Hay amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, rechazó que se prepare una reforma a la Ley del Servicio Civil con la finalidad de reducir de 90 a 45 días el aguinaldo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.


Ante la amenaza de protestas por parte de trabajadores sindicalizados en contra del Congreso local y los legisladores de Morena, Flores Espinoza emitió un comunicado en el que negó que exista tal iniciativa.


"En ningún momento, presenté ante el Pleno del Congreso del estado o trabajo en una iniciativa con la intención de afectar los derechos laborales de la base trabajadora,  por los que lucharon durante años", señala el comunicado.
Y, añadió: "Como legisladora y partícipe de la Cuarta Transformación no sólo reconozco, valoro y respeto sus logros laborales, sino que estoy comprometida con sus luchas", refirió en el comunicado.

Desde el viernes pasado empezó a circular una información sobre dicha iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que, inmediatamente, provocó reacciones de los líderes sindicales, que amenazaron con agruparse para protestar en contra del Congreso, sobre todo porque se acerca el plazo legal para el pago del aguinaldo.


De manera extraoficial se ha conocido que la diputada morenista Keila Figueroa Evaristo prepara una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil que busca  reducir a la mitad el aguinaldo de los funcionarios con salarios superiores a los 70 mil pesos mensuales.  Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentada ante el Pleno del Congreso del estado.

 

 

 

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez afirmó que es tardía la ley que obliga al uso de cubrebocas en Morelos, cuando el gobierno federal anunció que en diciembre podría llegar la vacuna para covid-19 a México.


En entrevista, señaló que como empresarios solicitaron desde hace meses la aplicación de dichas medidas y la aprobación de apoyos para la iniciativa privada. Sin embargo, dijo, nunca fueron atendidas.


"Creemos que si la vacuna llega y empiezan los resultados favorables de la vacuna esta ley quedará obsoleta", añadió.


No obstante, pidió a las autoridades no actuar de forma represora en tanto se aplican las medidas de seguridad sanitaria, que de acuerdo con el Congreso del estado tendrán que cumplirse de forma inmediata.
"Esperemos que las medidas sólo se apliquen de manera administrativa y no se afecte a la ciudadanía con multas altas", manifestó.


De igual forma, indicó que deben ser el gobierno estatal y los municipios los que garanticen tapabocas de manera gratuita para la ciudadanía, pues no toda la gente cuenta con recursos para comprarlos.
"El Congreso debió establecer dentro de la ley la obligatoriedad de que las autoridades regalen el cubrebocas, porque no toda la gente  puede estar comprando constantemente", añadió.

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Si no lo logran, se convocará a un periodo extraordinario.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez admitió la falta que como legisladores cometieron en varias ocasiones al detener lo que llaman el "reloj legislativo" para ganar tiempo y aprobar diversos temas, como el Paquete Económico 2020.


Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado 2020 por considerar que el Congreso del estado cometió faltas graves a la Constitución Política del estado al haber decretar un receso que duró del 15 de diciembre al 28 de enero.


El legislador aseguró que atenderán la determinación de la Corte y adelantó que trabajan en generar acuerdos entre los diputados para que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, así como las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021 se aprueben a más tardar el 15 de diciembre.


No obstante, dijo que si no se logran los consensos tendrán que considerar convocar a un período extraordinario de sesiones y respetar los plazos que marca la Constitución Política del Estado.


"Es un llamado para que como legisladores resolvamos los temas que se tienen que votar, que discutir dentro del período ordinario y lo que tenga que ir a un período extraordinario seamos muy precisos en los temas a abordar", declaró.
De acuerdo con el legislador del Partido Encuentro Social (PES) el detener  el "reloj legislativo" era una práctica que también aplicaron las legislaturas pasadas, sin embargo, insistió en que cumplirán con la determinación de la SCJN.
Con respecto a la invalidez del Paquete Económico 2020, celebró que no haya tenido ningún efecto en el ejercicio de los recursos, ante la situación financiera que atraviesa el estado por la emergencia sanitaria.

 

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Los ciudadanos que no cumplan estarán sujetos a sanciones que van de la amonestación hasta el pago de una multa de dos mil 600 pesos.

El Congreso del estado creó la ley que regula el uso obligatorio del cubrebocas en Morelos, además del cumplimiento de otras medidas de seguridad sanitaria para prevenir la propagación de covid-19. Los ciudadanos que no cumplan estarán sujetos a sanciones que van de la amonestación hasta el pago de una multa de dos mil 600 pesos.


