Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Martes, 02 Junio 2020 06:10

La Brigada Blanca en Morelos

El 7 de junio de 1976 nació la Brigada Especial Antiguerrillas (BEA), mejor conocida como la “Brigada Blanca”, con el único objetivo de localizar, detener y/o aniquilar todos los movimientos armados que sobrevivían en el país. Morelos fue uno de los estados donde más actúo la agrupación porque se consideraba un centro de operaciones y resguardo de los “terroristas”. 

Eran cerca de doscientos elementos de siete corporaciones policiaco-militares, entre ellas el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad. La Brigada Blanca existió durante siete años (1976-1983), periodo en el cual sus integrantes fueron sometidos a un duro entrenamiento, consistente en el aprendizaje del pensamiento de los guerrilleros, capacitación en el manejo de armas, combate físico, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y de torturas, entre las que se encontraban terribles golpizas, los toques eléctricos, el “pocito” y el “pollo rostizado”, según narra Carlos Fernando López de la Torre en su investigación denominada “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México”.

“La Brigada no redujo sus tareas a combatir a la guerrilla, ya que había que acabar con el mal de raíz, por lo que también se encargó de vigilar a los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos, a los movimientos sociales y a las figuras políticas de izquierda, es decir, todo elemento que fuera percibido como una amenaza al orden existente”, refiere el maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

En Morelos el principal investigador de la Brigada que se dedicaba a buscar guerrilleros era Gabriel Sosa Cuevas. Así lo confirma un documento en poder de este columnista -uno de los desclasificados del Archivo General de la Nación- en el que Sosa Cuevas aparece como el autor de una tarjeta informativa dirigida al director federal de Seguridad, fechada el 11 de agosto de 1978, cuatro años después de que Florencio Medrano saliera huyendo de la colonia comunista “Rubén Jaramillo”.

En esa cuartilla escrita con máquina de escribir mecánica, el comandante informa a su jefe que mantiene una “vigilancia discreta con la ayuda de la Policía Judicial del Estado” en los lugares donde viven los familiares del líder guerrillero.

Uno de los policías judiciales que Gabriel Sosa menciona en su tarjeta informativa escrita a máquina, es Roberto Quintero Vieyra, (quien 20 años más tarde sería director de la Policía Judicial del Estado hasta que fue detenido acusado de extorsionar a un empresario).

“…se entrevistó a la sra. Filogonia, hermana de Silvia, esposa del Güero Medrano, quien dijo que su hermana María tiene un mes que se fue de este pueblo y que según le dijo iba con rumbo a Los Ángeles California, EUA, y que Mayra, persona que anduvo acompañando al Güero Medrano, ya tiene aproximadamente 45 días que no va a su casa y que según sabe, vive por la colonia Azteca, municipio de Temixco”. 

“Mayra” era el nombre de guerrilla de María de los Ángeles Vences, la autora del libro “El Caliche”, del que hablamos en la columna del 6 de abril pasado, esposa de Félix Basilio Guadarrama, lugarteniente de Florencio Medrano.

En ese libro narra cómo anduvo sirviendo al Partido Proletario Unido del Pueblo que encabezaba Florencio Medrano, hasta que éste la convenció de que se retirara del movimiento y regresara a Morelos.

Ella me platicó que cuando regresó de Oaxaca se escondió un tiempo con una cuñada, en Toluca, después en Tlaxcala con una tía hasta que finalmente decidió regresar a Temixco, donde trabajaba de sirvienta en una casa.

Y sí, tal como lo dice la tarjeta informativa del comandante Sosa, la DFS andaba rondando la colonia Rubén Jaramillo en busca de familiares o simpatizantes de Florencio Medrano. Avisada por familiares de “el Güero” que la andaban buscando, Mayra exclamó: “De una vez que me cargue la chingada, ya estoy harta de esconderme”.

La primera cita con la brigada blanca fue en Temixco. La interrogaron y le dijeron que querían hacer las cosas por las buenas. “Yo les dije que me había retirado del PPUA cuando cayó Félix y eso fue en una comunidad de Veracruz, que al güero esa fue la última vez que lo vi”, recuerda.

Pero como cayó en contradicciones con lo que habían declarado familiares del líder guerrillero, “a la siguiente cita la brigada blanca me subieron a un carro, en el asiento de atrás con un judicial a cada lado, me vendaron los ojos, me anduvieron paseando y ellos fumando marihuana, me hicieron otra vez preguntas y cuando no les contestaba lo que querían me golpeaban en el estómago, me jalaban el pelo, me pateaban y amenazaban con ir a la casa por mi hijo para aventarlo al río de la Lana y a ver si así me acordaba”.

Al no obtener datos sobre el paradero de Florencio la dejaron ir, pero la siguieron acosando durante meses. “Cuando mis patrones veían que me llegaban a buscar hombres armados pues se asustaban y me corrían del trabajo”, agrega.

En marzo de 1979 Mayra recibió la última visita del comandante Gabriel Sosa en su centro de trabajo, en Las Palmas. “Ahora sí, muerto el perro se acabó la rabia”, le dijo con una sonrisa burlona el policía.

Florencio Medrano había muerto en una emboscada en la comunidad de Yolox, cerca de Guelatao, Oaxaca.

Como se menciona al principio de la presente columna, la DFS se declaró desaparecida en 1983 para dar paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En diciembre de 2003 se giró una orden de aprehensión en contra de Miguel Nazar Haro y en febrero de 2004 fue detenido e ingresado al penal de Topo Chico, en Nuevo León.

Más tarde, fue trasladado al Distrito Federal ya que por tratarse de una persona mayor de 70 años existe el beneficio de la prisión domiciliaria. En junio de 2005 fue imputado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado como presunto responsable de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones en noviembre de 1974. En septiembre de 2006, fue absuelto.

Falleció a la edad de 87 años el 26 de enero de 2012 por enfermedad, llevándose a la tumba los secretos de varios presidentes de la República.

HASTA MAÑANA. 

 

 

Lunes, 01 Junio 2020 05:24

Carmen, la idealista

En mayo de 1992 la lectora de noticias Carmen Aristegui concedía una entrevista al periodista (morelense por adopción) Luis Herrera Contreras. La incipiente comunicadora tenía 28 años y, aunque ya conducía uno de los noticiarios de Imevisión, no tenía idea de que dos décadas después se convertiría en un ícono del periodismo mexicano.

Cuenta Luis –amigo de quien esto escribe hace 30 años- que fue relativamente fácil lograr una entrevista con la conductora de noticias que irradiaba frescura y ganaba adeptos al por mayor. “Pasadas las aduanas respectivas hasta el foro donde laboraba Carmen, en mi calidad de director general de la revista morelense “Servidores Públicos”, pedí hablar con ella y, sin mayor preámbulo, de la forma más sencilla, pidiendo sólo unos minutos para maquillarse, accedió a contestar mis preguntas”, recuerda el hoy abogado.

Originaria de lo que se conocía como Distrito Federal, nacida en la colonia Álamos, crecida dentro de una familia tradicional de clase media, según sus propias palabras, sus estudios los llevó a cabo en escuelas públicas hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló como licenciada en ciencias de la comunicación.

Hoy sabemos que es hija de Áurea Flores García y de Helios Aristegui Sebastián. Su madre es descendiente de españoles y franceses; su padre llegó a México a los 7 años junto con su abuelo, José María Aristegui Laspiur y su familia, todos refugiados vascos de la Guerra Civil Española.

