Familiares de las cuatro víctimas se manifestaron afuera de la sede del TSJ en Cuautla para exigir justicia, a casi cuatro años de los hechos.

Cuautla.- Tras diferir en 12 ocasiones las audiencias en un año para atender el juicio de los cuatro estudiantes de la Preparatoria 4 de Jojutla que fueron asesinados hace casi cuatro años y localizados en los límites de los municipios de Yautepec y Tlaltizapán, este jueves, padres de familia de las víctimas se manifestaron afuera del Tribunal Superior de Justicia de este municipio para exigir justicia y cese a la impunidad que impera en los juzgados.

Previo al inicio del juicio oral en contra de seis personas que se encuentran detenidas por este hecho, aseguraron que a casi cuatro años de haberse registrado ese caso, no ha habido avances en las investigaciones pertinentes, precisó Manuel Carmona, familiar de uno de los estudiantes.

“Venimos a decirle a las autoridades que lo más peligroso para el país es la impunidad. Hoy estamos aquí porque han pasado muchos días, muchos años de la ausencia de nuestros hijos; hoy somos la voz de aquellos que están sufriendo igual que nosotros a causa de la impunidad que impera en el país y en este estado. A Morelos le urge paz; no queremos más jueces corruptos y vendidos que condenan a la libertad y al estado a un daño de fracaso y soledad. Estamos exigiendo justicia para nuestras víctimas. A ellos les decimos que nuestros ojos están bien puestos y no vamos a permitir que haya un caso más de impunidad”, señaló.

Por su parte, el abogado Alberto Laguardia precisó que a casi cuatro años del multihomicidio (ocurrió entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de noviembre de 2016), la corrupción que ha imperado en el manejo del caso ha permitido que de las siete personas que habían sido detenidas en un principio, se haya dejado en libertad a una, por lo que actualmente hay seis presuntos responsables arrestados por ese delito.

“Hoy (ayer) empieza el juicio oral, todo nuestro luchar empieza a rendir frutos; el Ministerio Público tiene todas las pruebas necesarias y todos los elementos para acreditar ante los jueces la responsabilidad de las personas que están acusadas. Ahora la responsabilidad queda en el Tribunal y es por eso que les hacemos un llamado para que apliquen la ley y la norma en estricto apego a derecho”, subrayó.

Finalmente, cabe destacar que los padres de familia y otros familiares de los cuatro estudiantes que fueron privados de la vida exigieron a las autoridades competentes que el caso sea atendido de manera transparente y en donde se busque la justicia.

 

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Hay acumulación de asuntos pendientes.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó no suspender actividades en la sala y juzgados del Tercer Circuito el próximo 30 de septiembre, debido a la acumulación de asuntos pendientes y a la cancelación del tradicional desfile cívico.

Desde 2016, el TSJ declaró la fecha como día inhábil, debido a la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón y la realización del desfile cívico en la ciudad de Cuautla.

Por unanimidad de votos, el Pleno del TSJ determinó que, por esta única ocasión, no habrá suspensión de labores el próximo 30 de septiembre y, por lo tanto, laborará de manera normal el personal de la Sala del Tercer Circuito Judicial, de los Juzgados Civiles de Primera Instancia, del juzgado Menor de la Tercera Demarcación Territorial, de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Cuautla, Morelos.

También funcionará de manera habitual el Departamento de Orientación Familiar, todos con residencia en Cuautla.

“Lo anterior tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del virus Covid-19, se suspendió el desfile conmemorativo por el Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Cuautla”, informó el TSJ. 

 

 

 

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Martes, 15 Septiembre 2020 05:10

Habrá más personal en los juzgados

El TSJ determina también aumentar el número de citas otorgadas y desaparecer el circuito único en materia penal, para agilizar los procesos.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó aumentar el número de personal y el aforo de abogados en los juzgados en las tres sedes judiciales. Además, aprobó eliminar el Circuito Único y retornar a la antigua división de tres circuitos.

Luego de que Morelos pasó al color amarillo del semáforo epidemiológico, los magistrados aprobaron el acuerdo por el cual se determinó que, a partir de este martes, se reincorpora el 60 por ciento del personal judicial y, el 40 por ciento restante hará trabajo en casa, hasta que las autoridades sanitarias emitan nuevas disposiciones.

Para evitar aglomeraciones, cada sala y área del TSJ fijará el horario de entrada de su personal, ingresará de manera escalonada entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana y, en lugar de checar en el libro de asistencia, los empleados tendrán que usar una aplicación en sus teléfonos para el registro de entrada y salida.

Paralelamente, el TSJ ampliará el número de citas emitidas, con el fin de permitir el ingreso de un mayor número de abogados a los juzgados a realizar sus promociones y consultas de expedientes. Tanto el personal como los litigantes o justiciables deberán acatar el protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus.

Para evitar la movilidad de magistrados y litigantes, el Pleno también acordó desaparecer el Circuito Único en materia de justicia penal oral, creado el 19 de septiembre de 2019 y que dio pie a varios amparos de magistrados (que alegaron que era ilegal porque fue aprobado únicamente con la presencia y votación de nueve de los 18 magistrados que integran el Pleno del TS), y retornar de tres circuitos de sala, con cabeceras en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla.

