Maciel Calvo

Maciel Calvo

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

La Suprema Corte emite jurisprudencia que obliga a alcaldías y a organismos locales a afiliar a sus trabajadores al IMSS o al ISSSTE.

Resolución del TEE permite al exdiputado local conservar su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

El fallo también fue impugnado por Josué Cirino Valdés Huezo, líder estatal del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Josué Cirino Valdés Huezo impugnaron el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que permite provisionalmente que Alberto Martínez González conserve su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

Israel Chaparro Medina, encargado de despacho de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del CEN del PRI, y Valdés Huezo –quien había sido designado por  la dirigencia nacional de ese partido como líder estatal-  promovieron el juicio electoral SCM-JE-98/2019 y el juicio para la protección de los derechos político electorales SCM-JDC-1239/2019 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ambos recursos, los actores recurrieron el acuerdo emitido por la magistrada titular de la Ponencia Tres del TEEM, Ixel Mendoza Aragón, en el juicio TEEM/JDC/119/2019-3, que decretó la suspensión de la medida cautelar impuesta a Alberto Martínez González como militante del Partido Revolucionario Institucional, derivado de un procedimiento sancionador iniciado en su contra.

De acuerdo con Alberto Martínez, la medida cautelar no solo le permite mantener la militancia partidista -que le habría sido privada tras ser acusado como presunto autor intelectual de la agresión física y verbal que sufrió Valdés Huezo por parte de un grupo de personas que ingresaron a la sede del PRI en Morelos el pasado 2 de diciembre- sino eventualmente mantenerse como presidente estatal del partido.

Ambos recursos fueron turnado al magistrado electoral José Luis Ceballos Daza, quien será responsable de elaborar el proyecto de resolución.

 

 

Martes, 24 Diciembre 2019 05:15

Confirman multa a Movimiento Ciudadano

No reportó los documentos del personal que trabajó en Morelos bajo el esquema de outsorcing.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el dictamen y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que multó a Movimiento Ciudadano por irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2018 en Morelos.

Al resolver el recurso de apelación SCM-RAP-40/2019, el Pleno determinó que, contrario a lo afirmado por el partido actor, de la interpretación de la Constitución, Ley de Partidos y Reglamento de Fiscalización del INE, se extrae que sí estaba obligado a contar con la documentación comprobatoria de los pagos, retenciones y enteros de contribuciones, así como cuotas de seguridad social del personal dedicado a las actividades ordinarias permanentes que fue contratado bajo el régimen de subcontratación laboral u outsourcing.

Se señaló también que el Consejo General del INE sí tomó en cuenta la documentación que presentó, pero consideró que la misma no era suficiente para solventar la observación, ya que el haber solicitado la documentación a las empresas subcontratadas y no haber recibido respuesta, no lo liberaba de la obligación de contar con dichos comprobantes.
Respecto al agravio de que la multa impuesta es excesiva, la Sala Regional concluyó que sí se valoraron las circunstancias específicas de la comisión de la conducta, con el objeto de lograr que la sanción guardara una adecuada proporción con la conducta que se castiga y la capacidad económica que tiene el sujeto infractor para hacerle frente.

En consecuencia, la Sala Regional confirmó el dictamen y la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia.

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la malicia efectiva o real malicia, tratándose de libertad de expresión, requiere no sólo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya divulgado a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar a la víctima.

La Primera Sala, al emitir la tesis jurisprudencial 80/2019 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, definió que la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe "información falsa" o que haya sido producida con "real malicia”, con la única intención de dañar.

Con base a la resolución de cinco amparos presentados por empresas dedicadas a la información, así como por algunos comunicadores, la Primera Sala estableció que para actualizar la “malicia efectiva”, no es suficiente que la información difundida resulte falsa o inexacta, pues se tendría que sancionar a informadores que son diligentes o prestos en sus investigaciones por el simple hecho de no probar en forma fehaciente todos y cada uno de los datos que emiten.

Ello vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, provocando el ocultamiento de datos, en lugar de difundirlos, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales.