Le contó a Luis Herrera que se inició como asistente de producción en un programa que se llamaba Monitor Financiero conducido por Efrén Flores. Luego de desempeñarse ahí como guionista y reportera finalmente tuvo la oportunidad de salir “a cuadro” en la edición matutina de Canal 13, dando inicio así a una exitosa carrera.

“Recuerdo que me platicó que en un principio se había decidido por estudiar la carrera de sociología, pero sintió que por ese rumbo ´se iba a morir de hambre´, por lo que pensó que tendría más posibilidades en los medios de comunicación, donde observó un panorama más específico, principalmente en el campo de la investigación, añadiendo que, para ella, su trabajo cotidiano puede influir, puede informar, puede ayudar a la comunidad a crecer y mejorar, no importando que sea un país, un estado, un municipio, colonia; que realmente la dimensión no importa, lo trascendente es que se pueda influir, determinar, ayudar a la comunidad a crecer y mejorar; realizar un trabajo que no sirva nada más para alabar a los gobernantes o que no se busque nada más el requisito de hacer una nota, sino que, lo importante, está en influir positivamente en círculos sociales”, agrega.

Además de entrevistarla sobre su vida profesional, Luis Herrera le preguntó a Carmen Aristegui su opinión sobre la situación del país, en aquel momento gobernado por el poderosísimo PRI con Carlos Salinas de Gortari al frente, y sobre la posibilidad de que alguna vez pudiera existir una verdadera democracia en México.

“La democracia es un ideal, pero como buena romántica pienso que sí, que algún día México alcanzará el calificativo de país democrático”, le contestó. Con un ligero apretón de manos y una sonrisa dieron por concluida la entrevista.

Ninguno de los dos (entrevistada y entrevistador), se imaginaban lo que ocurriría 20 años después: que Carmen se convertiría no sólo en la cronista de los hechos políticos más importantes de México, sino en protagonista de éstos.

Basada en un periodismo de investigación y de denuncia, Carmen Aristegui se convirtió en un ícono de la oposición a la llamada “mafia del poder”. Con la ayuda de otro morelense por adopción, Daniel Lizárraga, los noticiarios de Aristegui propinaron los más duros golpes al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La llegaron a considerar tan peligrosa para el gobierno priísta que negociaron su salida de la estación de radio donde transmitía, y le encargaron a otro periodista, Marco Levario Turcot, que hiciera un libro para desacreditarla. “El Periodismo de Ficción de Carmen Aristegui”, se titula el libro que existe, pero dudo que alguien lo haya comprado.

Sin proponérselo, Carmen Aristegui se convirtió en la principal vocera del eterno aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en una alianza involuntaria contra la corrupción del “prianismo”.

Los que la seguimos desde siempre nos preguntábamos: ¿Y qué va a pasar si un día López Obrador llega a la presidencia? ¿Se convertirá Carmen Aristegui en el Jacobo Zabludovski o el López Dóriga del nuevo gobierno?

Pues ese día llegó, y un día amanecimos con el mundo al revés. Sí, con el eterno crítico convertido en gobernante y los que alguna vez tuvieron el poder, hoy convertidos en la oposición más recalcitrante que no perdona ningún error.

¿Y dónde está Carmen Aristegui y sus profundas investigaciones? Preguntaban socarronamente los opositores cuando comenzaron a salir a la luz pública escándalos como las casas de Manuel Bartlett y los negocios de su hijo.

Y tenían razón. Hoy Carmen se encuentra en el mismo dilema que se están muchos periodistas y medios de comunicación en México. ¿Qué hacer cuando “los buenos” llegan al poder y “los malos” ya se fueron? ¿Qué papel debe asumir –por ejemplo- La Jornada?

Se vienen tiempos difíciles para el periodismo en México ante las nuevas circunstancias políticas. Ya lo vimos con la revista Proceso, que mientras le publicó lo que le convenía a AMLO era una extraordinaria revista, pero en cuanto lo comenzó a criticar dejó de serlo.

Y es que no solamente es la declaración del presidente, sino que sus reproches vienen acompañados de las hordas de “trolls” en redes sociales que linchan a quien se atreve a criticar a su Mesías.

A Carmen ya le tocó. Apenas comenzó a darle voz a quienes han sido atacados por la cuarta transformación, y de inmediato fue atacada por “la chairiza”, que no la baja de traidora.

Hoy mismo el presidente se encuentra en medio de un conflicto entre Carmen Aristegui y la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. Y se avecina otro pleito entre Lidia Cacho y Epigmenio Ibarra, después de que la primera dijo que el director de Argos no es periodista, sino empresario.

Esto, a unos días de que se celebre el Día de la Libertad de Expresión, que los gobiernos priístas inventaron para que los periodistas le dieran las gracias al gobernante en turno.

HASTA MAÑANA.

 

 

Viernes, 29 Mayo 2020 07:10

Las cifras que no cuadran

¿Se acuerdan que nunca se pudo determinar el número exacto de víctimas mortales por el sismo del 19 de septiembre de 1985? Pues la historia se repetirá en el caso de la epidemia del coronavirus SARS-COV-2.

Esto se debe a que existen tres diferentes vías por las que el gobierno recaba el número de personas que fallecen por covid:

  • Los que fallecen en un hospital después de que se les ha realizado la prueba de laboratorio y que el resultado es positivo. En el acta de defunción que firma el médico tratante así lo deja asentado y se reporta de inmediato a las autoridades estatales y éstas al gobierno federal.
  • Los que fallecen en un hospital con todos los síntomas del covid pero sin tener el resultado de los análisis de laboratorio. El acta de defunción dirá “posible Covid” pero no se reporta como tal hasta tener el resultado del laboratorio.
  • Los que ya no llegan al hospital, mueren en su casa, en el taxi o en la entrada de un nosocomio. Fallece antes de que se le realice la prueba de covid, y como no se le puede realizar una necropsia, el médico legista sólo anota en su acta de defunción “posible Covid”.

Es por eso que tenemos algunos días en los que se nos reporta (a las 4 de la tarde en la conferencia de los servicios estatales de Salud y a las siete de la noche a nivel nacional), una cifra de tres o cuatro fallecidos y luego hasta 30 en un solo día en Morelos o hasta 501 a nivel nacional.

Lo anterior, según ha explicado el subsecretario Hugo López Gatell, no significa que en un solo día se hayan muerto 501 personas, sino que en ese día, aparte de los que sí fallecieron en esa fecha, llegaron los resultados de laboratorio de los que estaban pendientes de definir la causa de muerte.

Pero hay otros que fallecieron por covid, pero que por alguna razón no quedó asentado en el acta de defunción. Ahí entran los médicos que se prestaron a no poner esa causa de muerte porque así se lo solicitaron los familiares por temor al rechazo social, o bien que en el Registro Civil se lo modificaron.

Recuérdese el caso publicado por Televisa en el que empleados o gestores de una alcaldía de la ciudad de México, fueron detenidos por vender actas de defunción “a la carta”, es decir, como el cliente las quisiera.

Y no descartamos aquellos casos (pocos pero seguramente habrá) de pacientes que fallecieron por una negligencia médica, y que la salida fácil fue ponerle como causa de muerte el famoso virus, con lo que se agiliza la cremación o inhumación y se evita cualquier investigación sobre el asunto.

Eso es por cuanto a las víctimas mortales, ahora imaginemos los casos de personas contagiadas pero que no mueren. Es prácticamente imposible saberlo, sobre todo por los “asintomáticos” y los que tuvieron síntomas pero que nunca les hicieron las pruebas de laboratorio.

