Fue acusado de presuntos actos de corrupción por el dueño de un bar clausurado en junio.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) retiró la formulación de imputación en contra del alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, quien fue acusado de presuntos actos de corrupción por el dueño de un bar clausurado en junio, por no contar con licencia de funcionamiento y ubicarse cerca de edificios públicos.

El edil acudió a ayer a la Ciudad de Judicial de Atlacholoaya, donde fue notificado del retiro de la imputación, y antes de retirarse de los juzgados señaló que la acusación en su contra no tiene fundamento y que la denuncia fue promovida por el propietario del bar llamado La Crudería, cuyo establecimiento funcionó en el centro de Tepoztlán durante dos años sin contar con permisos de operación, aparentemente bajo el cobijo de autoridades municipales de la anterior administración.

Afirmó que la denuncia fue un intento del propietario del bar “para presionarnos, para intentar chantajearnos para que les diéramos este permiso, y me parece que es lamentable que se quiera utilizar el sistema de justicia para temas particulares y, sobre todo, para un tema que tiene que ver con actos de corrupción”.

Detalló que se le acusó de la supuesta violación de una suspensión, al clausurar en junio el bar, ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza del Centro de Tepoztlán, justo a unos metros de la escuela primaria Escuadrón 201 y el centro de salud.

Precisó que el propietario de este bar promovió un primer juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual se sobreseyó porque no acreditó el interés jurídico, y en un segundo juicio contra el acto de clausura, se le negó la suspensión porque eso contravendría el interés público.

Insistió en que no existió desacato a ninguna suspensión de ningún tribunal y subrayó que “no vamos a dejarnos intimidar, y si quiere funcionar tiene que hacerlo como cualquier persona y ciudadano decente, que saque sus permisos de funcionamiento”.

El alcalde adelantó que presentará una denuncia penal sobre este caso porque hay sospecha de actos de corrupción, porque curiosamente cuando La Crudería presentó el primer juicio de nulidad ante el TJA, la administración anterior omitió responder la demanda y el equipo que abogados que ahora representa al establecimiento está integrado por exfuncionarios municipales.