La SCJN realizó la primera consulta previa a la resolución de acción de inconstitucionalidad relativa a normas vinculadas con garantías de dicho sector de la población.
Personas con discapacidad, organizaciones y colectivos reclamaron al Estado mexicano las trabas institucionales para ejercer sus derechos y la ausencia de mecanismos para exigir inclusión y no discriminación en diversos ámbitos.
Ayer arrancó la primera de tres jornadas de consulta programadas en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previo a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 182/2024 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán.
Esta audiencia pública, convocada para escuchar a las personas con discapacidad, a las organizaciones civiles y colectivos que participan en apoyo a este sector de la población, fue calificada como histórica por los ministros de la llamada nueva Corte, porque de ello dependerán los criterios que se tomarán en cuenta para la resolución de asuntos que incidan en la calidad de vida de la población con discapacidad.
De acuerdo con la ministra Lenia Batres, desde 2016 la SCJN tenía como criterio invalidar toda porción normativa o ley si antes no se había realizado una consulta previa a las personas con discapacidad, pero derivado de un análisis realizado con representantes de este sector de la población, se concluyó que durante casi diez años la Corte invalidó con este criterio 50 disposiciones federales y estatales, de las cuales 47 regulaban o extendían los derechos de las personas con discapacidad y sólo tres eran restrictivas.
Detalló que el 7 de octubre, por mayoría de votos, el Pleno de la SCJN determinó abandonar el criterio de invalidar prácticamente en automático las normas que no contaran con consulta previa, y en el marco de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 182, convocar a una audiencia pública para que con base en las aportaciones se debata si cuando hay una norma benéfica se debe o no invalidar por falta de consulta previa.
Fue el joven morelense Miguel Ángel Miranda Aquino, representante de la Alianza de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad, el primero en participar en esta audiencia pública histórica, en que justamente reclamó que desde los Congresos y las instituciones se toman decisiones sin preguntar a la población sobre cuáles son sus necesidades.
Miguel, psicólogo de profesión y estudiante de derecho, quien participó de manera virtual porque en su trabajo no le dieron permiso para ausentarse por un día para acudir a la Corte a presentar su exposición, destacó que es imperante fortalecer los mecanismos que regulan quién puede o no promover una acción de inconstitucionalidad.
Explicó que en el 2023 pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos presentar una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones en materia electoral que impactaban los derechos de las personas con discapacidad, pero el organismo decidió no actuar e ignoró las inconformidades que entonces se alegaron.
“Se están tomando decisiones sin que nosotros estemos presentes dentro de todo el proceso, entonces, yo invitaría a que se fortalecieran estos mecanismos, que se nos incluya dentro de los mismos procesos. Habemos muchos compañeros que estamos dispuestos a colaborar”, dijo, al señalar que las personas con discapacidad enfrentan obstáculos en las propias leyes, al exigir ciertos formas o requisitos sin considerar las limitaciones económicas, físicas, dificultades de desplazamiento, inaccesibilidad a las tecnologías, entre otros muchos factores.
En esta primera audiencia también participó Víctor Hugo Núñez Martínez, representante del Movimiento Morelense por la Discapacidad y Derechos Humanos, quien hizo una breve pero concisa explicación de las barreras impuestas en la reciente reforma a la Ley de Amparo y que impactará directamente en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Estableció que las reformas endurecieron y acotaron las reglas sobre quién puede promover el amparo colectivo o con interés legítimo, lo cual obstruirá el camino jurídico de las personas con discapacidad que pretendan combatir normas u omisiones de alcances generales; y las asociaciones y colectivos que históricamente defienden los derechos de las personas con discapacidad se verán afectados y limitados en su capacidad para promover amparos en representación de varios afectados, porque “eleva la barrera de entrada a los juzgados”.
También la reforma endurece los estándares para lograr la suspensión del acto reclamado en ciertos casos, lo que significa que aun ganando el amparo, la reparación inmediata para evitar el daño continuado puede resultar más difícil cuando la omisión produce daño constante, como la falta de accesibilidad a transporte público y privado adaptado.
Núñez Martínez destacó que adicionalmente, al establecer la ley de amparo también una carga probatoria más alta, provocará altos costos para la obtención de pruebas, vulnerará el derecho a la justicia pronta y expedita, y desincentivará el litigio estratégico por parte de organizaciones civiles y colectivos de apoyo a las personas con discapacidad.
Otro morelense que intervino en esta audiencia pública de forma virtual fue el diputado local Alberto Sánchez Ortega, quien padece una discapacidad motriz y aprovechó su intervención para difundir su trabajo legislativo desde el 2021, pues aseguró que ha presentado iniciativas y puntos de acuerdo para combatir la discriminación y exigir a las autoridades locales que cumplan con las leyes a favor de la población vulnerable.
Incluso, dijo que la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de Morelos en 2023, fue consensuada con representantes previa consulta, y pese a que fue impugnada mediante la acción de inconstitucionalidad 179/2023 por la CNDH –que cuestionó que la consulta no cumplió con los estándares de la SCJN- finalmente la Corte declaró la validez de la norma.
Presumió que recientemente el Congreso aprobó reformas a su ley orgánica para que cuando se trate de iniciativas relacionadas con la población con discapacidad, se haga previa consulta.
“Estoy a favor de que se reconozca y se respete nuestro derecho a la consulta en todas aquellas leyes, programas, políticas públicas que nos beneficien o nos afecten, que se obligue a crear las condiciones de accesibilidad universal para todas y todos”, dijo.
