La digitalización d ellos procesos para impartir justicia solo pueden implementarse si el Congreso realiza las reformas necesarias, señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, al sostener su primera reunión virtual de este año con integrantes de la facción de la Barra de Abogados del Estado de Morelos que encabeza Miguel Ángel Rosete.

El magistrado recordó a los litigantes que a pesar de que los integrantes del Pleno determinaron prorrogar hasta el 17 de enero la suspensión de labores jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Morelos y de que no correrán plazos y términos procesales durante ese periodo, continúan las actividades en diversas áreas del TSJ “para garantizar la administración de justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

Jasso Díaz afirmó que dicha determinación está armonizada con la decisión que tomaron las autoridades sanitarias del estado de ampliar hasta el 17 de enero la permanencia para el estado de Morelos en color rojo respecto al semáforo de riesgo sanitario por la pandemia ocasionada por el covid-19, por lo que debe acatarse lo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual fue avalado por la propia autoridad sanitaria.

Durante este encuentro virtual en el que participó Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las dos facciones de la Barra de Abogados de Morelos, Jasso Díaz refirió que personal de guardia labora en los órganos jurisdiccionales para la atención de los plazos constitucionales y de los asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.

También dijo que el  Portal de Citas continuará en operaciones para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar presentando demandas en  materia familiar, mercantil, civil o penal.

Precisó que las demandas en materia de violencia de género o familiares no requieren de cita, por lo que los interesados sólo tienen que presentarse a las oficialías de partes correspondientes.

Jasso Díaz habló a los abogados de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos “a través de medios electrónicos, como una alternativa oportuna, eficaz, de rápido acceso y muy seguro en tiempos de pandemia”.

Dijo que desde el 15 de junio, los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos aprobaron por unanimidad de votos los Acuerdos Generales para brindar esta opción para la solución de conflictos

“Ante la insistencia de los representantes legales por llevar a cabo audiencias virtuales o telemática en materia familiar y civil, Jasso Díaz recordó que existe un impedimento legal para llevarlas a cabo, por lo que insistió una vez más que desde el Congreso local deben reformarse diversos artículos del Código Procesal Familiar y al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, bajo dos premisas prioritarias: salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del Sector Salud como una “actividad esencial” en medio de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo”, se señala en el comunicado difundido por el TSJ.

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Exigen que el Congreso y el TSJ implementen la justicia digital; el perjuicio, para litigantes y justiciables, señala uno de los presidentes de la organización.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos protestó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de ampliar la suspensión de labores en los juzgados, luego de que el pasado 23 de diciembre Morelos retornó a semáforo rojo, por alto riesgo de contagio de covid-19.

Miguel Ángel Rosete Flores, dirigente de una de las dos organizaciones de litigantes barristas, consideró que la administración de justicia enfrenta una fuerte crisis, debido a que las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de coronavirus agravaron el rezago en el trámite, desahogo y sentencia de cientos de casos en materia penal, civil, mercantil y familiar.

Advirtió que el personal judicial tampoco labora en la modalidad de home office y la inactividad en el Poder Judicial provoca daños irreparables a los justiciables, lo cual es razón para que los litigantes, diputados y la representación del TSJ converjan en una mesa de diálogo para resolver urgentemente la dilación en la administración de justicia.

“Como Barra de Abogados exigimos y urgimos al Congreso del Estado y al TSJ para establecer una mesa de trabajo con el fin de encontrar mecanismos para hacer realidad la justicia digital.

“Hacemos un llamado para dejar a un lado la parálisis legislativa y la inactividad del Poder Judicial, porque ni siquiera hay trabajo en casa, hay un retardo abismal en la emisión de acuerdos en perjuicio de los justiciables”, explicó.

Afirmó que los barristas no sólo están dispuestos a expresar su inconformidad por los canales institucionales, sino que tienen propuestas concretas para analizar y debatir en la mesa de trabajo, bajo la premisa de que la justicia es un derecho que debe ser tutelado aún bajo las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el mundo.   

Rosete Flores detalló que la Barra de Abogados tiene como propuestas impulsar la justicia digital; modificar los códigos procesales; homologar los trámites con respecto al Poder Judicial de la Federación y establecer las demandas, acuerdo y resoluciones en línea.

Insistió en que la parálisis de la justicia es una gran afectación no solo a los postulantes sino para los morelenses que hoy, en medio de la crisis sanitaria, no encuentra una vía jurídica pronta y expedita para la resolución de conflictos.

Cabe destacar que el pasado 4 de enero, el TSJ anunció que prevalecerá la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 17 de enero y que el retorno a las labores dependerá del color del semáforo epidemiológico y las disposiciones de las autoridades sanitarias.

