El exfiscal anticorrupción acusa a su sucesor de no acatar suspensión provisional concedida por Juez Quinto de Distrito.

El exfiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez acusó a su sucesor, Leonel Díaz Rogel, de no acatar la suspensión provisional concedida por el Juez Quinto de Distrito, no en contra del retiro, sino por la disminución del dispositivo de seguridad del que goza desde hace casi ocho años.

Tras iniciar –el pasado 11 de febrero– el juicio de amparo 377/2026, el juez federal le concedió la medida cautelar provisional, pero fue diferida la audiencia incidental para resolver sobre la procedencia o no de la suspensión definitiva debido a que el órgano jurisdiccional federal pidió al quejoso subsanar algunos temas técnicos jurídicos en su demanda.

Desde que el exfiscal general depuesto Uriel Carmona Gándara ratificó en el cargo a Salazar Núñez (nombrado en 2015 por el Congreso), en agosto de 2018, se asignó un excesivo dispositivo de seguridad de cuatro vehículos blindados y 14 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin embargo, ante las recientes medidas de austeridad y la reorganización de las fiscalías estatal y anticorrupción, se ajustaron los dispositivos de seguridad para los exfiscales, tanto general (Carmona Gándara), como especializados y regionales.

Sin embargo, Salazar Núñez –quien dejó el cargo en mayo de 2025– alegó en su demanda ante el juez de distrito la ilegalidad de la disminución de su dispositivo de seguridad, pues el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado –que fue aprobado por la LIII Legislatura, entonces dominada por el graquismo– establece que los fiscales general, anticorrupción y antisecuestro tienen derecho a gozar del mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones y por el mismo tiempo que desempeñaron sus cargos.

Transcurrido el plazo, el dispositivo irá disminuyendo o será retirado definitivamente, de acuerdo con las circunstancias personales o de riesgo de cada exfuncionario.

La misma ley orgánica también dispone que los exfiscales regionales y especializados tendrán derecho a gozar de seguridad al dejar el cargo.

Por el momento, el juzgado de distrito no se ha pronunciado sobre la inconformidad del exfiscal anticorrupción por el supuesto incumplimiento de la suspensión provisional ante la reducción de su dispositivo de seguridad, hasta que el quejoso subsane algunas inconsistencias en su demanda de amparo.

En consecuencia, también el órgano jurisdiccional difirió para marzo la audiencia incidental para determinar si procede o no conceder la medida cautelar de manera definitiva hasta la resolución del amparo.

Cuestionado sobre el tema, el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, se limitó a informar que hay varios exfiscales que, en términos de la Ley Orgánica de la FGE, gozan de resguardo para ellos y sus familias, a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Protección a Servidores Públicos.

Algunos de los exfiscales que cuentan con este dispositivo son Uriel Carmona Gándara, destituido del cargo el 6 de febrero de 2025, y Adriana Pineda Fernández, actual magistrada del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes.