Ambos se inconformaron con la sentencia en la que el edil fue declarado responsable de violencia política en razón de género en contra de la representante legal del ayuntamiento.
El presidente municipal de Temixco, Israel Piña Labra, y la síndica municipal, Graciela Cárdenas Morales, librarán una segunda batalla legal, pero ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de ambas partes se inconformaron con la sentencia en la que el edil fue declarado responsable de Violencia Política en Razón de Género (VPG) en contra de la representante legal del ayuntamiento.
De acuerdo con los asuntos en instrucción en la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, de la que ahora forma parte la expresidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Ixel Mendoza Aragón, transitan por esta instancia los juicios de la ciudadanía promovidos por el alcalde Piña Labra y el regidor Julio César Ortiz Popoca, quienes fueron denunciados y sentenciados a ser inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPG.
Mientras que el edil y el regidor buscan la revocación de la sentencia del tribunal local, la síndica municipal reclama el incumplimiento del fallo del pasado 7 de agosto, en el que se declaró que ambos servidores públicos municipales incurrieron en violencia política en agravio de Graciela Cárdenas al emitir expresiones misóginas y truncarle el ejercicio del cargo como representante legal de la comuna temixquense, al reducir el presupuesto de la sindicatura y quitarle el control de la Consejería Jurídica que, por ley, le corresponde a ella.
El pasado 19 de agosto, el presidente municipal -emanado de la alianza electoral PAN-PRI-PRD-RSP- ofreció una “disculpa” a la síndica y a la regidora Adriana de la Cruz, quien también denunció violencia política en su contra.
Sin embargo, la sentencia TEEM también ordenó devolver la consejería jurídica a la estructura de la sindicatura y el presupuesto correspondiente para el funcionamiento de esta área; que la Oficialía Mayor diera de alta y expidiera los nombramientos del personal de confianza de la síndica; y responder a las solicitudes de mejoras al equipo de cómputo y mobiliario de la síndica y la regidora.
Además de la disculpa pública a las funcionarias agraviadas, se ordenó que el alcalde tome un curso de género y su inscripción, junto con el regidor, al Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPG, lo cual sería un factor que impediría que tanto el edil como el regidor pudiesen contender en el próximo proceso electoral. Por lo pronto, ambas partes esperan el fallo de la Sala Regional Ciudad de México.