 

 

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Consideran que órdenes de cateo propician abusos por parte de la FGE.

Cuautla.- La pandemia por covid-19 ha ocasionado la acumulación de demandas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de las que a la fecha, la mayoría no han recibido ni siquiera un acuerdo de admisión, lo que afecta sensiblemente la administración de justicia, sobre todo porque en el caso de las personas privadas de su libertad, no se resuelve su situación jurídica, señaló Alfonso González Mendizábal, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos.

“Hay muchas demandas que el Tribunal accedió a recibir durante la pandemia y que todavía ni siquiera se les dicta un acuerdo admisorio; se acumularon demandas que no se les dio el trámite y apenas el dictamen, a lo que se les suma las que han empezado a presentarse desde que se iniciaron las labores, si es considerable, en todas las materias”, indicó.

Señaló que la situación se suma a una serie de irregularidades que se registran en el Poder Judicial y que serán temas a señalar por parte de la agrupación de abogados para frenar presuntos abusos cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) con la expedición de órdenes de cateo, las cuales han caído en la frivolidad.

“Irregularidades que están ocurriendo en la administración de justicia como son los cateos. Los cateos que ahora se han frivolizado; muchos jueces los otorgan de manera frívola, muy banal, y de lo cual la Fiscalía ha cometido muchos abusos. Muchísima gente se identifica con esos abusos que comete la Fiscalía, pero de alguna manera legalizadas por las órdenes de cateo dadas de una manera muy banal”, insistió.

Luego de instalar una representación en Cuautla, González Mendizábal dijo que la reactivación de la Asociación tiene como propósito fortalecer sus demandas para poner orden en el Tribunal Superior de Justicia, donde es necesaria la designación de los nuevos magistrados, la cual se debe hacer sin prisas para evitar improvisaciones y de manera transparente para no caer en conflictos de intereses.

“Que el proceso se haga con exigencia académica, con rigor en la honorabilidad de los que vayan a ser nombrados. Porque nombrar a lo mejor a los compadres, a los amigos, o a los que llegan con un capital para ser magistrados, es muy fácil pero es muy riesgoso”, indicó.

 

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Fueron detectadas durante el proceso de entrega recepción en el TSJ.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que su antecesora, Carmen Cuevas López, deberá de hacer frente a varias observaciones detectadas durante el proceso de entrega recepción.

Señaló que no puede afirmarse todavía que hubo irregularidades en la gestión de su ex homóloga, ya que la exmagistrada tiene el derecho de responder a cada una de las observaciones que se realizaron al proceso de entrega recepción y hacer la aclaraciones que ella considere pertinentes.

“Nosotros estamos en la parte aclaratoria y no podemos nosotros decir que encontramos algo directo, porque no ha terminado el proceso todavía”, dijo, al señalar que  esencialmente las observaciones que se realizaron son en torno al estatus (la situación) de algunos bienes del TSJ.

Agregó que deberán agotarse los plazos y las etapas del proceso de entrega recepción, los procesos de revisión interna, externa y de fiscalización, para emitir juicios respecto a la gestión de su antecesora.

 

 

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Lunes, 07 Septiembre 2020 04:10

Requiere SCJN información a Congreso

Hay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.

Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.

Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional  42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.

En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

 

 

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Miércoles, 26 Agosto 2020 05:12

Desecha juzgado amparo de magistrado

Jorge Gamboa Olea impugnó el proceso de designación de Rubén Jasso Díaz como presidente del TSJ.

El Juzgado Segundo de Distrito desechó el juicio de amparo promovido por el magistrado Jorge Gamboa Olea contra el proceso de designación de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

De acuerdo con la resolución del juzgado federal, la designación del titular del TSJ no generó la transgresión de los derechos del magistrado y por ello procedió el desechamiento del juicio de amparo 403/2020.

“En tales circunstancias, aun realizando una interpretación que tienda a la mayor protección del concepto de autoridad para efectos del amparo, el solo hecho de designar al nuevo Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para el periodo comprendido del dieciocho de mayo de dos mil veinte al diecisiete de mayo de dos mil veintidós, no vulnera derechos fundamentales propios del quejoso.

“Máxime que la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha encomendado, y en el caso en particular, los actos reclamados no reúnen las características propias de un acto de autoridad emitido con imperio y de forma unilateral, lo que de suyo impide analizar mediante el juicio de amparo como vía extraordinaria las presuntas violaciones que éste produzca, puesto que corresponde a un acto de autogobierno”, dice el acuerdo de desechamiento.

El magistrado Gambo Olea expresó su inconformidad con la resolución y adelantó que promoverá una queja contra el desechamiento.

En tanto, el Juzgado Octavo de Distrito ya admitió el juicio de amparo promovido por la magistrada, Nadia Luz Lara Chávez, y requirió los respectivos informes del acto impugnado al TSJ. De igual forma, se encuentran en tránsito las demandas de amparo promovidas por los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Norberto Calderón Ocampo.  

