La medida, hasta que el Poder Judicial federal legitime su nombramiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, llamó a Rubén Jasso Díaz a frenar cualquier nombramiento de colaboradores hasta que su designación como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea resuelta por los tribunales federales.

Recordó que la legalidad de la elección de Jasso Díaz como titular del TSJ está en duda, al haber sido ungido en una sesión solemne de Pleno que fue realizada sin contar con el quórum legal, de al menos 12 magistrados, como lo establece la ley.

Subrayó que son cuestionables los nombramientos de sus primeros colaboradores, al designar como contralor del TSJ a Rodolfo Barrios Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, quien además es integrants de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

“Nombró al esposo de la magistrada Elda como contralor, pero a su vez la magistrada forma parte de la junta de administración y, entonces, difícilmente va a auditar a su esposa”, subrayó.

Otro nombramiento cuestionado fue el de Alma Patricia Salas -quien fuera asesora de presidencia durante la gestión de María del Carmen Cuevas López- como juez de primera instancia, control, juicio oral y ejecución de sanciones, ya que se realizó sin evaluación y sin auscultar el perfil para desempeñarse en la función jurisdiccional.

“Recordemos que el nombramiento del magistrado Rubén Jasso se dio no habiendo el quórum legal que la ley estipula. Como consecuencia de ello, se lleva un juicio que se está ventilando en los juzgados de distrito y evidentemente en tanto no se resuelva esta situación, todos los demás nombramientos que se puedan dar  son nulos de pleno derecho.

“Entonces, el llamado es que se abstenga de hacer nombramientos en tanto el Poder Judicial de la Federación no resuelva sobre lo ilegal o legal de su designación”, sostuvo.   

 

 

 

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El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Cristian Iván Velasco Alcocer, fue denunciado penalmente por los presuntos delitos de daños y amenazas.

De acuerdo con el denunciante, Adrián Flores Barranco, alrededor de las 11 noche del pasado sábado el líder barrista y su prima Daysi, madre de sus hijas, llegó a su casa a recoger a las menores, pero ambos tenían fuerte aliento alcohólico y por la hora, decidió que no era conveniente que se las llevarán.

El abogado y su prima habrían montado en cólera, comenzaron a insultarlo, a amenazarlo y a golpear con unos tubos su puerta, los vidrios y hasta un medidor de energía eléctrica.

Señaló que los hechos de violencia fueron presenciados por las menores, de quienes tiene legalmente la guardia y custodia.

Por tal razón, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia de hechos por los daños y amenazas perpetradas por Velasco Alcocer y su prima, aunque lamentó que la autoridades le hayan negado la implementación de medidas de protección, ya que teme que el líder de la Barra de Abogados cumpla con sus amenazas.

 

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La Barra de Abogados en Morelos anuncia que promoverá acciones legales en contra de la medida decretada por el gobierno federal.

La Barra de Abogados en Morelos anunció que promoverá acciones legales en contra del decreto presidencial que permite la participación de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional (GN) en las funciones de seguridad pública, al considerarlo inconstitucional.
Cristian Iván Velasco Alcocer,  presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, afirmó que se trata de un decreto que autoriza la militarización de las tareas de seguridad pública.
El abogado sostuvo que las fuerzas armadas no fueron creadas para esas tareas y permitirlo sólo violentaría los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En razón de ello, el jurista manifestó que la Barra de Abogados presentará los recursos legales correspondientes para impugnar el decreto publicado el lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen las funciones del Ejército junto con la Guardia Nacional.
"La función de las fuerzas (armadas) es cuidar el territorio nacional más no en funciones de seguridad pública. Sabemos que muchas veces se han visto inmersos en violación a los derechos humanos, específicamente el Ejército,  por lo cual estaremos promoviendo los recursos debidos para combatir esta anomalía", declaró.
Velasco Alcocer consideró que esta decisión debe someterse a plebiscito para que la ciudadanía decida si acepta que los militares hagan tareas de seguridad pública en el país.
El presidente Andrés Manuel López decretó, el pasado lunes, que las fuerzas armadas participarán activamente y de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública complementarias con la GN, hasta el 2024.

 

 

 

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Las víctimas mantendrán su derecho de denunciar aun cuando cumplan su mayoría de edad.

