Surgen cuestionamientos hacia aspirantes por sus nexos políticos.

Un juzgado federal negó la suspensión provisional al litigante y político Enrique Paredes Sotelo contra la emisión de la nueva convocatoria del Congreso de Morelos para elegir dos nuevas magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El abogado impugnó la anulación de la convocatoria CONVOCATORIA/OPC/002/TJA/2024 emitida por el Congreso local en febrero de 2024, y la expedición de una nueva para iniciar otro proceso de designación.

La convocatoria derogada había quedado en suspenso durante 16 meses por la víspera del proceso electoral y porque los diputados querían evitar nuevos cuestionamientos tras el escandaloso proceso de designación de varias magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que se presumió la venta de los escaños por cinco millones de pesos cada uno.

En junio pasado, el Congreso reactivó el proceso de designación de dos magistraturas del TJA, pero ninguno de los aspirantes obtuvo la aprobación del Pleno Legislativo. En consecuencia, el 31 de octubre fue derogada la anterior convocatoria y emitida una nueva, cuyo proceso evaluación de aspirantes ya se encuentra en curso.

Inconforme con ello, el abogado Paredes Sotelo promovió el juicio de amparo 1517/2025, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, pero le fue negada la suspensión provisional contra el acto impugnado; es decir, contra la derogación de la convocatoria de 2024 y la reciente emisión de una nueva que, a decir del litigante, es contraria al procedimiento constitucional y legal previsto en el artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos y en la Ley Orgánica del Congreso local.

El juzgado federal detalló que no procede conceder la medida cautelar, ya que “el acto reclamado no es susceptible de suspenderse en tanto que propiamente es materia de fondo”, ya que de “concederse la suspensión solicitada no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado que se encuentran, sino de efectos restitutorios que son propios del fondo del asunto, pues se estaría declarando la nulidad de actos efectuados por la responsable desconociendo la validez de los mismos, esto sobre actos que gozan de presunción de legalidad, lo que únicamente puede ser determinado una vez que se analice si tales actuaciones cumplieron con los requisitos legales establecidos para tal efecto, razón por la que debe negarse la medida cautelar peticionada”.

Ante la negación de la medida cautelar, Paredes Sotelo promovió de inmediato un recurso de queja ante los tribunales colegiados.

Tras la difusión de la lista de aspirantes a integrar el TJA, de inmediato se generó controversia sobre su trayectoria y nexos políticos.

Al respecto, Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, cuestionó el perfil de varios de los contendientes porque tienen familiaridad con diputados locales, algunos fueron servidores públicos y otros son exfuncionarios en retiro, con pensiones a cargo del estado.

Incluso, consideró innecesarias estas dos nuevas magistraturas y advirtió del riesgo de generar no sólo nuevos gastos para el TJA, sino más burocracia.

“Habrá que cuestionarse si es necesaria la creación de dos magistraturas más, porque con ello, además de que van a designar a dos magistrados que van a ganar 100 mil pesos, esto tendrá que contratar una estructura que llenen su sala, porque van a construir dos salas más.

“Entonces, pareciera que el Congreso del estado está a la caza de generar espacios que le generen dinero. Lo mismo ocurrió con el Órgano de Administración Judicial: designaron en este órgano al ‘jet set’ de la política morelense”, dijo.