Con esto no queremos decir que –como lo sugirió Javier Alatorre- ya no le hagamos caso a Hugo López Gatell. Lo que debemos asumir es que no se trata de cifras exactas, sino de números aproximados que revelan el comportamiento de la pandemia pero no con la exactitud que se quisiera.

También no debemos perder de vista que las autoridades tanto federales como estatales se encuentran en un dilema: si dan las cifras aumentadas se corre el riesgo de que los tachen de ineficientes y que se cree un ambiente de pánico en la sociedad, pero si se dan declaraciones “alegres” la gente no tendrá miedo y seguirá sin respetar las indicaciones.

En Morelos resultó contraproducente difundir que “vamos un paso adelante” pues la gente se confió y no se resguardó. Incluso se criticó al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, cuando refirió que el 40 por ciento de la colonia Antonio Barona estaba infectada. Pero ni así se resguardaron.

Lo cierto es que la población está recibiendo “mensajes encontrados” cuando escucha –por ejemplo- a la doctora Brenda Valderrama decir que la situación es alarmante y puede empeorar, y luego tenemos a la doctora Elsa Veites (enviada del presidente), a decirnos que “podemos dormir tranquilos”, que la epidemia está controlada.

Es innegable que cuando faltan tres días para que concluya la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, México enfrenta el momento de mayor transmisión de la enfermedad.

Los cálculos gubernamentales sobre el desarrollo de la enfermedad fallaron. La expectativa de reactivar la economía, reiniciar clases y reanudar giras presidenciales en junio se topa con la realidad y la contundencia de los datos que el subsecretario Hugo López-Gatell da a conocer cada día a las 19:00 horas.

La cúspide de la curva no ocurrió entre el 6 y el 8 de mayo, como anunció el doctor Hugo López-Gatell el 21 de abril pasado, el día que anunció el inicio de la Fase 3, cuando aún se vislumbraba que el 18 de mayo algunos municipios regresarían a la normalidad y el 1 de junio todo el país iniciaría el regreso paulatino a las actividades.

El propio subsecretario ha bajado las expectativas, reservándose incluso la lista definitiva de los “municipios de la esperanza”, para no provocar retornos en falso a las actividades cotidianas.

En cuanto a la educación, muy lejos quedaron las palabras del secretario Esteban Moctezuma, que el mismo 21 de abril afirmó que el regreso a clases sería el 1 de junio.

Dos semanas después, el 13 de mayo, el funcionario reculó y aseguró que el regreso a las aulas se dará de manera escalonada, estado por estado y municipio por municipio, cuando las condiciones sanitarias indiquen que es seguro para los millones de alumnos.

Lo peor es que las medidas de confinamiento están causando estragos en la economía y en los planes de una administración federal con apenas año y medio en el poder. Se sabe que, en todo el mundo, esta crisis causará más desempleo y marginación, y que es falso eso de que el covid-19 es una enfermedad que afecta “a todos por igual”. Hoy, ya se puede prever que, como siempre, serán los más pobres los más afectados por la pandemia.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 28 Mayo 2020 05:26

El Penal en tiempos de Bernardo Rocha

Ahora que el Penal de Atlacholoaya está constantemente en los medios de comunicación por las atrocidades que ocurren en su interior (decapitados, quemados, torturados, fugados, enfermos), vale la pena recordar que no siempre fue así, y que hubo una época en la que prácticamente era una cárcel de ensueño, donde las personas privadas de su libertad tenían acceso a la enseñanza superior, al deporte y a la cultura.

Ocurrió en el 2002, cuando era gobernador Sergio Estrada Cajigal, un empresario que nunca antes había tenido cargos públicos hasta que llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca y de ahí a la gubernatura, en la famosa “ola azul” de Vicente Fox. Conformó su gabinete con personas igual de inexpertas, pero en algunos casos “le atinó”.

Puso en la Subsecretaría de Readaptación Social a un abogado civilista, Bernardo Rocha Reyes, doctor en Derecho, cristiano y deportista hasta la fecha, quien se hizo cargo del recién estrenado Penal de Atlacholoaya que sustituyó a la vieja Penitenciaría de Atlacomulco.

Don Bernardo es una persona mayor de esas que le encuentran lo positivo a todo y que le rehúyen a los rencores y a la violencia. Por su formación cristiana tiene la idea de que el reo (término que se utilizó durante mucho tiempo antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal) es una persona que está purgando una condena por un delito que cometió, pero que merece una segunda oportunidad porque es un ser humano.

Gracias a don Bernardo este reportero (aunque se escuche mal) “pasó por todas las cárceles del estado de Morelos” y nos tocó escuchar infinidad de testimonios que muestran la bondad de aquel servidor público excepcional.

Sólo por citar algunos, recordamos el caso de Roberto Enciso Gutiérrez, quien lo abordó en una de sus constantes visitas al Penal de Atlacholoaya y le planteó su problema:

“Tengo un hijo de 12 años que sufre de síndrome nefrótico. Necesita un trasplante de riñón pero hay una lista de 400 personas en espera de un donante. Ayúdeme a salir, yo ya reúno todos los requisitos para un beneficio de preliberación, pero ya sabe usted cómo es esto de tardado”, le explicó.

El subsecretario agilizó todos los trámites y el 11 de julio del 2002 Roberto Enciso abandonó la cárcel y llegar justo a tiempo para que le trasplantaran a su hijo el órgano que necesitaba para seguir viviendo.

Cada vez que entraba a los centros de reclusión resolvía ahí mismo problemas que le planteaban. A un interno no lo podían operar de su brazo porque no había clavos quirúrgicos que costaban 800 pesos. Abrió su billetera y entregó cuatro billetes de a 200 pesos.

Vio que en una celda había un “viejito” al que le llevaban de comer. ¿Por qué no sale él al comedor como todos los demás? –preguntó.

-Es que fíjese licenciado que el cerrojo de esa celda se descompuso hace una semana, y es el tiempo que lleva ese hombre sin bañarse ni salir a ningún lado porque arreglarlo cuesta 600 pesos- le contestó el jefe de custodios.

Volvió a sacar su cartera y tomó otros tres billetes de a 200 pesos para que aquel interno dejara de estar encerrado.

Recuerda el abogado que desde que asumió el cargo se dio cuenta que era posible readaptar a quienes purgaban una condena por haber cometido delitos, sólo hacía falta creer en ello y trabajar todos los días para lograrlo.

Y llegó a la conclusión de que una de las mejores formas de lograr la readaptación social era el estudio, así que buscó de inmediato el convenio con la UAEM y él mismo se puso a dar clases a un grupo de 30 alumnos.

La otra forma de readaptar fue el deporte, por lo que mandó instalar una pista de atletismo con material que le donaron amigos suyos y la mano de obra de los emocionados internos. Adicionalmente, llevó obras de teatro, ópera y todo tipo de manifestaciones culturales. Elaboró una gaceta que se repartía en todos los centros penitenciarios.

El funcionario comenzó una verdadera “cruzada” a favor de la población senecta. Ordenó que se agilizaran todos los trámites necesarios para cumplir con el beneficio que la ley le concede a los mayores de 70 años. Decenas de ancianitos obtuvieron su libertad que habían estado pidiendo durante años sin que nadie los escuchara.

Pero no todos estaban conformes con que los “delincuentes” tuvieran tantas comodidades. Como siempre, hay un sector de la sociedad que considera que quienes han sido declarados culpables de un delito deben ser sometidos a trabajos forzados para que paguen su manutención. Ven a los reos como una carga innecesaria para el Estado y pugnan porque se gaste lo menos posible en ellos.