Este sábado entró en vigor la reforma hecha al artículo 100 bis del Código Penal que elimina la prescripción de los delitos psicosexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, propuesta hecha por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Lo anterior luego de que fuera publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad este 24 de abril, para entrar en vigor al día siguiente.

La iniciativa fue presentada el pasado 6 de noviembre por el presidente de la Mesa Directiva, con el objetivo de que la víctima pueda denunciar en todo momento y más aún cuando esté consciente del delito y por tanto el victimario pueda ser juzgado, aún cuando pasen varios años.

Anteriormente dicho Código refería que el término de la prescripción de la pretensión punitiva empezaría a correr a partir del día en que la víctima alcanzara su mayoría de edad, es decir que al cumplir 18 años, el afectado perdía su derecho a denunciar el abuso del que había sido objeto, dejando sin castigo al delincuente.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, celebró que esta reforma haya sido aprobada porque significa que los agresores de menores no quedaran impunes. “Los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no deben prescribir, pues el daño que estos ocasionan a un menor, deja estragos para toda su vida”, insistió.

El legislador dijo confiar en que esta reforma va a contribuir para que más delincuentes sean denunciados y a la vez, evitar o en su defecto disminuir estos abusos, al saber que en cualquier momento podrán ser acusados y en caso de comprobar su culpabilidad, sean encarcelados.

Los delitos contemplados en el Titulo Séptimo del Código Penal son: la violación, inseminación artificial sin consentimiento, hostigamiento y acoso sexual, estupro, abuso sexual y turismo sexual.

 

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Viernes, 06 Marzo 2020 05:12

Denuncian ante la FGR a Carmen Cuevas

Foro Morelense de Abogados acusa a la magistrada presidenta del TSJ por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, inició una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento. En respuesta, Cuevas López desestimó la querella y se dijo víctima de violencia de género.

Indicó que existen indicios de que la representante del Poder Judicial habría incurrido en una conducta ilícita, lo cual resulta muy grave porque es la represente de un poder de Estado y la representante la institución responsable de velar por el respeto a la legalidad.   

“Acabamos de presentar una denuncia en contra de la magistrada presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López, por los delitos que nosotros consideramos se pueden identificar, como es la falsificación de documento y el uso indebido del mismo documento, conforme se establece en los numerales que contempla el Código Penal Federal en sus artículos 243, 244 , 246.

“Recordemos que ella cuenta con dos actas de nacimiento, una de fecha de 1962 y otra de 1963, como consecuencia, ella también obtuvo, también tramitó dos CURP (Cédula Única de Registro de Población) y en el momento de hacer una búsqueda digital en internet, nos damos cuenta de que uno de los CURP corresponde a una persona diferente, a un tal Rodrigo Medrano.

“Entonces esta situación tiene que ser ventilada en las instancias jurídicas adecuadas como lo es el Ministerio Público Federal, para que le requiera a la presidente del tribunal y explique lo ocurrido con este tema. Lo delicado es que la titular del Poder Judicial se vea envuelta en situaciones de comisión de hechos delictivos y eso me parece que debe ser investigado”, explicó.

Subrayó que ante la presunción de que durante muchos años Cuevas López utilizó dos identidades y una de ellas corresponde a otra persona, el caso debe ser dirimido y aclarado ante el Ministerio Público Federal.

Consideró prudente que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso exhorten a la magistrada aclarar el tema y a separarse del cargo mientras transcurre la investigación.

Respecto a la posibilidad de que Cuevas López inicie acciones legales por considerar que hay un daño a su imagen, Martínez Bello sostuvo que sería acertada la decisión de usar la vía legal e insistió que con ello se podría dirimir en las instancias investigadoras y jurisdiccionales el caso.

A través de un comunicado y un video difundido por el TSJ, su titular, Carmen Cuevas López desestimó la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados e insistió en que, si hubiese algún error en sus documentos de registro de nacimiento, sería responsabilidad y competencia del registro civil.

Reiteró que los ataques en su contra provienen de “la perversidad que existe por parte de algunos actores políticos, que en medio de una serie de crisis sociales y económicas por la que atraviesa actualmente el estado de Morelos, así como de temas relacionados con la violencia hacia las mujeres, algunos prefieran darle importancia a este tipo de temáticas.

