Evalúan avances de la remodelación de las instalaciones ubicadas en el Paseo Cuauhnáhuac; admite SSPC sobrepoblación en el Cereso de Atlacholoaya.

El sistema penitenciario estatal atiende las observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que en las próximas semanas, el nuevo Centro Femenil de Reinserción Social sea ocupado por mujeres privadas de la libertad que se encuentran procesadas y sentenciadas.

Ayer se realizó la segunda sesión de la Comisión para el Mejoramiento del Sistema Penitenciario del Estado de Morelos —integrada por autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil— para conocer los avances de la remodelación de las instalaciones del extinto Centro Nacional de Arraigo de la Fiscalía General de la República (FGR), que fueron transferidas al estado por el gobierno federal en 2020 para ser un penal de mediana seguridad, y que finalmente la nueva administración estatal optó por convertirlas en un centro penitenciario femenil.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, señaló que las observaciones planteadas por el organismo defensor, relacionadas con medidas de seguridad y servicios básicos, son atendidas puntualmente, y se espera que a finales de diciembre o en enero se pueda realizar el traslado de las mujeres privadas de la libertad a las nuevas instalaciones, donde enfrentarán sus procesos o sentencias en condiciones dignas.

Resaltó que el penal femenil de Atlacholoaya está rebasado, ya que hasta ayer albergaba a 305 internas, lo que equivale al doble de su capacidad, y esto significa un problema de sobrepoblación.

“Al día de hoy les informo que tenemos 305 personas, tenemos una sobrepoblación de al menos 150 personas, y esto va a ayudar a que muchas mujeres que antes ha sido olvidadas en anteriores administraciones tengan una reinserción social y tengan visitas, porque a la ciudad de Cuernavaca sería mucho más fácil trasladarse que irse hacia Atlacholoaya”, explicó.

Otro de los temas abordados durante la reunión de la comisión fueron las solicitudes de preliberación de personas privadas de la libertad, las cuales serán remitidas para su análisis jurídico al Comité Permanente de Seguimiento para estudiar si las personas solicitantes cumplen con los requisitos para obtener el beneficio.