Fueron esos sectores los que se escandalizaron al saber que en el recién abierto Centro Estatal de Readaptación Social, aprovechando que sobraba espacio, se había habilitado un área para convertirla en un baño sauna donde diariamente unos 30 reos disfrutaban del vapor. En honor a la verdad, ese baño sauna lo había instalado su antecesor, el también abogado Antonio Aragón Zamora, para un programa denominado “Ave Fénix”.

Pero la gota que derramó el vaso fue una nota publicada en la sección de Sociales de El Sol de Cuernavaca, cuyo director era Arturo Bárcena, íntimo amigo de Rocha Reyes.

“Aleluya, de Mozart; Anzus de Bizet, Vals del Beso, entre muchas otras fueron las melodías interpretadas por el grupo Ad Libitum, integrado por María Teresa González (soprano), Felipe Martínez Silva (tenor) y Alfonso Rodríguez (pianista), destacados concertistas en el ámbito nacional”, decía la reseña firmada por el reportero David Alanís.

Lo anterior no habría tenido nada de extraordinario si no se hubiera mencionado que tal evento artístico no fue para el exquisito público de Cuernavaca sino para los internos del Penal de Atlacholoaya.

Y lo que son las cosas, fue otro extraordinario ser humano (que falleció posteriormente víctima de cáncer), Jesús Giles Sánchez, quien en 2004 al asumir el cargo de secretario de Gobierno le pidió la renuncia al doctor Bernardo Rocha Reyes. En aquel tiempo el área de Readaptación Social dependía de la secretaría de Gobierno, y con la salida del polémico Eduardo Becerra Pérez se fue todo su equipo, incluyendo el carismático subsecretario que se daba el lujo de entrar a las cárceles sin escoltas y ser recibido con ovaciones como si fuera un artista.

HASTA MAÑANA.

 

 

Miércoles, 27 Mayo 2020 05:12

¿Y dónde está el coordinador?

La información sobre lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios de Morelos con motivo de la pandevia por el coronavirus está fluyendo “a cuentagotas” y hasta que ya no pueden ocultar la información. Fue hasta que se publicó en diversos medios de comunicación que la Comisión Estatal de Seguridad Pública tuvo que admitir que existen internos contagiados y que una custodia falleció al parecer por covid-19.

Primero fue el director general del Sistema Penitenciario, Giberto Barba Ocampo, quien el jueves 21 de mayo acudió a la conferencia de prensa que diariamente ofrecen los servicios de salud, para dar cuenta sobre el estado que guardan los centros de reclusión en relación con la pandemia, pero no dijo prácticamente nada.

Fue hasta el otro día cuando se dio una información más completa pero no por parte del Sistema Penitenciario, sino de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en voz del “brazo derecho” del titular, el capitán Mario Vargas Santomé.

¿Y el responsable directo del sistema penitenciario en Morelos por qué no dio la cara? Varias fuentes del gobierno estatal aseguran que se reportó con síntomas de covid, por lo que se fue a guardar cuarentena a Veracruz.

El gobierno no niega ni confirma tal información. Este columnista solicitó un informe completo a través del Whatsapp oficial sobre el número de infectados tanto de PPLs, personal de custodia, administrativos y también personal directivo, pero Barba Ocampo sólo se refirió a internos, indicando que hasta ese día había 15 personas con problemas respiratorios en la cárcel de Cuautla y tres en la cárcel femenil de Atlacholoaya.

Al otro día, Vargas Santomé tuvo que reconocer la muerte de un interno y una mujer del área de seguridad y custodia, aclarando que ella murió en su casa, no en servicio, como si eso fuera una excluyente.

El funcionario de la CES habló nuevamente de 18 infectados, pero nada dijo –y tampoco hubo oportunidad de preguntárselo- sobre el rumor de que Jorge Israel Ponce de León Borquez, al igual que la directora del Penal de Atlacholoaya, Lluvia Oregón Bartolo, dieron positivo a covid 19.

Como sea, el hecho es que las dos veces que el Penal de Atlacholoaya está en crisis, el titular del área no está presente y tiene que acudir a suplirlo un subordinado o un superior. 

En esta ocasión, personal operativo y administrativo, familiares de personas privadas de libertad y los propios internos denuncian la incapacidad de la autoridad penitenciaria por aminorar el impacto del virus SARS-CoV-2 en los centros penitenciarios.

Y es entendible que esto ocurra, pues si acá afuera es difícil contrarrestar los efectos de la pandemia, mucho más en los centros de reclusión donde –como lo hemos venido denunciando- carecen hasta de Paracetamol, ya no se diga medicinas para atender enfermedades graves.

¿Cómo vas a “aislar” a los sospechosos de tener covid cuando tienes el doble de población permitida? Si estar enfermo de ese virus dicen que es terrible en condiciones normales, imagínese usted padecerlo dentro de un centro de reclusión. Es algo que no se le desea a nadie.

Los casos que han salido a la luz pública son terroríficos. En el Dormitorio 1 (de Atlacholoaya) hay gente de la tercera edad: están graves “sólo queremos medicamentos” dice una persona privada de la libertad.

“Eso no es solo ahí, en el cereso de Cuautla es lo mismo ya murió un interno ya van 4 personas que sacan al hospital y 5 custodios que están afuera por enfermedad y la visita no la han cancelado”, refiere una mujer, familiar de un interno.

Efectivamente, la visita no la han cancelado como sí lo han hecho en otras cárceles de otras entidades. Actualmente, según lo mencionaba Barba Ocampo, sólo pueden entrar dos familiares por interno, siempre y cuando no sean niños ni ancianos.

Hay gente que considera que la visita debe prohibirse al cien por ciento, pero ¿se imagina cómo se van a poner los internos sin visita?

El caso de la custodia Silvia fue dramático porque ella fue narrando todo a través de su cuenta de Facebook, hasta que ya no pudo escribir nada porque murió.

“Nada el día lunes me enferme de fiebre y tos hable al 911 y me dijeron que me mantuviera aislada y tomara paracetamol y así lo hice”, posteó la mujer custodia de 54 años de edad, con 20 años de servicio en el sistema penitenciario.

“… el día de ayer me tocó cita mensual porque soy diabética y aún sigo con tos y fiebre y no me quisieron pasar a consulta que por órdenes superiores sólo recetas”, escribió una semana antes.

El caso de Isidro “N” también pasará a la historia como un caso no solamente de salud, sino de negligencia gubernamental.

El abogado Ricardo Sánchez Bautista refirió que una semana antes, la persona privada de la libertad presentó síntomas de gripe y dificultades para respirar. En ese tiempo no recibió atención alguna en el centro penitenciario.

Debido a que no lo atendían, la familia de Isidro R. S. solicitó una audiencia de auxilio judicial para que una juez de ejecución conociera el caso y ordenara su traslado ante el riesgo por su estado de salud. La juez Yaredy Montes Rivera ordenó el traslado a un hospital privado de Isidro porque así lo pidieron sus familiares, ya que ellos sufragarían todos los gastos para que él recibiera una asistencia médica digna.

Fue hasta que la juez lo ordenó que el interno fue trasladado a un hospital, pero no al que sus familiares querían, sino al José G. Parres.

Finalmente el hombre falleció y en su acta de defunción quedó asentado que fue por covid 19. ¿Cuántos casos similares estarán ocurriendo sin que nadie sepa nada?

