Extinta Secretaría le negó la renovación de su credencial para realizar gestiones ante la CGMT.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a favor de una persona gestora de trámites vehiculares por la vulneración al derecho a la libertad de trabajo y acceso a los servicios públicos, luego de que la extinta Secretaría de Movilidad y Transporte le negara la renovación de su credencial para realizar gestiones ante la dependencia estatal.

El caso tuvo su origen en el año 2019, cuando la secretaría, actualmente denominada Coordinación de Movilidad y Transporte, expidió una credencial que autorizaba a la persona gestora realizar trámites ante la Dirección de Transporte Público en favor de la Asociación de Choferes de Transporte Púbico en el Valle de Cuernavaca.

En el 2021, el gestor intentó renovar la credencial, pero la entonces SMyT se lo negó sin motivo ni fundamento legal. Entonces, el denunciante recurrió la negativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que un año después ordenó a la autoridad entregarle su credencial, pero a la fecha la sentencia no ha sido cumplida.

Ante ello, el gestor promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, que en febrero de 2024 emitió la recomendación 04/2024 dirigida a la entonces SMyT ante la vulneración del derecho a la libertad del trabajo y acceso a los servicios públicos, pero la dependencia respondió al organismo con una tajante no aceptación de la recomendación.

En consecuencia, la parte quejosa o víctima promovió un recurso de impugnación y el caso fue radicado ante la CNDH.

Al analizar el caso, la CNDH confirmó lo documentado por su homóloga estatal y emitió nuevamente una recomendación a la Coordinación de Movilidad y Transporte para efecto de que la dependencia acepte la recomendación de la comisión estatal, de lo contrario, remitirá el expediente para que el organismo local, con base en sus atribuciones, solicite al Congreso de Morelos la comparecencia del titular de la Coordinación, Jorge Barrera Toledo, para que explique los motivos de la negativa.

Además, pidió a la dependencia estatal colaborar en el procedimiento administrativo iniciado en la todavía Secretaría de la Contraloría contra los servidores públicos implicados en el caso, y lo más importante de la recomendación: que se garantice la reparación del daño a la persona afectada y que no haya repetición del acto.