Maciel Calvo

Maciel Calvo

*La directora de Centros Penitenciarios, el director de Reinserción Social y el director operativo del Cereso*

En un comunicado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que se tomó la decisión de separar del cargo a funcionarios del sistema penitenciario estatal, "con el objetivo de realizar con transparencia la investigación sobre los acontecimientos que en las últimas horas se presentaron al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos".

La CES dio a conocer que fueron separados del cargo la directora general de Centros Penitenciarios, el director general de Reinserción Social y el director general operativo del Cereso Morelos.

De igual modo, reiteró que el compromiso del gobierno estatal "es actuar en estricta transparencia y legalidad, como será la investigación para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido al interior del centro penitenciario".

Solicitan la intervención de Memoria Histórica y Cultural de México.

La familia del General Emiliano Zapata pidió la intervención de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para rescatar y preservar el acta de defunción de “El Caudillo del Sur”, la cual -según el Ayuntamiento de Cuautla- ya fue localizada.

Edgar Castro Zapata, bisnieto del líder revolucionario y representante de la Fundación Zapata, consideró que es momento de que intervenga la presidencia de la república para evitar que los documentos y objetos relacionados con el líder revolucionario terminen en manos de coleccionista y que funcionarios dispongan discrecionalmente del patrimonio histórico de los morelenses y los mexicanos.

“Hago un llamado a la doctora Beatriz Gutiérez Müller para que por medio de la coordinación de Memoria Histórica de México, tome cartas en el asunto sobre esta pérdida o extravío del acta de defunción del General Emiliano Zapata, que creo que en este marco de conmemoración (del Año de Emiliano Zapata Salazar) el documento en sí es valioso para los morelenses y los mexicanos, pero también queremos la pronta intervención de Presidencia para autentificar ese documento que, según las autoridades municipales, comentan que ya lo tienen en resguardo en Cuautla.

“En este contexto es prioritario solicitar al INAH y la coordinación de Memoria Histórica un inventario de los objetos del General Zapata que están en el estado de Morelos para el reguardo y preservación de documentos y objetos que pertenecieron a mi bisabuelo”, recalcó.

El abogado de Castro Zapata, Pedro Martínez Bello, dijo que la familia de “El Caudillo del Sur” no está de acuerdo en que el Ayuntamiento de Cuautla haya anunciado que los objetos históricos bajo su reguardo serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues por competencia legal y técnica le corresponde al INAH su custodia y preservación.

Además, dijo, por medio de las fiscalías estatal y federal se exigirá que el libro del registro civil y el acta de defunción del General Zapata sean sometidos a pruebas de autenticidad para despejar cualquier sospecha de que el documento que prometió exhibir el Ayuntamiento de Cuautla no sea un facsímil.

“Atinadamente la familia Castro Zapata me pide que le solicitemos a las fiscalías que le exija al Ayuntamiento de Cuautla para verificar la autenticidad del documento, es decir, este documento tiene que ser autenticado por un perito en materia de grafoscopía con apoyo del INAH”, señaló.

Recientemente, el bisnieto de Zapata denunció ante las fiscalías federal y estatal que el libro de registro civil que contenía el acta de defunción del General y otros combatientes revolucionarios se encontraba desparecido tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El documentos estaba bajo el reguardo y exhibición del ayuntamiento de Cuautla, pero tras el sismo se “extravió”; sin embargo, al promoverse las denuncias el documento apareció y presuntamente se encontraba en cajas almacenadas. Hasta el momento, dicho documento no ha sido exhibido públicamente ni autenticado.

 

 

Entre los fallecidos está el otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Lo que según la versión oficial comenzó la mañana del martes como una aparente riña por unos zapatos, culminó con una segunda jornada violenta dentro del Centro de Reinserción Social “Morelos” (en Atlacoloaya) con un saldo de seis muertos y dos heridos. Entre quienes fallecieron figura el otrora capo de la zona oriente, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, por videos y audios difundidos por los propios internos, trascendió, primero el amotinamiento de reos y el sometimiento de un grupo de custodios y, luego, el enfrentamiento entre bandos antagónicos que se diputaban el control de la cárcel.

La Comisión Estatal de Seguridad, responsable del sistema penitenciario, mantuvo total hermetismo de los hechos.

Pasadas las 9:00 horas se ordenó el desalojo de los trabajadores del juzgado especializado en justicia penal tradicional y, más tarde, de toda la Ciudad Judicial, ubicada a un costado del penal.