Con 17 votos a favor y dos abstenciones, los legisladores aprobaron la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad por Covid-19 en el Estado de Morelos.
Con la nueva normatividad, los diputados otorgaron facultades a las autoridades estatales y municipales  para obligar a los ciudadanos a cumplir con las medidas de seguridad sanitaria, que son: el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, la sana distancia y la toma de temperatura en establecimientos e instituciones públicas.


Los lugares donde la ciudadanía estará obligada a cumplir con estas medidas son las vías de comunicación; espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios; centros de trabajo; lugares de cultos religiosos; centros comerciales; y transporte público.


Las autoridades de la Secretaría de Salud estatal serán las facultadas para hacer cumplir con la normatividad y aplicar las sanciones correspondientes, con el apoyo de las autoridades municipales bajo los términos que así se disponga.
Las sanciones para los que incumplan serán: la amonestación con apercibimiento; trabajo comunitario; la clausura temporal del negocio; y la multa, que será hasta de 30 unidades de medida de actualización, que se traduce en  aproximadamente dos mil 600 pesos, con previa amonestación.


Tales sanciones se aplicarán con respecto a la gravedad del daño a la salud, la situación económica del infractor y el grado de intencionalidad, entre otros considerandos.

 

 

 

 

 

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Abogado se pronuncia por no retrasar el juicio de procedencia contra el diputado.

El abogado de una víctima, Gibrán Haro Álvarez, pidió al Congreso  considerar abrir un periodo extraordinario de sesiones para resolver la solicitud de juicio de procedencia para que el diputado Marco Zapotitla Becerro enfrente  en calidad de ciudadano el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de violación.

Consideró lento el desahogo del proceso legislativo para atender la solicitud para retirar la investidura al legislador, quien supuestamente no ha sido localizado ni en sus oficinas ni en su domicilio para entregarle la notificación sobre el procedimiento instaurado en su contra.

Celebró que finalmente la Comisión de Gobernación y Gran Jurado haya aprobado la publicación de edictos para emplazar al diputado, pero lamentó que por alguna razón el desahogo del proceso haya dilatado, pese a que se trata de un tema de justicia social.

Dijo que deben ser publicados tres edictos (uno por semana) y posteriormente el diputado tendría cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de procedencia, para que después se integre un dictamen y luego sea analizado por el Pleno del Congreso.

Insistió en que el desahogo del proceso fue dilatado, ya que el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones y para entonces apenas se publicaría el tercer edicto. Sin embargo, instó a que se abra un periodo extraordinario para atender este asunto de relevancia social y jurídica.  

“Pareciera que hay intereses políticos y económicos, esperamos que nos sea así y que la sociedad vea que se está trabajando conforme a derecho”, recalcó, al insistir en que hay una víctima de un delito grave y que el caso debe llegar a los tribunales para que sea ahí donde se dirima la responsabilidad del legislador en los hechos que se le pretenden imputar ante un juez, en cuanto se apruebe el juicio de procedencia.

 

 

 

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Latente, que SCJN invalide el Presupuesto de Egresos 2020.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, admitió que el Congreso del estado tendrá que ponderar un mejor presupuesto para los organismos autónomos, y el Poder Judicial para el 2021.


Ante la probabilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el Presupuesto de Egresos del estado de este 2020, la también presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que será necesario buscar una vía para aumentar los recursos a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), al Poder Judicial y a otros organismos que lo han requerido.


La legisladora dijo que esperarán a la resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría emitirse este jueves, pues de invalidarse el Paquete Económico 2020 tendrían que hacer las adecuaciones financieras antes de que concluya el año.


"Son instituciones autónomas y que su presupuesto ha sido muy rezagado para poder operar. Nosotros tendríamos que platicar con las instituciones y coadyuvar para tener un mejor presupuesto en todas y cada una de ellas", declaró.
En la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2021, el Poder Ejecutivo planteó prácticamente el mismo recurso para el Poder Judicial, la CDHEM y el resto de los organismos, sin embargo, Barrera Vázquez insistió en que se tendrá que revisar.  

 

 

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Miércoles, 25 Noviembre 2020 05:17

El tiempo favorece a Marcos Zapotitla

Si no se le desafora antes del 15 de diciembre, el proceso quedará congelado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones; está acusado de un delito grave.

