La nueva normatividad, propuesta por el diputado José Luis Galindo Cortez, contempla una estructura de atención a las enfermedades transmitidas por vector y sanciones a quienes mantengan focos de infección.

El Congreso del Estado aprobó el decreto por el que se crea la Ley para la Prevención y Control del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado de Morelos, que establece acciones de coordinación entre el gobierno estatal, los municipios y la sociedad.

La nueva Ley, derivada de una iniciativa del diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud, propone atender el problema de las enfermedades transmitidas por vector, con base en una estrategia implementada de 2007 a 2020 en Xochitepec, que ha demostrado ser efectiva, sostenible y sustentable, desde el punto de vista epidemiológico.

Con este ordenamiento, que incluye 34 artículos divididos en nueve capítulos, se dota a instancias de gobierno de facultades para desarrollar políticas públicas que permitan disminuir las densidades vectoriales y el número de casos, los cuales son esenciales para la prevención y control sostenido.

En este nuevo enfoque se establece una estructura con la capacidad de generar un conocimiento sobre la realidad del problema, monitorear la situación e implementar las mejores estrategias que correspondan a nivel territorial, para garantizar las condiciones de seguridad humana.

Lo anterior implica una Coordinación de Atención de Programas de Seguridad Humana, dependiente de la Secretaría de Salud, responsable de implementar el Programa para la Prevención y Control del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado de Morelos.

Dicho programa se implementará en todos los municipios del estado, priorizando de acuerdo a las condiciones endémicas, epidemiológicas y presupuestarias, y con cuatro fases, correspondientes a los cuatro trimestres del año: anticipatoria, de prevención, de contingencia y de refuerzo.

Para garantizar el acceso a la información sobre las zonas endémicas del dengue, zika y chikungunya, se dispondrá de un Sistema de Información y Comunicación Integral, por sus siglas SICI, con el propósito de la mejora continua en resultados y brindar información y conocimientos accesibles para el desarrollo exitoso de acciones anticipatorias de promoción de la salud para reducir el riesgo de transmisión en todo el estado.

Se fomentará la cultura de la corresponsabilidad social y la participación de la ciudadanía con acciones como conocer, promover, participar y aplicar hábitos saludables que contribuyan a solucionar la transmisión y reducir la incidencia de estas enfermedades.

Cualquier persona podrá presentar denuncia ante los Servicios de Salud de Morelos o el Ayuntamiento respectivo cuando observe peligro o riesgo sanitario por la existencia de criaderos del mosco transmisor de estas enfermedades en algún inmueble.

Sin perjuicio de las penas que correspondan a quienes incurran en conductas constitutivas de delitos, la Ley contempla sanciones administrativas que incluyen Apercibimiento; Multa de diez a cien días de unidades de medida y actualización, o hasta el doble en caso de reincidencia; Clausura o cierre temporal o definitivo, total o parcial, de los inmuebles, cuando éstos sean de carácter público; así como arresto hasta por 36 horas.

En materia económica, la Ley, como lo señala el dictamen, “se ajusta al contenido presupuestal establecido, sin que exista afectación presupuestaria con la presente reforma, sin embargo, se expone la necesidad de que para el presupuesto del año 2021 para el estado de Morelos se establezca un análisis sobre las necesidades del sector salud en la entidad acorde a las circunstancias”.

 

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Vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa deben ser asignadas a mujeres, plantea.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que el Congreso local debe privilegiar la paridad de género en el lanzamiento de las convocatorias para la designación de ocho magistrados y magistradas en los Tribunales Superior de Justicia (TSJ) y Justicia Administrativa (TJA).

Refirió que particularmente, las vacantes en el TJA, deben ser asignadas a mujeres, ya que en los últimos 14 años este tribunal ha sido integrado y dirigido exclusivamente por varones.

Arenas Ángeles, quien también fue magistrado y presidente del TJA, explicó que se requiere garantizar la designación de mujeres en las magistraturas, para lograr un equilibrio y dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 109 bis, párrafo quinto, de la Constitución local, con el fin de que el conjunto de reformas encaminadas a conseguir la tan ansiada equidad de género, sea efectivo y llevado a la práctica.

Sugirió replicar el modelo de convocatoria emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que asume eficazmente el compromiso con la paridad de género y prevé una selección exclusiva para juezas, basada en la figura jurídica denominada “acción afirmativa”, como medida de carácter temporal correctiva, compensatoria y/o de promoción, encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Por tanto, el problema de la falta total de acceso al cargo de magistradas que hasta ahora prevalece en el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, puede tener como medida garante con perspectiva de género el presente procedimiento de designación, en el que la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos, en uso de la “acción afirmativa”, sea pionera en el garantismo de la paridad de género del Poder Judicial del Estado de Morelos, y en concreto, del que urge al Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por ser un mandato constitucional”, recalcó. 