 

 

 

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Sábado, 05 Septiembre 2020 05:14

Critican a alcaldes que reclaman más recursos

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó a los alcaldes que no han cumplido con su responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos y ahora pretenden condicionar el convenio de Mando Coordinado, Policía Morelos, a cambio de un "interés económico".


Lo anterior, luego que varios ediles anunciaron que pedirán que se les regrese el cinco por ciento del recurso destinado al fondo de Seguridad, a cambio de trabajar en coordinación con el estado para el combate a la inseguridad.
El jurista sostuvo que la seguridad también es responsabilidad de los presidentes municipales.


"Nuevamente le quedan mal a la ciudadanía en el sentido de que ellos están viendo más por una cuestión administrativa y monetaria pero no han resuelto el tema de seguridad pública", manifestó.
Martínez Bello afirmó que los alcaldes deben cumplir con su responsabilidad y atender la problemática,  más allá de la aplicación de los recursos financieros.
"A nosotros los ciudadanos lo que nos interesa es que se coordinen de manera eficaz para que nos den seguridad y podamos tener paz en el estado…”

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Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:17

Piden abogados penalistas cabeza de Guarneros

Gremio exige esclarecer el asesinato de un litigante.

Por alto número de ilícitos que se registran en el estado y por la falta de resultados en la prevención del delito, la Asociación de Abogados Penalistas pidió la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, luego de que el rumor sobre su posible su salida del cargo ha sido insistente en diversos círculos políticos.

El dirigente de los litigantes penalistas, Efraín Márquez Durán, se sumó a la condena del asesinato del abogado Daniel Benítez Callado, ocurrido el fin de semana en el municipio de Temixco, y consideró que ante este tipo de hechos que lastiman a la sociedad es evidente que el responsable de la seguridad estatal no cumplió con su misión.

En rueda de prensa, señaló que “nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno de Morelos para el efecto de que realice un análisis sobre la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad Pública (José Antonio Ortiz) Guarneros, ante las negligencias, ante las omisiones que ha realizado, en trabajos de prevención del delito, para evitar este tipo de actos”, dijo.

También pidió al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que se realicen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Benítez Callado, pero también de otros litigantes, como fue el caso de Paul Zaragoza Popoca, asesinado en enero pasado dentro de su despacho en la ciudad de Jojutla.

 

 

 

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Reiteran compromiso para dar continuidad a los trabajos de coordinación a favor de los morelenses.

Como parte de los compromisos adquiridos al inicio de esta administración, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Almirante Ret. José Antonio Ortiz Guarneros, se reunió con los integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, en las instalaciones del C5 Morelos. 

Durante la reunión, Ortiz Guarneros dio a conocer los avances y los alcances de las distintas acciones llevadas a cabo por la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) como lo son las detenciones más relevantes, capacitación de las policías y la invitación a ser parte del proyecto “Tu seguridad depende de mis acciones, ven y conóceme”, en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, entre otros. 

En su intervención, Cristian Iván Velasco Alcocer, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, así como la mesa directiva, ratificaron el apoyo a la institución y  se comprometieron a continuar trabajando a favor de los morelenses. 

En tanto, Merary Pimentel Laínez, directora de Asuntos Internos de la CES, detalló el trabajo que se ha realizado así como el seguimiento continuo a las supervisiones de los elementos de las distintas corporaciones municipales, con el objetivo de erradicar actos de corrupción y actividades que estén fuera de la ley. 

Además, se presentaron las líneas de Emergencia 911, el número de Denuncia Anónima 089, así como las distintas formas y requisitos para la conformación de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) y SeguriChat, al que se les hizo una cordial invitación para crear un grupo en el que tengan contacto directo con la CES y en caso de ser necesario se les atienda de manera inmediata.

Finalmente, el comisionado estatal de Seguridad Pública señaló que se continuará trabajando en favor de los distintos grupos, asociaciones y sociedad civil, con el propósito de fortalecer las bases que conllevarán a vivir en un estado de paz, fomentando una cultura de prevención y de autocuidado.

 

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Digitaliza el TSJ servicios.

Como parte de la digitalización de los servicios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), obligada por la contingencia sanitaria por el covid-19, los litigantes podrán recibir y consultar los acuses de recibo de las promociones de sus demandas.

De acuerdo con el TSJ, ahora en el Portal de Citas Electrónico podrán consultarse los acuses de recibo de las demandas o escritos iniciales presentados por las y los abogados desde el inicio de la pandemia hasta fecha.