El Congreso del estado buscará mediante edictos al diputado Marcos Zapotitla Becerro para notificarlo del juicio de procedencia que se inició en su contra para separarlo del cargo, a fin de que enfrente la denuncia en su contra por el delito de violación sexual.


Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado autorizaron publicar los edictos en el periódico oficial "Tierra y Libertad" en tres ocasiones, y posterior a ello, el legislador Zapotitla Becerro tendrá un plazo de cinco días para responder a los señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que solicitó la formación de causa para poder continuar con las investigaciones por el delito de violación.


El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que será mediante edictos como se cumpla con la notificación legal  a su homólogo, ya que en seis ocasiones se le buscó en su domicilio personal y laboral y no se le encontró.


Además, denunció la intención de algunas de sus compañeras diputadas de dilatar el proceso, al no acudir a las sesiones de la Comisión, a excepción de este martes, que sí se logró el quórum legal para continuar con el juicio en contra de Zapotitla Becerro.


El procedimiento podría retrasarse tres semanas, pues el periódico oficial se pública una vez a la semana (los miércoles), a menos de que el Poder Ejecutivo determine lo contrario.


De acuerdo con el legislador Casas González, si el asunto no procede a más tardar el 15 de diciembre, tendrá que enviarse a la "congeladora" hasta el próximo período ordinario de sesiones, que iniciará en febrero del 2021.

 

 

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De aprobarse las pensiones y jubilaciones pendientes en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá cubrir cada doce meses 108 millones 900 mil pesos a un total de 528 personas; el Poder Legislativo, más de 14 millones de pesos para 41 empleados, y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167 solicitantes.

En el Congreso del estado se encuentran en lista de espera 931 procedimientos de jubilación de trabajadores al servicio del gobierno del estado que -de aprobarse en este año- significarán una carga presupuestal de 254 millones de pesos para el 2021.


La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dio a conocer que del total de las 931 solicitudes, 598 ya se dictaminaron, para presentarse ante el Pleno para su aprobación y 333 están por dictaminar.
El diputado José Casas González, presidente de dicho órgano legislativo, explicó que es grave el rezago que registra el Congreso local en materia de jubilaciones y pensiones, que en su mayoría proviene de otras legislaturas, lo que ha provocado que cientos de trabajadores estén en espera de su jubilación.


Informó que con el resto de los legisladores se busca desahogar la mayoría de los dictámenes antes de que concluya el presente período ordinario de sesiones, lo que sucederá el 15 de diciembre.
Lo anterior implicará que los tres Poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y elJudicial, se vean obligados a etiquetar parte de su presupuesto para el pago a los jubilados.
De acuerdo con los cálculos de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de autorizarse la totalidad de los 931 procedimientos en espera, el gobierno del estado tendría que asignar cerca de 255 millones de pesos para el 2021, adicional a lo que ya se aplica para el mismo rubro.


El Poder Ejecutivo tendría que asignar 108 millones 900 mil pesos para el pago de un total de 528 jubilaciones que están en proceso de aprobación; el Poder Legislativo más de 14 millones de pesos para 41 empleados que buscan retirarse y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167.


Casas González insistió en que este gasto sería adicional al que ya se aplica para el tema, que anualmente es de 600 millones de pesos aproximadamente.
Sin embargo, sostuvo que los tres poderes del estado se encuentran obligados a garantizar el presupuesto para cumplir con estos pagos, pues no hacerlo a la larga implicarán más gastos.
La semana pasada, el Congreso aprobó 130 dictámenes de jubilación, que se sumaban a los 931 trámites pendientes.


Por otro lado, el legislador Casas González informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró judicializar 15 procesos de investigación, de las 47 denuncias que promovió el Congreso del estado por la aprobación presuntamente ilegal de las llamadas "jubilaciones doradas" por parte de la LIII Legislatura.


Reconoció que al inicio de la legislatura se cometieron errores de procedimiento que permitieron que esas pensiones se sigan cobrando. Sin embargo, aseguró que es por la vía judicial como se busca anular tales beneficios otorgados a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez y de ex diputados locales. 

 

 

 

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Todas las entidades tendrán una baja en sus participaciones en 2021: diputado.

El Congreso de la Unión aprobó un presupuesto realista, que implica cierta reducción de recursos para los estados, entre ellos Morelos, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a la poca recaudación que ha habido debido a la pandemia de coronavirus, señaló el diputado federal Jorge Argüelles Victorero. 

