Asuntos como el pago de decretos pensionarios y la implementación de los juicios orales familiares requerirán ampliación de recursos, externa el presidente del OAJ.

El Poder Judicial del estado de Morelos estará obligado a solicitar varias ampliaciones presupuestales para el próximo año en virtud de que el recurso asignado para 2026 no será suficiente para atender asuntos relevantes, tales como el pago de decretos pensionarios y la implementación de los juicios orales familiares.

En la víspera de la publicación del Presupuesto de Egresos e Ingresos del gobierno de Morelos para 2026, el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Javier García Tinoco, señaló que de los casi mil 600 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial en su anteproyecto presupuestal, sólo le fueron aprobados 877 millones, de los que 837 serán para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el resto para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJPA).

Explicó que si bien el presupuesto asignado al Poder Judicial cumple con el 4.7% del presupuesto estatal programable, el recurso no será suficiente para atender temas prioritarios como dar cumplimiento a sentencias judiciales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores retirados; preparar e implementar la justicia oral en materia familiar; crear un nuevo juzgado oral en materia mercantil (actualmente sólo se cuenta con uno), entre otros pendientes relacionados con la mejora en la impartición de justicia.

García Tinoco indicó que ante este escenario financiero, se tendrá que apelar a la buena disposición que han demostrado los Poderes Ejecutivo y Legislativo para requerir recursos adicionales, y “creo que desde el primer mes (de 2026) tendremos que sentarnos a valorar ampliaciones o a buscar otras formas de ingreso, fondos internacionales”.

Y es que tan sólo para implementar la oralidad de la justicia familiar, el Poder Judicial solicitó 90 millones, pero el recurso no fue contemplado en el Presupuesto de Egresos.

A pregunta expresa de si el Poder Judicial prevé la posibilidad de promover una controversia constitucional, como ha ocurrido antes, para que el Congreso etiquete mayor presupuesto, el funcionario no lo descartó. Sin embargo, señaló que ésa es facultad del magistrado presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde, y que una vez publicado el Presupuesto 2026 se tendrán 30 días hábiles para tomar una decisión.