Sin regulación, el alcoholímetro en Xoxocotla: Urrutia Lozano.

Dos carpetas de investigación y un arma que pudo haber sido utilizada en la comisión de otros delitos, es la información que han confirmado autoridades estatales en torno a la investigación en curso por el ataque a los domicilios de la síndica municipal y regidora de Xoxocotla, Alicia Fernanda Capistrán Martínez y Xitlali Mejía Huerta.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó escuetamente que el arma con la que se perpetraron los ataques a los hogares de ambas representantes populares estaría probablemente implicada en la comisión de varios ilícitos.

“El arma implicada, según lo que nos apoyó la Fiscalía General del Estado, está implicada en otros hechos delictivos, hay un antecedente en huella de IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística) que esta arma ha participado en hechos delictivos en la misma zona”, dijo.

Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar, fue sumamente reservado sobre el caso y sólo informó que la Fiscalía Regional Surponiente está aún en la etapa inicial de las investigaciones.

Precisó que está abierta una carpeta de investigación por la comisión de un delito penal y fue iniciada una segunda por parte de las víctimas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

Al ser cuestionado sobre el estado de fuerza por parte de la Policía municipal y la incidencia delictiva en Xoxocotla, Urrutia Lozano señaló que únicamente hay siete elementos acreditados como policías en esta demarcación y sostuvo que en los últimos cinco meses la incidencia delictiva ha disminuido.

“Al menos los últimos cinco meses, la incidencia delictiva ha bajado. Xoxocotla no cuenta con elementos municipales suficientes. Solamente tiene en su nómina 35 elementos que podrían ser administrativos, viales y siete policías”, detalló.

Por ello, dijo, los operativos de seguridad en ese municipio recaen en corporaciones estatales y federales.

Sobre el tema de la implementación del alcoholímetro en el municipio indígena de Xoxocotla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se pronunció en contra, pues afirmó que carece de regulación y eso propicia actos de corrupción y violación de derechos humanos.

Señaló que la aplicación de pruebas de alcoholimetría a los conductores es una buena estrategia para la prevención de accidentes y delitos, así como la reducción del consumo de bebidas embriagantes, pero tiene que estar acompañada obligadamente de una normatividad municipal que la respalde para evitar arbitrariedades.

Expresó su desacuerdo con la aplicación del alcoholímetro en Xoxocotla, cuyo territorio conecta con varios destinos turísticos y es paso hacia la zona sur del estado, porque carece de justamente de un marco regulatorio.

“Nosotros hemos expresado que estamos en desacuerdo con esos alcoholímetros de Xoxocotla, porque no tienen ese respaldo jurídico y ese mando municipal, y eso muchas veces también daña a las personas que no tienen, o que son víctimas o que pueden ser detenidas por el aliento alcohólico”, dijo.

Afirmó que los ayuntamientos pueden aplicar estas pruebas a los automovilistas siempre y cuando se apeguen a la ley y cuenten con un marco jurídico que establezca no sólo los procedimientos que debe seguir el personal a cargo de estas acciones, sino los parámetros claros sobre cuándo un automovilista rebasó los límites permitidos y a qué sanciones puede ser sujeto.

“A mí, si ustedes me preguntan si hay una normatividad vigente, si hay normas de cabildo, si hay sanciones específicas, si hay un bando municipal y se trabaja en prevención del delito, creo que el alcoholímetro ayuda”, sostuvo, al señalar a la Ciudad de México como un ejemplo de que los operativos para la aplicación de pruebas de alcoholimetría sirven cuando están debidamente normados.

En el caso de Xoxocotla, habitantes y turistas se han quejado porque el alcoholímetro es aplicado de manera desordenada, en zonas donde generalmente hay muy poca iluminación, y han acusado que este tipo de operativos son usados más que para la prevención de accidentes y el delito, para extorsionar, principalmente a los paseantes. 

En otro tema, el titular de la SSPC expresó que Morelos podría ser un ejemplo nacional, en los próximos meses, en la operación de tecnología de videovigilancia, pues señaló que el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) de la entidad tendrá acceso a 28 municipios en los que la actual administración está invirtiendo en centros de monitoreo y arcos de videovigilancia, pues estas medidas ya han dado resultados en Cuautla.

“Hay un ejemplo claro. Cuautla está bajando los índices de incidencia (delictiva) y el efecto cucaracha se nos está yendo a Yecapixtla, que ya acordamos con el presidente municipal reforzar esas videocámaras y esos arcos de videovigilancia”, subrayó.