También comenzó el arribo de refuerzos de la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, así como de ambulancias. Hasta la primera pluma de ingreso del penal llegaron familiares de reos para reclamar información sobre qué sucedía, ya que por redes sociales comenzaron a circular fotografías de los primeros reos asesinados (uno de ellos decapitado, según la imagen difundida supuestamente desde los teléfonos de los reclusos) durante la reyerta.

Uno de los internos asesinados era el capo conocido como “El Ray”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, quien sobrevivió y escapó al  atentado perpetrado por sus rivales el pasado 13 de abril en el restaurante “Los Estanques” del municipio de Cuautla -que culminó con la masacre de seis personas, tres de ellos niños- pero que casi un mes después fue capturado en el estado de Puebla y trasladado al penal de Atlacholoya para ser procesado por varios delitos.

Trascendió que en el enfrentamiento participaron reos vinculados a los grupos antagónicos del CJNG y Los Rojos, así como otros grupos criminales identificados como Los Colombianos y Los Chilangos.

La tensión a las afueras del centro penitenciario creció cuando familiares de reos intentaron inspeccionar una ambulancia, en la que presuntamente se trasladaban heridos y cuerpos sin vida, pues hasta ese momento no había información oficial ni nombres de los caídos.

Los familiares cerraron el paso a la unidad e intentaron abrirla, hasta que un grupo de elementos antimotines rodeó el vehículo y repelió a los inconformes para que la ambulancia avanzara. Posteriormente y para contener la protesta de las familias, se instaló un módulo de atención afuera del penal.

Hasta el Cereso llegó también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), quien no pudo ingresar al penal de manera inmediata.

Tras seis horas de nerviosismo  y hermetismo oficial, integrantes del gabinete de seguridad ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que la autoridad retomó el control del centro penitenciario y confirmó la muerte de seis personas, entre ellos “El Ray”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que la autoridad retomó el control de todas las áreas del penal alrededor de las 12:11 de la tarde.

Reconoció que el motín y el enfrentamiento fueron protagonizados por grupos rivales, pero rechazó que la autoridad penitenciaria haya sido rebasada. “En ninguna de las dos acciones, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy, se perdió el control del centro penitenciario.

“Los elementos custodios que fueron retenidos fue momentáneamente y activándose los protocolos correspondientes se liberaron de forma prácticamente inmediata y nunca corrieron peligro sus vidas”.

Confirmó que dos internos resultaron heridos, mientras que seis más fueron privados de la vida. Las víctimas mortales fueron identificadas únicamente como José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Néstor “N” y Raymundo Isidro “N “, este último ex líder del CJNG.

Indicó que la Fiscalía General de Estado (FGE) investigará los hechos y determinará quiénes son los responsables del homicidio de seis internos, que preliminarmente se dijo que fueron asesinados con armas punzocortantes.

Descartó que hayan ocurrido detonaciones con armas de fuego dentro del penal y sostuvo que se hará una investigación paralela para determinar si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad que haya propiciado los hechos violentos de ayer y del martes, cuando en la primera reyerta falleció un reo y otros dos resultaron heridos.

Confirmó que la ausencia de Jorge Israel Ponce de León, porque se encuentra en un curso internacional de seguridad penitenciaria, y que como encargada de despacho se encuentra  Miriam Mireles Toledo, directora general de Centro Penitenciarios.

Agregó que también habrá una investigación sobre el ingreso al penal de teléfonos celulares que permiten a los internos mantener interacción con el exterior, así como se explorará la posibilidad de una reubicación de reos clasificados como peligrosos en penales federales.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, detalló que la institución comenzó con las primeras indagatorias al interior del Cereso para determinar quiénes fueron los responsables de los homicidios aparentemente perpetrados con armas punzoconrtantes, no obstante, rechazó por el momento confirmar que uno de los internos fue decapitado, como se mostró en fotografías difundidas por internos.

“Las personas fallecidas tienen el carácter de víctimas y por lo tanto debemos de respetar sus derechos y los derechos de las víctimas indirectas que son los familiares. Lo único que le puedo decir preliminarmente se me reporta que los fallecimientos se dieron por heridas producidas por armas cortocontundentes y punzocortantes. En el tema de la persona que aparece decapita no lo puedo confirmar hasta que tengamos el reporte de la necropsia”, dijo.

 

 

 

 

 

Miércoles, 30 Octubre 2019 05:10

Un recluso muerto en el enfrentamiento de ayer

El presunto robo de unos zapatos desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya.

El presunto robo de unos zapatos en un dormitorio desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya que concluyó con el saldo de un interno muerto y dos heridos.

