Maciel Calvo

Maciel Calvo

Viernes, 11 Septiembre 2020 05:12

Juez federal concede suspensión a Graco Ramírez

El recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.

El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra. 

En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

En su escrito de amparo,  Ramírez Garrido Abreu  “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”. 

En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.

 “En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.

La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.

 

 

 

Jueves, 10 Septiembre 2020 05:06

Se ampara Graco contra el juicio político

Aunque la representación legal del exmandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente.

El ex gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu, promovió un amparo para intentar combatir el juicio político en curso en el Congreso local. 

El Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda de garantías 673/2020, en la que el mandatario estatal impugnó la discusión, aprobación y promulgación del artículo 9 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los sujetos de juicio político a que se refiere esta Ley, serán susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año después de haberse separado del empleo, cargo o comisión que les fue encomendado, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de la prescripción previsto en la presente Ley”.

Otros de los alegatos incluidos en la demanda de amparo son la presunta prescripción de los plazos para incoar (iniciar) el juicio político y vicios en el procedimiento legislativo.

De acuerdo con el auto de admisión del juzgado federal, no se encontró ninguna causa de improcedencia para dar entrada al juicio de amparo, sin embargo, la autoridad judicial advirtió que en su momento deberá resolver conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones o determinaciones emitidas por el Congreso del Estado en los juicios políticos; pues atento al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 258/2019, en sesión de tres de julio de dos mil diecinueve, el procedimiento de juicio político debe substanciarse conforme a ciertas etapas, reglas y plazos que deben observarse por los órganos encargados de su substanciación, para finalmente estar en aptitud de poder emitir de manera soberana o discrecional la resolución o declaración con la que resuelvan el juicio político -inimpugnables-, por lo que dichas reglas -que se traducen en formalidades esenciales del procedimiento- deben ser acatadas en su integridad y su incumplimiento debe ser susceptible de analizarse por la autoridad judicial (control constitucional). 

“No pasa inadvertido que las violaciones cometidas durante el procedimiento de juicio político pudieran considerarse de naturaleza puramente adjetiva, en contra de las cuales, en términos de la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, de ser el caso tendría que ser analizado en la sentencia que se emita al final de este procedimiento constitucional”.  

Aunque la representación legal del ex mandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente, debido a que solo se presentaron 12 de los 14 juegos de copias requeridos. Una vez que sean presentadas las dos copias faltantes, se dará trámite y resolverá lo correspondiente a la medida cautelar solicitada.

 

El comisionado de Seguridad reafirma que se mantendrá en el cargo, leal al gobernador.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ofreció diálogo a sus detractores, que han exigido su renuncia por la falta de resultados en la prevención del delito.

El funcionario agradeció el respaldo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien dijo que el comisionado se mantendrá en el cargo, pese a las presiones y críticas a su desempeño. 

“Aprovecho este medio para hacer una muestra de gratitud hacia el señor gobernador, que el día de ayer dijo que el Comisionado Estatal de Seguridad no se va, porque hay muchos que, por lo que acaba de pasar en la Barona, están pidiendo mi salida. El señor gobernador tuvo a bien a considerar que no es necesario que yo me vaya. Entonces mi agradecimiento con él y mi compromiso y mi lealtad con el señor gobernador”, dijo, a nueve días del ataque que cobró la vida de nueve personas, entre ellos varios jóvenes deportistas y menores de edad. 

Parsimonioso y con total comodidad, ofreció recibir en su oficina a sus detractores y escuchar los diferentes puntos de vista.

“Yo respeto la opinión de aquellos que dicen que no quieren que yo permanezca. Yo los invito a hacer un diálogo, a trabajar juntos, a sumarnos. Yo puedo aceptar todas las opiniones, porque soy respetuoso ello. Siempre he dicho que la seguridad no la hace nada más la Policía, las armas y las patrullas, sino el estar juntos, sociedad y gobierno”, afirmó, tras concluir una reunión en el C-5, a la que asistieron únicamente15 de los 36 presidentes municipales. 

