Maciel Calvo

Maciel Calvo

Abogados apoyan a Alejandro González, mientras que ONG cuestiona su llegada.

El nombramiento como secretario técnico interino de Alejandro González Chávez sigue causando mella y división en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pues mientras el Consejo Estatal de Abogados se pronunció en su apoyo, miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA y la organización Morelos Rinde Cuentas insistieron en la ilegalidad de la designación. 

El tema volvió a generar debate, luego de que este miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el documento por el cual el pasado 19 de noviembre González Chávez fue designado secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del SEA, pero horas después se emitió una nota aclaratoria en el órgano oficial de difusión que dejaba sin efectos la publicación, con la explicación de que no cumplió con los requisitos previstos en el reglamento de dicho periódico. 

Esto causó reacciones sobre la legalidad y vigencia del nombramiento. El director General del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, salió en apoyo de González Chávez para aclarar que su nombramiento  como secretario técnico provisional es legal y está vigente desde el pasado 19 de noviembre, pese a la nota aclaratoria y el desacuerdo de dos de los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC-SEA)

Lamentó la parálisis del SEA y del comité ciudadano, porque “hasta el día de hoy no ha funcionado como tal, por la sencilla razón de que hay pugnas entre ellos, no se ponen de acuerdo para (la) designación, y bueno, en función a esa publicación y a esa designación, este consejo determina apoyar la designación del licenciado” González Chávez y ojalá los integrantes del CPC “entren en prudencia” (sic) y realicen pronto el nombramiento definitivo. 

Invitó a dirimir por la vía del diálogo y la conciliación las diferencias entre los miembros del comité ciudadano, para evitar que la disputa llegue a los tribunales y el SEA siga entrampado. 

Afirmó que Alejandro González Chávez tiene también el perfil y el prestigio para desempeñar el cargo ya que, ejemplificó, fue director de la Facultad de Contaduría, y presidente de Abogados Fiscalistas, y se desempeña como catedrático universitario. 

En contraste, la organización civil Morelos Rinde Cuentas mantiene su postura crítica por considerar que la designación no cumplió con los procedimientos legales ni se realizó de manera transparente. 

Incluso, cuestionó la publicación del nombramiento en el Periódico Oficial y la rectificación que se realizó posteriormente. “Por la mañana el periódico oficial de Morelos publica un acuerdo del Comité de Participación Ciudadana designando un Secretario Técnico Interino (violatorio de la ley). Por la noche el mismo periódico la echa para atrás ¿A quién se le aplicará la Ley de Responsabilidades?”, expresó la organización a través de su cuenta oficial de tuiter. 

Damiana Herrera Mota, integrantes del CPC-SEA, y quien se opuso a la designación de González Chávez, explicó que el nombramiento se realizó de manera ilegal y detalló el porqué.

Afirmó que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución, según el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, de autorizar una terna de aspirantes a ocupar la secretaría técnica, para ser sometida ante el Comité Coordinador del SEA. 

Dicho comité está integrado por las personas titulares de la Entidad Superior de Auditaría y Fiscalización, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el representante de las contralorías municipales (en este caso del municipio de Cuernavaca, por tener el mayor número de habitantes) y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. 

Expresó que la terna fue autorizada de manera irregular por tres de los cinco integrantes del CPC y aún está en revisión por el Comité Coordinador; además de que la ley no prevé la figura de un Secretario Técnico Interino y mucho menos la facultad del CPC para designarle.

 

La Secretaría de Movilidad y Transporte es la que determina si la unidad con permisos provisionales puede circular, señala el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

El magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Guillermo Arroyo Cruz, afirmó que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) es quien tiene la facultad para determinar qué unidades del transporte público con permisos provisionales pueden circular, y recalcó que el órgano jurisdiccional únicamente resolverá sobre la legalidad o no del acto de autoridad reclamado, dentro del juicio promovido por un grupo de concesionarios. 

Luego de que hace unos días un grupo de transportistas protestó contra la suspensión concedida por el TJA a otro grupo de concesionarios que demanda la regularización de sus unidades, confirmó que su sala otorgó la medida cautelar a poco menos de 200 personas para efecto de que “las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, mientras se resuelve de fondo el juicio administrativo. 

