Viernes, 24 Enero 2020 05:12

También Rocío Bahena logra amparo

Para permanecer 20 años como magistrada.

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La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición convocado desde el 2017 para la selección de 13 jueces mixtos y menores.

La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que desde el 2017 fue convocado por la magistrada presidente, María del Carmen Cuevas López.

En septiembre de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo concedido por el Juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, publicar la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa (evaluación psicométrica) y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

Aunque se reactivó el proceso y se realizó la prueba psicométrica, en octubre pasado el litigante Jaime Castera Moreno promovió el juicio de amparo 1563/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, que concedió la suspensión y el concurso de oposición volvió a trabarse.

El litigante, que fue descartado para pasar a la siguiente etapa, consideró que había obtenido los resultados suficientes para continuar en la contienda e impugnó el proceso nuevamente.

Cuestionada al respecto, la magistrada presidente del TSJ Carmen Cuevas López señaló que la intención era continuar y concluir la designación de los jueces, pero debido al nuevo juicio de amparo –que está siendo combatido ante el juez federal- se tuvo que suspender.

“El concurso se reactivó, lo que pasa es que hubo uno de los aspirantes que solicitó la suspensión porque él no pasó a la siguiente etapa, entonces nosotros estamos debatiendo ante el juez federal precisamente esa suspensión, porque lo que queremos nosotros es concluir esos concurso”, indicó.

 

 

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La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia defiende su gestión y dice estar dispuesta a ser sometida a una auditoría.

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Martes, 21 Enero 2020 05:20

Exigen auditoría al Poder Judicial

Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

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Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

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Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

 

 

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Viernes, 10 Enero 2020 05:00

Dos litigantes logran plaza de juez

Ambos impugnaron en 2011 el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales.

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El TSJ argumenta que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Un grupo de jueces y secretarios de acuerdos denunciaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no les pagó el aguinaldo completo, con el argumento de que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Los afectados pidieron el anonimato por el temor a represalias por parte de la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, quien rechazó dar una solución al problema y condicionó el pago a que el Congreso sesione y resuelva el tema del presupuesto para este año.

De acuerdo con los juzgadores, no hay precedente en el Poder Judicial de adeudos en el pago del aguinaldo.  

“Este hecho jamás había ocurrido en el Poder Judicial y el argumento es que el presupuesto del 2019 se agotó y que pagarán con el presupuesto del 2020”, señalaron.

Explicaron que la administración del TSJ les insistió en que, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el aguinaldo se les pagaría en dos partes, una en diciembre y otra en enero, pero esta normatividad no les es aplicable a estos funcionarios judiciales.

Instaron a la magistrada presidenta a cubrir la prestación a la brevedad posible, ya que, en teoría, el pago debía estar contemplado en el presupuesto de 2019 y no estar sujeto al presupuesto del siguiente año.

 

 

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La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

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A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

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