El Legislativo estatal exhorta a la Coordinación de Movilidad a atender el mal estado de las unidades del transporte.
Diputados conocieron también una iniciativa para limitar prestaciones a servidores públicos.
El Congreso de Morelos hizo un exhorto al titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, para que refuerce y ejecute de manera inmediata acciones de verificación, inspección y supervisión de las unidades que prestan el servicio de transporte público en la entidad, debido a las constantes quejas de usuarios por el mal estado en el que se encuentran y los accidentes en los que se han visto involucradas.
En la sesión de ayer, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, presentó un punto de acuerdo que fue avalado por 14 legisladores y contó con una sola abstención.
Desde tribuna, la legisladora emecista acusó al titular de Movilidad de no intervenir ante el pésimo estado en el que se encuentran las “rutas” en la entidad, a pesar de conocer la problemática.
Recordó que el pasado 3 de febrero, una unidad de la línea Interescolar se quedó sin frenos en la avenida Vicente Guerrero, en Cuernavaca, lo que dejó un saldo de 19 personas lesionadas.
“Lo más grave no es sólo el accidente; lo más grave es que el propio titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, el maestro Jorge Alberto Barrera Toledo, reconoció públicamente que la unidad ya había excedido su vida útil, se le habían hecho observaciones y existía un compromiso de sustitución en seis meses, pero aun así seguía circulando”, expresó.
Calificó como alarmante el hecho de que, según Movilidad y Transporte, más de 800 unidades, de las dos mil 400 que operan en la zona metropolitana de Cuernavaca, ya cumplieron o están por cumplir su vida útil, lo que representaría un tercio del total.
“¿Cómo es posible que habiendo sido identificadas sigan circulando? ¿Cuántos accidentes más necesitamos para actuar? ¿Vamos a esperar otra tragedia para ejercer las facultades que la ley ya otorga?”, cuestionó, y añadió: “No se puede argumentar falta de diagnóstico, no se puede alegar desconocimiento. La problemática está identificada”.
Consideró que hablar de movilidad significa hablar de vidas humanas y que hoy la ciudadanía de Morelos no tiene confianza en el transporte público del estado debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra.
“Cuando no se atiende, se convierte en tragedia. No podemos esperar a que haya víctimas fatales para actuar; no podemos acostumbrarnos a que la ciudadanía suba a un transporte con miedo (…) Gobernar implica proteger y proteger significa prevenir”, subrayó.
Criticó también que los concesionarios pidan un aumento a la tarifa mínima del pasaje bajo el argumento de que necesitan recursos para brindar un servicio digno.
“La dignidad no puede comenzar por el bolsillo del usuario cuando la seguridad no está garantizada. No se trata de confrontar, se trata de asumir responsabilidades”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vías de Comunicación, Sergio Omar Livera Chavarría, compartió la preocupación por el alto número de unidades del transporte público que se encuentran en malas condiciones.
Señaló que aunque es urgente la revisión del estado físico y mecánico de todas las unidades a fin de que presten un servicio que garantice la seguridad de los usuarios, es imposible que en un año se resuelva por completo un problema que se desatendió durante muchos años.
Externó su respaldo a la Coordinación de Movilidad para que continúe con la supervisión operativa de unidades, labor que se ha emprendido mediante el Programa de Supervisión Metropolitana para la Movilidad Segura (Sumemos) y que ya empieza a dar resultados.
Admitió que la Coordinación de Movilidad y Transporte, si bien ha realizado los trabajos necesarios para poner en orden la seguridad vial y el transporte público, “hasta ahora quizá no han sido suficientes”.
Finalmente, llamó a no aprobar ningún aumento a la tarifa del transporte público hasta que en las mesas se concreten los acuerdos para mejorar y modernizar las unidades.
“Hoy, antes que un alza a la tarifa del transporte público, está la voz de los morelenses, quienes son los principales denunciantes de las fallas con las que cuentan las rutas del transporte público”, concluyó.
Avala Congreso de Morelos reforma que reduce la jornada laboral
En la sesión de este jueves, el Congreso de la entidad también aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales.
La LVI Legislatura avaló el dictamen con 19 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, con lo que se suma a los congresos estatales que acompañan la reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
La minuta fue remitida por la Cámara de Diputados como parte del procedimiento de reforma constitucional. Previamente, el Senado de la República aprobó las modificaciones al artículo 123, apartado A, para establecer que la jornada máxima será de 40 horas semanales, “en los términos que fije la Ley Federal del Trabajo”, garantizando además al menos un día de descanso por cada seis días laborados.
La Cámara de Diputados ratificó la reforma con 469 votos a favor en lo general, sin votos en contra, aunque con reservas y debate en torno a la gradualidad de su aplicación y el esquema de descansos.
La reforma contempla una implementación progresiva. A partir de 2027, la jornada se reducirá dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
El decreto establece que la reducción no implicará disminución salarial ni afectación a las prestaciones laborales. Asimismo, fija un límite máximo de 12 horas extraordinarias por semana y prohíbe que las personas menores de 18 años realicen tiempo extra. Las horas adicionales deberán pagarse conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Para que la reforma entre en vigor, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 constitucional. Una vez alcanzado ese número, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.
Presentan iniciativa para limitar prestaciones a servidores públicos
La diputada Jazmín Solano presentó en la sesión de ayer una iniciativa para reformar los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el fin de evitar que servidores públicos con posiciones de dirección y representación de entes públicos puedan recibir prestaciones que sólo corresponden a los trabajadores de base al servicio del estado, como el aguinaldo.
