A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

 

 

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Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

 

 

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Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Preparan reestructuración en Poder Judicial

El Congreso plantea una reforma constitucional para reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.

Diputado propone reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

La LIV Legislatura trabaja en una reforma constitucional para impulsar una reestructuración en el Poder Judicial con la que se busca reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.
Durante la sesión del miércoles pasado, el legislador José Casas González presentó ante el Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, a fin de dar marcha atrás a los beneficios que otorgaron los diputados de la LIII Legislatura a los actuales magistrados.
En la propuesta, el legislador planteó reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y que los nombramientos se hagan de manera paritaria, es decir, que al menos seis mujeres reciban dicho nombramiento.
De aprobarse la reforma, los magistrados sólo durarán en su cargo seis años, con la posibilidad de ser ratificados por un período igual, mediante un proceso de evaluación.
Para la designación de los jueces, también se propuso que sean evaluados constantemente, para evitar actos de corrupción.
El legislador propuso que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina sea nuevamente integrada por los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
"Ante el pasado reciente, donde se dieron modificaciones a gusto y complacencia del gobernador en turno, se dieron lugar a reformas que presumen vicios en los términos y plazos para los cuales habían sido designados los actuales", señaló el legislador.

Por ello, en su propuesta señaló que una vez aprobada y publicada, los magistrados con más de 12 años en el cargo cesen en sus labores de forma inmediata.

 

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Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

 

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Los diputados aprobaron la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial.

Por mayoría de votos, el Congreso del estado aprobó la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras una larga discusión por la postura en contra de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso desahogó, con 13 votos a favor y siete en contra, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se modificó el Presupuesto de Egresos 2019.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la aprobación por mayoría se admitió por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de cumplir con el mandato de la Corte.
Señaló que será la SCJN la que defina la legalidad del dictamen, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos el asunto debió aprobarse por las dos terceras partes del Pleno (14 votos).
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, aseveró en tribuna que este asunto fijará un precedente, pues ante la negativa de un grupo de siete diputadas en avanzar en los asuntos importantes del Congreso, la Corte podría resolver la legalidad de una mayoría para la aprobación de los temas fundamentales.
Ante las acusaciones de las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y el resto de las legisladoras que integran el denominado Frente Progresista de Mujeres sobre la legalidad y la viabilidad del dictamen, la legisladora priista Rosalina Mazari afirmó que dicha postura obedece a intereses personales y políticos.
Incluso, el diputado José Casas González sostuvo que el actual del grupo de siete diputadas son afines al ex gobernador Graco Ramírez, por lo que buscan paralizar el Congreso.
Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso informó que de la aprobación del dictamen se notificará a la SCJN y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

 

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:00

Tratan de dar legalidad a redistritación judicial

Fue aprobada sin quórum por un grupo de magistrados.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, convocó a sesión de Pleno para este miércolespara ratificar el acuerdo de redistritación judicial, pero no se contempla abordar el tema de la sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en la que se invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Hasta el momento, la presidencia del TSJ no ha fijado una postura sobre la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en favor de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, quien impugnó la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo. 

De acuerdo con la sentencia, la designación fue ilegal porque no solo no hubo quórum para sesionar, sino que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, que exige que los integrantes de la junta sean nombrados por el Pleno del Tribunal, en cual se integra por el presidente del TSJ y la totalidad de los magistrados que integran sala. 

La presidencia del TSJ no informó si la sentencia se acatará o si la impugnará, sin embargo, ayer emplazó a sesión de pleno ordinaria y extraordinaria para tratar asuntos distintos, entre ellos, la aprobación del acta de la otra cuestionada sesión de Pleno del 6 de septiembre, en la cual estuvieron ausentes nueve magistrados y tampoco se habría cumplido con el quórum. 

Y es que en esa sesión, los magistrados identificados con el grupo de Cuevas López aprobaron la desaparición de los distritos judiciales en materia penal y sustituirlos por las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, así como la creación del Juzgado Único en Materia de Oralidad Mercantil.

 

La presidencia del TSJ convocó a sesión de Pleno para este miércoles 6 para ratificar el acuerdo de redistritación judicial.

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El grupo de Tania Valentina Rodríguez trató de boicotear el procedimiento; deberá autorizarse en sesión de pleno para evitar desacato ante la Corte.

En la cuerda floja se encuentran diputados locales y representantes del Poder Ejecutivo ante el posible desacato en que pueden incurrir si incumplen la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para asignar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones de más de 100 trabajadores.
La tarde de este martes,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de reforma al Presupuesto de Egresos del gobierno estatal 2019, para reasignar 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago a los citados trabajadores. Dicho proyecto se desahogó con la negativa de seis de los 12 integrantes del citado órgano legislativo.
Previo a la votación del dictamen, las legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres manifestaron su determinación de retirarse de la reunión de la Comisión de Hacienda, pues acusaron que se pretendía llevar a cabo de manera ilegal.
Las legisladoras incluso se pronunciaron en contra del dictamen que se creó a propuesta del Poder Ejecutivo, pues la reasignación de recursos afectaría a varios rubros.
Por la tarde, seis de los legisladores que integran la comisión decidieron aprobar el proyecto, con el respaldo de otros diputados que acudieron a la reunión como testigos.
Sin embargo, el asunto deberá ser aprobado por el Pleno legislativo, hoy, con el respaldo de 14 legisladores (mayoría calificada), votación que no se ha logrado en el Congreso del estado desde julio pasado, por las marcadas diferencias entre los grupos parlamentarios.