Además,  dijo ser víctima de violencia de género: “Que lamentable que en festejo del Día Internacional de la Mujer yo esté siendo violentada de mis derechos y que se estén dedicando a desprestigiarme, una y otra vez, al hablar de cuestiones que sólo me atañen a mí y no de las problemáticas sociales que realmente es de interés de todos los ciudadanos morelenses y que lacera a nuestras familias” 

Indicó que el tema de sus documentos de registro es “netamente personal”  y confió en que la autoridad federal desechará la denuncia.

 

 

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Sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad, expresan integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos exigieron a los tres Poderes del estado establecer políticas públicas eficaces en materia de seguridad, en virtud de que no hay resultados perceptibles y la sociedad está preocupada.

Ante la ausencia de posturas crítica del actual dirigente de la organización, Cristian Iván Velasco Alcocer, un grupo de abogados barristas realizó un análisis de la fragilidad en que se encuentra la administración y procuración de justicia estatal.

Los ex presidente de la Barra de Abogados José Luis Urióstegui Salgado y Alejandro Smith Vázquez, así como Marisela Camacho Castro, delegada de la organización en la región oriente,  y el litigante Ángel Enrique Arizmendi, coincidieron en que el sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad.

José Luis Urióstegui Salgado expresó que  ni los presidentes municipales ni el comisionado estatal de Seguridad, ni los legisladores, ni los poderes Ejecutivo y Judicial cumplen con su función y sólo realizan acciones apenas suficientes para calmar a la sociedad.

“Exigimos al gobernador, alcaldes y áreas encargadas de seguridad que implementen programas efectivos y eficaces, establezcan líneas claras de cómo la población evite ser víctimas de delito, políticas de información para ser víctimas de robo de vehículo o comprar vehículos que han sido remarcados o re-documentados”, dijo.

Señaló que existe preocupación porque “no hay un programa o una política criminológica que nos permita establecer el devenir, en esa transformación psicológica de los delincuentes. Los que antes se complacían solo con robar ahora hacen daño, aunque sea innecesario, golpean o matan, y eso es también un trastorno social que nos va a golpear a todos, en Morelos o en cualquier parte de la República”.  

También exhortó a la población a colaborar en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia con su denuncia, pues sólo así se pueden focalizar acciones  en las zonas donde operan los delincuentes y generar lazos de solidaridad entre los colonos.

Los barristas exhortaron al Congreso a vigilar el desempeño del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, responsable de la procuración de justicia, así como del Poder Judicial del Estado de Morelos, que se encuentra en una crisis interna y externa que se ve reflejada en la escalada de amparos y controversias constitucionales, así como las resoluciones judiciales que le han sido adversas a la propia magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López.

“El tema de los jueces del fuero común es fundamental para lograr orden en el estado en los asuntos individuales, el tema de la fiscalía encargada de la investigación de los delitos, que no están dando los resultados deseables y el tema de justicia penal, que se ha convertido en esa famosísima puerta giratoria que permite que entren y salgan los delincuentes y que tengamos en Morelos un grado de inseguridad elevado. El tema de inseguridad nos ocupa y nos hace exigir a las autoridades que haya resultados”, resaltó Urióstegui Salgado.

Marisela Camacho Castro, delegada de la Barra de Abogados en la zona oriente, apuntaló:  “Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial para que, en primer término, la magistrada presidente, así como los magistrados en Pleno se hagan responsables del daño que han causado al Poder Judicial, no solo al administrar justicia, sino también en su situación económica”.

Subrayó que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar con transparencia y pidió que los jueces sean seleccionados por exámenes de oposición, y no por amiguismos y compadrazgos como ha venido ocurriendo.

Incluso, resaltó que a personal con carrera judicial se le ha cerrado la puerta para aspirar a cargos de mayor rango, porque carecen de influencias políticas o “padrinos”.

 

 

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Fallas jurídicas tienen a la institución en una crisis: Martínez Bello.

El Foro Morelense de Abogados exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, enfrentar moral y económicamente sus errores jurídicos, que tienen a la institución en medio de una crisis.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, lamentó que las malas decisiones y los abusos de poder tengan graves consecuencia para el TSJ, como lo es la reinstalación de funcionarios judiciales que fueron cesados y ahora deben ser reincorporados, ante la insistencia de Cuevas López de mantener en funcionamiento por más de un año a la Comisión Transitoria (del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019), por encima de su deber constitucional de instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos.