Recordó que también el Congreso local está obligado a cumplir con la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio 1290/2018-IV,  que otorgó la protección de la justicia federal a la parte actora, que alegó que la última convocatoria para la designación de dos nuevas magistraturas (lanzada en 2018) no cumplió con el principio de paridad de género.

Recalcó que también la designación de cuatro nuevos magistrados en el TSJ debe realizarse con paridad de género, conforme a lo previsto en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

En el TJA, estarán en juego cuatro de siete magistraturas, dos creadas en 2018 –las cuales quedaron acéfalas ante amparos promovidos contra la convocatoria lanzada por la anterior legislatura- y dos más, de magistrados que culminaron su periodo de 14 años el pasado mes de mayo y que, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la extensión a 20 años el periodo de los juzgadores, dejan sus lugares vacantes.

En el caso del TSJ, también quedan vacantes cuatro magistraturas y, aunque la brecha de género es menor, también deberá considerarse la paridad de género en la asignación de magistraturas. Con la salida de Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Valentín González y Rocía Bahena, el Pleno queda con seis mujeres y ocho hombres.

 

 

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La titular de la Dirección de Atención a la Diversidad del gobierno estatal lamentó que en el Congreso local se haya diferido nuevamente la aprobación de la iniciativa de reforma en materia de identidad sexo genérica.

La titular del área, Violeta Sánchez Luna, llamó a las y los diputados opositores a la medida a que legislen en apego a la Constitución y respeto a los derechos humanos.

Recordó que el lunes pasado entregó al Poder Legislativo un documento en el que expone la opinión legal de dicha dirección del Poder Ejecutivo y hasta este viernes no ha tenido respuesta.

Sánchez Luna expuso que la ley para prevenir y erradicar la discriminación le faculta para emitir opiniones jurídicas en torno a la legislación y con ese fundamento el pasado 13 de julio presentó al Congreso el documento referido, respecto a la propuesta de reforma al código familiar para reconocer la identidad leal de las personas trans.

La iniciativa fue presentada formalmente hace 15 meses y el pasado 30 de junio se iba a discutir y someter a aprobación, pero se sacó de la orden de día “aludiendo un pretexto técnico”.

Sánchez Luna apuntó que es sabido que el miércoles fue la última sesión del periodo ordinario, por lo que dicha reforma sería abordada hasta septiembre próximo.

Apuntó que hay fundamento legal en tratados internacionales a los que México está adherido, que contempla el reconocimiento de los derechos de las personas trans para tener una identidad legal acorde con su identidad actual. Además, destacó que hay criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llamó a los estados a armonizar la legislación de los estados a los referidos principios.

Actualmente son nueve estados del país los que tienen leyes actualizadas, que contemplan el procedimiento legal para reconocer y modificarlas actas de nacimiento de las personas transexuales, que les permita tener acceso a muchos otros derechos, como el poder cambiar su credencial de elector y poder votar con su actual identidad o el derecho a la salud, entre otros.

Apuntó que existe una figura legal que contempla la “discriminación indirecta”, que es aquella que se presenta cuando una ley o disposición reglamentaria, una cláusula contractual, aparentemente neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a una persona respecto a otras por cuestiones de origen racial, étnico, religión orientación sexual y género. “En este caso estamos en ese supuesto donde una norma afecta los derechos humanos”.

El llamado a las y los diputados que se oponen -añadió- es “que legislen con base en la Constitución, que legislen con base a criterios establecidos por la Corte y tratados internacionales que ha firmado México y que no se dejen llevar por prejuicios personales o de grupo, porque su obligación es legislar para todos y particularmente a favor de una población históricamente discriminada, segregada, excluida”.

 

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También de la Mesa Directiva.

Los diputados locales definirán hasta agosto la renovación de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y de la Mesa Directiva del Congreso del estado.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, la Junta Política y de Gobierno debe renovarse anualmente y la Mesa Directiva si así lo determina la mayoría de los legisladores.
Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), a través del coordinador parlamentario, Marcos Zapotitla Becerro, ha adelantado que buscará la permanencia del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez al frente.
Mientras tanto, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscan el acuerdo de sus homólogos para ocupar dicho órgano de Gobierno y ceder la JPyG a otra fuerza política.
Al respecto,  el legislador pesedista José Luis Galindo Cortés advirtió que no les preocupa la renovación de los órganos de gobierno, por lo que será hasta agosto cuando se tome una determinación de la mayoría de los integrantes de la LIV Legislatura, al menos en lo que corresponde a la JPyG.
"No hemos hablado del tema. En particular no es algo que me quite el sueño, estoy trabajando en mis comunidades, cercano a la gente. Es una aspiración legítima de los 20 diputados querer presidir la Mesa pero cuando no hay condiciones o cuando uno, pero cuando uno no está aferrado con algo u obsesionado con algo no es algo que nos preocupe de más", manifestó Galindo Cortés.