De acuerdo a la versión oficial, cerca de las 11:30 de la mañana, en el dormitorio cuatro del Centro de Reinserción Social “Morelos”, comenzó una discusión entre internos, que poco a poco escaló hasta una reyerta colectiva en la que habrían participado cerca de 40 reclusos.

La bronca tardó en ser apaciguada por las autoridades penitenciarias que, cuando comenzó a trascender el hecho, mantuvieron total hermetismo y hasta aseguraron que mantenían el control total del centro, descartando las versiones de un presunto motín.

El helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad realizó sobrevuelos en la zona y al penal arribaron varias patrullas y camiones con más de media centenar de policías estatales y elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

También llegaron unos cuantos familiares de internos, preocupados ante las primeras versiones de un presunto amotinamiento y el ingreso de ambulancias y una unidad del Servicio Médico Forense.

Alrededor de las 16:00, la CES emitió un comunicado para informar de manera oficial que alrededor de las 11:46 hora este martes ocurrió una riña en el dormitorio cuatro, la cual fue controlada de inmediato por los custodios.

Pero más tarde, a las 13:37, los internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro para enfrentar con arma blanca a otro grupo internos, a quien reclamaron el supuesto robo de unos zapatos.

El saldo oficial fue de un interno fallecido –que presuntamente murió cuando era internado en el  hospital José G. Parres de Cuernavaca con una herida de arma blanca- mientras que otro permaneció hospitalizado por lesiones en la pierna y tórax. Un tercer interno herido fue trasladado al Hospital Comunitario de Temixco, donde fue atendido por lesiones superficiales en la cabeza y una mano.

La autoridad insistió en que en todo momento se mantuvo el control y gobernabilidad del penal y que se aplicaron los protocolos de seguridad.

 

La tarde de este martes se confirmó que se registró una riña colectiva al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en Atlacholoaya; un interno falleció.

Hasta el momento, se reportaron tres heridos de gravedad que fueron trasladados al hospital general de Cuernavaca "Dr. José G. Parres".

Posteriormente, autoridades estatales confirmaron que un hombre de 37 años de edad, que presentaba heridas por arma blanca, al arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales.

Aparentemente, la riña comenzó por una discusión en el dormitorio cuatro entre un grupo de internos, lo que desencadenó la reyerta.

Al penal ingresó al menos media centena de elementos de la policía estatal y Guardia Nacional, cuatro ambulancias y una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).

Martes, 29 Octubre 2019 05:18

Juzgado concede suspensión

Un juzgado federal concedió una suspensión provisional al catedrático universitario Aldo “N”, quien fue acusado de acoso sexual y discriminación por algunas estudiantes del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi).

Tras difundirse la denuncia pública por redes sociales, el catedrático recurrió al juicio de amparo para evitar cualquier “orden de aprehensión, presentación, comparecencia o detención” por parte de la Fiscalía General del Estado.

El Juez Cuarto de Distrito, donde fue radicado el expediente 1461/2019, concedió la suspensión provisional, fijó una garantía económica de cinco mil pesos y agendó para el 31 de octubre la audiencia incidental.

Daniela Olivares Valderrama, ex alumna de la maestría en Psicología de la UAEM, y Erika Barrios, alumna del doctorado en Psicología, con sendos videos difundidos por Facebook la semana pasada, decidieron recurrir como última opción a la denuncia pública porque aparentemente el catedrático goza de protección porque no son las únicas que han sido víctimas, sino que hay otras personas afectadas, pero no se han tomado medidas contra el profesor.

Ante la viralización de la denuncia, la UAEM instruyó a su Unidad de Atención de Víctimas de Violencia a acudir a la Facultad de Psicología para recibir las denuncias que pudiesen existir contra el catedrático señalado u otros docentes.   

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no hay ninguna denuncia iniciada por estos casos denunciados en redes sociales.

Martes, 29 Octubre 2019 05:45

Pide CIDH abatir feminicidios

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exige a autoridades acciones efectivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad.

Con una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno acciones efectivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad.

En las escalinatas de la Plaza Armas de Cuernavaca, los miembros de la organización no gubernamental montaron una ofrenda con flores de cempasúchil, cruces color rosa y pliegos de papel extendidos con los nombre y edades de niñas y mujeres a las que les fue arrebatada la vida violentamente y que, en muchos de estos casos, permanecen sin justicia.

¡Alerta de violencia de género efectiva ya! Fue otra de las exigencias de quienes forman esta comisión, que desde hace 19 años ha documentado y contabilizado más de mil feminicidios e impulsó la declaratoria de alerta, decretada por la Secretaria de Gobernación en ocho municipios morelenses en agosto de 2015.

