Familiares de Oliver Wenceslao solicitan a la Fiscalía estatal fincar responsabilidades a funcionarios omisos en indagatorias.

Concepción y Amalia Hernández Hernández –madre y tía de Oliver Wenceslao, joven inhumado ilegalmente en la fosa común de Tetelcingo en 2014– exigieron al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Blumenkron Escobar, iniciar una investigación en contra de los agentes del Ministerio Público que obstaculizaron las indagatorias y permitieron la prescripción de delitos para que la inhumación irregular de decenas de cuerpos quede impune.

En rueda de prensa, ambas mujeres y su asesor jurídico, Antonio Yáñez, fustigaron la actuación de la representación social, luego de que hace unos días un juez de control decretó la no vinculación a proceso de Yolanda Fabiola Barajas Martínez, excoordinadora de Servicios Periciales de la extinta Procuraduría General de Justicia, debido a la prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y contra los muertos por los que fue imputada, por presuntamente ordenar y permitir la inhumación irregular de 118 cuerpos en la fosa de Tetelcingo, entre ellos el de Oliver Wenceslao, quien fue víctima de secuestro y homicidio y a pesar de que la familia reclamó su cuerpo ante la entonces procuraduría, fue enviado a la fosa común del panteón municipal de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.

“Ministerios Púbicos llegaron y Ministerios Públicos se fueron, fiscales generales llegaron e igual ha sido su paso y sus compromisos falsos de verdad”, dijo Amalia Hernández, al señalar que, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –en su recomendación 48/2016– pidió investigar a 42 funcionarios de la entonces procuraduría y actual fiscalía estatal involucrados en estas inhumaciones irregulares, sólo se procedió en contra de cuatro, de los cuales uno ya falleció, dos fueron absueltos y uno más está vinculado a proceso, pero hay el riesgo latente de que también se decrete la prescripción de delitos.

Recalcó que advirtió a la FGE “a través de oficios de denuncias públicas, pero el desinterés fue tal que lo anunciado llegó y golpeó de nuevo a la víctimas directas e indirectas de este hecho tan vergonzoso que colocó en 2016 a Morelos a la vista internacional como un estado que violentaba los derechos humanos por parte de un gobierno y una fiscalía”.

Acusó que la fiscalía estatal fue tan omisa y negligente que la primera prescripción de delitos fue dictada en octubre de 2024, y fue un año después, en octubre de 2025, cuando el Ministerio Público apeló la resolución judicial.

La segunda ocurrió el pasado 8 diciembre, en la que un juez de control decretó la no vinculación a proceso de la excoordinadora de Servicios Periciales debido que caducó la acción penal respecto de los delitos contra los muertos y violación a las normas de inhumación y exhumación de cadáveres.

Sostuvo que esto no sólo deja impunes a quienes incurrieron en estos ilícitos, sino que la fiscalía revictimizó –por enésima vez– a las víctimas directas e indirectas.

Amalia Hernández cuestionó a la FGE sobre si lo que pretende con las dilaciones, omisiones y negligencias es que todos los implicados mueran o todos los delitos prescriban para sepultar el caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, que años atrás puso a Morelos en la agenda internacional.

Luego de que este caso ha transitado por las gestiones de tres gobernadores y cinco fiscales del estado, dijo que ha pedido al titular de la FGE, Fernando Blumenkron Escobar, que someta a investigación al personal y agentes del Ministerio Públicos que obstaculizaron, dilataron y permitieron la caducidad de delitos y dieron paso a la  impunidad, y que el caso sea asignado a personas que estén bajo la supervisión directa del fiscal general para que no se permita que los delitos que aún están vigentes alcancen el plazo para decretar la prescripción.