotitla dice sufrir violencia de género

TEPJF pide a TEEM pronunciarse sobre medidas cautelares solicitadas por el diputado contra sus homólogas.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) pronunciarse sobre las medidas cautelares  solicitadas por el diputado, Marco Zapotitla Becerro, quien afirmó ser víctima de violencia de género, luego de que el 4 de noviembre un grupo de diputadas al grito de “no es legal, es moral”, exigieron su salida del salón de Plenos  del Congreso y que el legislador enfrente como ciudadano un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación.

Al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-214/2020, promovido por Zapotitla Becerro contra la determinación de la magistrada instructora del TEEM de reservar la admisión de su demanda y la negativa de implementar medidas cautelares, “para que las autoridades responsables se inhibieran de practicar actos de violencia en su contra” que le impiden ejercer el cargo en el Congreso, la sala revocó parcialmente el acuerdo dictado por el tribunal local.

Determinó que es facultad de la magistrada reservar la admisión hasta que la parte actora cubra los requisitos que establece la norma local en la materia, sin embargo, estableció que no tiene atribuciones para pronunciarse respecto a la solicitud de medidas cautelares porque es una facultad del Pleno del TEEM.

“En ese sentido, las medidas cautelares son uno de los mecanismos de tutela preventiva de los derechos humanos. Se otorgan mientras se resuelve el fondo de una controversia y su finalidad es tutelar de manera preventiva y oportuna los derechos que están en juego y prevenir que una conducta probablemente ilícita se siga ejecutando u ocurra una posible vulneración irreparable en los derechos (…).

“Ahora bien, el acuerdo impugnado, la magistrada instructora, determinó, de forma particular, que no era procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por el actor; sin embargo, dicha decisión no forma parte de la  sustanciación ordinaria del juicio local y es una resolución definitiva, por tanto, al ser una situación extraordinaria debía ser el Pleno del tribunal local quien tomara la decisión correspondientes.

“Por lo tanto, esta Sala Regional concluye que la negativa carece del requisito de validez, consistente en ser emitida por una autoridad competente, conforme al artículo 16 de la Constitución y el principio de legalidad”, estableció la sentencia que ordenó al Pleno de TEEM pronunciarse respeto a si procede o no la aplicación de las medidas solicitadas por el legislador.

La Sala Regional también rechazó la petición del diputado para que el TEPJF asumiera jurisdicción sobre su solicitud de medidas cautelares, porque consideró que para asumir competencia directa en estos casos debe advertirse una posible afectación a la vida, la integridad o la libertad de la persona, pero en este caso el diputado lo que solicita es restitución en su derecho de ser votado en la vertiente de desempeñar el cargo para el que fue electo.

 

 

 

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Las que residen en zonas urbanas, las más propensas a experimentar agresiones en su contra.

Zona sur.- Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundió un comunicado con información estadística acerca de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Señala que la información se obtiene de dos instrumentos de información clave que genera el Inegi: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

“Los resultados de la Endireh 2016 indican que 65 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en Morelos han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 44.1 % de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que 51.5 % ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida”, refiere.

Agrega que las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (65.2 %), en edades entre 35 y 44 años (68.6 %), las que cuentan con nivel de educación superior (73.3 %) y las que no pertenecen a un hogar indígena (64.9 por ciento).

Los censos de gobierno revelan que de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (41.0 %) y la violación (40.5 %).

En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el Inegi genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020, en México existían 50 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), distribuidos en 28 entidades federativas.

Los estados que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (cinco), México (cuatro), San Luis Potosí (cuatro) y la Ciudad de México (tres); hay diez estados que cuentan con dos CJM, entre los que se encuentra Morelos.

Por su parte, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

 

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Enfrenta una segunda denuncia por violencia política de género.

Tetela del Volcán.- Aun después de que el presidente municipal de este lugar, Israel González Pérez, ofreciera una disculpa pública a la regidora Susana Isabel Herrera Rodríguez, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), por haber ejercido violencia política en su contra, el alcalde no está totalmente liberado del impedimento para aspirar a la reelección en el cargo.

El caso de la regidora Herrera Rodríguez, originaria de Hueyapan, que se originó a raíz de la separación de dicha comunidad para convertirse en municipio indígena, no incluyó al presidente municipal en la Plataforma de Violentadores que impide la participación en una elección popular, debido a que la sentencia en su contra se emitió antes de que existiera ese criterio.

Sin embargo, el caso de la síndica municipal, Marixa Mirella Castro Mendoza, sí podría ser un impedimento, en caso de que el edil no logre desvanecer las imputaciones en su contra mediante la impugnación que interpuso por medio electoral ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior fue destacado por Daniela Albarrán Domínguez, asesora legal de regidora Susana Isabel Herrera Rodríguez, quien manifestó que el caso de su defendida no fue vinculante debido a que aún no existía el criterio que imposibilita a quienes ejercen violencia política para participar en una elección.

“Posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz también de un caso de violencia política en el estado de Veracruz, crea esta figura de la Plataforma de Violentadores, donde las personas que violentan no podrán contender para un cargo de elección popular. Pero este criterio sale en el mes de marzo, es decir, posteriormente a que salió la sentencia”, detalló.

En relación con la sentencia en contra del alcalde de Tetela del Volcán por el caso de la síndica municipal, sí podría ser un impedimento para su reelección.

“Sabemos que en su sentencia sí se incluyó, está como parte de la condena al presidente municipal, es que se incluya en esta Plataforma de Violentadores. Él impugnó esta resolución nuevamente ante la Sala Regional Ciudad de México y está en manos de ellos cómo van a resolver el asunto”, finalizó Albarrán Domínguez.

 

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Pide a autoridades frenar los asesinatos de mujeres y cumplir con las condiciones de la Alerta de Violencia de Género.

En conmemoración a las víctimas de feminicidio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos colocó una ofrenda en la explanada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y exigió a los tres Poderes del Estado cumplir con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y las obligaciones que les impone la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con pétalos de flor de cempasúchil fue escrita sobre la plancha de la explanada y a los pies de la diosa Themis, la exigencia de “Alto al Feminicidio” y se colocaron cruces rosas de madera y papel.

Julia García Quintanilla, vocera de la organización y promotora de la AVG, lamentó que la violencia feminicida siga cobrando la vida de decenas de mujeres y que tan sólo en el primer semestre de 2020 hayan ocurrido 44 feminicidios en Morelos.

Afirmó que en la entidad el feminicidio no ha sido erradicado y recordó que, la cifra documentada por la comisión independiente, cuantifica mil 235 casos en casi 20 años.

“Esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia. Y lamentablemente vemos como a medidas emergentes, las reacciones lentas y discontinuas han sido la respuesta institucional.

“El cambio de personal, así como la nula o poca comprensión de la problemática que abarca la Alerta de Violencia de Genero en Morelos implica que la atención y seguimiento a las acciones mandatadas por la AVG se haga tardíamente y que los compromisos adquiridos no se hayan cumplido.

“En este sentido, observamos que las controversias políticas y/o personales dentro del gobierno municipal, estatal y federal únicamente contribuyen a una inacción de las instituciones y, por ende, una desatención en la obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y en el cumplimiento de las medidas decretadas por la Alerta de Violencia de Género”, dijo.

Por ello, reiteró su exigencia a los tres Poderes del Estado y a los gobiernos de todos los niveles para que cumplan con sus responsabilidades legales y actúen en consecuencia, porque es inamisible que mujeres sigan siendo víctimas de violencia y privadas del derecho a la vida.

“En el marco de las tradiciones culturales de nuestro pueblo, que no olvida a las personas muertas de manera violenta, hoy 28 de octubre de 2020, seguimos llamando a reivindicar el derecho a una vida digna y exigir justicia para todas las víctimas de feminicidio en Morelos, hacemos un enérgico llamado a todos los poderes del Estado y a todos sus niveles de gobierno para que cumplan y hagan cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues el pueblo se los demanda”, concluyó.

 

 

 

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Pretenden combatir casos de agresión sexual en la vía pública.

El uso de gas pimienta y de paralizadores eléctricos podrían convertirse en una herramienta para la defensa personal permitida por la ley en Morelos, para prevenir más casos de víctimas de agresión sexual en la vía pública.


Durante la sesión ordinaria de Pleno del Congreso local, el pasado miércoles, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza propuso reformar el Código Penal del estado, en su artículo 245 y adicionar una excepción al tipo penal consistente en el uso de herramientas para la defensa personal de las mujeres.


Explicó que actualmente el código castiga hasta con tres años de prisión a quien transporte o use este tipo de artefactos, a menos que su uso sea laboral o recreativo, una pena mayor, incluso, a la que se impone a un acosador sexual.
"Actualmente una chica en portación de un gas pimienta para su defensa personal podría pasar más tiempo en prisión que su agresor por un delito de acoso sexual. En un país donde matan a más de 10 mujeres al día, esta es la ‘protección’ que les da hoy en día la ley", manifestó en tribuna.


Flores Espinoza mencionó que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del 2018, el 82 por ciento de las mujeres se siente insegura en la vía pública.
Los principales espacios donde se sienten inseguras son en los cajeros automáticos, el transporte público, las carreteras y en los mercados.


Por ello, planteó que se permita el uso de artefactos para la defensa personal, ya que no implicarían ningún daño físico grave al agresor pero sí  "una oportunidad de presentar una defensa ante un ataque o agresión que ponga en riesgo nuestra integridad física, psicológica o hasta nuestra vida".


La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación,  así como a la de Igualdad de Género.

 

 

 

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