En esta reunión, los ediles y la CES trataron el tema del Certificado Único Policial (CUP), ya que ninguno de los dos mil 300 policías municipales cuenta con esta certificación, por carecer de los requisitos. 

Indicó que para obtener el CUP es necesario que el elemento apruebe los exámenes de control de confianza y acredite capacitación policial, pero la mayoría carece de alguno de estos dos requisitos indispensables para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expida la certificación.

Agregó que el gobierno estatal ofreció a los ediles subsidiar los cursos de capacitación policial, lo que significa que serán totalmente gratuitos.

También exhortó a los ediles a acercarse a la Fiscalía General del Estado, institución responsable de la aplicación de los exámenes de control de confianza, para que dé prioridad a la evaluación de los policías municipales, ya que para abril de 2021 todos los elementos deberán contar con el CUP, de lo contrario, serán dados de baja de las corporaciones.

 

 

 

Miércoles, 09 Septiembre 2020 05:13

Integran Consejo de Comisión de Búsqueda

Sus integrantes son Amalia Hernández Hernández, Miguel Albavera Rojas, Celia Salinas Maya, Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz.

La Secretaría de Gobierno designó a los cinco nuevos integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, luego de que el nombramiento se mantuvo paralizado durante cinco meses, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.

A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se dio a conocer la designación de los activistas y familiares de desaparecidos Amalia Hernández Hernández, Miguel Alvavera Rojas y Celia Salinas Maya, como representantes de la sociedad civil dentro del consejo ciudadano.

Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz, fueron seleccionados para integrarse al consejo como especialistas en materia legal y forense.

La Secretaría de Gobierno detalló que recibió ocho propuestas de aspirantes a integrar el consejo ciudadano, cinco de ellas correspondientes a ciudadanos familiares de víctimas de desaparición, y tres ciudadanos especialistas.

Al revisar la trayectoria y la documentación proporcionada por cada aspirante, “se procedió a realizar un análisis de los perfiles, en atención a su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, laboral y de conocimientos especializados en las materias afines en la protección y defensa de los derechos humanos, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, concluyendo esta Secretaría de Gobierno que el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano”.

Los consejeros ciudadanos durarán en su función tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público en términos del artículo 16 del Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Con esta designación queda totalmente integrado el consejo ciudadano, luego de que colectivos y familiares de víctimas han exigido resultados, tanto al gobierno de Morelos como a la Fiscalía General del Estado, igual que la identificación de los cuerpos extraídos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y denunciar los más de 500 cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio México Forense.

 

 

Miércoles, 09 Septiembre 2020 05:11

PES, obligado a modificar su dirigencia estatal

El TEPJF confirmó que el Partido Encuentro Social de Morelos no respetó el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

 

Por la pandemia se salvará de convocar a un nuevo congreso en el corto plazo.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Partido Encuentro Social de Morelos (PES) deberá realizar cambios en su directiva estatal, para respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

Por extemporáneo, el Pleno determinó desechar el recurso de reconsideración promovido por el partido político y dejó firme la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del pasado 13 de agosto, en la que se determinó que existió falta de convocatoria previa para que todos militantes del PES pudieran participar en un cargo partidista, y que no se cumplió el principio de paridad de género durante la celebración del congreso estatal del instituto político realizado el 21 de julio de 2019.  

Esta significa que el PES está obligado a realizar la reposición del proceso electivo de sus órganos internos, con base en los lineamientos estipulados en la sentencia del tribunal federal.

De acuerdo con la sentencia, la Sala Regional ordenó al PES “que realice la reposición del congreso estatal, cuando determine que existen condiciones sanitarias en el estado de Morelos, y considere que es viable la protección del derecho a la salud de su militancia y  a votar y ser votado, y que la celebración del proceso interno no distraiga en mayor medida las actividades del proceso electoral local a celebrarse en el estado de Morelos.