Por cierto, ya que hablamos del sistema penitenciario, nos confirman que hay nueva titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, es la Lic. Ania Dafne Ortíz Esparza, cuyos únicos méritos son dos: es veracruzana y se apellida Ortíz.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Martes, 26 Mayo 2020 05:39

Justicia para Luca Yoel

En estos días Morelos será nota nacional, y no por la letalidad del coronavirus o por la inacabable disputa entre grupos de la delincuencia organizada, sino por el caso de un menor al que se le ha negado uno de sus principales derechos humanos contemplados tanto en la constitución federal como en los tratados internacionales: el de la identidad.

Ésta es la historia:

Sofía y Yaneli son morelenses, contrajeron matrimonio en Cuernavaca en el año 2017 mientras que en julio de 2019 nació su hijo Luca Yoel. El embarazo de una de ellas se logró tras recurrir a los servicios de una clínica de fertilidad y a un donante de esperma.

A la fecha el menor no cuenta con acta de nacimiento debido a que en el Registro Civil de Cuernavaca se han negado a registrarlo como hijo de dos madres. La petición del matrimonio es que el nombre de su hijo lleve los apellidos de ellas, como debe ocurrir dado que se encuentran casadas o ¿por qué una mujer casada habría de hacer un registro de madre soltera?

La falta de acta ha derivado en una serie de complicaciones y falta de acceso a otros derechos del menor, como la seguridad social, por mencionar uno.

Cabe recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza la derechohabiencia sin acta de nacimiento únicamente por 30 días posteriores al nacimiento, de manera que desde agosto de 2019 el niño perdió el derecho a la atención médica y si le han sido aplicadas algunas vacunas es porque sus madres invierten tiempo en la fila de no derechohabientes, situación que ha derivado en que el bebé no cuente con su esquema de vacunación completo, pues se prioriza a quienes cuentan con seguro, ni tenga el seguimiento de niño sano, política pública impulsada por el IMSS para garantizar la salud de niños y niñas al inicio de su vida.

La falta de acta de nacimiento del menor ha traído como otra consecuencia que su madre gestante haya debido dejar de trabajar de manera formal para poder hacerse cargo todo el tiempo del niño, ante la imposibilidad de poder ser inscrito en una guardería.

La inexistencia de un acta de nacimiento para el menor ha generado que su madre no gestante, no pueda acreditar su parentezco con el niño y por lo tanto no pueda acceder a la gratuidad de la fórmula de lactancia, beneficio que la empresa otorga a las madres y padres que laboran ahí.

Pese a que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es legal en el estado de Morelos desde 2016, hace falta una armonización legislativa que no deje lugar a interpretaciones para reconocer el vínculo legal que las parejas tienen y que a su vez eventualmente buscarán establecer para con sus hijos.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia en un caso similar de una pareja de mujeres en Aguascalientes, en la cual se estableció que “(…) si el menor de edad nace de una madre con orientación lésbica, pero procreado de una relación sexual natural con un tercero, deberá bastar la manifestación de voluntad de la pareja de la madre en reconocerlo y ejercer la comaternidad; pues ante la falta de vínculos genéticos, la voluntad parental para ejercer los deberes de crianza en el seno de una familia lesbomaternal, debe ser elemento determinante para establecer la filiación de los hijos, con absoluta prescindencia del género o la orientación sexual de la pareja y de la existencia de vínculo genético, por ser ello lo más acorde al interés superior del menor”. (Tesis: 1a. LXVIII/2019 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020482 5 de 15 Primera Sala Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h Tesis Aislada Constitucional. Amparo en revisión 852/2017).

Las madres han recurrido a la justicia federal para que sea mediante orden judicial que se registre al niño y la audiencia constitucional se celebró el pasado 6 de febrero.

Desgraciadamente la pandemia del covid-19 ha obligado a las instituciones a parar sus labores. Ayer se difundió el último comunicado del Consejo de la Judicatura Federal en el que avisa que se reanudarán las actividades hasta el 15 de junio próximo, así que no hay para cuando se resuelva este amparo.

En su informe rendido ante el Juzgado de Distrito como ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mauricio Rogelio Maldonado Bautista, sostiene que en la legislación vigente “no existe la posibilidad de registrar hijos de familia homoparentales, motivo por el cual esta oficialía del Registro Civil se ve impedida para llevar a cabo el acto administrativo de que ahora las quejosas se duelen”.

“Haciendo la aclaración que las quejosas no son habitantes de Cuernavaca, como de constancias se podrá advertir, teniendo la opción de verificar si en el municipio de Jiutepec, Morelos, pueden registrar al menor de nombre Luca”, agrega el documento.

En este asunto ha tenido mucha participación la directora de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno, Violeta Fabiola Sánchez Luna, quien el 8 de abril envió un oficio a la directora del Registro Civil en el estado, Vanessa Guadalupe Cornejo de Ita, a fin de solicitar “un acuerdo que permita registrar cuanto antes a un menor de 9 meses al que el Estado ha discriminado por haber nacido en el seno de un matrimonio constituido por dos mujeres”.

Desconocemos la respuesta de la funcionaria estatal en este asunto que bien pudiera ser tomado como bandera por los grupos de defensa del sector lésbico-gay a nivel nacional pues seguramente hay muchos matrimonios igualitarios que están pasando por la misma situación o están pensando recurrir también a la maternidad “in vitro”.

Y es entonces cuando uno se pregunta para qué sirven los diputados si no pueden hacer las reformas legales necesarias para resolver éste y tantos otros problemas que la nueva realidad de nuestra sociedad está exigiendo.

Las madres de Luca Yoel deben estar orgullosas de “abrir brecha”, y que en lugar de conformarse con lo que establece la ley (registrarlo como si fuera madre soltera), exigir que la autoridad se pronuncie al respecto y siente un precedente para futuros casos similares.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 25 Mayo 2020 05:25

Masacre en Xochicalco

Como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, los que alguna vez fueron considerados delincuentes con el paso de los años son reconocidos como héroes. Fue el caso de Rubén Jaramillo Ménez, asesinado por el Ejército un 23 de mayo de 1962 en Xochicalco, acusado de diversos delitos, y cuyo nombre quedó inscrito con letras doradas en el Congreso Local de Morelos en 2016.

“El tristemente célebre rebelde Rubén M. Jaramillo, señalado como presunto responsable de los delitos de posesión y tráfico de drogas y despojo de tierras, fue muerto ayer a balazos en las ruinas de Xochicalco, de esta entidad, cuando pretendía huir de los miembros de la Policía Judicial Militar que lo escoltaban para ponerlo a disposición de las autoridades competentes”, anunciaba la nota de El Universal en su edición del 25 de mayo de 1962.

Por instrucciones del gobierno federal, Rubén Jaramillo recibía trato de delincuente en ese periódico que era el consentido de los presidentes, y los captores eran los héroes.

Faltaría espacio para contar quién fue Rubén Jaramillo, por lo que sólo apuntaremos que en 1921 organizó el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación de tierras ofrecida por Obregón y el gobernador José G. Parrés. En 1926 constituyó la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlaquiltenango e inició la lucha en contra de los acaparadores e industrializadores de arroz, pero los caciques lograron infiltrar a su gente y desbarataron la sociedad. En 1933, en la convención del Partido Nacional Revolucionario efectuada en Querétaro, Jaramillo apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en donde le proponía la instalación de un ingenio en Jojutla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar caña, asimismo, le solicitó agua y electricidad para Puente de Ixtla. En 1936, Cárdenas comenzó la construcción del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec,  y en 1938 inició su operación administrado por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo Consejo de Administración Jaramillo fue el primer presidente.

