Maciel Calvo

Maciel Calvo

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 debido a graves violaciones a la Constitución y al proceso legislativo.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 116/2020, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la mayoría de las ministras y ministros consideraron que los diputados, de manera indebida, extendieron el periodo ordinario de sesiones, al decretar un receso, y reanudarlo el 27 de enero, para finalmente aprobar hasta el 28 de enero el presupuesto 2020.

Es decir, para la SCJN el periodo ordinario, como establece la legislación local, culminó el 15 de diciembre y, por lo tanto, el Congreso debió instalar la Comisión Permanente y convocar a sesión extraordinaria para abordar el tema presupuestal.

Sin embargo, en las consecuencias de la sentencia se estableció que no tendrá efectos retroactivos, ya que se trata de la resolución de una acción de inconstitucionalidad, y, por lo tanto, el decreto impugnado deberá tener validez desde el momento de su publicación y hasta que surta efecto la declaración de invalidez, por lo que su expulsión del orden jurídico afectará los actos jurídicos, autorizaciones, empréstitos, transferencias, convenio, contratos y erogaciones que surgieron al tener de la Ley de Egresos invalidada.

También se estableció la reviviscencia de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, hasta en tanto culmina el ejercicio fiscal 2020.

Debido a este fallo, en consecuencia el Pleno de la SCJN sobreseyó la controversia constitucional promovida por el TSJ, quien reclamaba la modificación a su proyecto de presupuesto y la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable.

Abogado se pronuncia por no retrasar el juicio de procedencia contra el diputado.

El abogado de una víctima, Gibrán Haro Álvarez, pidió al Congreso  considerar abrir un periodo extraordinario de sesiones para resolver la solicitud de juicio de procedencia para que el diputado Marco Zapotitla Becerro enfrente  en calidad de ciudadano el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de violación.

Consideró lento el desahogo del proceso legislativo para atender la solicitud para retirar la investidura al legislador, quien supuestamente no ha sido localizado ni en sus oficinas ni en su domicilio para entregarle la notificación sobre el procedimiento instaurado en su contra.

Celebró que finalmente la Comisión de Gobernación y Gran Jurado haya aprobado la publicación de edictos para emplazar al diputado, pero lamentó que por alguna razón el desahogo del proceso haya dilatado, pese a que se trata de un tema de justicia social.

Dijo que deben ser publicados tres edictos (uno por semana) y posteriormente el diputado tendría cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de procedencia, para que después se integre un dictamen y luego sea analizado por el Pleno del Congreso.

Insistió en que el desahogo del proceso fue dilatado, ya que el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones y para entonces apenas se publicaría el tercer edicto. Sin embargo, instó a que se abra un periodo extraordinario para atender este asunto de relevancia social y jurídica.  

“Pareciera que hay intereses políticos y económicos, esperamos que nos sea así y que la sociedad vea que se está trabajando conforme a derecho”, recalcó, al insistir en que hay una víctima de un delito grave y que el caso debe llegar a los tribunales para que sea ahí donde se dirima la responsabilidad del legislador en los hechos que se le pretenden imputar ante un juez, en cuanto se apruebe el juicio de procedencia.

 

 

 

Jueves, 26 Noviembre 2020 02:56

Confían PJ y CDHEM en duplicar recursos

La Comisión de Derechos Humanos busca hacer valer autonomía constitucional.

El Poder Judicial del Estado de Morelos confió en que el próximo año el Congreso duplicará su presupuesto, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos espera tener recursos suficientes y hacer valer su autonomía constitucional, en vísperas de la resolución de las impugnaciones promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuyo proyecto se propuso declarar la invalidez de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos por vicios en el proceso legislativo.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, consideró poco probable una modificación del presupuesto 2020 del Gobierno de Morelos, pero lo que resuelva la SCJN podría tener un impacto en la Ley de Egresos del próximo año en favor del Poder Judicial, a quien, conforme a la Constitución local, le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Dijo que será relevante la resolución del tribunal constitucional, porque hay diferencias de criterio entre los Poderes Judicial y Ejecutivo respecto de los rubros y conceptos que forman parte del presupuesto estatal programable, para calcular en pesos los recursos que le corresponden al Poder Judicial.