El legislador destacó que la bancada del Partido Encuentro Social (PES) presentó varias propuestas y finalmente votó a favor de manera responsable. Dijo que se actuó de manera ética y con la finalidad de no incrementar los impuestos en el país y no hacer crecer la deuda.  

En entrevista, informó que todas las entidades tendrán una baja en sus participaciones y en el caso de Morelos esta será de mil 665.5 millones de pesos, lo que representa un 9.6 por ciento menos con respecto a lo que recibió en el ejercicio fiscal 2020. 

“Lo que tenemos que proponer a todos los gobernadores y a los alcaldes es que tengan un gasto austero, prudente, que las medidas sean más eficientes en la distribución de sus recursos y lo más urgente es la atención a la pandemia y el combate a la inseguridad, es lo que más urge”, expresó. 

Subrayó que en lo particular, durante la discusión de dicho presupuesto presentó la propuesta de que se destinaran cuatro mil millones de pesos más para el fondo de seguridad denominado Fortaseg, además de 300 millones de peso para la Auditoría Superior de Fiscalización, y 700 millones de pesos para la reconstrucción en la zona sur del estado de Morelos. “Esto está en los registros de debates de la cámara, lamentablemente no tuvimos mayoría en esos puntos reservados, no se aprobó pero nuestra postura fue esta. Al final insistimos en que la propuesta integral es responsable y congruente”. 

Aseguró que el PES en el Congreso de la Unión ha sostenido una agenda cercana a la ciudadanía y han trabajado acorde con las condiciones que existen en la cámara de diputados y en el país.    

 

 

 

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Propone además sancionar a funcionarios que incumplan con medidas sanitarias establecidas por Salud, y ampliar facultades de municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de ley y dos iniciativas con proyecto de decreto para normar el uso obligatorio del cubrebocas en el estado de Morelos, para sancionar a funcionarios que incumplan con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud, así como para ampliar las facultades de los municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

En su intervención, el legislador presentó en primera instancia la iniciativa con proyecto de ley para prevenir la propagación de alguna enfermedad que origine una pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria, como la ocasionada por el virus Covid-19, así como la regulación del uso obligatorio de cubrebocas, en el estado de Morelos.

Sotelo Martínez precisó que “la presente propuesta de ley busca fortalecer la prevención y evitar en lo posible la propagación del virus Covid-19, atendiendo a los diversos escenarios que prevén el aumento de casos y en consecuencia de muertes”.

Por eso hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Salud, Rosalina Mazari Espín, para que la iniciativa, la cual consta de 17 artículos divididos en tres capítulos, se dictamine “a la brevedad posible”, pues refirió que tras sostener una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Salud del Estado, advirtió la inminencia de un alza en el número de contagios tras el último fin de semana largo.       

Cabe mencionar que a esta propuesta se adhirieron todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, además de la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Por otra parte, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo informó de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción LXXI al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad que los municipios actúen en el marco de su competencia ante alguna emergencia sanitaria originada por una pandemia.

En este sentido, el legislador argumentó su propuesta al destacar que “de conformidad con el artículo 4 Fracción IV, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, son autoridades sanitarias del Estado”.

Precisó que la adición a dicho artículo establece que entre las facultades del municipio están “implementar de acuerdo a su competencia y en coordinación con las autoridades estatales y federales, que correspondan, medidas sanitarias recomendadas por estas autoridades y vigilar su cumplimiento, para la conservación de la salud individual y colectiva, ante una pandemia que genere la declaratoria de emergencia sanitaria, decretada por la autoridad competente”.

Finalmente, el legislador presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción XXIII al artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer responsabilidad administrativa a los servidores públicos que no atiendan medidas establecidas por la autoridad de salud, en caso de emergencia sanitaria.

En este contexto, recordó que las medidas más importantes, establecidas por las autoridades correspondientes a considerarse para evitar contagios son: lavarse las manos con frecuencia; usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol; guardar al menos un metro de distancia entre una y otra persona; convertir el uso de la mascarilla en una parte normal de la interacción con otras personas; no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y en caso de presentar fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica.

Refirió que la adición de la fracción XXIII del artículo 51 de la citada ley, establece la obligación de los funcionarios de “cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos, establecidas por la autoridad de salud competente, en caso de emergencia sanitaria declarada con motivo de una pandemia”.

 

 

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