“En el caso de que no mejore la situación sanitaria en el estado  de Morelos y que ello impida realizar el congreso estatal, deberá prorrogar la integración y funcionamiento de sus órganos internos para enfrentar el proceso electoral 2020-2021, en el entendido de que como medida adicional y atemporal, el partido a través de la comisión político estatal electa e integrada conforme al congreso  del año pasado, deberá nombrar y hacer los ajustes necesarios, para que la integración de sus órganos internos,  cumplan con el principio de paridad de género.

“Además de ello, la reunión que lleve a cabo la comisión político estatal para realizar el reajuste de paridad de género en sus órganos internos, deberá hacerse en la medida de lo posible vía remota, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la salud de las y los integrantes de dicho comité.

“En el caso de que el partido optara por prorrogar y realizar el reajuste de paridad de género en la integración y funcionamiento de los órganos del partido de manera temporal, para enfrentar el proceso electoral en el estado de Morelos 2020-2021, una vez concluido el proceso electoral, el partido deberá convocar a su congreso estatal conforme a lo ordenado”.

 

 

 

Integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos realizan una protesta en el Palacio de Gobierno.

Familiares de desparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado acelerar el procesamiento de las pruebas genéticas y el proceso de identificación de los cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) y que extraídos de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. 

Hartas de escuchar discursos y de que la fiscalía estatal mantenga congelado el proceso de identificación de decenas de cadáveres, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos regresaron a protestar a las puertas del Palacio de Gobierno, como prometieron que lo harán cada lunes hasta romper la inacción del fiscal, Uriel Carmina Gándara, y otras instituciones.

Recordaron que en la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la fiscalía en el 2014 inhumó ilegalmente cuerpos no identificados, participaron la fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, pero “ninguna de estas instituciones han cumplido con su deber”.

“Pasaron más de tres años (de la exhumación)  y ni siquiera se validaron los perfiles genéticos obtenidos (a partir de muestras biológicas tomadas a los cuerpos exhumados y a familiares de desparecidos), ninguna persona ha sido identificada, no hay ninguna investigación penal, no se fincaron responsabilidades por ocultar seres humanos bajo la tierra y haciéndoles desaparecer por segunda vez.

“Ya no permitiremos que se siga evitando el tema de la identificación, es por eso que a partir de hoy vamos a estar presentes enfrente del Palacio de Gobierno y contaremos los días que pasan sin que las autoridades avancen en las tareas de identificación”, señalaron.

También subrayaron que, actualmente, en los frigoríficos del Servicio Médico Forense de la FGE se encuentran almacenados más de 500 cuerpos de personas no identificadas y al fiscal no le ha importado que en Morelos o en algún otro estado haya familias que buscan a sus familiares.

Señalaron que mantendrán la presión hacia la fiscalía estatal.

 

 

 

Martes, 08 Septiembre 2020 05:13

La del 2021, contienda compleja y judicializada

Arrancó el proceso electoral local; los partidos tradicionales lanzan críticas y los nuevos ofrecen unidad.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) pronosticó una contienda compleja, competitiva, con alto nivel de tensión política y judicialización, ante el gran número de fuerzas políticas con registro y las candidaturas independientes que se postularán.

Al realizar la Sesión Plenaria para hacer la declaratoria de apertura del proceso electoral 202-2021 e instruir que para el TEEM desde ahora todos los días y las horas serán hábiles hasta la terminación de la contienda, el magistrado presidente del tribunal, Alberto Puig Hernández, consideró que los comicios que se avecinan serán inéditos.

“El grado de dificultad al que nos vamos a enfrentar será inédito, tanto por la situación de la pandemia que aún nos aqueja, como por el número de participantes que van a estar con partidos político con registro. Los ocho nuevos que obtuvieron su registro a nivel local, uno de ellos nivel federal y los 11 que ya estaban registrados”, dijo al adicionar las posibles candidaturas independientes.

