Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:15

Zapotitla deja su partido pero no la curul

El diputado anuncia nuevas acciones de defensa ante acusaciones.

En medio de manifestaciones de apoyo,  Marcos Zapotitla Becerro reiteró que es inocente del delito de violación, por lo que no pedirá licencia para dejar la diputación que ostenta.
El legislador también anunció su separación del grupo parlamentario Partido Encuentro Social Morelos (PESM), para evitar causarle "daño político" ante las acusaciones en su contra.


El legislador sostuvo que en las próximas horas demostrará que todo fue "fabricado", para afectar su imagen, ante su insistencia de exigir la renuncia del fiscal general Uriel Carmona Gándara y por el proceso que el Congreso iniciará en los próximos días para la designación de seis magistrados del Poder Judicial.


"¿De cuando acá los saqueadores quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho? Ellos me quieren juzgar. Utilizan a la Fiscalía para fabricar delincuentes. En su oportunidad ante las autoridades competentes diremos por quién pasó el recurso económico y quién lo entregó a la supuesta víctima", manifestó.


En rueda de prensa, Zapotitla Becerro estuvo acompañado de su equipo de trabajo, en su mayoría mujeres, que le manifestaron su respaldo.
Cipriano Sotelo Salgado, abogado del legislador, aseguró que Zapotitla Becerro no pedirá licencia al cargo y se recurrirá a la presunción de inocencia, pues al ser grave el delito por el que se le acusa,  el diputado podría ir a la cárcel "antes ser juzgado".


Explicó que aportarán los elementos suficientes para demostrar la inocencia del legislador y evitar que el Congreso del estado declaré la procedencia para la formación de causa, como lo solicitó la Fiscalía General del Estado.
Adelantó que será un proceso largo y que posiblemente se lleve el año que resta del legislador antes de que el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, determine si hay elementos para desaforar a Zapotitla y éste pueda ser juzgado. Mientras tanto, dijo, las investigaciones en la Fiscalía estarán detenidas.

 

 

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La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

 

 

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Lunes, 28 Septiembre 2020 05:12

Preparan ley de amnistía

Busca una armonización con la ley nacional; se enfoca en “brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables”.

El Congreso del estado analiza la propuesta de "Ley de Amnistía para Morelos", que plantea la extinción de la sanción en los delitos de aborto, contra la salud del fueron común, políticos, robo simple y sin violencia y los cometidos por ciudadanos reconocidos como indígenas.


La iniciativa de ley fue presentada ante el Pleno por la diputada Alejandra Flores Espinoza, durante la sesión ordinaria pasada. La legisladora afirmó que la propuesta es una armonización con la ley federal,  para brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables.
En la iniciativa se señala que amnistía se entiende como "la extinción de la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva de la sanción, excepto la de reparación del daño", de acuerdo con lo que establece el Código Penal del estado de Morelos.


"Es decir, un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos", señaló la legisladora al hablar de su propuesta.


Flores Espinoza aseguró que el proyecto no busca proteger y liberar a asesinos, violadores ni secuestradores, sino garantizar justicia a los grupos más desprotegidos y que en su momento no tuvieron acceso a la jurisdicción de su Estado.
En el caso del aborto, la amnistía será aplicable "siempre y cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo".


En los delitos contra la Salud del fuero común "cuando las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta".


En este caso, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: cuando quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; cuando quien los haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En delitos de robos simple y sin violencia se aplicará cuando la pena privativa de libertad no rebase los 4 años.


Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, "cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura".


Por delitos políticos, específicamente "el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego".
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictaminación.

 

 

 

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Se postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.

Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.

“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.

“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.

Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se  informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.

Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.

 

 

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La cita será a puerta cerrada.

El secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general del estado, Pablo Ojeda Cárdenas, José Antonio Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, respectivamente, comparecerán ante el Congreso del estado este miércoles, para rendir un informe sobre la situación que vive Morelos en materia de seguridad pública.


El encuentro se llevará a cabo a las 12 del día, a puerta cerrada en el salón de Plenos del Congreso del estado.

El presidente de la Mesas Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que el formato  de las comparecencias se establecido de acuerdo a la importancia y lo delicado del tema, ya que de haberse concretado ante el Pleno, mucha información no habría podido ventilarse.


"No nos interesa que se convierta en un show. Nos interesa mucho saber cuál es el avance de las investigaciones, de las carpetas, de las judicializaciones, no nada más del Congreso, sino en general de los temas, de la ola de violencia que se pudiese haber desatado en el estado", afirmó el diputado.