Expresó que el Poder Judicial estima que el 4.7% equivale en este momento alrededor de 900 millones de pesos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo considera que la cifra es inferior.  

Descartó que la controversia constitucional en víspera de resolución por parte del Pleno de la SCJN, signifique una confrontación con el resto de los poderes. Por el contrario, existe una buena relación, que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación para exponer y justificar por qué la administración de justicia requiere más recursos.

“Nosotros, independientemente de esta cuestión legal, nosotros estamos en la cuestión política en muy buenos términos tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, estamos en pláticas para que vean nuestra realidad.

“No es que el Poder Judicial quiera un presupuesto nada más porque sí. Traemos un estudio, traemos cifras de lo que necesita el Poder Judicial para salir. Hoy no tenemos para pagar aguinaldos, ya nos apoyó el Poder Ejecutivo con algunas ampliaciones y nos ha seguido apoyando. Estamos hablando de una realidad, no estamos en estirar, jalar para ver quién gana, sino cuál es la realidad que tiene el Poder Judicial y qué necesita para poder terminar el año”, explicó.

Para el 2020, el Congreso asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y 524 millones para el TSJ,  de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial aspira que para el 2021 con la resolución de la SCJN, fundamentada en la reforma constitucional que le dio autonomía financiera y estipuló un presupuesto equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable, se le asignen por lo menos 900 millones de pesos.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, celebró la decisión del Pleno de la SCJN de dar legitimación al organismo para impugnar, mediante una acción de inconstitucionalidad, el deficiente presupuesto asignado y abrir la puerta para que otras comisiones locales de país puedan defender su presupuesto y autonomía constitucional.

Recordó que la CDHEM desde hace años recibe un  presupuesto deficitario, al grado de ser el orsanismo local del país con menos recursos. “A la comisión, en el transcurso de su existencia, de los años, se le ha asignado el peor presupuesto que existe en todas las comisiones de la República Mexicana. Somos la comisión más castigada en ese sentido, y eso se traduce en darle la espalda a los derechos de las personas, porque eso es lo que al final de cuentas nosotros venimos a defender”, dijo.

Celebró que el Pleno del tribunal constitucional haya dado legitimidad al organismo para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso de Morelos y confió que, al igual que el Poder Judicial, pueda duplicar sus recursos.

“De manera inédita, por primera ocasión la SCJN en función de los planteamientos hechos por la CDHEM, ha dejado atrás una tendencia jurisprudencial para negarles a las comisiones la posibilidad de defender nuestra autonomía (…)

 “Esto implica una decisión inédita en la cultura jurídica del país, en la historia nunca se ha invalidado un presupuesto de egresos y eso es digno de reconocer a esta comisión, porque a final de cuentas habrá un antes y un después y abrirá la puerta y la ruta jurídica para que no solo la CDHEM, sino todas nuestras hermanas en todo el país puedan defender sus autonomías, porque insistimos en que, si no hay autonomía, difícilmente podremos cumplir con nuestras funciones”, sostuvo.

Luego de que la resolución de acción de constitucionalidad 116/2020 fue pospuesta para este jueves, Hernández Cruz consideró que existen tres escenarios posibles: 1) que el Pleno de la SCJN invalide  el presupuesto 2020 del estado de Morelos para que se respete autonomía y asigne presupuesto suficiente; 2) obligar al Congreso a que en el próximo presupuesto no se vuelva a incurrir en el mismo exceso y atentar contra la autonomía del organismo; 3) que se le obligue a legislar al Poder Legislativo para que la CDHEM tenga autonomía financiera como tienen otros organismo autónomos locales.  

Recordó que para 2020 le fueron asignados 15.8 millones de pesos y para el 2021 solicitó un presupuesto de 30 millones.

 

 

El Poder Judicial del estado y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) impugnaron la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020.

