En 2027, Morelos tendrá unidades adaptadas para personas con discapacidad, afirma el titular de la CGMT.

En su comparecencia ante el Congreso de Morelos, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, refrendó que cualquier incremento en la tarifa del transporte público deberá obedecer a criterios técnicos y sujetarse a mejoras reales y medibles del servicio.

Frente a diputados, afirmó que de ninguna manera se acompañarán decisiones que no cuenten con una justificación técnica o que trasladen, de manera injustificada, cargas a la ciudadanía.

En su exposición, aseguró que para la dependencia que encabeza, hay cinco temas prioritarios: la tarifa del transporte público; un subsidio al transporte para adultos mayores y estudiantes; la regulación de plataformas digitales, taxis de aplicación y micromovilidad; la regulación de mototaxis en municipios, y mantener un diálogo permanente con el sector transportista.

En la ronda de preguntas, el diputado Alberto Sánchez Ortega cuestionó sobre las políticas implementadas para garantizar que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a la movilidad a través del transporte público.

Al respecto, Barrera Toledo confió en que el nuevo modelo ruta-empresa, contenido en la nueva Ley de Movilidad, deberá cubrir paulatinamente las necesidades de las personas con discapacidad.

Aceptó que actualmente ninguna de las 32 “rutas” de la zona metropolitana, ni las 104 que hay en todo el estado, cuentan con una sola unidad que permita brindar el servicio de transporte público a personas con discapacidad.

Recordó que la administración estatal trabaja en un proyecto técnico para crear un corredor que permitiría también garantizar la movilidad a estos grupos de la sociedad.

En su turno, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado cuestionó sobre las razones por las que más de la tercera parte de las unidades del transporte público continúan brindando servicio, aun cuando ya cumplieron con su vida útil, lo cual pone en riesgo a los usuarios, y qué acciones se tomarán para hacer cumplir la ley.

El funcionario estatal explicó que de acuerdo con el diagnóstico, el 45 por ciento de las unidades que circulan en toda la entidad ya cumplieron con su vida útil, y “sería extremadamente irresponsable por parte de la autoridad proceder a un retiro inmediato”, debido a la afectación que representaría despojar a la ciudadanía de su derecho a la movilidad.

Confió en que la implementación del programa permanente “Sumemos” garantice que al concluir la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, “todas las unidades estén dentro de la vida útil”.

La legisladora Tania Valentina Rodríguez Ruiz dedicó su turno para preguntar sobre las acciones para la creación y homologación estatal de un tabulador de costos que regule el uso de corralones y los servicios de grúas en toda la entidad.

El titular de Movilidad y Transporte señaló que este instrumento estará listo a la brevedad; mientras que el secretario de Gobierno, Édgar Maldonado, intervino para asegurar que ya se generó un exhorto a los presidentes municipales para apegarse a la actual regulación; pero, en caso de no ser atendido, solicitó apoyo a los legisladores para una eventual reforma a la Ley de Grúas y Corralones del estado, a fin de añadir reglas precisas sobre los tabuladores y el otorgamiento de concesiones.

Al concluir su comparecencia, Jorge Alberto Barrera Toledo confirmó que para el 2027 Morelos contará con unidades de transporte público adaptadas para personas con discapacidad, como parte de un proyecto que será presentado en un plazo de dos meses.

Barrera Toledo explicó que el proyecto se construye a partir de mesas de trabajo con distintos grupos de personas con discapacidad, cuyas propuestas fueron incorporadas para diseñar un esquema que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad.

Señaló que la estrategia no contempla la modificación de unidades existentes, sino la incorporación de vehículos nuevos que ya cuenten con las adaptaciones necesarias.

“Tenemos una ruta crítica y buscamos generar las condiciones para presentar este modelo en dos meses”, señaló Barrera Toledo.

El funcionario sostuvo que existe disposición por parte de los concesionarios para avanzar en este tipo de esquemas, por lo que el proyecto se desarrolla de manera coordinada con el sector, a fin de complementar la oferta actual de transporte y no imponer cambios de forma unilateral.