“En esta ocasión, como ustedes saben, están en el TSJ, están por reinstalar a más de una decena de jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que fueron removidos de su encargo.

“La comisión tenía como objetivo ser transitoria y no permanentemente, pero estuvo trabajando en la ilegalidad por más de un año, y durante ese tiempo, ahora la justicia federal está ordenando la reinstalación de los funcionarios judiciales con la restitución de salarios y prestaciones.

“Entonces, la exigencia del Foro Morelense de Abogados (es que) asuma de su peculio los salarios caídos para los jueces, secretarios de acuerdos y, por supuesto, los actuarios del TSJ que de manera ilegal fueron removidos de su encargo”, recalcó.

Advirtió que al solucionar un problema jurídico nacerá uno nuevo,  porque “¿qué va a pasar con los jueces que actualmente están fungiendo como tal? Hay más de una decena de jueces. Tampoco van a quedar ellos contentos en el momento en que se les remueva por instrucciones de la autoridad federal”.

Insistió en que el conflicto no tiene que ser absorbido por el erario o la administración pública, porque no fue  un error de los ciudadanos, sino de la misma magistrada presidenta, porque “son omisiones y son abusos permanentes que ha cometido la presidenta del tribunal, y como consecuencia, ella tiene que asumir su responsabilidad”.

Por otra parte, Javier Salgado, juez en retiro del TSJ, lamentó las decisiones equivocadas de Cuevas López, quien orilló a la crisis económica a más de una centena de trabajadores judiciales jubilados, cuyos decretos pensionarios fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el pretexto de conseguir recursos adicionales.

Dijo que a pesar de que la SCJN ordenó cumplir con las sentencias y pagar a los trabajadores en retiro, todavía hay quienes no reciben su pago completo.

“Aún se tienen adeudos con algunos de nosotros. No cabe duda que las decisiones tomadas al interior del tribunal, además de ser equivocadas, no han sido las correctas, por arbitrarias, violatorias de los derechos laborales, humanos y de seguridad social”, dijo.

Señaló que el calvario económico que pasaron los trabajadores jubilados y sus familias, como consecuencia del litigio iniciado por Cuevas López contra los decretos pensionarios, ni siquiera tuvo efecto sobre la asignación de presupuesto, ya que el Poder Judicial no obtuvo nada de incremento a su presupuesto, como pretendía, salvo los recursos para sufragar los adeudos que se originaron por la falta de pago a los trabajadores jubilados.

 

 

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Abogados apoyan a Alejandro González, mientras que ONG cuestiona su llegada.

El nombramiento como secretario técnico interino de Alejandro González Chávez sigue causando mella y división en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pues mientras el Consejo Estatal de Abogados se pronunció en su apoyo, miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA y la organización Morelos Rinde Cuentas insistieron en la ilegalidad de la designación. 

El tema volvió a generar debate, luego de que este miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el documento por el cual el pasado 19 de noviembre González Chávez fue designado secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del SEA, pero horas después se emitió una nota aclaratoria en el órgano oficial de difusión que dejaba sin efectos la publicación, con la explicación de que no cumplió con los requisitos previstos en el reglamento de dicho periódico. 

Esto causó reacciones sobre la legalidad y vigencia del nombramiento. El director General del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, salió en apoyo de González Chávez para aclarar que su nombramiento  como secretario técnico provisional es legal y está vigente desde el pasado 19 de noviembre, pese a la nota aclaratoria y el desacuerdo de dos de los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC-SEA)

Lamentó la parálisis del SEA y del comité ciudadano, porque “hasta el día de hoy no ha funcionado como tal, por la sencilla razón de que hay pugnas entre ellos, no se ponen de acuerdo para (la) designación, y bueno, en función a esa publicación y a esa designación, este consejo determina apoyar la designación del licenciado” González Chávez y ojalá los integrantes del CPC “entren en prudencia” (sic) y realicen pronto el nombramiento definitivo. 

Invitó a dirimir por la vía del diálogo y la conciliación las diferencias entre los miembros del comité ciudadano, para evitar que la disputa llegue a los tribunales y el SEA siga entrampado. 