El proyecto de resolución presentado este lunes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, de manera inédita e histórica, invalidar la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 por violaciones al proceso legislativo, derivado de las impugnaciones promovidas por el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra el presupuesto que les fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

El proyecto expuesto en el Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la CDHEM corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó invalidar el presupuesto estatal 2020 por diversos vicios.

Aunque una minoría de ministros consideró que el organismo local carecía de legitimidad para promover la acción para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Poder Legislativo local, la mayoría  de los integrantes del Pleno votó por la legitimidad de la comisión para promover la impugnación, ya que –de acuerdo con el ministro ponente- el reclamo de presupuesto es una defensa en abstracto de los derechos humanos, ya que a partir de un bajo presupuesto la CDHEM no puede cumplir con su objetivo y se vulnera su autonomía constitucional.

Sin embargo, el Pleno no entró al análisis de fondo y pospuso el debate para la siguiente sesión, debido a la conexidad de la acción de inconstitucionalidad con la controversia constitucional 42/2020 (también enlistada en segundo lugar para resolución) promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, y el impacto que tendría la invalidez de la Ley de Ingresos estatal, pues sería la  primera vez en la historia del país  que la SCJN invalidaría un presupuesto gubernamental por vicios legislativos.

“Señoras y señores ministros, como ustedes saben, este proyecto trae un tema delicado, importante de violación a proceso legislativo. Tuvimos una ardua y extensa sesión previa, en la cual algunas ministras y ministros consideraron importante darnos un espacio para reflexionar, ver constancias, tomar en consideración cuáles serían las constancias jurídicas de este asunto, no solo para este caso en concreto, sino como un precedente muy trascendente en un sentido o en otro que fuera la votación (…).

“Voy a proceder a levantar la sesión toda vez que este asunto está vinculado íntimamente con el asunto que tenemos listado en  segundo lugar, para que podamos dedicar un espacio a analizar y reflexionar sobre las diversas posturas y consecuencias que traería  la votación de este asunto, sobre todo por lo que hace a la violación del proceso legislativo que, hasta donde recuerdo, sería la primera vez que eventualmente este tribunal constitucional invalide un presupuesto de egresos por violaciones al procedimiento legislativo”, explicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dar por concluida la sesión.

 

PRESUPUESTO FUERA DE TIEMPO E IMPUGNACIONES

 

La aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos se dio fuera de plazo y en medio de una disputa política por la representación del Congreso y la titularidad de diversas comisiones legislativas.

El presupuesto debió ser aprobado el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, fue  hasta el 28 de enero de 2020 que se logró el consenso y la aprobación de la Ley de Egresos, con diversos ajustes notables que impactaron a diversos organismos autónomos y al Poder Judicial.

Inconformes, por separado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la CDHEM promovieron la controversia constitucional 42/2020 y la acción de inconstitucionalidad 116/2020, para impugnar ante la SCJN los presupuestos que les fueron asignados.

En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del Estado y publicado el pasado 29 de enero de 2020 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, se asignaron 549 millones de pesos para el Poder Judicial, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 524 millones para el TSJ, de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

Demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el caso de la CDHEM, para este año recibió un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos, lo cual le serviría para hacer frente a los gastos operativos y la colocó como el órgano defensor con menor presupuesto del país.

El año pasado, el organismo local había solicitado un presupuesto de 50 millones de pesos para adquirir un inmueble como sede propia y aterrizar varios proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el Congreso decidió mantener el presupuesto que tiene la comisión desde hace varios años.

 

 

 

Entra en vigor reforma al Código Familiar del Estado de Morelos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma al Código Familiar del Estado de Morelos que quieta el derecho a cónyuges e hijos violentos a recibir alimentos y herencia.

De acuerdo con el legislador, hasta antes de la reforma, aun cuando existía violencia familiar las obligaciones alimentarias no cesaban y no existía en la norma una disposición expresa que restringiera al generador de violencia el derecho a la sucesión testamentaria o a reclamar herencia.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de un total de 5,632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76.2% fueron hombres y un 23.8% mujeres.

En violencia familiar, Morelos tiene el sexto lugar nacional con 137 delitos por cada 100 mil habitantes, siendo los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec los de mayor incidencia.

