Hasta el momento, el Legislativo no ha sido notificado por la FGE sobre la existencia de denuncias contra la titular de la Comisión: Isaac Pimentel Mejía.

El Congreso de Morelos no iniciará acciones legales por los presuntos actos de corrupción en la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) hasta contar con una denuncia formal o notificación oficial por parte de las autoridades competentes, informó el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía.

Lo anterior, luego de que la ciudadana Viridiana Peñaloza acudiera al recinto legislativo para solicitar la destitución de la titular del organismo, Penélope Picazo Hernández, a quien señaló por presuntamente exigir pagos a cambio de agilizar trámites relacionados con reparaciones económicas.

El legislador precisó que, hasta el momento, el Legislativo no ha sido notificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) ni por instancias federales sobre la existencia de denuncias en contra de la funcionaria, por lo que deberán esperar a conocer las causales legales que sustenten cualquier procedimiento.

“Hasta ahora no ha llegado nada de manera formal al Congreso. Tendríamos que esperar a que se nos notifique para poder analizar y tomar una decisión”, señaló.

Explicó que, en caso de recibir documentación oficial, el asunto sería turnado a la Junta Política y de Gobierno, instancia encargada de analizar el caso y determinar la ruta jurídica correspondiente. Incluso –dijo– de llegar la información en el corto plazo, la Junta podría sesionar para definir el tratamiento legal del tema.

Pimentel Mejía añadió que tampoco han sostenido reuniones recientes con la titular de la CEARV, aunque no descartó que el tema sea abordado en próximos encuentros o conferencias.

Respecto a la permanencia de la funcionaria, recordó que el periodo de Penélope Picazo al frente del organismo concluirá en octubre próximo, por lo que cualquier determinación dependerá de que se acrediten causales legales antes de esa fecha.

En caso de darse una eventual sustitución, el legislador indicó que la actual legislatura buscará garantizar un proceso transparente mediante la emisión de una convocatoria pública con el objetivo de elegir al mejor perfil, sin distinción de género.

Asimismo, no descartó impulsar reformas legales para ampliar las causales de remoción de funcionarios en organismos autónomos con el fin de fortalecer los mecanismos de control y sanción ante posibles irregularidades.

En cuanto a la fiscalización de recursos, señaló que, al tratarse en su mayoría de fondos federales, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar las auditorías, incluyendo las de organismos autónomos.

Sobre el mismo tema, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, confirmó que la Junta Política y de Gobierno ya analiza el documento recibido con el objetivo de definir la ruta jurídica a seguir. Como parte del proceso, también se prevé convocar a la funcionaria para que responda directamente a los cuestionamientos derivados de las acusaciones.

Reyes Reyes subrayó que el Congreso tiene la obligación de actuar conforme a la ley en caso de que se comprueben irregularidades.

Indicó que el análisis del documento se realizará de manera conjunta con las distintas fracciones y coordinadores parlamentarios una vez que se tenga conocimiento pleno del contenido, lo cual podría ocurrir el próximo lunes, cuando se lleve a cabo la reunión correspondiente.

Reyes Reyes precisó que, hasta donde tiene conocimiento, no existen otros documentos o denuncias adicionales, más allá del que fue recibido recientemente y del cual le informó de manera general el presidente del Congreso.