Afirmó que Alejandro González Chávez tiene también el perfil y el prestigio para desempeñar el cargo ya que, ejemplificó, fue director de la Facultad de Contaduría, y presidente de Abogados Fiscalistas, y se desempeña como catedrático universitario. 

En contraste, la organización civil Morelos Rinde Cuentas mantiene su postura crítica por considerar que la designación no cumplió con los procedimientos legales ni se realizó de manera transparente. 

Incluso, cuestionó la publicación del nombramiento en el Periódico Oficial y la rectificación que se realizó posteriormente. “Por la mañana el periódico oficial de Morelos publica un acuerdo del Comité de Participación Ciudadana designando un Secretario Técnico Interino (violatorio de la ley). Por la noche el mismo periódico la echa para atrás ¿A quién se le aplicará la Ley de Responsabilidades?”, expresó la organización a través de su cuenta oficial de tuiter. 

Damiana Herrera Mota, integrantes del CPC-SEA, y quien se opuso a la designación de González Chávez, explicó que el nombramiento se realizó de manera ilegal y detalló el porqué.

Afirmó que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución, según el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, de autorizar una terna de aspirantes a ocupar la secretaría técnica, para ser sometida ante el Comité Coordinador del SEA. 

Dicho comité está integrado por las personas titulares de la Entidad Superior de Auditaría y Fiscalización, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el representante de las contralorías municipales (en este caso del municipio de Cuernavaca, por tener el mayor número de habitantes) y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. 

Expresó que la terna fue autorizada de manera irregular por tres de los cinco integrantes del CPC y aún está en revisión por el Comité Coordinador; además de que la ley no prevé la figura de un Secretario Técnico Interino y mucho menos la facultad del CPC para designarle.

 

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El presidente de la Barra de Abogados dice confiar en que la SCJN anule la ampliación del periodo de los magistrados aprobada por los anteriores diputados.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará abajo las disposiciones por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El dirigente de los abogados barristas, Cristian Velasco Alcocer, dijo que están a la expectativa de lo que discutan este lunes los ministros en el Pleno del SCJN y esperan que anulen la ampliación del periodo de los magistrados.

“De manera personal estoy a favor de que sean sólo 14 años, porque la gente que tiene carrera judicial y que aspira a esos cargos tendrían que pasar (a ocupar esos cargos) y si se dejan los 20 años, entonces tendrían que esperar seis años más para aspirar a una magistratura, aunado que creemos que en su momento la anterior legislatura no tomó la opinión y sentir de la sociedad”, recalcó.

Insistió en que los magistrados no deben tener una permanencia vitalicia, porque hay que oxigenar al Poder Judicial y permitir que esos espacios sean ocupados por persona que se han preparado para trascender en el ámbito de la administración de justicia.

Indicó que una vez que la Corte dé su fallo, podrá regresar la estabilidad al Poder Judicial, ante la crisis que atraviesa actualmente. 

 

  

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La SCJN resolverá en el presente periodo de sesiones la controversia.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Alcocer Velasco, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina la polémica sobre la modificación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Lamentó que el Poder Legislativo no haya realizado adecuadamente el procedimiento para revertir la reforma que realizó la anterior legislatura, por la cual amplió de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados.

Consideró que fue un exceso de los anteriores diputados, sobre todo porque fue coartada la posibilidad de renovar el Poder Judicial y dar la oportunidad a las nuevas generaciones para competir por las magistraturas.

“Consideramos que sí debería de disminuir el tiempo de los magistrados, porque son diversos los profesionistas que se siguen capacitando y que ejercen de excelente manera sus funciones en el servicio público o también en el litigio.

“Entonces, sabemos que eso es coartar el derecho y dejar que pocos lleguen a esos puestos, los cuales son privilegiados. Sabemos que, si se acorta el plazo, será más fácil para las nuevas generaciones alcanzar esos puestos”, señaló.

Insistió que fue deficiente e inadecuado el proceso legislativo por el que se intentó fallidamente regresar las designaciones al periodo original de 14 años, pues en el Poder Legislativo no ha escuchado ni tomado en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de abogados, que siempre están dispuestas a apoyar con opiniones jurídicas.

Señaló que el tema será definido por al SCJN, que ya tiene previsto resolver en este periodo de sesiones varios temas relacionados con el estado de Morelos.

 

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