El legislador consideró que existía un vacío legal en lo que se refiere a las conductas de violencia familiar previstas en el artículo 24 del Código Familiar estatal, que pueden ser demostradas directamente ante el juez de la materia y que pareciera que no había una consecuencia de su comisión.

Por ello, determinó necesario “complementar las causales de pérdida de derechos alimentarios y hereditarios de los responsables de violencia familiar, logrando una mayor protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que resultan los más afectados por dichas conductas”.

En consecuencia, se reformó la fracción III del artículo 55, y se modificó  la fracción III y derogó la fracción IV del artículo 506 del Código Familiar local, para establecer que cesará la obligación alimentaria “en caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez inferidos intencionalmente por el acreedor alimentario contra el que deba prestarlos, el que haya incurrido en conductas de violencia familiar como lo marca el artículo 24 de este Código”

Además, se declarará la incapacidad para heredar por la comisión de un delito o acto ilícito “el que haya incurrido en conductas de violencia familiar como lo marca el artículo 24 del presente Código, en contra del autor de la sucesión, debidamente demostradas ante la autoridad correspondiente”.

 

 

 

El órgano resuelve juicios promovidos por dos partidos políticos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para que se abstenga de retrasar la ejecución de multas a partidos políticos y, al culminar diciembre, suspender los descuentos a sus prerrogativas por sanciones pendientes de cobro, hasta después del proceso electoral.

Al resolver, por separado, los juicios de revisión constitucional SCM-JRC-11/2020 y SCM-JRC-12/2020, promovidos por los partidos Social Demócrata de Morelos  (PSD) y del Trabajo (PT), la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF revocó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que confirmaron los acuerdos emitidos por Impepac, mediante los cuales aprobó modificar el calendario presupuestal de ambos partidos, derivado de diversas sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desde el año 2017y que posteriormente quedaron firmes.

Por unanimidad, el Pleno de la Sala Regional consideró que efectivamente les asistía la razón a los partidos quejosos, ya que el retraso y ejecución simultánea de las multas impuestas en diversos ejercicios transgrede el principio de equidad, pues existen partidos políticos a los que sí se les cobraron de manera gradual, sin que el Impepac expusiera una motivación suficiente para justificar el retraso o la razón para hacer el cobro de manera diferenciada a otros partidos.

Se estimó que la ejecución y cobro de las diversas multas mediante la reducción de las ministraciones mensuales que corresponden a ambos partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sí puede situarlos en una posición que comprometa su funcionamiento interno para la realización de sus procesos de selección de candidaturas para los comicios 2020-2021.

Concluyó que la forma en que el Impepac ejecutó las multas puede generar un desequilibrio en la contienda, razón por la que el Pleno también ordenó que el descuento a sus prerrogativas ordinarias mensuales para el pago de las multas se realice hasta diciembre y, a partir de enero de 2021, deberá suspender la reducción de ministraciones por concepto de  cobro de multas, para continuar con el cobro pendiente una vez finalizado el proceso electoral local.

Adicionalmente, la Sala Regional Ciudad de México conminó a la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento del Impepac “para que, en lo sucesivo, haga efectivas las multas impuestas a los partidos políticos en cuanto estas sean ejecutables y se abstenga de retardar la ejecución de las sanciones impuestas a los partidos políticos sin justificación alguna”.

 

 

Buscan implementar la Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos.

Los Poderes Judicial y Legislativo cabildean la posibilidad de etiquetar presupuesto para implementar la Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos, aprobada desde 2014, y crear la Unidad de Protección, especializada e integrada por elementos capacitados en la custodia de víctimas y testigos, con lo cual regresarían a las filas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) los policías preventivos que actualmente desempeñan esa tarea.

A petición de un grupo de empresarios morelenses, representantes del Congreso, la CES y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sostuvieron una reunión de trabajo la semana pasada para abordar este tema y considerar su inclusión en la discusión de la ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 2021.