“En esa demanda la prevenimos porque no reunía ciertos requisitos, una vez subsanada la prevención fue admitida, pero de 200 personas aproximadamente que participaron en la demanda, solamente le concedimos la suspensión a poco menos de la mitad, porque solo ellos reunieron las requisitos para ello. 

“Una vez que el resto de transportistas reunió los requisitos, también concedimos la suspensión a otra parte proporcional; así que entonces, el tema es un asunto de legalidad, el tema de si deben o no deben circular es un tema que tiene que resolver Movilidad y Transporte, no nosotros”. 

Explicó que la suspensión a los quejosos fue otorgada bajo la apariencia del buen derecho, pues las personas que se acreditaron como transportistas alegaron que sus unidades circulan desde hace varios años, que hicieron una petición de regularización y presentaron los recibos de pago expedidas por las autoridades estatales. 

Subrayó que, con base a las pruebas y documentales que las partes aporten a la demanda es que podrá resolver sobre la legalidad o no de los actos reclamados.

Miércoles, 27 Noviembre 2019 05:11

Escapa reo que estaba hospitalizado en el IMSS

Un reo que estaba hospitalizado en la Clínica 1 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró fugarse, luego de que el custodio a cargo lo dejó solo para ir por una bebida.

La fuga se sumó a la serie de incidentes que durante las últimas semanas acaparó la atención mediática y causó fuertes críticas al sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con la información parcial proporcionada por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el reo -identificado como César Augusto García Arias, de 40 años de edad- se encontraba hospitalizado en el área de traumatología desde el 8 de noviembre.

Aparentemente, según la versión oficial, alrededor de las 4:30 de la mañana el custodio que lo vigilaba fue por un refresco y el interno, quien cumplía una sentencia de 15 años por robo de vehículo, aprovechó la ausencia para evadirse.

Al percatarse de la fuga, el custodio dio la alerta y se activó un operativo de localización y búsqueda.

Aproximadamente a las 9:00 horas, un hombre que fue confundido con el reo, fue bajado de una ruta 7 y detenido por los policías en el paradero de El Vergel, pero después fue dejado en libertad al corroborarse el error.

Por lo pronto, el custodio que estaba a cargo de la vigilancia del reo fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la investigación de los hechos y el deslinde de posibles responsabilidades

La CES mantuvo su llamado a la ciudadanía para que colabore con la ubicación y recaptura de César Augusto García Arias,  con su denuncia anónima a través de los números de emergencia 089 y 911.

El pasado 29 y 30 de octubre, y el 21 de noviembre, se registraron un amotinamiento y fuertes riñas entre internos del penal de Atlacholoaya, que dejaron un saldo de nueve muertos y 14 lesionados.

 

 

 

Los afectados podrán solicitar la devolución de su dinero.

La Secretaría de Hacienda canceló más de 700 pólizas de pago de permisos provisionales de circulación para taxis y rutas, que indebidamente fueron expedidas en la administración estatal anterior.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo expedido por el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que dejó sin efectos 701 recibos de pago de permisos provisionales para circular sin placas y engomado para el servicio público, que fueron ilegalmente expedidos a personas a quienes se les prometió la entrega de títulos de concesión.

En el mes de septiembre, la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda requirió a la Secretaría de Movilidad y Transporte información sobre la expedición de dichos permisos y, derivado de la información recabada, concluyó que los “beneficiarios” pagaron y obtuvieron los permisos provisionales de circulación sin tramitar ninguna solicitud para obtener el documento.

También se comprobó que la mayor parte de las personas físicas, “a cuyos nombres salieron las referidas pólizas y recibos de pago, no son titulares de concesiones para la prestación del servicio público de transporte, requisito sine qua non, para la emisión del permiso para circular sin placas y engomado de marras”.

Al no existir las solicitudes para la expedición de los permisos y por tratarse de personas que no son concesionarios del servicio público de pasajeros, la Secretaría de Hacienda determinó que esos pagos fueron indebidos y legalmente la Secretaría de Movilidad y Transporte no expidió ningún permiso provisional de circulación.

