La institución cumplió la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado por el caso de la tortura infligida a la mujer hace 27 años por la extinta Procuraduría General de Justicia, para incriminarla en un secuestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una disculpa pública por los actos de tortura cometidos hace 27 años por la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) en agravio de la ciudadana María Luisa Villanueva Márquez, quien fue detenida y acusada por el delito de secuestro en 1998 y sus declaraciones autoincriminatorias habrían sido obtenidas durante cuatro días de golpes y presión psicológica.

En cumplimiento de la Recomendación emitida el 19 de julio de 2023 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), dentro del expediente CDHM/SE/VRSP/061/044/2019, la fiscalía estatal difundió el ofrecimiento de disculpa pública y reconoció que la extinta procuraduría violentó los derechos humanos de María Luisa.

Mediante el documento —firmado por los responsables de la actual Agencia de Investigación Criminal y la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos— la institución aceptó que elementos de la Policía Judicial de la extinta Procuraduría estatal torturaron a la víctima entre el 6 y 10 de enero de 1998, y a la postre, incurrió en dilación en la integración de la carpeta de investigación SC01/2862/2014 por el delito de tortura, interpuesta por la defensa legal de la mujer, que durante casi tres décadas negó su participación en el secuestro de la niña Saskia, y desde entonces mantiene su lucha en busca de que el sistema de justicia le otorgue el reconocimiento de su inocencia.

“En este contexto, este órgano de procuración de justicia, reconoce la gravedad de los hechos y asume con responsabilidad institucional la obligación de ofrecer la presente disculpa pública a la ciudadana María Luisa Villanueva Márquez.

“La Fiscalía General, reitera su voluntad institucional y asume su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, asimismo, nos comprometemos en prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, conforme a nuestra Carta Magna”, estableció el documento difundido en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

El organismo autónomo se comprometió a erradicar los tratos crueles, inhumanos o degradantes y garantizar un trato digno con perspectiva de derechos humanos.

Adicionalmente, asumió su responsabilidad histórica y se compromete a dar seguimiento a las gestiones necesarias ante el Congreso del Estado de Morelos para dotarla de los recursos presupuestales que permitan el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, la cual debió crearse desde hace ocho años en cumplimiento de los artículos tercero y sexto transitorio de la ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que ordenaba a entidades federativas crear sus fiscalías especializadas.

María Luisa Villanueva Márquez fue detenida el 6 de enero de 1998, cuando cenaba en un restaurante en el municipio de Zacatepec en compañía de su entonces pareja, Catalino Jiménez Martínez. Fue llevada a una casa de seguridad y torturada por varios días. Ahí la acusaron del secuestro de la menor Sara Saskia.

En su expediente, la entonces procuraduría estatal y el grupo antisecuestro, encabezado por Armando Martínez Salgado, quien paradójicamente se encargaba de planear plagios, cambiaron fechas, hechos y tramaron una serie de testimonios para inculparla porque —a decir de la propia María Luisa— no tuvo el dinero que le exigió un grupo de policías a cambio de su libertad.

De acuerdo con sus abogados, tanto el expediente como el proceso penal estuvieron viciados, y no sólo María Luisa fue víctima, sino que el secuestro de la menor Sara Saskia permaneció impune, porque los verdaderos plagiarios fueron procesados por la privación de la libertad de un niño (al que le cercenaron un dedo) pero no por el de la pequeña.

Durante sus 25 años de presidio, María Luisa insistió en su inocencia. El 2 de febrero de 2023 rechazó el beneficio de preliberación, pero fue excarcelada “por la fuerza”, ya que ella prefería quedarse en el penal de Atlacholoaya hasta que se le reconociese inocente y se llevase a juicio a los policías que le fabricaron el delito.