La denunciante sigue en la lucha por el reconocimiento de su inocencia tras estar en prisión por un delito no cometido.

El Juzgado Sexto de Distrito requirió a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cumplir con la sentencia de amparo concedida a María Luisa Villanueva Márquez, quien después de casi tres décadas sigue en la lucha por el reconocimiento de su inocencia.

En el mes de septiembre, Villanueva Márquez, cuyo caso tomó notoriedad por ser sacada por la fuerza por custodios del penal femenil de Atlacholoaya, obtuvo la protección de la justicia federal del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, del Decimoctavo Circuito, para efecto de que la sala reponga el procedimiento e instrumente la audiencia relativa al reconocimiento de inocencia solicitado en términos de lo dispuesto en el artículo 489 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, ordenó que la sala analice y se pronuncie sobre cada una de las pruebas que de forma individualizada ofrezca la parte quejosa, y las que ya se ofrecieron físicamente en el expediente de solicitud de reconocimiento de inocencia.

Es significa que la sala del TSJ tiene la obligación de analizar, por ejemplo, la recomendación que en su momento emitió la Comisión de Derechos Humanos de Morelos; la prueba pericial médico-psicológica basada en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul); además de todas las pruebas que se encuentran integradas en la averiguación previa o carpeta de investigación relativa a la denuncia de hechos presentada por delitos cometidos contra servidores públicos, por detención arbitraria y “fabricación de delitos”.

Pese a que la sentencia fue emitida y notificada hace casi cuatro meses, el Juzgado Sexto de Distrito requirió el cumplimiento de la sentencia a los magistrados de la Sala Auxiliar, actualmente integrada por los magistrados José Anuar González Cianci, Martha Sánchez Osorio y Bertha Rendón Montealegre, en virtud de que en requerimientos anteriores el órgano jurisdiccional argumenta que está en vías de cumplimiento del amparo.

“Se tiene por recibido el oficio del Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite copia certificada de diversas constancias.

“Asimismo, se reitera que en ejecutoria dictada el once de septiembre de dos mil veinticinco, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en un amparo en revisión concedió el amparo y protegió a la parte quejosa, para que las autoridades responsables, cumplan la misma que las obliga a: [...] Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES”, estableció el juzgado federal.

Por lo pronto, el TSJ ya inició su periodo vacacional decembrino y será hasta el próximo año que se reanudarán las labores, los plazos y términos de los asuntos.

María Luisa fue detenida en enero de 1998, y los policías judiciales le pidieron dinero para liberarla, pero al no tener recursos, la torturaron física y psicológicamente y la implicaron en el plagio de la menor Sara Saskia, cuyos captores habían sido apresados a mediados de 1997 por otro caso de secuestro.

Fue sentenciada a 30 años de prisión en 1999 por el delito de secuestro, y en 2016 su defensa promovió ante el TSJ el recurso denominado reconocimiento de inocencia, alegando que había pruebas supervenientes que acreditaban que María Luisa no participó en el secuestro de la niña y que, por lo tanto, había elementos suficientes para su absolución.

En febrero de 2023, se le dio el beneficio de la preliberación, pero ella se negó a aceptarlo hasta que se le otorgara el reconocimiento de inocencia, y por ese motivo fue sacada por la fuerza del penal, aun con el uniforme de sentenciada puesto.