La iniciativa de reforma electoral será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión; la propuesta incluye reducción de recursos para los OPLE, disminución de regidurías, entre otros puntos sobre fiscalización, democracia participativa y conformación del Legislativo federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer, en su conferencia de prensa matutina, la reforma electoral, que consta de 10 puntos y que será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión. Contempla el adelgazamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), menos recursos para Congresos locales y la reducción de regidurías. Advirtió a los partidos aliados que serán señalados si votan contra la voluntad popular.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de presentar los 10 puntos que comprende esta reforma, elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La iniciativa propone cambios en la integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados mantendrá los 500 escaños, pero ahora todos serán electos mediante votación directa: 300 se mantendrán bajo el principio de mayoría relativa, a partir de distritos electorales; las 200 diputaciones restantes conservarían la fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De éstas, 97 posiciones serán para los candidatos que no resultaron ganadores en la elección, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido; 95 serán por votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer; y ocho serán para mexicanos residentes en el extranjero. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
El segundo elemento de esta iniciativa es la reducción del gasto. Plantea una disminución del 25 por ciento en el costo de las elecciones, incluidas reducciones a los recursos que reciben el INE, los partidos políticos, los OPLE y los tribunales electorales. También se reducen los bonos y sueldos de consejeros y altos mandos del INE para que ninguno pueda ganar más que la presidenta. Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales; se reduce el gasto del Congreso federal y de los congresos locales; se equiparan los sueldos de los diputados locales, y se baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.
El tercer elemento se refiere a una mayor fiscalización. Se prevé que el INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos; se prohibirían las aportaciones en efectivo; todos los recursos de las campañas se manejarán dentro del sistema financiero, y se contempla el uso de tecnologías en la fiscalización.
Con esta reforma se busca también facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, quienes elegirían a la diputación migrante.
El quinto punto señala una reducción en los tiempos de radio y televisión a los que tienen acceso los partidos. Pasaría de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
El sexto aspecto señala la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales durante los procesos electorales.
El séptimo aspecto prevé la eliminación del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para que al término de la jornada electoral se inicie de inmediato el conteo distrital.
El octavo punto de la reforma busca fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, así como ampliar la democracia participativa a estados y municipios. Se incluiría el uso del voto electrónico en estos mecanismos.
Los puntos nueve y diez se refieren a dos elementos que ya fueron aprobados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al buscar cerrar la puerta al nepotismo, es decir, que los cargos de elección popular no puedan ser heredados a familiares, cónyuges, hijos o hermanos, y a la no reelección consecutiva o inmediata en todos los cargos de elección popular a partir del proceso electoral de 2030.
Por su parte, Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señaló que para la elaboración de la reforma realizaron audiencias públicas en 31 entidades, siete en Estados Unidos, una audiencia migrante en la Ciudad de México y 24 en la sede de la Secretaría de Gobernación, para un total de 63 audiencias públicas.
Recibieron un total de mil 357 propuestas de reformas a la legislación electoral: 281 se presentaron en las audiencias de la Ciudad de México; 573 de ponentes en las entidades federativas; 100 de ponentes en Estados Unidos; 393 fueron ingresadas directamente en el micrositio y más de 10 en la audiencia migrante.
A su vez, 181 servidores públicos ligados directamente al sistema electoral mexicano, entre ellos expertos, consejeros y magistrados, presentaron alguna propuesta a la reforma.
Sobre la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se enviará el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión; aún están analizando qué cámara será la de origen y rechazó que en estos días vayan a realizarse cambios debido a la negociación que se mantiene con los partidos aliados, que hasta el momento han señalado que no acompañarán la propuesta presidencial.
“Son varias leyes. Es reforma constitucional, son reformas a las leyes y se está revisando para que no haya ningún problema; entonces, por eso es el lunes que se envía el texto completo. Pero esto es, en esencia, lo que estamos planteando”, señaló.
La mandataria federal rechazó que en caso de no aprobarse la iniciativa sea un primer fracaso de su administración, y calificó su propuesta como consecuente con sus principios.
“Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse reforma electoral y expliqué en qué consistía. (…) No es derrota, sino sencillamente es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos”, subrayó.
Advirtió a los partidos aliados que de no acompañar la propuesta la gente los señalará, pues la iniciativa no es una ocurrencia, sino un sentimiento del pueblo.
“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos. (…) Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo, de la gente”, enfatizó.
Refirió que su propuesta son una serie de reformas sencillas, pero que responden a la demanda de la gente.
“Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición que íbamos a acabar con la democracia; son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente, esencialmente: que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular; y dos, disminución de gastos, no reelección, no nepotismo, fiscalización y democracia participativa. Sencillo, claro, sin problema, pero de fondo. Y nosotros la vamos a mantener. Entonces, se envía el lunes la propuesta ya con todos los detalles y para nosotros es un asunto de principio mantener estas dos propuestas”, insistió.
Sobre el tema del fuero, la mandataria federal señaló que en la reforma no se incluyó, pues hubo una discusión intensa en el interior de Morena, aunque dejó en claro que su postura personal es a favor de que se elimine el fuero.
“Finalmente, se mantiene el fuero, no se tocó. Fue una discusión muy intensa ahí entre los compañeros. Mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé también a la Comisión esta decisión”, explicó.