Por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación relativa, sino que se requiere acreditar que el emisor tenía conocimiento de que la información era inexacta –o al menos dudaba de su veracidad– y demostró una total despreocupación por verificarla.

Lunes, 23 Diciembre 2019 05:20

Se jubila Ana Virinia Pérez

La magistrada presidenta del tribunal de justicia para adolescentes cumple el periodo de antigüedad que marca la ley.

Viernes, 20 Diciembre 2019 05:17

Rechaza fiscalía incurrir en intimidación

Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

 

 

Jueves, 19 Diciembre 2019 05:48

Cae supuesto lugarteniente de Abel Maya

El detenido fue identificado como Juan Manuel Peña Barrios, presunto lugarteniente del grupo delictivo "Los Mayas".

Jueves, 19 Diciembre 2019 05:45

El 80% de las llamadas al 911 son bromas

Piden a la población hacer uso responsable de los números de emergencia.

La directora del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5), Shalom Yesabet Prince Jiménez, llamó a la población a no utilizar los números de emergencia para realizar bromas, ante la movilización de recursos que implica y la posibilidad de que no se atienda a tiempo una verdadera urgencia.

Explicó que el 80% de las llamadas al 911 son bromas, lo que significa que ocho de cada diez llamadas resultaron ser falsas y, por lo tanto, implicó la distracción de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Estatal de Seguridad, a la que está adscrita el C-5, casi el 40% de las llamadas las realizaron adultos, la mayoría hombres, y el 60% fueron menores de edad, “y nos damos cuenta por el tipo de voz de las personas y por las risas”.

Señaló que la autoridad, aun cuando existen dudas sobre las llamadas de emergencia, tiene la obligación de verificar si la contingencia está o no sucediendo.

Expresó que comúnmente reportan detonaciones de armas de fuego, gente tirada en vía pública, personas lesionadas o violencia intrafamiliar.  

Agregó que desde septiembre, la CES emprendió una campaña de concientización en las escuelas de educación básica, con el fin de que docentes y alumnos comprendan la gravedad de realizar este tipo de bromas.

“Estamos trabajando en una campaña de concientización, iniciando primero en escuelas, con adolescentes y niños, para precisamente hacerles ver la problemática que es recibir ocho de cada diez llamadas de broma, y concientizarlos también sobre el correcto uso del número de emergencia, porque desafortunadamente al llamar al 911 se desesperan por la cantidad de preguntas que se les hacen.

“Es un protocolo a nivel nacional y todo esa información nos sirve para precisamente canalizar a las corporaciones que correspondan”, explicó.

 

Así lo determina la SCJN al resolver un recurso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que rescindir una relación laboral de 20 años de antigüedad debe ser por causas graves y justificadas.

Al resolver una contradicción de tesis, la Segunda Sala de la SCJN estableció que en la terminación de la relación laboral de trabajadores con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar en el aviso correspondiente la causa grave que la motiva y que hace imposible la continuación de la relación de trabajo.

Recalcó que el aviso de recisión no sólo debe contener la fecha y causa que la motivan, sino que debe exponer las razones por las que considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo, a fin de que el trabajador tenga conocimiento de ellas y pueda preparar su defensa, no sólo respecto de la existencia de la causa, sino de esas consideraciones que la califican como particularmente grave.

Estimó que si en el aviso de rescisión se hacen constar las causas de la misma, eso será suficiente para que el afectado prepare su defensa de forma adecuada.

En consecuencias, la Segunda Sala resolvió que en el caso de los trabajadores con más de 20 años de antigüedad, el aviso de rescisión debe contener la mención de su causa o causas jurídicas, hechos o conductas que actualizan precisamente los supuestos legales de que se trate y la fecha en que se cometieron, las razones por las que se considera que la falta es particularmente grave o que hace imposible su continuación en el trabajo, así como la fecha a partir de la cual tendrá efectos la rescisión, pues de otra forma no cumpliría con su propósito.

 

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