Juez confirma la medida cautelar de prisión preventiva para el exjefe universitario.
Una juez federal vinculó a proceso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.
Al exjefe universitario se le imputó el presunto delito de delincuencia organizada, y tras una larga audiencia, que duró casi 13 horas, la juez de control del Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Guillermina Matías Garduño, determinó sujetarlo a proceso penal sólo por el delito de delincuencia organizada, y desestimó el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
La juzgadora fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Vera Jiménez. El conocido abogado Julio Hernández Barros, extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y quien encabeza la defensa legal del exrector, adelantó que promoverá un juicio de amparo contra la medida cautelar y apelará la vinculación a proceso.
La imputación en contra de Vera Jiménez está vinculada a la “Estafa Maestra”, cuyo caso mantuvo tres años en prisión a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien finalmente fue liberada en agosto de 2022, y en octubre de 2024 la SCJN confirmó la resolución judicial que la absolvió del presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por el supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario federal.
La misma defensa legal del exjefe universitario alegó que resoluciones judiciales y del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa han absuelto no sólo a la extitular de la Sedesol, sino a otros exservidores públicos de la UAEM del presunto desvío de recursos.
En este caso en particular, parte de las acusaciones contra Alejandro Vera Jiménez versan sobre el presunto desvío de casi 78 millones de pesos —de los casi 700 millones que fueron entregados por la Sedesol a la universidad estatal para suministrar diversos bienes y servicios a la dependencia federal, para implementar la “Cruzada contra el Hambre”—, que estaban destinados para realizar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación de los programas sociales del gobierno federal, entonces encabezado Enrique Peña Nieto.
Según los señalamientos, sólo se realizó el 15% de las encuestas, y para realizarlas subcontrató a varios consorcios que —a su vez— realizaron una triangulación de recursos y a través de una empresa factura justificaron gastos.
