El Congreso aprobó ayer la reforma a la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial que mantiene el estado anterior a dicha legislación de las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas a transportistas; los diputados de Morelos también respaldaron la reforma federal en materia de feminicidio.

El Congreso de Morelos modificó la disposición transitoria octava de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado para evitar que los concesionarios del transporte público de la entidad pudieran sentirse perjudicados por este artículo.

En la sesión de ayer, y tras la modificación a la orden del día para someter a votación este dictamen, emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue aprobado por el voto de 17 legisladores.

La anterior redacción del artículo octavo transitorio señalaba: “Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán vigentes en los términos en que fueron expedidos, acreditando estar debidamente regularizados en sus trámites, pero sus titulares deberán ajustarse a las obligaciones de transición, operación, seguridad y equipamiento que establece el nuevo ordenamiento en los plazos que fije el Reglamento”.

Mientras que la nueva redacción refiere: “Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán vigentes en los términos en que fueron expedidos, acreditando estar debidamente regularizados en sus trámites, pero sus titulares que así lo deseen podrán ajustarse a las obligaciones de transición, operación, seguridad y equipamiento que establece el nuevo ordenamiento en los plazos que fije el Reglamento”.

Tras la aprobación y su próxima publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Coordinación General de Movilidad y Transporte deberá realizar las adecuaciones administrativas y reglamentarias necesarias para ajustarse al nuevo ordenamiento.

Avala Congreso morelense reforma constitucional sobre feminicidio

En la modificación al orden del día también fue incluida la minuta con proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión al Legislativo de Morelos para analizar y, en su caso, aprobar la reforma al artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre el delito de feminicidio, lograr un tipo penal único en todo el país y así combatir de manera más efectiva este delito.

A favor del dictamen únicamente habló la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, quien señaló que esta minuta es “un grito de justicia transformado en facultad legislativa”.

Señaló que actualmente la justicia para una mujer depende de su código postal, pues se tienen 32 códigos penales distintos y las disparidades en la ley hacen que lo que en un estado se cataloga como feminicidio, en otros se disfrace como un homicidio simple.

“Esta fragmentación normativa provoca que las fiscalías reclasifiquen los delitos; al hacerlo, no solo alteran una cifra, están invisibilizando las razones de género y están negando el derecho a una investigación digna”, acusó.

Citó que en el año 2025 se registraron casi dos mil 800 asesinatos de mujeres y solo el 25 por ciento se investigó como feminicidio, pues el resto quedó en la sombra de la clasificación dolosa; mientras que en lo que va de 2026 la cifra refiere 54 casos.

“La evidencia ha demostrado que las alertas de género actuales son insuficientes por la falta de coordinación y la carencia de presupuesto”, subrayó.

Consideró que esta reforma cerrará el paso a la fragmentación y evitará que las fiscalías locales puedan usar criterios arbitrarios para eludir su responsabilidad y, sobre todo, permitirá crear registros estadísticos reales para prevenir este delito y no únicamente lamentarlo. En contra de esta minuta no hubo oradores.

Tras cumplir con el proceso legislativo correspondiente, el Pleno del Congreso morelense avaló con 16 votos a favor la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum —cuya cámara de origen fue el Senado— con miras a expedir una ley general en materia de feminicidio.

Con esta aprobación, el Congreso del estado es de los primeros en votar a favor de este dictamen, que fue aprobado apenas el pasado martes en la Cámara de Diputados.

Rechazan diputados propuesta para solicitar la declaratoria de alerta de género en los 36 municipios

La diputada Luz Dary Quevedo Maldonado propuso un punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la titular de la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal a que, ante la creciente violencia feminicida que se vive en Morelos, se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los 36 municipios de la entidad.

En su exposición de motivos, la legisladora refirió que a pesar de que desde el año 2015 se emitió esta declaratoria en ocho municipios del estado (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec), las acciones para hacer frente a este delito han resultado insuficientes.

Refirió que desde la propia Secretaría de las Mujeres de Morelos recientemente se señaló que el gobierno del estado solicitará la revisión de la Alerta de Violencia de Género, bajo el argumento de que muchas de las medidas implementadas desde el año 2015 ya han sido cumplidas, y a pesar de ello, la violencia continúa.

Cuestionó que desde el gobierno del estado se exprese abiertamente que se aspira a salir de esta alerta cuando los indicadores siguen colocando a Morelos entre los estados más peligrosos para las mujeres.

Finalmente, consideró que la violencia feminicida ya no está contenida en los municipios con alerta de género, sino que se ha extendido a todo el territorio estatal.