 

 

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Alejandra Flores Espinoza considera que en el próximo período ordinario de sesiones podría avanzar la iniciativa.

La diputada morenista Alejandra Flores Espinoza adelantó que insistirán en la aprobación de la llamada "ley de identidad de género" para el próximo período ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre, a fin de que se garantice el derecho de las personas trans al cambio de nombre según el sexo que hayan elegido.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Congreso del estado, la legisladora intentó incluir en el orden del día el dictamen de segunda lectura, listo para su votación.  Sin embargo, una mayoría de diputados se opuso, una vez más a desahogar el tema, a pesar de la protesta que llevaron a cabo integrantes de la comunidad trans en el recinto legislativo la mista tarde del jueves pasado.
La legisladora morenista insistió en que el dictamen con proyecto de decreto para reformar el Código Familiar del estado sólo implica que las personas transgénero puedan cambiar de identidad ante el Registro Civil, derecho que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en al menos dos amparos que la comunidad ganó en lo que va de este año.
"No tiene nada que ver con la familia, simplemente, simplemente es una cuestión de derechos humanos y de tramitología. Yo se los decía a ellos (los representantes de organizaciones religiosas) que si hablan de amor al prójimo, las personas trans son nuestro prójimo y lo que se está haciendo es una discriminación", declaró la legisladora.
Flores Espinoza aseguró que el asunto se podrá retomar el próximo período ordinario, ya que el dictamen no se votó en el Pleno legislativo.

 

 

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La propuesta fue presentada en la máxima tribuna por la diputada de Morena, Ariadna Barrera Vázquez.

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad “La Ley Olimpia”, una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que contempla el hostigamiento, acoso sexual y violencia digital en contra del sexo femenino, dicha propuesta fue presentada en la máxima tribuna por la Diputada de MORENA Ariadna Barrera Vázquez.  

Con esta iniciativa se define que la violencia digital se entiende como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Por último, la Diputada por Jiutepec Ariadna Barrera Vázquez, hizo un llamado a establecer las medidas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, a fin de prevenir, sancionar, erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital y propuso revisar constantemente el marco jurídico para que sea una herramienta efectiva que proteja y reconozca la realidad que se vive, para contribuir al cuidado y bienestar ciudadano en esta materia.

 

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Recibió su clave geoestadística.

A partir de este 2020, el municipio indígena de Hueyapan aparecerá en el mapa de Morelos como el municipio número de 36.
Después de casi dos años de lucha, Hueyapan obtuvo la clave geoestadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con la que el municipio de reciente creación podrá acceder a las participaciones federales, tal y como lo señala la Ley de Coordinación Hacendaria.
Fue el pasado 1 de julio cuando el Congreso del estado autorizó el convenio de delimitación territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, por lo que el Inegi autorizó la clave con la que Hueyapan aparecerá en el mapa de la República Mexicana dentro de Morelos, estado número 17.
En el acto oficial que se llevó a cabo en el Congreso del estado -en el que participaron diputados locales y autoridades del Poder Ejecutivo- habitantes de Hueyapan celebraron que finalmente hayan podido obtener su registro geoestadístico.

Con ello terminó también el conflicto territorial con Tetela del Volcán.
"Nunca más un México sin Hueyapan", expresó Lilia González Cortés, representante del Concejo municipal, quien recordó que la creación del municipio indígena es un reconocimiento para todos los activistas que lucharon en contra de la represión de sus usos y costumbres, como Samir Flores.
De igual forma, la concejal aprovechó para hacer un llamado a todos los partidos políticos a que no se inmiscuyan en sus usos y costumbres rumbo al proceso electoral 2020-2021.

 

 

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Jueves, 16 Julio 2020 05:16

En agosto designarán seis magistrados

El Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones.