“En abundamiento de lo anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte, no ha expedido ningún permiso para circular sin placas y engomado para el servicio público, por lo que no se ha constituido derecho alguno a favor de los titulares de los recibos de pago antes referidos, entendidos estos como la constancia de la actividad pasiva y carente de voluntad por parte de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, que no constituye un título de concesión del servicio público de transporte, como tampoco puede considerarse como prueba fehaciente para acreditar el carácter de concesionario, porque sólo justifica su contenido, esto es, el propio pago ante la autoridad recaudadora de cierta cantidad y concepto”, recalcó.

En consecuencia, la autoridad hacendaria  anunció la cancelación de los recibos y la devolución de las cantidades pagadas.

“Con el objeto de evitar por un lado trámites irregulares en materia de control vehicular del servicio público de transporte ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como generar la recaudación indebida por parte de la Secretaría de Hacienda, al no existir la prestación de servicio que la justifique y dotar de certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes que a partir del pago de las pólizas, antes enunciadas realizaron erogaciones por el concepto ya mencionado, se estima necesario dejar sin efectos los recibos de pago enunciados en el presente acuerdo.

“Sin embargo, a efecto de no vulnerar los derechos de los contribuyentes que realizaron las contribuciones materia del presente acuerdo, se dejan a salvo sus derechos para el efecto de solicitar la devolución del pago de lo indebido ante la autoridad fiscal correspondiente”.

Para dar cumplimiento al acuerdo, se ordenó a las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte adoptar en todas sus delegaciones las medidas de inspección, vigilancia y escrutinio necesarias para cancelar o suspender los trámites tendientes a la expedición de los permisos provisionales para circular sin placas y engomado, para la prestación del servicio público de transporte relacionadas con los recibos de pago cancelados.

 

 

El Pleno del TEEM considera improcedente el recurso iniciado por Keila Figueroa Evaristo, quien se inconformó por su expulsión del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) desechó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por la diputada Keila Figueroa Evaristo, quien reclamó su expulsión del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por unanimidad, el Pleno del TEEM consideró improcedente el acto reclamado por la diputada integrante de la LIV Legislatura por tratarse de un asunto exclusivo del derecho parlamentario, en donde el tribunal no tiene jurisdicción porque no hay vulneración ni incide en el derecho a ser votado.

Concluyó que la expulsión del grupo parlamentario, el retiro de comisiones y, como consecuencia la disminución de sus ingresos económicos, forman parte de actos políticos y administrativos internos de la actual legislatura.

Por lo anterior, desechó el juicio promovido por la diputada, quien puede recurrir la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El pasado24 de octubre, el grupo parlamentario morenista oficializó la expulsión Keila Figueroa por considerar que “puso en riesgo a los integrantes de la LIV Legislatura” y  “ha violado sistemáticamente los acuerdos de la mayoría de los integrantes de su bancada”, además de “actuar en contra del proyecto de nación del partido que representa”.

Se le acusó también de que “ha llevado a cabo una serie de acciones y posiciones en contra de los intereses del Grupo Parlamentario de MORENA, por tanto, la diputada no puede ni debe pertenecer más a la bancada del partido, ya que tal y como mencionamos en párrafos anteriores la Diputada en comento ha actuado a favor de los intereses e ideales de un grupo denominado Frente Progresista de Mujeres”, integrado por diputadas que se declararon como oposición política.

 

El saldo preliminar de la jornada violenta se completó con dos reos más lesionados y dos custodios heridos.

Un interno fallecido, dos más lesionados y dos custodios heridos fue el saldo preliminar de un amotinamiento registrado en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.

Alrededor de las 12:00 horas del domingo, personal de seguridad del centro de internamiento solicitó auxilio a las fuerzas federales y estatales para controlar a un grupo de internos que pretendió tomar el control de las instalaciones. 

De inmediato se montó un operativo en las inmediaciones del Ceferepsi e ingresaron elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional en apoyo de los custodios, quienes habrían sido confrontados por los internos.