El magistrado y titular de la Comisión de Seguridad del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, comentó que, con base en Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos, se crearía la Unidad de Protección a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y “lo que se busca es que en lugar de que sean los policías de la CES quien atienda medidas de protección, la fiscalía tenga sus propios policías que protejan a víctimas y testigos”.

Con ello, dijo, la CES recuperaría el estado de fuerza, ya que sus policías no estarían distraídos en otros temas que no sean la prevención del delito; en tanto, la FGE tendría una unidad especializada y con elementos capacitados para realizar la labor de protección y custodia.

Explicó que la unidad se encargaría de brindarles protección a las víctimas y las personas que de alguna manera colaboran con la justicia como testigos, a partir de las peticiones de los fiscales, las órdenes que emitan los jueces y magistrados en segunda instancia que llevan los casos, con base en un análisis de amenaza y riesgo.

Dijo que la propuesta presupuestal ronda los 20 millones de pesos al año, sin embargo, la definición de recursos dependerá del número de elementos que se incorporarán y capacitarán, así como de la decisión del Congreso.

 

 

Las autoridades no pueden actuar si no hay querellas: Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, responsabilizó a los transportistas de no presentar las denuncias por los hechos delictivos de los que dicen ser víctimas, ya que las autoridades no pueden actuar si no hay querellas.

Tras la manifestación en la sede de la Fiscalía General del Estado en Cuernavaca, encabezada por un grupo de transportistas que denunció públicamente la quema y robo de unidades, las constantes extorsiones de que son víctimas por parte de células criminales y la falta de prevención del delito, el almirante sostuvo que los concesionarios solo se quejan ante los medios de comunicación pero no acuden ante la autoridades.

“Se quejan ante ustedes (los medios de comunicación), no se quejan ante la fiscalía. Entonces, mientras no hay un delito que está denunciado, pues difícilmente vamos a poderlos apoyar. O sea, nosotros actuamos por orden de la fiscalía en cuestiones de órdenes de aprehensión que se generan a través de una denuncia. Si no denuncias, pues estamos incapacitados de poder someter a alguien, al menos que se dé en el momento en que se está cometiendo el ilícito”, explicó.

Recordó que en el caso de la detención de personas que tenían tomada la caseta de Alpuyeca, secuestrados a tres choferes y retenidas varias unidades de transporte de pasajeros, se actuó de inmediato, debido a que existían denuncias ante la fiscalía estatal, pero existen otros casos en los que la CES no puede actuar por falta de querella.

“Yo sé ahorita, por ejemplo, que hay 15 vehículos que están retenidos, que le sacan el combustible, bajan al pasaje. Sé que va haber una manifestación, que van a utilizar esos vehículos, por allá por el área de Puente de Ixtla, sin embargo, repito, eso lo veo yo en los medios (...) y no tenemos noticias de que haya denuncias de la línea, de los dueños de los vehículos. Entonces no podemos hacer gran cosa al menos en que sea en el momento en que se está cumpliendo (realizando) la conducta delictiva”, dijo, al señalar que también la intervención de la CES está acotada al fuero común y toca a la Guardia Nacional actuar en el ámbito federal.

Por otra parte, el titular de la CES aseguró que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelos disminuyó en un 23 por ciento el delito de homicidio doloso, con lo que la entidad descendió del ranking nacional del escaño 10 al 15 por número de casos, mientras que por cada 100 mil habitantes paso del quinto al octavo, y “moverse un lugarcito en esa estadística es muy difícil y nosotros ya lo logramos”.

Indicó que, conforme a los datos oficiales, en Morelos han ocurrido 97 homicidios dolosos menos que en el 2019, sin embargo, admitió el aumento de casos de secuestros, que colocó a Morelos en el primer lugar en la comisión de este delito.

“En el caso de los secuestros sí, lamentablemente estamos en el primer lugar, pero aquí habría que ver los resultados que se han tenido cuando se han rescatado a los secuestrados, el 90 por ciento de los secuestrados. Un trabajo de la fiscalía, de la Unidad Especializada contra el secuestro en cooperación con nosotros, hemos rescatado a la mayoría de los secuestrados, un 90 por ciento.

