Jueves, 12 Diciembre 2019 05:16

Defiende Congreso ratificación de magistrada

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermina Jiménez Serafín.

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La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

 

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 04:48

Nombramiento en la ESAF, hasta el año próximo

La designación de un consejero del IMIPE también se postergará, confirma diputado.

Los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se sumarán a los pendientes del Congreso del Estado para el 2020, afirmó el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En entrevista, el legislador pesedista admitió que la designación de dichos cargos en menos de una semana no sería lo más correcto, por lo que postergarán los nombramientos para el próximo año.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, informó la semana pasada que buscarían concretar la elección del titular de la ESAF y del comisionado del IMIPE antes de que concluyera el período ordinario de sesiones, para lo cual retomarían los procedimientos que se iniciaron desde marzo y junio pasado, respectivamente.
Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva refirió que la mayoría de los diputados acordó postergar por más tiempo dichos asuntos.
"La designación del consejero del IMIPE, por lo que implica el respecto a los plazos y que no podamos de alguna manera tomar una decisión, ese será uno de los temas que quedará en el tintero y la designación de la ESAF seguramente será hasta el próximo año", manifestó.
Sotelo Martínez dijo que si bien la ESAF lleva más de un año sin titular, en octubre pasado se designó a una encargada de despacho que podrá asumir esa responsabilidad hasta febrero del 2020, cuando iniciará el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Otros pendientes del Congreso para el próximo año serán las reformas en materia de paridad de género y en materia de seguridad.

 

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 04:55

Rechazan incremento a derechos e impuestos

La diputada Rosalina Mazari asegura que se descartó la posibilidad propuesta por los alcaldes; aún no hay una salida alterna.

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La Máxima Casa de Estudios del estado tendrá 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 que se le habían etiquetado para el 2020.

Plantean recortes a diversas áreas del gobierno estatal y no definen ajuste en el presupuesto del Legislativo.

Diputados locales acordaron los primeros ajustes en el Presupuesto 2020, que incluirá incrementos a rubros como el campo, salud y educación, mediante una reducción a distintas áreas del gobierno estatal. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo para disminuir los recursos que recibirá el Congreso del estado.
La Oficina de la Gubernatura será una de las dependencias estatales que recibirá menos recursos financieros para el 2020, una disminución que podría superar los 50 millones de pesos. De la misma forma, Turismo y Cultura también podrían sufrir ajustes.
En tanto, los legisladores acordaron que incrementarán el presupuesto para el campo, con base a la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo en el Paquete Económico, por lo que el agro podría recibir cerca de 80 millones para el siguiente año.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tendrá un aumento de 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 millones de pesos que se le habían etiquetado para el 2020.
En salud se aplicarán ajustes al alza para favorecer al Hospital del Niño y el Adolescente, así como al programa de apoyo a los enfermos con insuficiencia renal, entre otros temas.
Dentro de los ajustes planteados por los diputados al Presupuesto que se aprobaría este fin de semana, no se contempló una disminución a los 450 millones de pesos que se etiquetaron al Congreso para el 2020.
Legisladores locales informaron hace unos días, que aprobarían un recorte al presupuesto del Congreso, cuyo monto aún no habían establecido, pero a la fecha no han logrado un acuerdo sobre el tema.

 

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Lunes, 09 Diciembre 2019 05:16

Proponen privatizar alumbrado público

Casi la mitad de las luminarias en la ciudad no funciona.

El Ayuntamiento de Cuernavaca pretende concesionar el servicio de alumbrado público, por lo que solicitó  la autorización del Congreso del estado.
Durante la sesión ordinaria del miércoles 4 de diciembre pasado, el Pleno del Congreso dio a conocer la solicitud aprobada por el Cabildo y que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
El planteamiento del gobierno municipal busca concesionar el servicio público de alumbrado a una empresa, con la justificación de que se ve imposibilitado a prestarlo de manera eficiente a los ciudadanos.
En el documento se dieron a conocer los resultados del censo aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un informe generado por el ayuntamiento que revela el mal estado en el que se encuentra el alumbrado de las calles de la capital.
De acuerdo con dicho informe, en Cuernavaca existen 30 mil luminarias, de las cuales el 40 por ciento, o sea, 12 mil aparatos, no funciona.
En el mismo oficio, el Cabildo señala que para poder arreglar las 12 mil luminarias se requiere una inversión de 300 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el gobierno municipal, por lo que el ayuntamiento capitalino solicitó al Congreso su autorización para ceder en concesión de una asociación público-privada la prestación del servicio público de alumbrado.

 

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El presupuesto del 2020 debe aprobarse en esta semana, así como las leyes de ingresos de los municipios; prevén recortes en áreas como la Oficina de la Gubernatura.