 

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Un juez federal anuló la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, porque  no hubo quórum para concretar los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Al resolver el juicio de amparo 851/2019 promovido por la magistrada Bertha Rendón Montealegre, el Juez Segundo de Distrito concedió la protección de la justicia federal y ordenó dejar  insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el 3 de junio de 2019, “únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

De acuerdo con la resolución, el juzgador federal advirtió que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, vulneró en perjuicio de la quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional.

Lo anterior, porque “si bien se estableció que los magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

Un grupo de nueve magistrados disidentes no sólo desconoció la designación de ambos miembros de la Junta de Administración sino que cada uno de ellos promovió un juicio de amparo, con el fin de que la justicia federal determinara sobre la ilegalidad o no de la designación.

Conforme a los magistrados inconformes, la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no fue legal por tres razones esenciales.

La primera por que no se cumplió con el quórum de dos terceras partes de los integrantes del Pleno para llevar a cabo la designación. La segunda, porque Alejandro Becerra Arroyo no estaba en funciones de juez y se desempeñaba como coordinador de asesores y representante legal del Poder Judicial.

Y, la tercera, porque por lo menos una juez, Mireya Díaz Cerón, expresó su deseo de ser considerada en la terna para ser representante de los juzgadores ante la junta y su petición fue ignorada, por lo cual promovió un amparo y se le concedió la suspensión.

Esta resolución, que puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, subió de nuevo la tensión en el interior del TSJ, cuya institución se encuentra dividida.

 

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El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional para impugnar el decreto expedido por el Congreso, que  revocó la ampliación del periodo de los magistrados que realizó la anterior legislatura.

Manuel García Quintanar, actual magistrado presidente del TJA, promovió la controversia 326/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, por su conexidad con la acción de inconstitucionalidad  20/2017 y la controversia constitucional 306/2019 iniciada por el Tribunal Superior de Justicia, fue remitida al ministro ponente Luis María Aguilar Morales, para que determine sobre la admisión o no del recursos de control constitucional.

En la controversia, el TJA reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5743, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo Parlamentario indebidamente remitido como Decreto por el Poder Legislativo para su publicación, por el que se deja sin efectos el Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018}2, por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017.

La legislatura anterior realizó reformas legales para, por única ocasión, aumentar de 14 años (periodo máximo para ejercer la magistratura) a 20, de los actuales los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La reforma beneficiaba inmediatamente a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, quien concluía el pasado 4 de julio el periodo original de designación de 14 años, seguida por los magistrados del TSJ Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón Vega, así como los magistrados del TJA Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes concluirían su periodos en mayo de 2020.

En la controversia constitucional 306/2019, el TSJ consiguió la suspensión de la SCJN contra la aplicación y los efectos del decreto que revocó la ampliación del periodo de los magistrados. Ahora el TJA espera que la Corte admita su recurso de control constitucional

 Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, al debatir el proyecto de resolución de acción de inconstitucionalidad 20/2017, el Pleno de la SCJN planteó declarar la invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación del proceso de evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia.

Debido a observaciones al proyecto del ministro Aguilar Morales, el asunto se retiró de la lista y está pendientes de resolución, en virtud de que se acumuló la controversia del TSJ.

 

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La secretaria encargada del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos debía declinar  competencia en favor de cualquiera de sus homólogos en el amparo 1222/2019, de su índice a los Juzgado Quinto o  Séptimo de Distrito, por existir un precedente por conocimiento previo, respecto del acto reclamado por la quejosa Maria del Carmen Cuevas López, quien tramitó ante los mencionados órganos jurisdiccionales de distrito en el estado, afirmó el abogado Jorge Luis López Flores, quien sostuvo que no debía pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la suspensión solicitada por la magistrada.

El profesionistas señaló que cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo o conoció de un juicio diverso, tramitado por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano y anexara la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, y la remitirá, así como en su caso, del auto dictado como primera actuación, de lo antes señalado.

El abogado estimó que la secretaria del Juez Octavo de Distrito debió considerar seguir estas reglas ante la información de que existían diversos juicios radicados en el decimoctavo circuito, pues ello constituye un hecho notorio, en los que Cuevas López, recurrió a la justicia federal, para impugnar el decreto que le afecta, porlo que la funcionaria judicial pudo haber considerado esta posibilidad, cuando lo habitual es que si esta autoridad se iba a declarar incompetente, como en todos los casos sucede, no debió decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión solicitada por la quejosa, ante el supuesto jurídico de carecer de competencia y remitir con sus anexos, al juez o tribunal competente, como lo dispone la ley reglamentaria de la materia, aspecto que no se dio y que en cambio procedió a conceder a Cuevas López la suspensión del acto reclamado.

Jorge Luis López Flores aseguró que dicha inconsistencia quedo de manifiesto cuando el 24 de octubre la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinó  que el Juez Séptimo Distrito en el Estado, quien debe conocer y continuar con la tramitación del juicio promovido por María del Carmen  Cuevas López, violó el  trámite del amparo al conceder la suspensión, lo que le permitió a la solicitante continuar ejerciendo sus funciones de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de forma ilegal.

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