 

 

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Digitaliza el TSJ servicios.

Como parte de la digitalización de los servicios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), obligada por la contingencia sanitaria por el covid-19, los litigantes podrán recibir y consultar los acuses de recibo de las promociones de sus demandas.

De acuerdo con el TSJ, ahora en el Portal de Citas Electrónico podrán consultarse los acuses de recibo de las demandas o escritos iniciales presentados por las y los abogados desde el inicio de la pandemia hasta fecha.

Los documentos digitales están disponibles en el apartado de “Lista de Acuses”, ubicado en el Portal de Citas Electrónico, el cual inició su funcionamiento desde el pasado 8 de junio como una medida preventiva para evitar que se generen aglomeraciones en la reapertura parcial de los órganos jurisdiccionales.  

Una vez obtenido el documento, el usuario deberá desplegar la función “buscar” oprimiendo simultáneamente las teclas “Control” más “F” y escribir el nombre de su cliente para visualizar el acuse de sus demandas o escritos iniciales.

 Los acuses de las demandas iniciales están disponibles desde el 7 de abril hasta el viernes 21 de agosto, para que los abogados no tengan que asistir a las sedes judiciales y conozcan qué juzgado les fue asignado por el sistema electrónico y de manera aleatoria.

 

 

 

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Reiteran que acudirán a los tribunales si la elección incurre en favoritismos.

El gremio de abogados mantiene la presión sobre el Congreso de Morelos, a fin de que lance la convocatoria para concursar seis magistraturas vacantes en los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA) y que las designaciones sean transparentes y apegadas al marco constitucional.

Un grupo de litigantes acudió a la sede el Poder Legislativo a presentar un escrito, en la que fijaron su postura  y advirtieron en que no permitirán  el influyentismo ni el nepotismo en el nombramiento de los juzgadores de segunda instancia.

La abogada Jessica Vargas detalló que el grupo de litigantes independientes entregó al Congreso un documento en que exigió a los legisladores un proceso totalmente transparente e imparcial, en el que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones para competir por una magistratura.

Destacó que también solicitó que, en cuanto sea lanzada la convocatoria, ésta sea ampliamente difundida y se establezca un plazo de por los menos de 30 días, para que los abogados puedan recopilar y presentar su documentación para postularse y desarrollar un ensayo, en caso de que  éste se incluya como requisito.

Adicionalmente, sugirió que el examen escrito a los aspirantes no sea de respuestas abiertas, sino de opción múltiple, de tal manera que no haya duda sobre cuál es la respuesta correcta y se descarte cualquier interpretación ventajosa a favor de algún aspirante.

El grupo de abogados dejó claro que vigilará con lupa la actuación de los legisladores y no permitirá que esta vez las magistraturas sean asignadas a personas que no cuenten con los méritos, con honorabilidad probada, con la calidad académica y profesional que debe tener un impartidor de justicia.

“Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a nuestro escrito, a lo que contesten y obviamente a la convocatoria, porque ya estamos hartos de que estos puestos los ocupen compadres, amigos, familiares de los diputados. No queremos eso”, dijo

Indicó que las personas sobre quienes recaigan las magistraturas deben ser incorruptibles y contar con una trayectoria impecable.

Advirtió que, en caso de que el proceso de designación sea amañado y fuera de la ley, los abogados irán a los tribunales a impugnar los nombramientos.

 

 

 

 

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Mediante la tecnología, magistrados resolvieron una apelación.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó la primera audiencia a través de videoconferencia, con la cual la administración de justicia inició una nueva etapa, al hacer uso de las tecnologías de la información para el desahogo de los asuntos, luego de que la contingencia sanitaria por el covid-19 obligó a la suspensión de actividades jurisdiccionales por cuatro meses.

Con apoyo de la telemática, los magistrados Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz Lara Chávez y Andrés Hipólito Prieto realizaron la primera audiencia por videoconferencia, para resolver una apelación.

Cada uno de los magistrados integrantes de la Primera Sala permaneció en su oficina  y las partes implicadas en el caso, previo cumplimiento del protocolo sanitario, ingresaron a la sede judicial y fueron conducidas a otras oficinas, donde se colocaron monitores y equipos de audio y video para realizar la transmisión remota, que permitió la interacción entre los juzgadores y los justiciables y la emisión del fallo.

El magistrado del TSJ Jorge Gambo Olea, consideró que esta audiencia vía videoconferencia marca un parteaguas en la administración de justicia, no solo porque fue la primera en desarrollarse, sino porque quedó manifiesta la voluntad de implementar las tecnologías de la información como factor determinante para avanzar en el desahogo de los asuntos en tiempos de contingencia.

Recalcó que, al dar tránsito a los asuntos judiciales con apoyo de los medios tecnológicos, se cumplió con la responsabilidad y protección de los derechos humanos, como acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, con base en las facultades que previstas en los artículos  44, 47 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.   

La parte técnica corrió a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del TSJ y la logística fue responsabilidad del personal de la Primera Sala.

 

 

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