Maciel Calvo

Maciel Calvo

Miércoles, 18 Diciembre 2019 05:11

José Martínez Cruz, primer visitador de la CNDH

El ex vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, fue designado visitador por la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Tras aceptar las renuncias de los titulares de las seis Visitadurías Generales y reconocer su desempeño dentro del organismo nacional, Piedra Ibarra nombró a Martínez Cruz como director general de la Primera Visitaduría de la CNDH.

También entraron en funciones Carlos Fazio, como director general de la Segunda Visitaduría, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; Hilda Téllez Lino, en la dirección general de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría; Joaquín Aguilar Méndez, quien actualmente se desempeña como visitador adjunto, como director general de la Cuarta Visitaduría;  Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente encargada de la oficina regional en Oaxaca, como directora general de la Quinta Visitaduría; y Edgard Sánchez Ramírez, como director general de la Sexta Visitaduría.

Todos ellos, precisó la CNDH, en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

“Con la idea de fortalecer la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y avanzar en su tarea de poner al centro de interés a las víctimas, desde el inicio de su gestión, la Presidenta de esta Comisión, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, ha sostenido reuniones con organizaciones y colectivos de diverso signo y comprobado activismo pro-derechos humanos; pero sobre todo con víctimas, con el objetivo de escuchar sus demandas y peticiones para a partir de ellas ir conformando su equipo de trabajo….”

 

Miércoles, 18 Diciembre 2019 05:08

El TUJA, con graves problemas financieros

La magistrada Ana Virinia Pérez denuncia que desde hace años cancelaron el presupuesto del tribunal.

La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, lamentó que el proyecto de presupuesto del 2020 no contemple un incremento para este tribunal, en el que se han aplicado medidas de austeridad que comienzan a hacer mella en su operatividad.

Explicó que el TUJA solicitó un presupuesto de 45 millones, pero la propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso fue de 23 millones de pesos, lo que significa que por cuarto año consecutivo el tribunal no tendría incremento.

Señaló que la situación financiera es crítica y, en caso de no recibir un aumento presupuestal para el próximo año, deberá tomar nuevas medidas que implicarían prescindir de varias áreas especializadas, sobre todo en un momento en que se hace un esfuerzo por prevenir y atender las criminalidad juvenil.

“En este momento, por ejemplo, estamos cerrando el juzgado de ejecución por falta de presupuesto, la juez también se jubiló, y el presupuesto que tenemos no nos permite abrir nuevamente esa plaza.

“Este es un ejemplo de que, en lugar de ir creciendo, el tribunal de alguna manera va cerrando las áreas especializadas que ya teníamos, y a mí me parece que debemos de impulsar más el tema porque, como ustedes saben, la delincuencia juvenil cada día crece.  Vemos cada vez a jóvenes más pequeños involucrados en delincuencia y delincuencia organizada, y me parece que es un tema al que se le debe dar importancia”, recalcó.

Instó a los diputados a reconsiderar la propuesta de presupuesto para el TUJA y concederle un aumento suficiente para evitar que la austeridad impacte negativamente el órgano especializado en justicia para adolescentes.

 

Miércoles, 18 Diciembre 2019 05:04

La SCJN admite recurso iniciado por siete diputadas

Ejecutivo y Congreso del estado deben explicar cambios al Presupuesto 2019 con mayoría calificada de 13 votos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo de siete diputadas inconformes con la reciente modificación realizada por el Congreso al presupuesto estatal de egresos 2019, con la finalidad de cumplir urgentemente con un bloque de sentencias emitidas por el tribunal constitucional, relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Poder Judicial.

Si bien la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 135/2019, rechazó conceder la suspensión solicitada por las  diputadas Tania Valentina Rodríguez, Keila Figueroa Evaristo, Blanca Nieves Sánchez Arano, Naida Díaz Roca, Maricela Jiménez Armendáriz, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Erika García Zaragoza.

“Por su parte, en relación con el incidente de suspensión solicitado por las promoventes, no ha lugar a proveer de conformidad, dado que dicha medida cautelar, por regla general, no se prevé para este medio de control constitucional y, en el caso, no se actualiza ningún supuesto de excepción a tal regla de acuerdo a los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, estableció el acuerdo emitido por el ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En consecuencia, fueron emplazados como demandados los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, en calidad de autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.

La polémica planteada en la acción de inconstitucionalidad por el grupo de diputadas denominado “G7”, es que la modificación presupuestal fue aprobada sólo con 13 de 20 votos y que no se cumplió el supuesto de la mayoría calificada que establece la Constitución.

Para las diputadas disidentes, quienes votaron en contra los cambios al presupuesto, se requerían 14.  Por lo pronto, al admitir el recurso, la SCJN requirió a las autoridades señaladas como responsables para rendir sus informes.

 

  

La Comisión Independiente de Derechos Humanos celebra las tres décadas de su creación.

La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones constantes a los derechos fundamentales de la personas, afirmó la Comisión Independiente de Derechos Humanos, al conmemorar el 30 aniversario de su fundación y 31 años de la desaparición del luchador social, José Ramón García Gómez.

“Justo el tema de la desaparición forzada en nuestro país ha sido uno de los puntos principales para la creación de este organismo de derechos humanos. Seguimos apuntando en este tema de justicia y la presentación de los desaparecidos con vida.  En este caminar hemos también tomado el tema de las defensoras de los derechos humanos y nos parece fundamental, porque justo a partir del reclamo de justicia es que se han ido constituyendo muchas mujeres en activistas, en luchadoras por los derechos y por recuperar a sus hijas y sus hijos y por reclamar justicia”, afirmó Juliana García Quintanilla, coordinadora de la comisión independiente, quien ha sido impulsora de la tipificación del delito de feminicidio y de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

A pregunta expresa de si hay cambios en materia de derechos humanos tras tres décadas de lucha social, señaló que hay mayor participación ciudadana y una evolución legislativa importante, pero lamentablemente “lo que sigue deficiente son las malas administraciones públicas sin importar partidos, no hay cambios en la administración de justicia, vemos lamentablemente un retroceso, y un incremento de la violencia.