Los documentos digitales están disponibles en el apartado de “Lista de Acuses”, ubicado en el Portal de Citas Electrónico, el cual inició su funcionamiento desde el pasado 8 de junio como una medida preventiva para evitar que se generen aglomeraciones en la reapertura parcial de los órganos jurisdiccionales.  

Una vez obtenido el documento, el usuario deberá desplegar la función “buscar” oprimiendo simultáneamente las teclas “Control” más “F” y escribir el nombre de su cliente para visualizar el acuse de sus demandas o escritos iniciales.

 Los acuses de las demandas iniciales están disponibles desde el 7 de abril hasta el viernes 21 de agosto, para que los abogados no tengan que asistir a las sedes judiciales y conozcan qué juzgado les fue asignado por el sistema electrónico y de manera aleatoria.

 

 

 

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Reiteran que acudirán a los tribunales si la elección incurre en favoritismos.

El gremio de abogados mantiene la presión sobre el Congreso de Morelos, a fin de que lance la convocatoria para concursar seis magistraturas vacantes en los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA) y que las designaciones sean transparentes y apegadas al marco constitucional.

Un grupo de litigantes acudió a la sede el Poder Legislativo a presentar un escrito, en la que fijaron su postura  y advirtieron en que no permitirán  el influyentismo ni el nepotismo en el nombramiento de los juzgadores de segunda instancia.

La abogada Jessica Vargas detalló que el grupo de litigantes independientes entregó al Congreso un documento en que exigió a los legisladores un proceso totalmente transparente e imparcial, en el que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones para competir por una magistratura.

Destacó que también solicitó que, en cuanto sea lanzada la convocatoria, ésta sea ampliamente difundida y se establezca un plazo de por los menos de 30 días, para que los abogados puedan recopilar y presentar su documentación para postularse y desarrollar un ensayo, en caso de que  éste se incluya como requisito.

Adicionalmente, sugirió que el examen escrito a los aspirantes no sea de respuestas abiertas, sino de opción múltiple, de tal manera que no haya duda sobre cuál es la respuesta correcta y se descarte cualquier interpretación ventajosa a favor de algún aspirante.

El grupo de abogados dejó claro que vigilará con lupa la actuación de los legisladores y no permitirá que esta vez las magistraturas sean asignadas a personas que no cuenten con los méritos, con honorabilidad probada, con la calidad académica y profesional que debe tener un impartidor de justicia.

“Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a nuestro escrito, a lo que contesten y obviamente a la convocatoria, porque ya estamos hartos de que estos puestos los ocupen compadres, amigos, familiares de los diputados. No queremos eso”, dijo

Indicó que las personas sobre quienes recaigan las magistraturas deben ser incorruptibles y contar con una trayectoria impecable.

Advirtió que, en caso de que el proceso de designación sea amañado y fuera de la ley, los abogados irán a los tribunales a impugnar los nombramientos.

 

 

 

 

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Se pronuncian por la designación de personas reconocidas por su profesionalismo, honorabilidad y por el perfil para administrar justicia.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos exigió al Congreso evitar las prebendas y el influyentismo en el proceso de designación de magistrados y que los nombramientos recaigan en personas reconocidas por su profesionalismo, su honorabilidad y por contar con el perfil para administrar justicia.

José Luis Urióstegui Salgado, quien se ostenta como presidente del Consejo Directivo Interino de la organización (que atraviesa un conflicto interno por la representación) acudió a la sede del Poder Legislativo con un grupo de abogados barristas para entregar un documento dirigido a cada uno de los diputados, en el que manifiesta su postura en la víspera del lanzamiento de la convocatoria para designar seis nuevos magistrados, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia (TJS) y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Dijo que la petición es que el Congreso del Estado valore todos los perfiles profesionales y que tome en cuenta la preparación, la experiencia, la honorabilidad y el desempeño de todos y cada uno de los abogados que concursen por una de las vacantes.

Afirmó que existe temor fundado de que, por el historial de designaciones anteriores, los nombramientos se realicen con base en intereses particulares o partidistas y mediante prácticas ilegales e inmorales.

“Estamos seguros de que en este tiempo de receso hay muchos intereses que están moviéndose para designar a magistradas y magistrados, que obedezcan más a una cercanía con algún servidor público, que por el conocimiento del derecho”, recalcó.

Advirtió que los barristas estarán pendientes de los términos en los que será lanzada la convocatoria y de que el desarrollo del proceso de designación de magistrados se realice con apego a la Constitución del estado de Morelos. De lo contrario, como profesionales del derecho recurrirán a los medios de impugnación posible.

