Miércoles, 03 Marzo 2021 05:17

Aprueban cuenta pública 2020 del Congreso

Todavía está pendiente la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios.

Los diputados locales aprobaron la cuenta pública del Congreso del estado correspondiente al  2020, tras cuatro semanas de discusión entre las fuerzas políticas que mantenían paralizado el trabajo legislativo.
Este martes, finalmente, los integrantes de la LIV Legislatura desahogaron todos los puntos integrados en el orden del día de la primera sesión  de su último período ordinario, como los informes de las cuentas públicas del último trimestre y la anual del 2020.


Aunque no se hizo público de qué forma se ejercieron los recursos financieros del 2020, los diputados avalaron el acuerdo emanado del Comité de Vigilancia.
El  diputado José Casas González fue el único que hizo pública su postura y en tribuna manifestó que le daba un "voto de confianza" a los diputados que integran el citado comité.
La aprobación de la cuenta pública 2020, derivado del informe que emitió la Mesa Directiva que presidió el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez -previo a su renuncia en enero pasado- permitirá a los legisladores abrir una nueva sesión ordinaria en la que se prevé la aprobación de las leyes de ingresos municipales.


Aunque los diputados no han logrado acuerdos para nombrar a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, se ha informado de manera extraoficial que también podrían concretar acuerdos para designar a los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al auditor general del estado, nombramientos que están pendientes desde el 2019.

 

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Martes, 23 Febrero 2021 05:12

Gerardo Galindo rechaza señalamientos

El ex director jurídico del Congreso se deslinda de supuestas omisiones en su desempeño.

A dos semanas de su renuncia como director jurídico del Congreso del estado, Gerardo Florentino Galindo Durán se deslindó de los señalamientos en su contra por supuestas omisiones en su responsabilidad que llevaron a que el Poder Legislativo perdiera decenas de juicios.


Este lunes el exfuncionario ofreció una rueda de prensa para desmentir las acusaciones que hicieron en su contra legisladores locales, por supuestamente haber permitido que el juicio de procedencia en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro se detuviera por una determinación judicial, así como de haber sido el responsable de que se perdieran los juicios de amparo promovidos por exservidores públicos de la administración de Graco Ramírez que hoy gozan de una "pensión dorada", entre otros casos.


Galindo Durán afirmó que los juicios de amparo que perdió el Congreso del estado y que dieron validez  a las pensiones onerosas eran "casos perdidos", a raíz de supuestas irregularidades en los procesos de abrogación cometidas por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social que entonces presidía la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.


A la misma legisladora la acusó de hostigarlo, cuando aseguró que fue Rodríguez Ruiz la que lo colocó en la Dirección Jurídica y no su sobrino el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez.
No obstante, admitió que sí hubo dilación en la presentación de los informes que requirió el Juzgado Quinto para analizar el caso del diputado Marcos Zapotitla Becerro y que llevaron a que se le otorgara una suspensión definitiva para detener el juicio de procedencia en su contra.


En un primer momento, el exdirector afirmó que existe un encargado de atender los juicios de amparo y que es el subdirector Jurídico el que debe estar atento a ese trabajo y  no él como director.
Sin embargo, Florentino Galindo Durán corrigió posteriormente y aseveró que existen los acuses de recibo presentados ante el Juzgado que prueban que no se cometió ninguna omisión.
Finalmente, afirmó que está analizando proceder legalmente por el hostigamiento y la difamación de la que supuestamente ha sido víctima, ya que le ha afectado en su carrera como abogado, situación que lo llevó a ofrecer una rueda de prensa y ofrecer su versión acerca del desempeño que tuvo en el Congreso del estado.

 

 

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El Congreso local defiende cifra asignada al Impepac.

Ante el juicio electoral que promovió el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo por la negativa a otorgar una ampliación presupuestal, diputados locales afirmaron que hicieron "lo que correspondía" en la aprobación del presupuesto 2021.


El vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definirá si la pretensión del órgano electoral está bien fundamentada.


Sin embargo, admitió que de un análisis hecho por el Poder Ejecutivo se determinó asignar 75 millones de pesos como presupuesto extraordinario para el Impepac, cifra que los consejeros electorales rechazaron.
"Creíamos que sí era necesario un aumento del presupuesto, pero no por la cantidad solicitada. Ya será el Tribunal el que determine lo que sea necesario", manifestó.


Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Ariadna Barrera Vázquez, sostuvo que como legisladores "hicimos lo que correspondía" , que los 179 millones 352 mil pesos asignados para el Impepac en este 2021 es el mismo monto que se ejerció en el 2018, cuando se llevaron a cabo elecciones para gobernador,  diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.


En este contexto, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el que resuelva si se cometió alguna falta por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al no autorizar más recursos para el órgano electoral.

 

 

 

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Dice que no justifica evitar atender los asuntos pendientes del Legislativo.

No hay parálisis legislativa en el Congreso del estado, aseguró la diputada panista Dalila Morales Sandoval, quien aseveró que sólo existe falta de disposición de algunos de sus homólogos para resolver los temas que interesan a la sociedad, con el fin de presionar para la designación de un presidente de la Mesa Directiva.


