Una iniciativa presentada en la sesión de ayer pretende que el servicio de escoltas con el que cuentan los exfiscales no se otorgue de manera automática, sino a partir de que se acredite la inminencia de riesgo, y sea retirado cuando el exfuncionario incurra en algún delito; también se acotaría este servicio de protección a familiares directos.

En el Congreso de Morelos fue presentada una iniciativa que busca transparentar las prerrogativas de las que gozan los fiscales y exfiscales estatales, además de revisar los casos en los que se debe otorgar seguridad a cargo del Estado y limitar esta protección a la familia directa del servidor público.

En la sesión de ayer, la diputada Jazmín Solano López presentó una iniciativa para reformar los artículos 100 y 116, así como derogar el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con el objeto de regular y transparentar las prerrogativas que reciben los titulares de la Fiscalía, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de las fiscalías especializadas y regionales.

Desde tribuna, la legisladora aseguró que esta iniciativa pretende garantizar la rendición de cuentas a la sociedad y transparentar el ejercicio del gasto público, al revisar las prerrogativas que están recibiendo los actuales y los próximos fiscales en retiro.

También busca garantizar un uso racional de los recursos públicos y evitar excesos, para asegurar que la protección personal se otorgue únicamente en casos justificados y bajo criterios objetivos que evalúen el nivel de riesgo.

La propuesta de la diputada morenista pretende que la protección que reciben los fiscales no se asigne de manera automática simplemente por concluir su encargo, sino que se otorgue siempre y cuando exista un riesgo real y comprobable que pueda afectar su seguridad personal.

Limitaría la protección que el Estado está obligado a brindar exclusivamente al funcionario en retiro y a su familia directa. De igual forma, pretende eliminar la discrecionalidad al dejar en manos del Consejo de Honor de la Fiscalía —que decidiría por mayoría calificada de sus integrantes— si se autoriza o no el beneficio de protección a los fiscales.

Buscaría también que la prerrogativa de protección “pueda ser retirada de forma inmediata cuando el fiscal en retiro incurra en conductas tipificadas como delito, derivadas del ejercicio del encargo o de forma posterior”.

Jazmín Solano explicó que la legislación vigente en Morelos permite que sea el propio fiscal en funciones quien, de manera personal, individual y sin rendir cuentas, decida sobre el número de escoltas, personal, vehículos y armamento que lo habrán de acompañar después de dejar el cargo.

“Porque la ley dice: el número de personas para su seguridad personal y también el de su familia será igual al que tuvo cuando fue servidor público en activo”, expuso.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que el privilegio de contar con seguridad personal no lo tienen ni exgobernadores del estado, ni exsecretarios de seguridad y mucho menos los expresidentes de la república.

Criticó que la información sobre el número de escoltas, vehículos y armamento asignados a la protección de exfiscales no ha sido transparentada ni al Congreso del estado ni a la ciudadanía, por lo que es imposible determinar el costo real.

Finalmente, apuntó que de avalarse su iniciativa, se garantizará que las prerrogativas que se otorgan a los fiscales en retiro para su seguridad personal dejen de ser un beneficio perpetuo.

Plantean freno a “pensiones doradas” en Morelos

El diputado Sergio Omar Livera Chavarría presentó en tribuna una iniciativa para evitar que las pensiones de funcionarios de alto nivel sean mayores a la mitad del ingreso de la presidenta de México, con lo que se buscaría armonizar en Morelos lo aprobado para funcionarios federales.

En su exposición, el diputado morenista afirmó que su propuesta busca terminar con las llamadas “pensiones doradas”, con las que se han enriquecido algunos funcionarios y que contrastan con las que reciben los trabajadores en promedio, lo cual genera un daño grave a las finanzas de las instituciones y poderes.

Alertó que de continuar con las “pensiones doradas”, en el futuro no habrá dinero suficiente para cubrir al menos los salarios de los trabajadores, por lo que su propuesta contempla que nadie pueda tener una pensión superior a la mitad del ingreso que percibe la titular del Poder Ejecutivo en turno.

Resaltó que la iniciativa recién aprobada por el Congreso de la Unión únicamente aplicaba para funcionarios federales, por lo que de avalarse su iniciativa, también aplicaría para funcionarios morelenses.

Impulsan iniciativa para reconocer a buscadoras como víctimas indirectas de desaparición

El diputado Gerardo Abarca Peña presentó ayer ante el pleno una propuesta para reconocer a personas buscadoras como víctimas indirectas en casos de desaparición.