Pero en 1962 ya era una “piedra en el zapato” de los gobiernos tanto federal como estatal. Así que la Policía Judicial Militar recibió la orden de detenerlo, por lo que un pelotón llegó hasta su casa en Tlaquiltenango, de donde fue sacado junto con su esposa (embarazada) y dos de sus hijos. Todos ellos fueron masacrados en las inmediaciones de las ruinas arqueológicas de Xochicalco, y la versión oficial fue que “había intentado huir y utilizó a su familia como parapeto”.

Lo que muy pocos saben es que hubo dos testigos de ese cobarde asesinato. Con la desclasificación del Archivo General de la Nación, salieron a la luz pública varias tarjetas informativas tanto de la Dirección Federal de Seguridad como del Ejército que hablan sobre lo ocurrido en Xochicalco ese 23 de mayo de 1962, es decir, hace 58 años exactamente.

“Severiano Analco, vigilante de las ruinas de Xochicalco, observó ayer como a las 18:00 horas la llegada de dos carros negros y un jeep a ese lugar y que cuando se dirigió a los visitantes para ver qué se les ofrecía, un elemento en mangas de camisa lo encañonó con una ametralladora ordenándole que se retirara del sitio (…). Severiano y su hijo Andrés no han sido localizados”, dice una tarjeta informativa de la DFS.

Un informe posterior de la DFS, éste del 25 de mayo de 1962, detalla la suerte de los dos hombres en esos días: “Severiano y Andrés Analco, testigos presenciales de la muerte de Jaramillo, se encuentran detenidos e incomunicados en las oficinas de la Policía Judicial del estado”.

En efecto, según los testimonios recabados con sobrevivientes de la familia Analco, el Ministerio Público y los policías judiciales venidos de Tetecala obligan a Severiano y a sus hijos Andrés y Rodrigo a levantar los cuerpos de Jaramillo y su familia y subirlos a una camioneta, según un reportaje de Zósimo Camacho publicado en la revista Contralínea.

Una vez concluida la tarea y, sin esperarlo, son obligados a subirse a la camioneta. El único que puede evadirse es Rodrigo, a quien dejan ir porque suplicó que le permitieran ir a atender a su mujer que estaba a punto de parir.

El vigilante de las ruinas y su hijo fueron liberados días más tarde bajo la condición de no contar jamás lo que habían visto.

En el expediente –entregado a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– se citan las palabras del teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal: “Solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la república”.

Además, según el capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe del Servicio de Seguridad Pública de Morelos, en declaraciones recogidas en una tarjeta informativa por agentes de la DFS, señala que “los responsables fueron elementos de la Policía Militar, que realizaron el hecho acatando órdenes superiores”.

Esa información habla también de que, tras el asesinato, hubo “pánico” en los elementos de la Policía Judicial Estatal que apoyaron en ese operativo pues temían que los seguidores de Jaramillo acudieran en bola a rescatar los cadáveres.

“Félix Vázquez Peña y los elementos pertenecientes a su grupo de la Judicial del estado abandonaron Tetecala sin conocerse su paradero, ya que no se han reportado a sus jefes”, dice otro documento desclasificado.

El Ejército Mexicano nunca ha reconocido su participación en el asesinato de Rubén Jaramillo. En respuesta a la solicitud de información 0000700082108 –presentada por Contralínea ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer la versión oficial del llamado “Operativo Xochicalco”–, el Comité de Información de la Sedena, presidido por el general de división diplomado del Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, responde que la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena “no localizó la información” solicitada, luego de haber “realizado una exhaustiva búsqueda”.

El 8 de junio de 2016, en una sencilla ceremonia, el nombre de Rubén Jaramillo Ménez quedó inscrito con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado de Morelos junto con Emiliano Zapata Salazar, el que fuera su general cuando Rubén ingresó al ejército revolucionario. "Se ha querido negar la aportación que Rubén Jaramillo ha tenido para este estado y para el país (…) pero representa el eslabón más importante a nivel nacional entre el zapatismo histórico y el movimiento campesino contemporáneo”, dijo la diputada Hortencia Figueroa Peralta, principal impulsora de esta acción, hija de don Agustín Figueroa Ayala, ex líder de la Unión Popular Cañera en el ingenio que fundó Rubén Jaramillo.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

Viernes, 22 Mayo 2020 02:33

Se acabó el negocio

Una nota del portal motorpasión.com.mx da cuenta de que los capitalinos ya no podrán evadir el pago de la tenencia vehicular emplacando en el estado de Morelos, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en funcionamiento un sistema (obviamente con sus respectivas modificaciones legales) para que los automotores salgan de las agencias ya con sus placas de la CDMX y no haya forma de evadir ese pago.

El portal explica que las primeras pruebas del sistema ya se llevaron a cabo con algunas agencias de Ford y Nissan, en donde el proceso fue exitoso.

Esta nueva forma de emplacar los autos tendrá tres etapas para su aplicación, en primera instancia funcionará sólo para los automóviles comunes, la segunda etapa incluirá a los eléctricos e híbridos —que conservarán el beneficio de no pagar tenencia sin importar su costo—, y la tercera etapa involucrará a las motocicletas tanto a gasolina como las eléctricas.

La SEMOVI aclara que si el cliente prefiere hacer el emplacado por su cuenta lo podrá hacer, pero no podrá recoger su auto de la agencia si no presenta primero las placas correspondientes y registradas en la CDMX, si presenta placas de otro estado por disposición legal no podrá llevarse su auto.

Recordemos que durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu desapareció la tenencia como tal, aunque se conservó un pago de “derechos”. Pero el verdadero negocio estaba en la venta de placas a usuarios de la Ciudad de México.

¿Cuántos trámites se generaban al día y a cuanto ascendían las ganancias? Nunca lo sabremos, pero baste mencionar que hubo necesidad de rentar un edificio que ocupaba una agencia automotriz en la avenida Vicente Guerrero frente a conocida universidad particular.

Ahí, diariamente llegaban decenas de documentos (copias de la factura, copia de la credencial de elector, copia de la póliza del Seguro, etc.), a las que solamente se le agregaba una copia de un recibo de luz o agua con domicilio del estado de Morelos y se llevaban los paquetes a la Secretaría de Movilidad y Transportes, en ese tiempo ubicada en la Plaza Novum de Jiutepec.

Por la tarde salía un vehículo con rumbo a la ciudad de México llevando decenas de juegos de placas con el logotipo del gobierno de Graco Ramírez para ser distribuidas en todas las agencias automotrices de la ciudad capital.

Hubo un tiempo en el que ocurría un extraño fenómeno: si comprabas un vehículo nuevo en CDMX te lo daban con permiso provisional para circular de Morelos, y si lo comprabas en Morelos te daban permiso para circular de Guerrero. 

Sabemos que desde siempre han existido los gestores (despectivamente llamados “coyotes”) que se dedican a ahorrarle tiempo a los usuarios, y es un trabajo lícito Sin embargo, había un grupo de jóvenes, amigos de Rodrigo Gayosso, que agarraban flotillas de vehículos de la ciudad de México para emplacarlos en Morelos.

Esas gestiones no las manejaba la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino directamente el hoy notario público Alberto Barona Lavín, desde su oficina de la Secretaría de Administración.

Fue él quien ordenó la contratación sin licitación de las empresas Werner Pegasus S. de R.L de C.V.; Grupo Industrial DLV S.A. de C.V.; y COFORMEX S.A. de C.V. por un software que nunca funcionó correctamente.

Se pagaron 25 millones 125 mil 600 pesos a Pegasus; 89 millones 233 mil pesos a DLV y 31 millones 552 mil a Coformex en un mismo paquete, ya que estas empresas firmaron a su vez un convenio de participación conjunta y designaron como representante común a José Luis Ortega Rivera.