“Eso nos parece grave y vamos a seguir insistiendo, nos vamos a mantener en la exigencia de justicia”, afirmó. 

También destacó que en los últimos años se incrementó la violencia no sólo contra las mujeres sino contra las y los defensores de los derechos humanos, quienes son reprimidos, hostigados, amenazados, desaparecidos y hasta privados de la vida. 

Durante la conmemoración de los 30 años de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, activistas y sindicalistas impartieron diversas conferencias y cerraron el día con una actividad musical en el zócalo de Cuernavaca.  

 

 

A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

Lunes, 16 Diciembre 2019 05:16

Darán recursos especiales al TSJ

El gobierno federal asignará presupuesto para implementar la reforma laboral.

El estado de Morelos estará entre las primeras entidades en implementar la reforma laboral, que básicamente consistirá en la extinción de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González gestionó presupuesto federal para las entidades que serán las primeras en la implementación de dicha reforma y estos recursos adicionales serán un aliciente para el tribunal local, que ya trabaja en el proyecto que se pidió a los estados para la transición de la justicia laboral a los tribunales de justicia locales.

 “Una noticia que tuvimos la semana pasada, una reunión con el ministro que está  encargado de la reforma laboral, en el sentido de que nosotros vamos a ser de los diez estados de la República que iniciamos la reforma laboral, que tenemos que tenerla establecida para octubre de 2020.

“Hay recursos federales que se van a establecer para cada estado y este fin de año, aunque salimos de vacaciones hacia los justiciables, pero nosotros internamente tenemos que hacer este programa de cómo se va ir gestionando para que ya nosotros arranquemos en octubre con la reforma laboral”, dijo.

Indicó que todavía no se sabe la cantidad de recursos que se entregará a cada estado, pero pese al recorte presupuestal se recibirán recursos ex profeso para aterrizar la reforma.

 

 

Lunes, 16 Diciembre 2019 05:13

Carreteras son seguras: CES

Existen condiciones para tránsito seguro de viajeros, asegura el comisionado estatal.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que es seguro viajar por las autopistas y carreteras que atraviesan la entidad, pese al secuestro del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) perpetrado en la autopista La Pera-Cuautla.

Reconoció que conoció las inquietudes de personas que desean viajar al estado sobre si es seguro utilizar las carreteras que atraviesan Morelos y conectan con otras entidades, luego de que a nivel nacional e internacional se supo del plagio del también ex titular del Consejo de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa y catedrática universitaria, María Elena Ávila Guerrero, ocurrido el pasado 13 de noviembre.

“El único caso es el del rector y su esposa, no tenemos más información, de hecho a mí  me han estado hablando de que sí es seguro viajar a Morelos y pues yo les digo que sí, que fue un caso que pasó”, afirmó.

Consideró que el secuestro de Vera Jiménez y su cónyuge, perpetrado en la autopista La Pera Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán, es el único del que se tiene registro y consideró que es difícil que este tipo delitos ocurran en una vía de comunicación como ésta.

Afirmó que la CES tiene estrecha colaboración con la Policía Federal, cuya corporación a pesar de no tener suficientes unidades sí vigila y patrulla las carretera lo suficiente para la prevención del delito.

 

Domingo, 15 Diciembre 2019 05:12

Confirman sanción a PRI y PAN

El TEPJF ratificó la penalidad impuesta a los dos partidos políticos por irregularidades en sus informes de gastos del año pasado

Viernes, 13 Diciembre 2019 04:13

El 2019, el más violento: CES

El comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz, augura que Morelos cerrará el año con más de mil asesinatos, que –en su mayoría- son producto de rivalidades entre grupos delictivos, afirma.

El comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, vaticinó que Morelos cerrará el 2019 con más de mil “ejecutados”, cuya cifra significa que este año será el más violento para la entidad.

De acuerdo con estadísticas actualizadas al 20 de noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró en Morelos 976 homicidios, de los cuales 760 (78%) fueron clasificados como homicidios dolosos y 216 (22%) como homicidios culposos.

Según las estimaciones del responsable estatal de seguridad, este año culminará al menos con un millar de asesinatos o “ejecuciones” que, insistió, la mayor parte son producto de rivalidades entre grupos delictivos o “daño colateral”.

“En homicidios dolosos definitivamente si sobrepasamos el año pasado, estamos llegando casi a los mil ejecutados, pero en todos los demás (delitos) si han estado a la baja. Para mí, lo más importante es que dentro esto el daño colateral no ha habido gran daño (sic). Sí han sido afectadas algunas personas con estas ejecuciones, porque aquí no hay enfrentamientos, aquí son ejecuciones planeadas, están cazando a alguien, lo localizan y llegan y lo ejecutan y se van”, dijo.

Con excepción de los homicidios dolosos, consideró que con respecto a años anteriores el resto de los delitos se redujeron.

Las estadísticas del SESNSP indican que el 2018 se registraron mil homicidios, de los cuales 693 fueron clasificados como homicidios dolosos y 307 homicidios culposos. En comparativa, hasta el 20 de noviembre pasado –fecha de la última actualización de datos- Morelos ya había rebasado en un 8.8 por ciento la cifra de homicidios dolosos documentados en el 2018, lo que implica que -a 19 días de que culmine el 2019- se cumplirá el vaticinio de la CES.

 

 

   

La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

 

 

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