“Si a pesar de este llamamiento el Congreso determinase seguir el camino de la inconstitucionalidad, haremos valer nuestra oposición en las instancias jurisdiccionales a nuestro alcance, y que los diputados y diputadas tengan la certeza de que lo que hagan indebidamente no quedará impune”, recalcó.

Insistió en que el historial de designaciones a cargo del Congreso está plagado de intereses políticos y relaciones personales que transgreden el marco constitucional, por lo que la Barra de Abogados pugnará porque este proceso sea transparente, que los aspirantes sean evaluados por un organismo nacional y que los cargos sean otorgados a personas competentes, profesionales y honorables.

 

 

 

 

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Lamentan el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

La Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos criticó el pobre desempeño de la Fiscalía General de Justicia  (FGE) y lamentó el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

Al tomar protesta como nuevo presidente de la asociación, Efraín Márquez Durán calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscalía y lamentó que, a partir de la contingencia sanitaria por el covid-19, la institución responsable de la persecución del delito haya truncado la investigación e integración de las carpetas de investigación.

Consideró delicado que la fiscalía se encuentre en el letargo, con el alto riesgo de que las evidencias y elementos probatorios para completar debidamente las investigaciones en curso se desvanezcan con el paso del tiempo y, en consecuencia, los delitos queden impunes.

Dijo que será crítico respecto de la labor que realicen las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia y recalcó su crítica hacia el fiscal estatal, quien dejó claro su poco interés por mantener un diálogo con los abogados penalistas.

Incluso, destacó que fue buscado para presenciar la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, pero no hubo respuesta del fiscal estatal.

La nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas para el periodo 2020-2022, estará integrada por: Efraín Márquez Durán como presidente; Alfonso González Mendizábal como vicepresidente; Naybi Ríos Sandoval como secretaria general; Mario Martínez Díaz como tesorero y Jorge Armando Onofre Cuéllar como vocal.

El Consejo de Honor y Justicia de la organización estará integrado por Crhistian Fragoso Velázquez como presidente, Claudia Susana Pantaleón Rodríguez como vicepresidenta, Víctor Hernández Vega como secretario general  y Fernando Abarca López como vocal.

 

 

 

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El recién reelecto presidente de la Barra de Abogados, Cristián Iván Velazco Alcocer, requirió formalmente a los ex integrantes de la Mesa Directiva la entrega de los recursos acumulados de las cuotas de los asociados.

En medio de la polémica disputa por la representación de los litigantes barristas, Velazco Alcocer emitió sendos oficios dirigidos a Monserrat Bosco Ramírez y Nora Tania Jaimes Servín, ex tesorera y ex vicepresidente de la organización, para efecto de que realicen el proceso de entrega recepción de la documentación y los recursos de las cuotas de los agremiados en favor de  Marilyn Cristina Rivera Sánchez y Alexis Velazco Alcocer, electos en la asamblea del 1 de agosto como nueva tesorera y vicepresidente.

“Solicito a usted se realice la entrega  recepción de todo el recurso económico que obran (sic) en su poder, al igual que los estados financieros del recurso económico del que usted era responsable hasta el 1 de agoto de la presente anualidad que se realizaron las elecciones correspondientes para el cambio de directiva para el periodo 2020-2022….”, detalla el documento difundido en redes sociales por Velazco Alcocer.

De acuerdo con el oficio, las ex integrantes de la Mesa Directiva deben hacer entrega de toda la información y documentación relacionada con los recursos depositados en una cuenta bancaria, que las ex representantes barristas manejaban de manera mancomunada, conforme a lo previsto en los estatutos de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Emplazó a ambas abogadas para acudir el próximo 7 de agosto de 2020 a un domicilio en la colonia Centro, de la capital morelense, para llevar a cabo la entrega recepción de los recursos, cuyo monto se estima en 350 mil pesos aproximadamente.

Actualmente, la Barra de Abogados se encuentra en una disputa interna por la titularidad de la representación. Por un lado, está Velazco Alcocer, quien se reeligió en el cargo, después de una reforma a los estatutos realizada en julio pasado para establecer, “por única ocasión” la posibilidad de reelección, justificada por las circunstancias especiales de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Por otro lado, está el abogado José Luis Urióstegui Salgado y un grupo de ex presidentes de la Barra de Abogados, que conformaron un consejo interino y convocaron a elección de la nueva Mesa Directiva para la primera semana de octubre. Este bando de la Barra de Abogados no reconoce a Velazco Alcocer como su dirigente y consideró ilegal su reelección, porque su periodo feneció el 2 de junio y los estatutos prohíben la reelección.

 

 

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