La legisladora manifestó que la falta de un presidente de la Mesa Directiva no debería ser pretexto para no desahogar los temas pendientes desde diciembre pasado, ya que la Ley Orgánica del Congreso del estado permite al vicepresidente, José Luis Galindo Cortez, asumir dicha responsabilidad.


Sostuvo que está a favor de que una mujer presida la Mesa Directiva, sin embargo, refirió que el diputado que quiera esa representación debe buscar los consensos para lograr los 14 votos que se requieren para el cargo.
"Hoy, no hay parálisis. Si no hay un presidente la misma reglamentación del Congreso permite que el vicepresidente pueda subir en funciones de presidente, y así podemos sacar adelante los temas pendientes desde diciembre. En esa misma situación vamos generando los consensos para una presidenta o presidente que logre los consensos", manifestó la diputada.


La postura de la diputada se dio a raíz del llamado que hizo un grupo de 10 diputados para nombrar a una legisladora como presidenta del Poder Legislativo, ante la supuesta intención del Partido Encuentro Social (PES) de permanecer al frente con el legislador José Luis Galindo Cortez.


La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró que mientras no se logren los acuerdos de mayoría, los trabajos del Congreso no pueden detenerse.
"La gente nos demanda en el tema de salud, seguridad, economía, los congresistas deberíamos estar enfocados en atender esos problemas", declaró.

 

 

 

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Concluye plazo de registro de aspirantes.

El Congreso del estado concluyó con el registro de aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con una participación de aproximadamente 150 abogados.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Ariadna Barrera informó que la próxima semana convocará a una reunión con las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias para revisar los expedientes y proceder a la etapa de comparecencias.


Sin embargo, admitió que la parálisis legislativa que existe en el Congreso del estado, derivado de un conflicto entre las fuerzas políticas, retrasará la designación de los seis magistrados en el Poder Judicial.
"Complica un poco esta parálisis. La Junta ha caminado y ha hecho su trabajo con las compañeras legisladoras, para quienes también es prioritario este proceso, ya se verá más tarde si se contará con la disposición para avanzar en esta designación", manifestó.


El Congreso del estado abrió la convocatoria para nombrar a cuatro magistrados del TSJ y dos del TJA.
Previo al cierre de registro, cerca de 90 abogados se habían registrado para el TSJ y aproximadamente 40 para el TJA, de acuerdo con lo informado por la presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

 

 

 

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De conformidad con lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso de Morelos recibió este día el Segundo Informe de Gobierno del Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

El documento fue remitido por el mandatario a través de la secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, Monica Boggio Tomasaz Merino, y recibido a nombre del Congreso del Estado por el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado José Luis Galindo Cortez, quien se encuentra en funciones de presidente.

Al recibir el libro que contiene el Segundo Informe de Gobierno, el diputado Galindo Cortez destacó que de esa manera se cumple oficialmente con la obligación del mandatario estatal en cuanto a informar a los morelenses de las labores de su administración.

Además, anunció que de inmediato giró instrucciones para que el Informe de Gobierno se haga llegar a las 20 diputadas y diputados que integran la LIV Legislatura del Congreso del estado de Morelos.

El vicepresidente de la Mesa Directiva destacó que será en el marco de la Junta Política y de Gobierno, integrada por los coordinadores de todos los grupos y fracciones parlamentarias, donde se analice y determine si se solicita al Poder Ejecutivo la comparecencia de los titulares de las diversas dependencias, a fin de que amplíen lo referente al Informe.

“Como lo mandata la ley, recibimos el Segundo Informe de Gobierno del ciudadano gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el cual será turnado a todos y cada uno de los diputados y diputadas de este Congreso para su análisis y poder hacer la glosa del mismo y a su vez la Junta Política y de Gobierno que preside la diputada Ariadna Barrera Vásquez, determinar las fechas para las comparecencias de los secretarios de Despacho de este gobierno”, precisó.

 

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El diputado Galindo Cortez anunció que todos los legisladores recibieron su copia del documento.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante el Congreso del estado su segundo informe de gobierno.  El vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, adelantó que a más tardar en la primera semana de marzo iniciarán las comparecencias de los secretarios de despacho para la integración de la glosa del documento.


La secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino, en representación del titular del Ejecutivo, entregó el informe de los resultados del último año de la administración pública estatal.
El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez explicó que este mismo viernes fue entregada a cada uno de los 20 legisladores una copia del informe de gobierno.


Aseguró que es prioritario que los 14 secretarios de despacho se presenten ante el Congreso del estado a rendir cuentas, para que se pueda integrar la glosa del informe.
Indicó que se reforzarán las medidas de seguridad sanitaria para evitar que dichos encuentros se convierten en un "foco de contagio" ante la pandemia de covid-19.
Adelantó que presentará ante la Junta Política y de Gobierno (JPyG) una propuesta sobre el protocolo a seguir durante el desarrollo de las comparecencias.