José Martínez Cruz, vocero de la comisión, lamentó que los casos de feminicidio sigan en aumento y, sobre todo, el grado de violencia extrema con la que se perpetra el crimen.

Un ejemplo de ello fue la muerte de una joven cuyo cuerpo semicalcinado fue localizado este domingo en la zona residencial de Rancho Cortés, al norte de Cuernavaca.

Afirmó que esta ofrenda tuvo como propósito recordar a todas las víctimas de feminicidio y exigir justicia para ellas, pues es justamente la impunidad un factor fundamental para que las mujeres sigan siendo violentadas y privadas del derecho fundamental a la vida.

 

La SCJN analiza si las entidades federativas y los municipios tienen competencia para sancionar administrativamente a los establecimientos que incitan o permiten la trata de personas y/o el sexoservicio obligado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si las entidades federativas y los municipios tienen competencia para sancionar administrativamente a los establecimientos que incitan o permiten la trata de personas, el sexoservicio obligado y que menores o discapacitados consuman sustancias nocivas.

La discusión derivó del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo federal para demandar la invalidez del artículo 59, puntos 6.1.02.002.01.00 y 6.1.02.002.06.00 de la Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal de 2019, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 29 de marzo, que estableció sanciones administrativas a quienes  inciten u obliguen a ejercer el sexoservicio o trata de personas en lugares públicos o privados, así como inducir u obligar a niños o incapaces a ejercer el sexoservicio, el consumo de tabaco, alcohol o sustancias que alteren la conciencia.

El proyecto presentado al Pleno de la SCJN por el ministro Fernando Franco González, en ausencia de la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, planteó invalidar las disposiciones municipales impugnadas, por considerar que la legislación y la sanción penal del delito de trata de personas están reservadas exclusivamente para el Congreso de la Unión y la autoridad investigadora y jurisdiccional del ámbito federal.

Sin embargo, el propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, y otros ministros como Javier Laynez Potisek, difirieron del proyecto de resolución por considerar que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, establece la tipificación y sanción penal del delito de trata, además de que la SCJN estableció claramente que la legislación del ámbito penal del delito de trata compete únicamente al ámbito federal.

Pero, aclararon, no existe disposición constitucional ni legislativa que impida que los estados y municipios puedan aplicar sanciones administrativas por violaciones a los bandos de Policía y Buen Gobierno a quienes inciten o permitan la trata de personas.

Incluso, el magistrado presidente advirtió que declarar la invalidez de la norma impugnada implicaría que los estados y municipios no podrían sancionar administrativamente a los establecimientos que permitan la comisión de este tipo de delito y se condicionaría su actuación a un “reglamento federal” para poder imponer, por ejemplo, clausuras.

Recalcó que declarar la invalidez generaría un caos normativo y social a los municipios, por lo que insistió en su disenso en el proyecto de resolución propuesto.

Ante las observaciones y desacuerdos, el ministro Franco González decidió retirar el proyecto para que la ministra ponente tome en cuenta los puntos de vista planteados durante la sesión de Pleno.

 

 

Es necesario no sólo reclutar mayor número de policías, sino mantener a la vanguardia la infraestructura tecnológica.

El comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, llamó al Congreso a ser sensible con la necesidad de mayor presupuesto para el área de seguridad, ya que es necesario no sólo reclutar mayor número de policías sino de mantener a la vanguardia la infraestructura tecnológica.

Insistió en que la CES requiere un presupuesto superior a los dos mil millones de pesos para invertir en tecnología y cámaras de videovigilancia, como herramienta fundamental para la prevención del delito, ante el número restringido de elementos policíacos para patrullar las calles.

“Yo ya pedía al señor gobernador, y el señor gobernador es el que se encarga, a través del secretario de Hacienda, de enviar al Congreso la solicitud de recursos y la distribución de recursos la hace el Congreso.

“Yo espero que tomen en cuenta que es necesario transitar de un C-5 disminuido a aumentarlo en cámaras y en infraestructura tecnológica de primera generación, que nos permita trabajar mejor y más eficientes en lo que vamos graduando más policías.

Reconoció que actualmente “la producción de policías es mínima” y por ello es fundamental contar con tecnología actualizada, así como reparar y adquirir nuevas las cámaras de videovigilancia.

Precisó que en diciembre se graduarán 120 nuevos policías, pero lo ideal es reclutar 500 elementos cada año para relevar a los que son dados de baja por diversas razones.

 

 

Domingo, 27 Octubre 2019 08:04

Habrá puente por Día de Muertos en TSJ

No correrán los términos en todos los procesos judiciales

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