Posteriormente, “por virtud de las necesidades del servicio, en lo relativo al rubro de la Movilidad y el Transporte, es imperioso realizar una ampliación de hasta un 20 por ciento”, dice el documento que justifica la ampliación a favor de la empresa Werner Pegasus.

En esa ocasión, ya sin licitación le fue pagado un total de 15 millones 75 mil pesos.

Volviendo al tema del reemplacamiento, insistimos en que no es una actividad ilícita, siempre y cuando se realice sin “moches”.

De hecho, durante la administración de Jorge Messeguer Guillén se anunció la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAV).

El acuerdo tenía como finalidad emplacar las unidades de los asociados, lo que permitiría una importante captación de recursos para el Gobierno del Estado. En el convenio firmado, además, se mencionaba que se les darían las facilidades a los nueve asociados de la organización para que pudieran emplacar sus unidades en el estado.

Se desconoce si dicho convenio se aplicó tras la salida de Jorge Messeguer Guillén de la Secretaría de Movilidad y Transportes tras un desacuerdo con el entonces gobernador Graco Ramírez. Más que con el mandatario, fue con su hijo Rodrigo Gayosso, quien desde entonces se apoderó de la dependencia para usarla con fines electorales a través de David Martínez y posteriormente con José Ascención Monter Sanjuan.

Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia, pero ya todos sabemos en qué terminó ese proyecto.

A cuatro años de distancia, sería importante reactivar ese convenio que firmó Messeguer con los arrendadores de vehículos que prometía atraer más de cinco mil reemplacamientos mensuales, ingresos que bien podrían servir al erario estatal.

HASTA EL LUNES.

 

 

Jueves, 21 Mayo 2020 06:01

Se fue la polémica Carmen Cuevas

El pasado 17 de mayo a las 12 de la noche dejó de ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia la polémica magistrada María del Carmen (Verónica) Cuevas López. Con ella se van las “leyendas urbanas” que se formaron en torno a ella y las opiniones a favor y en contra que fue recolectando a lo largo de los últimos cuatro años.

A Carmen la conocimos hace 20 años cuando acudía al Palacio de Justicia a exigir que la reinstalaran en su cargo, pues el Consejo de la Judicatura había determinado su “no ratificación” como juez civil, y a pesar de que había ganado un amparo, el máximo órgano administrativo del TSJ seguía interponiendo recursos para no cumplir la ejecutoria.

Seguramente durante ese peregrinar pidiendo su reinstalación, Carmen nunca se imaginó que 20 años más tarde estaría en el pináculo del Poder Judicial y le haría lo mismo a otros jueces (Javier Hernando Romero Ulloa, sólo por citar un caso).

Con el apoyo de varios diputados de los principales partidos representados en el Congreso, Carmen Cuevas no solamente logró su reinstalación como juez, sino que cinco años más tarde fue designada magistrada gracias al apoyo de su compañero de generación, Sergio Álvarez Mata. 

Así, Cuevas López fue “la cuña” que el PAN-Gobierno mandó al Poder Judicial para tratar de arrebatarle el poder a Ricardo Rosas Pérez (quien era apartidista, provenía de un grupo de magistrados conocidos como “Los Federales”).

A finales del 2008 comenzó a hacer su trabajo político en contra de Rosas Pérez. El magistrado presidente la quería lo más lejos posible y por eso la mandó –con el apoyo de su grupo- como magistrada visitadora.

El Salón de Plenos fue el escenario de un enfrentamiento verbal entre dos bandos: los que estaban con el presidente y los que abiertamente estaban en su contra. El tema a discutir era la situación de la magistrada Cuevas López, designada por el Congreso en lugar del magistrado Jesús Dávila Hernández pero que Rosas Pérez la mandó a ocupar una magistratura que no tiene derecho a voto.

Al final, Ricardo Rosas, Virginia Popoca González, Nadia Lara Chávez, Miguel Ángel Falcón, Rocío Bahena Ortíz y Ezequiel Honorato Valdez, votaron a favor de que Cuevas López continuara en la Visitaduría.

En contraparte, Andrés Hipólito Prieto, Valentín González García, Juan Manuel Díaz Popoca, Leticia Taboada Salgado y Ramón García Jácome, apoyaban la propuesta de que Cuevas se integrara al Pleno. Leticia Robles Santoyo prefirió abstenerse de votar.

Con lo anterior, Ricardo Rosas logró que Verónica Cuevas López (con quien mantenía un abierto conflicto) no se integrara al Pleno, pero no pudo impedir que su lugar fuera ocupado por el magistrado supernumerario Samuel Sotelo Salgado (hoy consejero jurídico del gobernador), quien también se caracterizó por criticar la administración de Ricardo Rosas.

Perseverante como siempre, Carmen Cuevas terminó ganando el amparo y logró su lugar en el Pleno, pero ahora ya figurando como líder de un grupo de magistrados.

El 16 de mayo de 2016, la mujer que en 1985 ingresó al TSJ como oficial judicial B, se convertía en la tercera presidente mujer en la historia del Poder Judicial del Estado de Morelos, aún en contra de los deseos del entonces gobernador Graco Ramírez.

Desde finales del 2015 se sabía de la intención del Poder Ejecutivo de imponer en el Poder Judicial al magistrado Jorge Gamboa Olea en una especie de “extensión del Mando Único”, pero fue en los últimos meses previos a la votación cuando se confirmó que “el candidato de Graco es Jorge Gamboa”, y que incluso ya había un acuerdo político entre PRI, PAN y PRD para que él sustituyera a la entonces presidenta Nadia Luz Lara Chávez.

Sin embargo, los magistrados conformaron un frente común de nueve integrantes para impedir la intromisión del Ejecutivo, y al final se sumaron dos magistrados más, para ganar holgadamente la presidencia en la sesión que se llevó a cabo un lunes en la tarde.

En los días previos a la votación, la magistrada Cuevas López fue acusada en redes sociales de haber dejado en libertad “a matataxistas y Guerreros Unidos”. Eso era típico en el gobierno de Graco Ramírez, utilizando información a la que sólo tenían acceso la Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

¿Qué calificación se le puede dar a la administración de María del Carmen (Verónica) Cuevas López? Como dice el refrán: “cada quien habla de la feria como le fue en ella”.

Hemos recibido testimonios de abogados litigantes que hablan de que “al fin hubo orden en los juzgados, ya que antes llegabas a las 9 y todavía encontrabas al personal con sus escritorios llenos de gorditas y hasta platos de pozole”.

También, opiniones de que se redujo la corrupción en los tribunales. Esa opinión seguramente no la comparten aquellas personas que perdieron sus juicios, pero lo que sí nos consta es que la fiscalización de los expedientes no tuvo precedentes.

Es de todos sabido que la presidenta hizo a un lado al magistrado visitador y trataba directamente con un grupo de jueces visitadoras (mujeres) que eran temidas porque llegaban a cualquier hora y en forma prepotente exigían ver hasta el último oficio en los juzgados donde les mandaba la presidenta.

De las cosas negativas que se dicen de Carmen está el hecho de que afirman que mezcló sus actividades religiosas con la administración de la institución. Aseguran que para tener un cargo en esta administración lo primero que tenían que hacer era acudir semanalmente al templo donde es pastor el esposo de la magistrada presidenta.

Y bueno, nunca sabremos por qué tiene dos cédulas de identificación. De acuerdo con los datos ampliamente difundidos, el 27 de junio de 1962 la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, emitió el acta 2109 para registrar el nacimiento de María del Carmen Cuevas López; sin embargo, el 20 de mayo de 1999, un usuario del Poder Judicial del Estado de Morelos, generó una nueva CURP ligada al acta de nacimiento 2109 del año 1963, que está a nombre de la magistrada, un año después de su nacimiento real y en el que se agregó el nombre de Verónica.

