Maciel Calvo

Maciel Calvo

Los imputados pertenecían a una banda relacionada con al menos ocho plagios cometidos en circunstancias similares.

Miércoles, 20 Noviembre 2019 05:11

Inicia CDHEM supervisión de reclusorios

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) comenzó con el nuevo  Diagnóstico Local de Supervisión Penitenciaria, que consistirá en verificar las condiciones físicas en que se encuentran los cinco reclusorios estatales, incluido el centro de internamiento para menores, y la aplicación de las estrategias de reinserción social. 

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el personal del organismo aplicará una encuesta a por lo menos el diez por ciento de la población penitenciaria, con la finalidad de evaluar si las y los internos tienen acceso a servicios de salud, a programas educativos, de atención especializada en el caso de personas de la tercera edad o con discapacidad, actividades recreativas o deportivas. 

Además, de supervisar que las instalaciones cuenten con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como las autoridades y el personal de custodia respeten los derechos humanos y apliquen debidamente las políticas de reinserción social. 

A tres semanas de los hechos violentos por el  amotinamiento de los reos dentro penal de Atlacholoaya, que dejó un saldo de siete muertos, señaló que es importante que se cumpla con la ley y las condiciones necesarias para la reinserción de las personas, de los contrario “de nada sirve, o de muy poco sirve, que una persona que recibe como sanción una pena privativa de la libertad  y que en su estancia en reclusión no se logren los objetivos de una pena”.

Indicó que la supervisión comenzó en el penal de Atlacholoaya y continuará en los próximos días en el resto de cárceles distritales y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), con el objetivo de presentar los resultados de esta nueva supervisión en enero de 2020. 

Recordó que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que Morelos empeoró su evaluación, al pasar de 7.2 en 2018 a 6.5 en 2019.

Felipe Sedano Reynoso alcanza el beneficio al cien por ciento de su último salario como funcionario de primer nivel.

El ex director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Felipe Sedano Reynoso, obtuvo su jubilación al cien por ciento de su último salario como funcionario de primer nivel. 

Después de una larga batalla legal y en cumplimiento de un amparo otorgado por el Juzgado Séptimo de Distrito, el Congreso local emitió un nuevo decreto por el cual se aprobó su solicitud de jubilación y se emitió el decreto pensionario. 

El ex director del IEBEM, de acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, recibirá una pensión de 68 mil 696 pesos, ya que comprobó haber trabajado más de 30 años al servicio del estado, como lo establece la Ley del Servicio Civil de la entidad. 

Aun cuando el Poder Ejecutivo realizó al menos tres observaciones al decreto pensionatorio, el Congreso señaló que al ex funcionario no le aplicaba esa disposición –en vigor desde enero de 2013- que fijó un tope a las “pensiones doradas” que recibían altos funcionarios del gobierno estatal y estableció que no podrían ser superiores a los 600 salarios mínimos generales vigentes. 

En este caso, según el legislador, dicha disposición no era aplicable ya la terminación del cargo de director del IEBEM -que ocupó durante tres años- fue el 31 de octubre de 2012, al concluir el sexenio del gobernador panista, Marco Adame Castillo. Además, dicha pensión será retroactiva. 

“La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado”, se estableció en el decreto

De acuerdo con una declaración pública realizada a principios de octubre por el actual secretario de la Contraloría del gobierno de Morelos, César Santana Nava, Sedano Reynoso aparece en la lista de ex funcionario inhabilitados por supuestas irregularidades durante su gestión al frente del IEBEM.

Martes, 19 Noviembre 2019 05:03

Feminicidas optan por proceso abreviado

Declararse culpables reduce significativamente su pena.

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, afirmó que varios responsables de privar de la vida a mujeres han preferido acogerse al beneficio legal del procedimiento penal abreviado. 

Señaló que, pese a que el procedimiento implica un beneficio legal para quienes aceptan los hechos y delitos imputados, la condena promedio para los feminicidas confesos que optan por una sentencia menor prevista en el Código Penal (de 40 a 70 años) es en promedio de un cuarto de siglo. 

“Al momento de tomar un procedimiento abreviado, pues aceptan la responsabilidad legal de lo que han hecho y se obtiene una sentencia, que no es una sentencia baja, es de 26 años y seis meses lo que se les puede imponer, y finalmente una reparación del daño con la que tienen que cumplir”, explicó. 

No precisó el número de feminicidas que han elegido el juicio abreviado, pero recalcó que la ley establece que, quienes se acojan a este beneficio, podrán recibir hasta un tercio de la pena mínima en caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos.  

Insistió en que varios feminicidas se han amparado en este beneficio, “lo que es un reflejo de que las investigaciones están sólidas, porque en el momento en que ellos atienden a un procedimiento abreviado es porque saben que no tienen salida para una sentencia absolutoria”.