La propuesta fue desechada, pues únicamente alcanzó el voto a favor de seis legisladores de las fracciones del PAN, PRI, MC y PT; mientras que ocho votaron en contra y tres se abstuvieron.

Piden a municipios ejecutar acciones para evitar la venta de alcohol cerca de escuelas

La diputada Ruth Rodríguez López presentó un punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 36 ayuntamientos del estado a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para frenar la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de centros educativos e implementar acciones para su regulación.

Desde tribuna, la legisladora señaló que la venta de bebidas alcohólicas cerca de escuelas genera un entorno que no siempre favorece el desarrollo sano, seguro y libre de riesgos para la comunidad estudiantil.

Refrendó que diversos estudios señalan que la exposición temprana a espacios donde se consume alcohol incrementa la probabilidad de normalizar conductas de riesgo, pues padres de familia y maestros han expresado su preocupación por la convivencia cotidiana entre estudiantes y personas que consumen alcohol en la vía pública.

“No se trata de criminalizar a los comercios ni afectar la economía local; se trata de reconocer que la protección de la niñez y la adolescencia es un principio superior (…), y cuando ese principio está en juego, el Estado tiene la obligación de actuar con responsabilidad”, refrendó.

Señaló que es momento de establecer distancias mínimas reales, verificables y aplicables entre centros escolares y establecimientos con venta de alcohol; y también de establecer horarios, permisos y mecanismos de supervisión a estos establecimientos.

La regulación, dijo, no debe entenderse como una medida punitiva, sino como una política pública orientada a la prevención.

Buscan frenar reclutamiento digital de menores en Morelos

La diputada Andrea Gordillo Vega presentó ante el Pleno una iniciativa que busca endurecer sanciones contra quienes recluten a niños y adolescentes a través de medios digitales para formar parte de grupos delincuenciales.

En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que esta modalidad de captación va en aumento y ocurre en un contexto de alta inseguridad en la entidad, lo que agrava el riesgo para la población menor de edad.

Señaló que aunque el delito de reclutamiento ya está tipificado, la legislación actual no contempla de manera específica los casos en los que se utiliza internet o plataformas digitales, ni establece agravantes claras cuando las víctimas son menores de edad.

La propuesta busca, por un lado, definir con mayor precisión el delito de reclutamiento en la ley, y por otro, establecer como agravante el uso de redes sociales o cualquier herramienta digital para captar a niños y adolescentes.

Actualmente, este delito contempla penas de hasta 10 años de prisión; sin embargo, con la iniciativa se pretende endurecer las sanciones, quedando su aplicación final en manos de los tribunales.

La diputada alertó que este fenómeno alcanza a menores desde los 6 años y se extiende hasta los 15 o 16 años, lo que evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de protección.

Proponen dar prioridad laboral a personas con discapacidad auditiva

Ante los altos niveles de exclusión laboral que enfrenta la población con discapacidad auditiva, el diputado del Partido del Trabajo, Alberto Sánchez Ortega, propuso reformar el artículo 27 de la Ley de Inclusión de Morelos para que este sector de la población tenga prioridad en los procesos de contratación, particularmente en aquellos puestos donde el sentido auditivo no sea un requisito indispensable.

Desde la tribuna del Congreso local, el legislador advirtió que hasta el 90 por ciento de las personas con discapacidad auditiva permanece fuera del empleo formal, lo que —dijo— refleja una brecha persistente en materia de inclusión laboral.

De ser aprobada, la reforma obligaría a fortalecer políticas públicas orientadas a la inclusión y a reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para integrarse al mercado laboral, incluyendo aspectos como la interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

Durante su intervención, el legislador advirtió que no se puede permitir que el talento se desperdicie en la informalidad por la falta de sistemas de evaluación accesibles o por prejuicios hacia este sector.

Plantean reforma a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Morelos

El diputado Luis Eduardo Pedrero presentó una iniciativa para agregar un párrafo al artículo 31 de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para establecer de manera expresa la facultad del Subcomité Técnico de Evaluación para implementar mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes, a fin de garantizar respuestas inmediatas y efectivas ante amenazas o agresiones dirigidas a defensores de derechos humanos, periodistas y buscadoras.

“Esta precisión legal permitirá agilizar las comunicaciones, compartir información relevante y activar protocolos conjuntos de atención, contribuyendo a la disminución de riesgo y a la protección efectiva de quienes se encuentran en situaciones vulnerables”, explicó el legislador desde tribuna.

Dejó en claro que su propuesta se limita a fortalecer la coordinación institucional y la capacidad de respuesta inmediata del Estado, sin modificar la estructura del Mecanismo de Protección, sin crear nuevas atribuciones ni generar duplicidad de funciones; por ello, no implica impacto presupuestal adicional.