El artículo 42 de la citada ley establece que actualmente quedan eximidos del pago de aguinaldo la titular del Poder Ejecutivo estatal; los magistrados numerarios, supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia; los magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; así como los magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los diputados locales; los presidentes municipales, síndicos y regidores integrantes de los cabildos de la entidad; y los titulares de las dependencias que integran la administración pública paraestatal y paramunicipal.
Enmiendan transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
El Congreso del estado aprobó el dictamen que contempla la adición de un segundo párrafo a la disposición transitoria segunda del Decreto Número 997, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Este decreto había causado inconformidad en sindicatos, por considerar que se vulneraban varios derechos laborales, por lo que con esta adición “se busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar que la implementación de las reformas se realice con apego a la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos laborales”.
La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz expresó desde tribuna su respaldo a la defensa de las conquistas laborales.
“Con gran satisfacción les compartimos que sus derechos laborales, como el poder jubilarse y recibir su aguinaldo, siguen protegidos y vigentes. Sabemos lo importante que es esto para sus familias y para su tranquilidad”, afirmó.
Reconoció la apertura al diálogo por parte de la gobernadora Margarita González Saravia, de quien dijo que “mostró sensibilidad y empatía con los trabajadores”, al responder de manera rápida ante “una injusticia social que estaba afectando a miles de trabajadores”.
Vuelven a cambiar conformación de comisiones legislativas
Tras modificar el orden del día, el Congreso del estado volvió a hacer cambios en la conformación de las comisiones legislativas.
El Pleno avaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado sea presidida por el diputado Sergio Omar Livera Chavarría; que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social quede al frente de Brenda Espinosa López; y que el Comité de Régimen Administrativo sea presidido por Rafael Reyes Reyes.
Apenas en la sesión de la semana pasada, los legisladores habían aprobado cambios en estas mismas comisiones, además del Comité Editorial, por lo que sería la segunda ocasión en que modifican su integración.
También ayer el Poder Legislativo dio a conocer que llevó a cabo la sesión formal de instalación de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
Fany Miranda Castrejón fue designada como secretaria técnica de esta comisión, quien rindió protesta al cargo para iniciar con el desahogo de los asuntos pendientes y dar seguimiento a las políticas de previsión y seguridad social de los trabajadores.
Deberá fiscal anticorrupción rendir informe semestral
Durante la sesión ordinaria de ayer, también fueron aprobadas dos reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. La primera de ellas, al artículo 79-B de la Constitución local, en materia de rendición de cuentas, para que el titular de la Fiscalía General del Estado presente también un informe semestral por escrito al Poder Ejecutivo, y que el titular de la Fiscalía Anticorrupción deba rendir por escrito un informe semestral de su gestión al titular de la FGE, al Congreso del estado y al Ejecutivo. Ambas reformas fueron remitidas a los 36 municipios de la entidad en su condición de Constituyente Permanente.
La segunda corresponde al artículo 19, en el que se estableció que el Estado debe garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que deberá reforzar la protección hacia las mujeres, adolescentes y niñas.
De igual forma, aprobaron reformas a diversas leyes, como las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al Decreto número 318, por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, que obliga al Sistema DIF Morelos y a los sistemas DIF municipales a brindar asistencia médica y psicológica a niños y adolescentes migrantes y/o repatriados; así como la reforma al artículo 101 de la misma ley para incluir como invitados permanentes a las sesiones del Sistema de Protección Local en materia de niñas, niños y adolescentes al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.
Aprobaron también cambios en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos para incluir los denominados “empleos verdes” e impulsar su creación y fomento.
También reformaron el artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para establecer que el Tribunal de Justicia Administrativa, en sus sentencias, indique si existieron por parte de las autoridades, ya sea en sus actuaciones o por omisiones, violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos.
Asimismo, el artículo 275 del Código Familiar estatal fue modificado para que, en la elección de tutor, en caso de igualdad de parentesco, se procure escuchar al menor de 18 años.
Además, los legisladores avalaron una reforma al artículo 1365 del Código Civil y al artículo 24 Ter del Código Familiar, en materia de imprescriptibilidad de hechos ilícitos que produzcan daños y perjuicios a niños y adolescentes, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
El Congreso morelense también avaló un acuerdo parlamentario para presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo 343 Quáter del Código Penal Federal, así como el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para cambiar el término “violencia por interpósita persona” por el de “violencia vicaria”.
También aprobó adicionar la fracción VII al artículo 247 del Código Familiar para que la patria potestad se pierda por sentencia que acredite el delito de abuso sexual en contra de menores de edad; así como una reforma a la fracción II del artículo 506 del mismo Código Familiar, para incluir en la incapacidad de heredar por testamento al concubino que haya presentado acusación de delito que merezca prisión contra el autor de la sucesión y que la denuncia se presente en vida.
También reformaron el artículo 211 del Código Penal estatal para incluir como culpable del delito de corrupción de menores a quien, por cualquier medio, procure, induzca o facilite el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que contengan nicotina.
Finalmente, avalaron diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para que corresponda a la Fiscalía General del Estado implementar las medidas de protección necesarias para las mujeres, así como para sus hijos que denuncien algún delito relacionado con violencia de género; además de vigilar que los servidores públicos adscritos a la Fiscalía investiguen los suicidios de mujeres con perspectiva de género.
