Promovió una controversia constitucional en contra del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026.
El Poder Judicial del estado de Morelos promovió una controversia constitucional en contra del presupuesto que le fue autorizado para el ejercicio fiscal 2026, por considerar que el monto no cubre el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable que constitucionalmente le toca como parte de su autonomía financiera.
El recurso de control constitucional 93/2026 fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la semana pasada y turnado a la ministra instructora, Sara Irene Herrerías Guerra.
Durante la sesión de Pleno del pasado 25 de febrero, el magistrado presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, adelantó que tras la admisión de la controversia constitucional, “estamos en pláticas para efecto de poder tener una entrevista con este Pleno con el magistrado presidente y yo creo que ahí poder ver el enlace para poder platicar con la ministra Herrerías y pude darle los antecedentes que hay sobre el particular y la intención del porqué de esta controversia”.
En entrevista, detalló que los 877.6 millones de pesos asignados como presupuesto para el 2026 al Poder Judicial no cubren el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable que –de acuerdo con la Constitución local– debe etiquetarse anualmente como mínimo a la administración de justicia.
Explicó que el Poder Judicial necesita un presupuesto de por lo menos mil 400 millones de pesos (es decir, 600 millones adicionales) para hacer frente a los pasivos que enfrenta la institución, particularmente en materia de pensiones y jubilaciones.
“Hay muchos pasivos que tenemos y que refiere desde la carga que tenemos ya en nómina, de los funcionarios que ya están en retiro, que habla desde oficiales hasta magistrados y de pasivos que se tienen en ese mismo rubro”, comentó.
Agregó que aún no hay fecha para tener un acercamiento con el magistrado presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra instructora, Sara Irene Herrerías Guerra, pero están en espera de la respuesta a su petición, que tiene como propósito esbozar al tribunal constitucional lo que ocurre con la crisis financiera del TSJ derivada del tema pensionario.