“No podemos evitar el secuestro, pero sí estamos teniendo acciones contundentes para recuperar a la gente que es secuestrada. Desgraciadamente nos mete en la estadística, porque al haber un secuestro no lo estamos impidiendo, es difícil, sin embargo, en las labores de coordinación que se realizan a través de esta mesa, estamos recuperando a las personas que son secuestradas”, aseguró.

 

 

 

 

La dinámica es parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el TSJ ante la emergencia sanitaria.

Un juez de control realizó la primera audiencia telemática para expedir una orden de cateo, como parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), forzadas por la pandemia del covid-19 y las medidas preventivas para evitar contagios.

El TSJ informó que esta audiencia fue atendida por la juez de control Gloria Angélica Jaimes Salgado, quien a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autorizó la orden de cateo a un predio ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, por el delito de robo de vehículo.

“Esta la primera audiencia que llevamos en estos términos y con esto iniciamos una nueva era, en la cual vamos poder desahogar determinadas audiencias, con la Fiscalía General del Estado principalmente, sin necesidad de movernos. Son más dinámicas, más rápidas y se puede incluso dictar la resolución en ese momento y no perderíamos el tiempo en trasladarnos”, detalló el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz.

Aseguró que la utilización de estos recursos electrónicos tiene sustento legal en el Artículo 51 del Código Nacional Mexicano de Procedimientos Penales, por lo que a través de un medio tecnológico en tiempo real se desahogarán asuntos judiciales, logrando una tutela judicial efectiva, procurando que el principio de legalidad de cada uno de los pasos estuviera cumplido.

 

 

Municipios disputarán recursos también para sentencias urgentes.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo expidió las reglas de operación para la distribución del fondo de diez millones de pesos para el pago de laudos y sentencias, a fin de evitar la destitución de los integrantes de los ayuntamientos por desacato.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor las “Reglas de operación del fondo de aportaciones estatales concursable para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas dictados en contra de los municipios de la entidad”, que establecen las bases y requisitos para acceder a los recursos, así como la conformación del Comité de Evaluación, que determinará los casos a concursar y asignación de montos a cada municipio en riesgo.

De acuerdo con el documento, los recursos serán exclusivamente para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas no atendidas por administraciones municipales anteriores al periodo 2019-2021, en los que se hayan agotado los medios de defensa y pongan en riesgo la continuidad en el cargo de los integrantes de los cabildos.

El Comité de Evaluación,  que elegirá los casos a concursar por la asignación de recursos, será integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que, con base en el análisis de los expedientes que realizará el grupo de trabajo técnico, decidirán colegiadamente cuáles son los laudos y sentencias prioritarias.

Los alcaldes interesados en acceder al fondo de diez millones de pesos deberán presentar por escrito su solicitud, en la que expresen no contar con los recursos económicos suficientes para atender el pago del laudo o sentencia; contar con la aprobación por parte de su Cabildo para celebrar el convenio de coordinación, para que se realice, en su caso, la compensación de recursos que resulten como diferencias a cargo del municipio o deriven del incumplimiento de las obligaciones que se establezcan en la reglas de operación; postular las sentencias o laudos que hayan quedado firmes y cuya resolución definitiva supone un riesgo de destitución para los miembros de elección popular de los ayuntamientos.

Además, deberán de presentar documentación relacionada con la resolución de la cuenta pública expedida por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscal del ejercicio 2019, la Balanza de Comprobación Mensual y Anual armonizada hasta el cuarto nivel de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y del primer semestre del ejercicio fiscal 2020, y otros documentos sobre las finanzas municipales.

Los recursos que integran el fondo estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal, y los municipios que sean apoyados con la asignación recursos del fondo deberán entregar documentación comprobatoria, donde conste el procedimiento de pago al beneficiario del laudo o sentencia en ejecución.

Las reglas de operación estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. En los próximos tres días deberá designarse a los integrantes del Comité Evaluador y en un plazo de diez días hábiles deberá instalarse dicho órgano y comenzar con el análisis y selección de los casos prioritarios.

 

 

 

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