 

Son originarios del Estado de México   

La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión confirmó que son tres las personas detenidas como presuntas responsables del plagio del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa María Elena Guerrero Ávila.

A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

 

 

El 80 por ciento de los internos del Cereso de Atlacholoaya son integrantes de la organización delictiva “Los Rojos”, asegura el comisionado estatal de seguridad.

Exhorta al gobierno federal a destinar fondos para construir un nuevo centro penitenciario en el oriente del estado.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, exhortó al gobierno federal a considerar dentro del presupuesto de egresos 2020 una partida para financiar la construcción de un penal de máxima seguridad en el oriente del estado, para recluir a miembros de grupos criminales como “Los Rojos” que, actualmente son la mayor parte de la población penitenciaria.

Luego de ser informado que su comparecencia ante el Congreso fue pospuesta, el funcionario se retiró de la sede del Poder Legislativo no sin antes conceder una entrevista a los medios de comunicación.

Señaló que no supo el motivo de la suspensión de la comparecencia que estaba programada para las 9:00 y únicamente se le informó que se posponía hasta nuevo aviso.

En su agenda, el titular de la CES pensaba abordar con los legisladores de la Comisión de Seguridad y Justicia los temas del presupuesto 2020, explicar los hechos violentos ocurridos el 29 y 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya y la situación de la seguridad en la entidad.

El comisionado destacó la presencia del subsecretario Israel Ponce de León Bórquez para que explicará directamente a los diputados el tema del penal, pues “solo se escuchó la parte interna y no se le ha escuchado él, por eso lo traje también.

“Yo estoy consciente de que a veces cuando uno aprieta, pues le empiezan a levantar rumores o falsedades, porque tener el control de un penal no es fácil, sobre todo por lo que ingresa al penal”, explicó.

Sostuvo que posiblemente algunas de las quejas de los familiares de los internos pueden ser justificadas, pero también hay circunstancias en que las medidas de seguridad y protocolos exigen su cabal cumplimiento, porque también son las visitas quienes introducen droga y objetos prohibidos al penal.

Respecto a la situación actual del penal, descartó una huelga de hambre  -como la anunciada por familiares de internos- y afirmó que ya fueron reparados los daños a las instalaciones provocados durante el amotinamiento y enfrentamientos entre grupos de reos rivales hace 15 días.

Ortiz Guarneros pugnó porque el conflicto reciente en el penal de Atlacholoaya sea argumento para considerar de inmediato la construcción de un centro de reinserción social de máxima seguridad, tomando en cuenta que la mayor parte de los 3,400 internos actuales pertenece al cártel “Los Rojos”, una organización delictiva que se caracterizó por su violencia.

“Efectivamente, un 80 por ciento de los internos son ‘rojos’, pero no hay donde más meterlos, esa es otra de las propuestas que traigo, de crear el penal de alta seguridad, porque ya se adquirió en el 2013 -durante la administración graquista- un terreno de 52.3 hectáreas (en el municipio de Yecapixtla) y está el proyecto (ejecutivo para la construcción) pero se requieren dos mil 500 millones de pesos”, dijo, al señalar que, en caso de aprobarse los recursos para el próximo 2020, en tres años estaría listo el nuevo centro penitenciario de alta seguridad.

“Yo tengo la obligación de elevar mis propuestas, viendo la situación de que tenemos dos penales con 25, 28 años de antigüedad, que son insuficientes, que no tienen condiciones de seguridad para delincuentes de grupos o un cártel como Los Rojos, que han demostrado que son violentos, se requiere tener un penal de máxima seguridad.

“El predio es del estado, el estado hizo un proyecto y ahora (hay que) darle curso, elevarlo otra vez porque quedó en el olvido, lo estamos reviviendo y esperamos que con esto que está pasando la Federación voltee a vernos y se autoricen los recursos para hacerlo”, concluyó.

 

 

Jueves, 14 Noviembre 2019 05:10

Junio y julio, meses más violentos: fiscal

Son los periodos en que suele registrarse mayor violencia contra las mujeres: García Betanzos.

La fiscal especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio, Fabiola García Betanzos, señaló que junio y julio suelen ser los meses en los que se registra mayor violencia contra las mujeres y en los que la temperatura suele ser uno de los factores que provocan este aumento. 

Adelantó que está por lanzarse la convocatoria para seleccionar a quienes integrarán la Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalía especializada, lo que permitirá estudiar y observar metodológicamente la violencia contra la mujer con base en las estadísticas y los casos que investiga la fiscalía.

Precisó que de enero a la fecha la fiscalía registró 28 feminicidios  y 56 muertes violentas de mujeres, pero hasta concluir el 2019 estará en condiciones de concretar un análisis comparativo que permita con claridad establecer si se mantuvo la estadística, si los casos disminuyeron o aumentaron. 