Al lugar arribaron también ambulancias, tras confirmarse que había por lo menos cuatro personas lesionadas y un deceso. Pasadas las 15:00, se informó que la autoridad retomó el control del Ceferepsi, que ha albergado a personajes como el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por narcotráfico; Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sinaloa, Guillermo Padrés; y otro ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, extraditado desde Panamá en enero de 2018 y acusado de presunta corrupción. 

Extraoficialmente trascendió que los custodios heridos con armas punzocortantes se encontraban graves. De los internos no hubo reporte oficial de su estado de salud. 

En el reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ceferepsi número 16 fue de los cinco centros federales mejor evaluados, con una calificación de 8.05 puntos. 

Sin embargo, el organismo nacional detectó que en16 de 17 establecimientos federales existía insuficiencia de personal, deficiencias en servicios de salud y de medicamentos, y en 13 se detectó deficiente atención a personas mayores, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y falta de programas de prevención de adicciones. 

En mayo pasado, custodios del centro federal ubicado en la zona oriente de Morelos realizaron una protesta en exigencia de mejores condiciones laborales y reforzamiento de las medidas de seguridad.

Durante este mes, también ocurrieron dos riñas y un amotinamiento en el penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, que tuvo un saldo total de nueve internos muertos y 14 heridos.

Hoy se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) expresó su preocupación por las fallas en la “cadena de justicia” y la falta de voluntad institucional para avanzar en las medidas preventivas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Al conmemorarse hoy el Día internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, la organización lamentó los escasos resultados en la implementación de las medidas ordenadas al gobierno de Morelos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en agosto de 2015. 

La organización independiente, impulsora de la AVG, expresó su preocupación por la falta de voluntad política y de acciones concretas de las autoridades locales ante los altos índices de feminicidios, que evidencian la vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Subrayó su consternación por las fallas y la falta de compromiso de las instituciones que conforman la cadena de justicia con la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

“Nos preocupa la nula rendición de cuentas de las instituciones de la cadena de justicia por la deficiente integración de las investigaciones o resoluciones judiciales sobre casos de violencia y feminicidio. 

“Llamamos la atención sobre el hecho de que el Sistema de la Alerta de Violencia de Género, estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como medida de prevención y protección, no se ha cumplido en la práctica.

“Insistimos en que el feminicidio se sigue cometiendo en el Estado y se mantiene en los niveles más altos. Aun cuando se incrementó la penalidad a 40 años mínimo, si no se investiga como feminicidio, tampoco se aplica a quienes lo cometen, por eso hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos”, sostuvo.

Insistió en que, para revertir las deficiencias en la cadena de justicia,  debe tipificarse como delito la violencia institucional y sancionarse a los funcionarios, jueces y magistrados que no aplicaron las leyes nacionales y las establecidas en el marco internacional a favor de los derechos de las mujeres, así como abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron u obstruyeron la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia.

Pidió armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, acorde con el artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas contra ellas.

De igual forma, exigió que la Fiscalía General del Estado implemente adecuadamente los protocolos de investigación sobre feminicidio al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

 

 

El municipio promovió una controversia constitucional; pretende recuperar un millón de pesos.

El municipio de Tlaltizapán promovió una controversia constitucional para reclamar la retención de participaciones y aportaciones federales, porque esa medida ha ocasionado un fuerte perjuicio económico a la comuna.

De acuerdo con la controversia 335/2109, el ayuntamiento alegó que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le retuvo indebidamente recursos equivalentes a la cantidad de un millón 77 mil 125 pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal del ejercicio fiscal 2019.

Indicó que estos recursos forman parte de las aportaciones y participaciones federales que correspondían al municipio, sin embargo, al ser retenidos provocaron un impacto económico a la administración municipal.

Además, recalcó el ayuntamiento,  la retención contraviene lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y, “por consecuencia, se constituye en una flagrante violación al orden constitucional prevaleciente en nuestro estado, con un claro perjuicio en contra del municipio actor”.

 

 

El enfrentamiento de ayer en el penal de Atlacholoaya dejó dos reclusos muertos y diez heridos.

Jueves, 21 Noviembre 2019 05:11

Proponen eliminar derecho a posesión de armas

Buscan que la iniciativa sea acogida por el Congreso de la Unión.

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