Señaló que el número de partidos y contendientes hará que este proceso electoral sea altamente competitivo y complejo, lo que obligará a los órganos electorales administrativo y jurisdiccional a trabajar a marchas forzadas, para agotar las etapas de los procesos sancionadores y las impugnaciones antes y después de la jornada electoral

De esta manera, el TEEM pronosticó que Morelos enfrentará una contienda electoral muy complicada y con alto ambiente de tensión política y previó que el número de impugnaciones superará los 700 expedientes que el tribunal local resolvió en los comicios pasados.

 

 

 

Fueron detectadas durante el proceso de entrega recepción en el TSJ.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que su antecesora, Carmen Cuevas López, deberá de hacer frente a varias observaciones detectadas durante el proceso de entrega recepción.

Señaló que no puede afirmarse todavía que hubo irregularidades en la gestión de su ex homóloga, ya que la exmagistrada tiene el derecho de responder a cada una de las observaciones que se realizaron al proceso de entrega recepción y hacer la aclaraciones que ella considere pertinentes.

“Nosotros estamos en la parte aclaratoria y no podemos nosotros decir que encontramos algo directo, porque no ha terminado el proceso todavía”, dijo, al señalar que  esencialmente las observaciones que se realizaron son en torno al estatus (la situación) de algunos bienes del TSJ.

Agregó que deberán agotarse los plazos y las etapas del proceso de entrega recepción, los procesos de revisión interna, externa y de fiscalización, para emitir juicios respecto a la gestión de su antecesora.

 

 

Lunes, 07 Septiembre 2020 04:10

Requiere SCJN información a Congreso

Hay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.

Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.

Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional  42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.

En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

 

 

El mercado viola medidas de sanidad

El Ayuntamiento de Jiutepec suspendió la instalación del tianguis dominical de La Cerillera, debido a la reiterada violación de las medidas de sanidad, que fueron exigidas para prevenir los contagios de covid-19.

A través de un oficio enviado por la Dirección de Industria, Comercio y Servicio  a la representante de los comerciantes del tianguis, Leticia Alcántara Brito, el ayuntamiento anunció que no permitirá hoy la instalación de puestos.

“Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el día 6 de septiembre del presente año no se permitirá la instalación del Tianguis La Cerrillera, debido a que no se respetaron las medidas de seguridad e higiene como portar el cubre bocas, la sana distancia, la instalación del 50% de su capacidad, no respetar el horario para el levantamiento de puestos  como también la reducción de espacios.

“Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos tomados en pláticas anteriores y ordenamientos antes referidos”, detalló el documento notificado a la líder de los comerciantes.

Varios comerciantes lamentaron la suspensión y reclamaron la irresponsabilidad de varios de sus compañeros, que infringieron los acuerdos asumidos con la autoridad municipal para la operación del tianguis bajo estrictas medidas sanitarias.

El ayuntamiento condicionó la instalación siempre y cuando se distribuyera gel antibacterial, hubiese rigor en el uso de cubrebocas, no se instalaran  módulos o carpas, no se rentarán los espacios a terceros, se respetara la sana distancia y el horario de venta, así como cada comerciante recogiera su basura.

También se acordó que el tianguis operaría al 50%, es decir, una semana trabajarían los comerciantes que se instalan del lado derecho y la siguiente los del lado izquierdo, y así alternadamente.

Sin embargo, no todos los comerciantes cumplieron y el ayuntamiento tomó la decisión de suspender la instalación del tianguis dominical, que es uno de los más concurrido en la zona metropolitana de Cuernavaca, debido a que Jiutepec es uno de los municipios con el mayor número de contagios de covid-19.

Tanto el ayuntamiento como los representantes del tianguis, analizan la posibilidad de imponer sanciones a los comerciantes que infrinjan los acuerdos pactados, ya la irresponsabilidad de algunas personas afectó a todos los tianguistas de La Cerillera.

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