 “La comparativa la vamos a hacer al cierre de año, eso es algo que debemos de hacer. Obviamente los meses más violentos siempre serán junio y julio, esto es por una situación criminológica, implica obviamente, ustedes no lo van a creer, pero uno de los factores es el clima, que en determinado momento puede influir como otros factores. El feminicidio es multifactorial y entonces debemos de atender esa situación. 

“Hoy tenemos esta incidencia delictiva, pero al cierre del año podremos hacer un balance de si está en aumento o no”, indicó.

Explicó que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar también suelen tener un repunte en ambos meses, y estos indicadores deben ser susceptible de estudio, no nada más por parte de los abogados, sino también de los sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, “y ese es uno de los objetivos de integrar un equipo multidisciplinario para la Unidad de Análisis y Contexto, para que nos den estas causas, que nos digan cómo lo vamos a atacar y cuál es el mapa criminológico”.

 

 

Jueves, 14 Noviembre 2019 05:00

Reactivan amparo por sucesión en CDHEM

Lo interpuso el expresidente del organismo, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Por orden de un tribunal colegiado, el Juzgado Tercero de Distrito admitió el juicio de amparo promovido por el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito decretó fundado el recurso de queja 214/2019, promovido por el ex ombudsman contra el auto de desechamiento de su demanda de amparo emitido en 24 de junio pasado, el juzgado federal admitió el expediente 883/2019, pero negó el otorgamiento de la suspensión provisional, por tratarse de un acto consumado.

En el mes de marzo, el Congreso lanzó la convocatoria para designar o, en su caso, ratificar al titular del organismo estatal. Al proceso se inscribieron 22 aspirantes, incluido Olivares Brito, quien aspiraba refrendar su nombramiento.

Fue Israel Hernández Cruz, ex funcionario de la administración graquista y quien entonces se desempeñaba como titular de la Notaría 13 de Cuernavaca, quien resultó designado ombudsman con el voto de 17 de los 20 legisladores locales.

Su nombramiento generó polémica entre los propios aspirantes y organizaciones de abogados, y el ex titular de la CDHEM decidió impugnar por la vía del amparo la decisión del Congreso.

Inicialmente, el juzgado federal desechó su demanda, pero un tribunal colegiado ordenó su admisión.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero de Distrito emplazó al Congreso local a rendir los respectivos informes sobre el proceso legislativo para la designación. “Por otra parte, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Apercibidas de que, de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, estableció el acuerdo de admisión.

 

Los afectados exigen el pago completo de su pensión, pues sólo reciben una parte, y con rezago.

María Ramos Galván tiene 92 años, es viuda del ex combatiente zapatista Manuel Gómez Martínez y es una mujer que a su edad literalmente la Revolución no le hizo justicia.

Vive sola en la colonia Gabriel Tepepa, en el municipio de Cuautla, vende dulces en la calle y es una vecina quien está al pendiente de ella. A pesar de que anualmente en el presupuesto estatal se etiqueta una partida de 550 mil pesos para 10 viudas y un ex combatiente revolucionario, tres de los cuales murieron este año, ella sólo recibe 800 pesos mensuales que, pese a ser una cantidad ínfima, no siempre le son depositados puntualmente.

El abogado de María y otras viudas zapatistas, Pedro Martínez Bello, acusó que no sólo hay una irregularidad en el pago de la pensión que reciben sino que alguien, que no es de los beneficiarios, se queda con parte de esa partida presupuestal, ya que actualmente el gobierno de Morelos sólo les deposita 800 pesos al mes, cuando la cantidad que deberían recibir es de cuatro mil 375.

“El gobierno del estado contesta nuestra solicitud dando cuenta con un presupuesto de 525 mil pesos anual(es) para la pensión de dichas viudas, por lo cual a cada viuda le corresponderían la cantidad de cuatro mil 375 pesos mensuales y no de 800 pesos como actualmente les están depositando, es decir, alguien en el gobierno del estado se está robando el dinero que les corresponde a las viudas zapatistas”, dijo el abogado, a unos días de conmemorarse el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y de ser el 2019 el Año de Emiliano Zapata.

El padrón actual de beneficiarios es de nueve viudas y un ex combatiente de entre 85 y 95 años de edad, quienes necesitan comprar medicamentos y atender sus necesidades como adultos mayores.

Recordó que el Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911, en su artículo 8 estableció las indemnizaciones a las viudas y huérfanos, y lamentó que los recursos no lleguen a los beneficiarios de manera correcta y completa

En rueda de prensa, el historiador y bisnieto de Emiliano Zapata, Edgar Castro Zapata -quien heredó de su abuelo Mateo Zapata la responsabilidad de cuidar a las viudas de los revolucionarios que formaron parte del Ejercito Libertador del Sur- junto con el litigante, exigió a las autoridades depurar el padrón de beneficiarios, pagar los gastos de marcha tras el fallecimiento de varias de ellos y actualizar las pensiones conforme al presupuesto etiquetado.

 

 

 

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