"Tendrá que presentarse sólo el secretario y dos asesores máximo, será la propuesta que un servidor hará para garantizar la seguridad sanitaria de los diputados y de los funcionarios", declaró.
Actualmente, el Congreso del estado mantiene restringido el acceso a la ciudadanía, pues Morelos se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de covid-19.  Sin embargo, las sesiones ordinarias de Pleno se han desarrollado de manera presencial y así se pretende ahora con las comparecencias de los integrantes del gabinete estatal.

 

 

 

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Acatan sentencia de amparo favorable a Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez.

El Congreso del estado validó la reinstalación en el cargo de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, cuyos espacios fueron creados por la anterior Legislatura.


Durante la sesión ordinaria de Pleno, este jueves, los diputados abrogaron el decreto por el que se dejó sin efectos los nombramientos de los dos comisionados en agosto del 2019, en cumplimiento a la sentencia de un juicio de amparo.
Los cuestionados comisionados deberán ser reinstalados en el cargo de forma inmediata.


Los nombramientos de Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez se concretaron en julio del 2018, semanas antes de que concluyera la LIII Legislatura. Fueron creados mediante una reforma a la Constitución Política del Estado para favorecer a Roberto Yáñez, padre del ex diputado Julio Yáñez, y a Marco Antonio Alvear, allegado al ex legislador Mario Chávez Ortega.
Hasta antes de la citada reforma, el IMIPE estaba integrado por tres comisionados.

 

 

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Viernes, 12 Febrero 2021 05:19

Renuncia director jurídico del Congreso

Gerardo Florentino Galindo Durán es acusado de ser responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios.

Gerardo Florentino Galindo Durán, acusado de ser el responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios,  renunció a su cargo de director jurídico del Poder Legislativo.
Galindo Durán presentó su renuncia con "carácter de irrevocable" el miércoles 10 de febrero, tras la petición que presentaron de manera formal los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que fuera dado de baja.


El lunes pasado, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, acusó al hoy ex director jurídico como el responsable de que el Congreso del estado fuera señalado como omiso por el Juzgado Quinto de Distrito por no responder en tiempo a los informes solicitados para resolver el juicio de amparo que promovió el diputado Marcos Zapotitla Becerro para impedir su desafuero.
De acuerdo con Casas González, dicha omisión provocó que su homólogo obtuviera la suspensión definitiva para evitar que la comisión a su cargo emitiera un dictamen con respecto al juicio de formación de causa, por lo que no podrá ser separado del cargo para que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación.


La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz declaró la semana pasada que ex director jurídico es un caso de nepotismo en el Congreso local, pues a pesar de las graves responsabilidades en las que incurrió desde el 2019 a la fecha, permaneció en el cargo por ser familiar del vicepresidente de la Mesa Directiva.


Aseguró también que omitió responder al juez Quinto de Distrito sobre el juicio de amparo a favor de Zapotitla Becerro para proteger al cuestionado legislador.
Otros casos más recientes que perdió el Poder Legislativo fueron los juicios de amparo que promovieron los comisionados Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, para ser reinstalados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE),  a pesar de las irregularidades bajo las cuales recibieron sus nombramientos por la LIII Legislatura.


A lo anterior, se suman los más de 40 juicios de amparo que el Congreso del estado perdió en el proceso para anular las llamadas "pensiones doradas" que hoy se pagan por el gobierno del estado a favor de ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez y de los exdiputados de anterior legislatura.

 

 

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Jueves, 11 Febrero 2021 05:19

En litigio, una magistratura del TJA

El Congreso no podrá ponerla a concurso conforme a convocatoria emitida.

El Congreso del Estado no podrá designar una de las dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) conforme a la reciente convocatoria lanzada, ya que está en litigio ante la justicia federal.  

De acuerdo con la demanda de amparo 1102/2020, radicada en el Juzgado Sexto de Distrito, el ex magistrado del TJA Jorge Alberto Estrada Cuevas impugnó el acuerdo de Pleno del tribunal administrativo emitido el 26 de noviembre del 2020, que determinó su cese y baja como magistrado adscrito a la Tercera Sala, luego de que un tribunal colegiado -conforme a la sentencia del Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el periodo único de 14 años- revocó el amparo concedido inicialmente para su permanencia en el cargo por 20 años.

En su demanda de garantías, argumentó que fue magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

El Juez Sexto de Distrito concedió la suspensión provisional para que no surtiera efecto el cese de funciones, solo si el acto no había sido consumado. En virtud de que el acuerdo de Pleno impugnado fue emitido el 26 de noviembre y la suspensión fue concedida hasta diciembre, la medida cautelar no tiene aplicación.

Sin embargo, el juez de distrito también concedió la suspensión temporal para que el Congreso no designe magistrado o magistrada, únicamente por lo que toca a la vacante de la Tercera Sala del TJA.

“En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: No se ejecuten o materialicen los efectos del acuerdo plenario número ********* de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en contra del quejoso, ************, en relación con las funciones que desempeña como Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y aspectos inherentes al cargo, y sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido, para la designación de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al Magistrado respectivo. Todo lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en este incidente.

“En la inteligencia de que la presente medida suspensional no surtirá efectos si los actos reclamados ya fueron ejecutados, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios”, estableció el acuerdo del juez de distrito.

Debido a la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, fue diferida la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, pero prevalece la medida cautelar provisional.

 

 

 

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