El proyecto busca reformar la Ley de Víctimas del Estado de Morelos para establecer de manera expresa que los familiares o allegados que realicen acciones de búsqueda —como seguimiento de casos, localización, identificación o exigencia de verdad— deberán ser reconocidos legalmente como víctimas indirectas, con lo que se eliminarían ambigüedades en la interpretación de la norma.

La iniciativa también prevé la incorporación de un nuevo párrafo para garantizar que tengan acceso, en igualdad de condiciones, a todos los derechos previstos en la Ley de Víctimas, incluyendo medidas de ayuda, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, acceso a la justicia y reparación integral.

El legislador explicó que aunque la legislación vigente ya contempla a las víctimas indirectas, no menciona de forma explícita a las buscadoras, lo que en la práctica ha generado criterios desiguales en su reconocimiento y dificultades para acceder a los mecanismos de apoyo del Estado.

Proponen incorporar a la UAEM al sistema estatal contra la violencia hacia las mujeres

La diputada Melissa Montes de Oca Montoya presentó una iniciativa que busca incorporar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en la entidad.

Explicó que su propuesta busca reconocer el papel estratégico que tiene la UAEM como un espacio clave en la formación de nuevas generaciones y en la transformación de las estructuras sociales.

Destacó que la prevención de la violencia también se construye en las aulas y en la cultura institucional, por lo que subrayó que su iniciativa respeta plenamente la autonomía universitaria y promueve la corresponsabilidad social de la institución en la lucha contra la violencia de género.

“La autonomía no significa aislamiento, sino libertad con responsabilidad social”, afirmó.

Detalló que la propuesta tiene como objetivo mejorar la coordinación institucional, el fortalecimiento de mecanismos de prevención, la generación de información relevante y la construcción de entornos educativos más seguros para miles de mujeres jóvenes.

Impulsa diputada agenda legislativa para proteger a la niñez en Morelos

La diputada Jazmín Solano López anunció una agenda legislativa enfocada en fortalecer la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes en Morelos, a partir de las demandas expresadas por este sector en espacios de participación ciudadana.

Durante la firma de una carta compromiso y la entrega de la agenda derivada de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE), la legisladora destacó la urgencia de garantizar entornos seguros en calles, parques, transporte público y trayectos escolares.

“Las niñas y los niños piden vivir sin miedo, caminar seguros y ejercer su derecho al libre esparcimiento en espacios dignos. Nuestro compromiso es traducir esas voces en leyes y acciones concretas”, afirmó.

El evento se llevó a cabo en las oficinas de la Mesa Directiva del Congreso local, con la presencia de su presidente, Isaac Pimentel Mejía, así como de autoridades electorales, entre ellas Édgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Morelos, y Elizabeth Hernández Loyola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Solano López resaltó que en este ejercicio participativo se registró la intervención de 244 mil 872 niños y adolescentes, lo que representa el 50.39 % de la población de entre 3 y 17 años en la entidad, convirtiéndose en el proceso más participativo de este tipo en Morelos.

A partir de estos resultados, la diputada anunció la presentación de dos iniciativas de reforma que buscan atender directamente las preocupaciones de la niñez.

La primera plantea modificar los artículos 14 y 21 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, con el objetivo de tipificar la violencia cibernética híbrida y garantizar atención psicológica inmediata a las víctimas.

La segunda iniciativa propone reformar y adicionar los artículos 7 y 39 de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, a fin de establecer campañas anuales obligatorias contra la violencia psicológica y verbal, capacitar a docentes con al menos 20 horas anuales e instalar buzones de denuncia anónima en escuelas de nivel básico y medio superior.

La legisladora explicó que estas propuestas no implican la creación de nuevas estructuras ni un aumento en el gasto público, sino que buscan optimizar los recursos existentes y priorizar la prevención.

Asimismo, subrayó que además de las reformas legales, se promoverá el trabajo coordinado con autoridades municipales para atender problemáticas detectadas por la niñez, como la falta de alumbrado público, espacios recreativos en mal estado y condiciones inseguras en el transporte.

Solano López también hizo énfasis en la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia y el uso de mecanismos legales disponibles, con el acompañamiento de instituciones y organizaciones civiles.

“Estas iniciativas no son mías, son de ellas y ellos. Son la traducción legislativa de sus demandas. Legislar escuchando no es una cortesía, es un imperativo ético y jurídico”, concluyó.