Pero como decía el ex presidente Calderón, “haiga sido como haiga sido”, María del Carmen (Verónica) Cuevas López, ya pasó a la historia del Poder Judicial de Morelos.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 20 Mayo 2020 04:11

Nacho Huape, a cinco años de su partida

“Qué pinche suerte tiene Graco Ramírez”, fue lo primero que se me vino a la cabeza ese 20 de mayo del 2015 cuando leí en Twitter la noticia de que Juan Ignacio Suárez Huape había tenido un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca y que lamentablemente había fallecido al igual que su esposa.

Mi idea se basaba en que (sin evidencias para fundamentar un posible crimen planeado) ese fatídico accidente le había quitado de en medio al único líder político que no había podido comprar el gobernador ni su hijastro.

“Desde el ascenso de Graco Ramírez a la gubernatura, fue uno de los más férreos opositores a sus corrupciones, a su política de seguridad basada en la violencia, a su nepotismo –el presidente del PRD en Morelos es su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, un hombre sospechoso de participar en los graves fraudes de la administración priista de Manuel Martínez Garrigós en el municipio de Cuernavaca– y a la política de sus megaproyectos –mineras, termoeléctricas, gasoductos, ampliaciones absurdas de tramos carreteros–, que no han dejado de traicionar los ideales fundacionales del PRD y de destruir la vida de los pueblos y del medio ambiente de Morelos. Poco antes de su muerte, acusó al gobernador de proteger al Cártel de Guerreros Unidos”, escribió en la revista Proceso el activista y poeta Javier Sicilia, a los pocos días de la muerte de Nacho.

Y agregaba:

“Ésta abierta oposición al gobierno de Graco Ramírez ha hecho sospechar a muchos –sospecha que no comparto– que su accidente carretero, pese a los peritajes, no fue obra “de lo arbitrario divino”.

Vía Messenger, Nacho y este reportero intercambiábamos información sobre la existencia de un rancho en el municipio de Tlaltizapán, propiedad de los narcotraficantes. Todavía conservo el “screenshot” (LA FOTOGRAFÍA DE LA PANTALLA DEL CELULAR) donde me pregunta si supe de un operativo de la Sedena en ese lugar.

  • Ya sabes de quién es ese rancho?- le pregunté.
  • No, todavía no pero en eso ando- contestó misterioso Nacho.

Por eso digo que qué suerte tuvieron los corruptos y los narcopolíticos, porque a Nacho no lo iban a poder comprar.

“Nacho, como le llamamos sus amigos, no pertenecía al espectáculo del crimen y de la pasarela de la imbecilidad política. Pertenecía al de la reserva moral del país y a esa especie casi extinta, la del político entendido como un servidor de la gente, dedicado a los asuntos de los ciudadanos”, escribió con toda razón el poeta Sicilia cuando supo de su sorpresiva muerte.

Recientemente Julián Vences publicó una anécdota muy interesante de Nacho durante el trienio del presidente Lucino Espín Herrera en el municipio que lo vio crecer (porque Suárez Huape era michoacano).

“En Jojutla, la policía de tránsito, manejada por el gobierno estatal, desatada, mordía a todas horas, especialmente de noche cazaba conductores con el mínimo aliento alcohólico. Era secreto a voces que Tránsito operaba confabulado con una clínica ubicada frente a la panadería La Espiga. Manejar de noche implicaba que te pararan y si no te mochabas, te llevaban a la mentada clínica; si habías tomado una o las tres de regla, el examen arrojaba siempre niveles altos de alcohol; para este momento, el monto de la mordida había crecido y, si te negabas, el vehículo iba al corralón y te hacías acreedor a una multa exagerada. Aquí aparecía otro cómplice: el de las grúas que cobraba caro por el arrastre, además, tenías que pagar el corralón por día, como si fuera estacionamiento.

Un domingo, después de celebrar la misa de siete de la noche en Panchimalco, el padre Nachito Martínez cenó en casa de un matrimonio y, al terminar, el señor de la casa le dio aventón al padre, que vivía en el convento de Tlaquiltenango. En la esquina de la tienda del ISSSTE, como era de esperarse, desde la patrulla de tránsito les marcaron el alto; se desató la infame cadena.

Esa misma noche corrió la voz entre integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs): a las 10 de la mañana irían a la Delegación de Tránsito, en los altos del mercado Benito Juárez.

“Aquí no vengan con sainetes, usted, padrecito, lo tengo bien identificado, es un mitotero; pagan o pagan”, respondió el grosero delegado a la docena de inconformes.

El grupo, en palacio municipal, solicitó apoyo del presidente Lino Espín; éste, atento, escribió de su puño y letra un recado, sugiriendo la entrega de llaves y vehículo.

“Yo no recibo órdenes del presidente municipal, mi jefe está en Cuernavaca y, ahora, pa’que se les quite, por andar de argüenderos, les doblo la multa, cómo la ven”, amenazó, colérico, el prepotente delegado.

“Ahorita venimos diez personas, volveremos doscientos, a ver si sigue de altanero”, retó, provocador, Nacho Suárez Huape.

-A mí no me amenaces, alborotador, te tengo identificado, sé quién eres.

-No amenazo; lo prevengo- anunció Nacho con su risa pícara.

-Pinche Nacho, ¿de dónde vamos a sacar doscientas gentes?- cuestioné.

-Sí se juntan, ya verás; hay mucha inconformidad. El domingo a medio día hagamos un mitin a la entrada del mercado- sugirió.

Llegó el domingo. Los mitoteros no éramos más de veinte, eso sí, con un buen sonido de los maestros del Consejo Central de Lucha. Mi tío Serapio Camacho, el de los tacos de cocido a la entrada del tianguis, nos dio chance de enchufar el cable. Media docena de tránsitos, desde su guarida, nos observaban con soberbia. Nacho tomó el micrófono y enumeró tres casos con nombre y apellido de personas afectadas. Para nuestra sorpresa, de repente, cien personas indignadas se congregaron alrededor del micrófono. Nacho invitó a que denunciaran las arbitrariedades. Cayó un rosario de quejas. Ya pasábamos de doscientos. Trece manos levantadas pedían el micrófono. Los agravios se fueron describiendo, surgieron rechiflas y mentadas contra los tránsitos corruptos que ya se habían ocultado. De pronto, de la muchedumbre brotó una propuesta: “Subamos a la oficina, vamos todos”. Ya éramos trecientos o más. En la oficina solo estaba un policía panzón y prieto, el que había parado al padre Nachito Martínez. Envalentonado, echó mano a la cintura e intentó impedir el ingreso de los inconformes. La turba lo empujó. “Hay que lincharlo”, gritó alguien; la muchedumbre respondió ¡siii! El policía empalideció.

“Entréguenos llaves del auto, licencia, tarjeta de circulación y hable al corralón para que nos den el coche”, exigió Nacho.

En dos por tres accedió a todo. La jubilosa muchedumbre festejó el triunfo.

“Ah –agregó Nacho--, dígale a su delegado correlón que le ponga fin al negocito. Los estaremos vigilando”.

Gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y “si se pudo, si se pudo”, la muchedumbre marchó al corralón a recoger el coche que ya esperaba a la puerta.

En días posteriores varios infraccionados recogieron sus vehículos, sin pagar multa, ni arrastre ni corralón.

HASTA MAÑANA.

 

 

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