Una propuesta busca que incorporen de manera progresiva al menos una unidad accesible para ese sector en cada una de las “rutas” del transporte público; la segunda pretende reforzar el acceso a cargos públicos.

En el Congreso del estado de Morelos avanzan dos iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad: una en materia político-electoral y otra enfocada en garantizar su movilidad en el transporte público, informó el diputado Alberto Sánchez Ortega.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables detalló que las propuestas buscan, por un lado, reforzar el acceso de las personas con discapacidad a cargos públicos y a la participación en la vida política del estado; y, por otro, establecer un esquema que permita avanzar en la adaptación progresiva de unidades del transporte público.

No obstante, señaló que en el foro convocado para analizar estos temas únicamente participaron 18 municipios, lo que consideró un área de oportunidad para ampliar el diálogo y la construcción de consensos.

Sánchez Ortega reconoció que uno de los principales reclamos del sector es la falta de accesibilidad en el transporte público, situación que limita el acceso a la educación, los servicios de salud y las oportunidades laborales.

“Si no se atiende este tema, pasarán los años y seguiremos hablando de rezago y falta de avances en la vida cotidiana de las personas con discapacidad”, expresó.

El diputado cuestionó la falta de modernización en diversas unidades del transporte y planteó la necesidad de establecer acuerdos entre la Coordinación General de Movilidad y Transporte y los concesionarios, a fin de incorporar gradualmente unidades accesibles.

La iniciativa no contempla que todas las rutas sean adaptadas de inmediato; sin embargo, propone que al menos una unidad accesible por cada ruta sea incorporada de manera progresiva, especialmente en zonas metropolitanas como Cuernavaca y Cuautla.

El objetivo es que las personas con discapacidad puedan utilizar el transporte público en igualdad de condiciones, pagando la tarifa regular y evitando el gasto constante en taxis, que en muchos casos representa la única alternativa de traslado.

Con base en datos del Inegi, correspondientes al Censo 2020, en Morelos existen más de 300 mil personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a entre el ocho y el nueve por ciento de la población estatal.

Ante este panorama, el legislador subrayó que se trata de un sector amplio que requiere políticas públicas efectivas y acciones concretas para garantizar su inclusión plena en la vida social y política del estado.

Reiteró que el Congreso continuará impulsando reformas que fortalezcan los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad en Morelos.