Sotelo Martínez indicó que al comisionado estatal de Seguridad se le cuestionará también acerca de la estrategia implementada para el combate a la delincuencia, "para poderla corregir o saber cuál es el rumbo que se tiene".
No obstante, admitió que la propuesta de que el secretario Pablo Ojeda Cárdenas compareciera con el comisionado y el fiscal no fue respaldada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Morelos (PESM), sino por un grupo de diputados para cuestionarlo por la violencia que vive el estado. "No entiendo a qué obedezca la presencia, pero estaremos escuchando qué se le cuestiona", agregó.


El presidente de la Mesa Directiva garantizó que del encuentro de este día sí habrá resultados, "estaremos haciendo una evaluación y las recomendaciones que sean necesarias en beneficio de los morelenses".

 

 

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El Congreso requirió a la autoridad estatal explicar la situación de los fondos asignados en el presupuesto 2020 para la erradicación de cuotas escolares.

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El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

 

 

 

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Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:18

Pide Congreso apoyar con tecnología a maestros

Requiere el Legislativo informe al gobierno estatal sobre el estatus del presupuesto etiquetado para la erradicación de cuotas escolares.

La diputada Alejandra Flores Espinoza planteó que dicho monto se destine a la compra de equipo tecnológico para que los maestros de Morelos puedan impartir clases virtuales.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del estado exhortó a los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Educación, Mónica Boggio Tomasaz Merino y Luis Arturo Cornejo Alatorre, respectivamente, a que rindan un informe detallado del estatus que guardan los 20 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020 para la erradicación de las cuotas escolares en las escuelas de Morelos. 

La propuesta fue impulsada por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, quien señaló que a nueve meses transcurridos del año se desconoce en qué se han aplicado los recursos para evitar el cobro de cuotas escolares a los padres de familia.

Mientras tanto, dijo, son muchas las necesidades en el sector educativo, como las carencias que enfrentan los maestros del estado para impartir las clases virtuales en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. 

"Hemos sido testigos de admirables mujeres y hombres dedicados a la docencia, que sobreponen el bienestar de los alumnos y el interés superior de los mismos antes que cualquier otra cosa; hemos visto por las redes sociales múltiples videos y fotografías de maestros que no cuentan con las herramientas necesarias para esta nueva modalidad virtual y que tienen que sufragar con recursos propios el pago de internet, de las plataformas, de la compra de equipo que les permiten cumplir con su labor", manifestó. 

La legisladora expresó que lamentablemente los profesores más que tener el apoyo de las instituciones educativas y de todos los ciudadanos, han sido víctimas de algún tipo de burla o violencia por no saber utilizar las plataformas tecnológicas.

Ante tal situación, indicó, ha propuesto en diversas ocasiones al gobierno del estado la reasignación de los 20 millones de pesos, etiquetados para la erradicación de las cuotas escolares, a la compra de las herramientas tecnológicas que requieren los docentes en la actualidad. 

"Hasta este momento, el Congreso del Estado no ha recibido ninguna propuesta de modificación al Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en relación al uso o destino del recurso etiquetado, por tanto, el monto de los 20 millones de pesos, debe estar disponible, para que esta Soberanía pueda hacer las adecuaciones presupuestales y se cambie el destino del recurso para apoyar a nuestros maestros en estos momento difíciles que vive la docencia en nuestro estado", afirmó. 

En tal razón, los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo por el que se requirió un informe del estado que guarda el monto de los 20 millones de pesos, a fin de que el Poder Legislativo pueda hacer las adecuaciones necesarias al Presupuesto de Egresos.

 

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Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:06

Pablo Ojeda también comparecerá ante legisladores

El secretario de Gobierno está citado para mañana en el Congreso del estado, para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, comparecerá, este jueves, ante el Congreso del estado para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.


El encargado de la política interna rendirá cuentas ante los diputados locales, al mismo tiempo que comparecerán el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado José Casas González promovió el punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Gobierno ante el aumento de los índices delictivos en el estado.
Señaló que delitos como el secuestro, homicidios dolosos, asaltos y robos han aumentado en los últimos meses.


Por ello, el diputado planteó que Pablo Ojeda Cárdenas, como representante del Poder Ejecutivo se presente ante el Congreso junto con el comisionado estatal de Seguridad y expliquen de las causas del aumento de la violencia en Morelos.
El acuerdo aprobado con ocho votos a favor y cuatro en contra, estableció que en la misma comparecencia, que se llevará a cabo este jueves , también se presente el fiscal general del estado, como Uriel Carmona Gándara.
El encuentro de los diputados locales con los funcionarios estatales se llevará a puerta cerrada.

 

 

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:10

Pierden diputadas recurso electoral

Lo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.

 

Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.

Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.

En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.

El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.

Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.

También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era  una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.

 

 

 

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