Esta semana, el Congreso del estado tendrá que aprobar el Paquete Económico  del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020, y las leyes de municipales de ingresos, por lo que en estos días se podría concretar una reunión entre los diputados y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para definir acuerdos.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, informó que se buscará un acercamiento con el mandatario estatal por los ajustes que el Congreso tiene proyectado realizar al Paquete Económico.
Adelantó que habrá disminución en el presupuesto de la Oficina de la Gubernatura a propuesta de la mayoría de los legisladores, con la finalidad de compensar en otros rubros donde el Poder Ejecutivo planteó recortes.
Flores Espinoza sostuvo que pese a las diferencias que aún persisten entre los diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos, se buscará que sea totalmente social y sin atender a intereses particulares.
Por ello, la diputada adelantó hablar del encuentro con el mandatario y señaló que a pesar de que la facultad de modificar y aprobar el Paquete Económico, en base a la propuesta hecha por el Ejecutivo, es del Congreso, buscarán que el presupuesto y la Ley de Ingresos estatal se aprueben en base a consensos.


GRAVES AUMENTOS EN COBROS DE DERECHOS ESTATALES

En tanto, Flores Espinoza aseguró que también se ha puesto atención en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, ya que el Ejecutivo planteó aumentos en el cobro de derechos que afectarían gravemente a los ciudadanos.
Dijo que se hicieron observaciones a los derechos ambientales, ya que por el cobro de compensación que se pretende aplicar es por la construcción de viviendas de 201 metros cuadrados hacia arriba, cuando hasta este año se estipuló de 10 mil 201 metros cuadrados, es decir, para grandes desarrollos y no para casas.
Dicha observación es analizada por la Comisión de Hacienda, así como otros incrementos.


EN REVISIÓN, LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES 

Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, informó que están en revisión 35 de las 36 iniciativas de leyes de ingresos que se presentaron por los municipios, junto con el paquete de reformas planteadas por los alcaldes a la Ley de Hacienda Municipal y la modificación a la Ley de Coordinación Hacendaria, que recientemente propuso la diputada panista Dalila Morales  Sandoval para establecer nuevamente el Fondo General de Aportaciones en 25 por ciento de las participaciones federales.
Al respecto, la legisladora priista refirió que de aprobarse lo anterior se desahogaría en la próxima sesión ordinaria de Pleno, al igual que otras adecuaciones legales.

 

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El Congreso podría aprobar el convenio con Ferrosur antes de que concluya el actual periodo.

El Congreso del estado podría aprobar el convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur, la próxima semana, lo que permitirá que en 2020 se reactive el transporte ferroviario en la zona oriente de Morelos.

Ayer viernes, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y explicó el objetivo del segundo convenio, que sería una extensión del que firmó la administración estatal pasada con la empresa.

La funcionaria recordó  a los legisladores que el gobierno de Graco Ramírez abandonó dicho proyecto, que permitirá una reactivación económica para la región oriente de la entidad y de las empresas que se ubican en la zona.

“Los beneficios son conectar Morelos con la red ferroviaria del país; potencializar la economía de la región tendiendo un transporte rápido, económico y sustentable”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, Ana Cecilia Rodríguez González explicó a los diputados que a seis meses de que se reactive el transporte ferroviario en Morelos, el gobierno del estado podrá recuperar los 107 millones de pesos que se invirtieron para rehabilitar las vías del ferrocarril y que se tomaron del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Además, refirió que la empresa Ferrosur generará para el estado 100 millones de pesos más con inversión privada, de acuerdo con lo establecido en el convenio que se busca autorice el Congreso del estado.

Tras los cuestionamientos de los legisladores, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que en los próximos días se procederá al dictamen del acuerdo a fin de que sea votado por el pleno del Congreso, lo que podría concretarse antes del 15 de diciembre, que es cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

 

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Viernes, 06 Diciembre 2019 05:15

Exigen garantizar estacionamiento gratuito

El Congreso exhorta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento de reglamentos que exentan el cobro hasta por dos horas.

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No se ha formalizado el aumento en el presupuesto local de la Máxima Casa de Estudios del estado.

A 10 días de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, el dictamen de reforma constitucional que permitirá un aumento presupuestal del 0.5 por ciento a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue estancado.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, impulsora de la propuesta, desde hace dos semanas ya se había logrado un acuerdo para la aprobación de la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Sin embargo, el dictamen sigue detenido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y, al parecer, no hay un consenso definido para que se presente al Pleno para su aprobación antes del 15 de diciembre.
Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada, la minuta deberá turnarse a los 36 municipios para su aprobación como Constituyente Permanente, a fin de que se emita la declaratoria de validez constitucional. Dicho proceso se  llevaría al menos 30 días.
La diputada panista declaró ayer sobre el tema que el acuerdo más claro que existe entre los legisladores es que "sí se va a apoyar a la universidad".
No obstante, ya no habló sobre la aprobación de la reforma constitucional, pues refirió que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán pidió a los diputados aguardar sobre el apoyo económico que se espera sea autorizado por la Federación en los siguientes días.
La reforma constitucional garantizará el  tres por ciento del presupuesto del estado a la UAEM, lo que significaría alrededor de 800 millones de pesos para el 2020.

    

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