En agosto, el Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones, para concretar la designación de seis magistrados del Poder Judicial.
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) emitirá la convocatoria para cubrir los puestos que dejaron vacantes María del Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, Valentín González García, Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas.
Sin embargo,  aclaró que el Poder Legislativo primero solicitará el sobreseimiento de los amparos que promovieron los  magistrados (cuyo período  constitucional de 14 años ya venció) en contra del decreto que aprobó el Congreso del estado en junio del 2019 por el que se suprimió la norma transitoria para anular el nombramiento por 20 años.
"Tendrá que emitirse una convocatoria que tendrá que aprobarse por la Junta Política, también tendremos que solicitar como Congreso el sobreseimiento de algunos recursos de amparo que presentaron algunos magistrados para que el Congreso del estado pueda generar, en su oportunidad, una designación de los magistrados", declaró el legislador pesedista.
Zapotitla Becerro explicó que el procedimiento para la designación de los seis magistrados tendrá que concretarse en un período extraordinario de sesiones, ya que este miércoles 15 de julio concluyó el segundo período constitucional del segundo año de la LIV Legislatura.
Además de estos nombramientos, el legislador pesedista recordó que están pendientes por concretar las designaciones de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

 

 

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Jueves, 16 Julio 2020 05:08

Aprueban ley de videovigilancia

Al cierre del último período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, los​ diputados locales autorizaron auditorías especiales a 34 dependencias y organismos estatales y municipales. Además, aprobaron la Ley de Videovigilancia para Morelos y convocaron al proceso electoral 2020-2021, rumbo a las elecciones del 6 de junio próximo.
Por la vía rápida, los legisladores lograron desahogar parte del rezago legislativo con la aprobación de más de 30 dictámenes que se encontraban en la "congeladora" desde el año pasado.
Además,​ de última hora autorizaron la realización de auditorías especiales a 34 dependencias y organismos. En la lista se encuentran: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); los sistemas de agua potable de Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Puente de Ixtla, Zapata y Zacatepec.
Lo anterior, derivado de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso rechazó la aprobación de las cuentas públicas de dichas dependencias y organismos en los años 2015 al 2018, por presuntas irregularidades.
Por otro lado, los diputados aprobaron con 14 votos a favor y cinco en contra la ley de videovigilancia,​ que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) controlar la instalación, utilización y operación de dispositivos de grabación en espacios públicos y privados con razones de seguridad pública.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro defendió en tribuna la nueva legislación que además contempla modificaciones a la Ley de Seguridad y al Código Penal, pues sostuvo que ayudará a prevenir y combatir delitos.
Sin embargo, la legisladora perredista Rosalinda Rodriguez Tinoco, sostuvo que con la ley de videovigilancia los ciudadanos estarán vulnerables ya que serán video grabados en cualquier espacio, ya sea público o privado.
Además,dijo, se invadirá la actividad mercantil pues se les obligará a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia.
Incluso sostuvo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) presentó un escrito el pasado 1e de julio pidiendo que la nueva ley fuera socializada.
Finalmente, el Congreso del estado convocó a los ciudadanos, instituciones públicas y partidos políticos al proceso electoral 2020-2021, para el desarrollo de las elecciones el 6 de junio próximo.
Por desacuerdos entre las fuerzas políticas, el proyecto para reactivar el servicio ferroviario en el estado no avanzó, al igual que la ley de Asociaciones Público Privadas.​ Ambos asuntos tendrán que ser abordados para el próximo período ordinario, que iniciará en septiembre próximo o, bien, en un período extraordinario de sesiones, en agosto.
Los legisladores también dieron cumplimiento a ejecutorias de amparos, después de tres meses de inactividad administrativa en el Congreso por la pandemia de covid-19.

 

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Posponen la votación de la iniciativa para el siguiente periodo de sesiones.

Por segunda ocasión, los diputados locales se negaron a someter a votación del Pleno del Congreso del estado la reforma que permitiría a las personas trans cambiar de identidad.
El dictamen de la también llamada "ley de identidad de género" fue incluido en el orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, a desarrollarse este miércoles. Sin embargo, en reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, ayer, una mayoría de diputados votó a favor de retirar el tema  y mantenerlo en comisiones hasta el próximo período ordinario, que iniciará en el mes de  septiembre.
Esto sucedió a pesar que el lunes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) convocó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y votar la reforma al Código Familiar que garantizará el derecho de las personas transgénero a cambiarse de identidad por el sexo que eligieron.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló a los diputados que de no hacerlo estarían violando los derechos de los integrantes de la comunidad trans, ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 30 de junio, una mayoría de diputados también votó por retirar ese tema del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaba, al argumentar que se violentaba el proceso legislativo, por lo que se mandó a comisiones.
La Comisión de Atención a la Diversidad informó que corrigió un error de redacción y finalmente lo presentó para que se incluyera antes de que terminara el período ordinario de sesiones, este 15 de julio, lo cual no sucederá, por la negativa de un grupo mayoritario de legisladores.

 

 

 

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