Dicha instancia adelanta que volverá a imputar ante un juez al exalcalde de Jiutepec.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) advirtió que volverá a imputar ante un juez al ex presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, quien presumió en redes sociales su “absolución” de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.

A través de su cuenta de Facebook, Agüero Tovar difundió de manera parcial el documento de la notificación del falló de la Sala del Circuito Judicial Único en materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el pasado 14 de febrero por un juez de control dentro de la causa penal JC/1596/2019.

De acuerdo con el ex alcalde, la sala declaró infundados los argumentos expuestos por la fiscalía anticorrupción y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Jiutepec, que acusaron a Agüero Tovar de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Posteriormente, la FECC emitió un comunicado en el que rechazó que el polémico ex edil esté absuelto y adelantó que la fiscalía volverá a formularle imputación.

“La fiscalía anticorrupción volverá a imputar a José Manuel “N” ex presidente municipal de Jiutepec, por peculado y enriquecimiento ilícito, ya que no está absuelto de estos delitos.

“Debido a que se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción volverá a imputarlo por la presunta distracción del dinero recaudado del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019”, explicó al señalar que “el próximo primero de septiembre, la fiscalía anticorrupción imputará de nueva cuenta al ex edil, en tanto, se siguen varias investigaciones en su contra”.

Recordó que Agüero Tovar enfrenta otro proceso penal, por el presunto delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.

De acuerdo con la fiscalía, durante todo su trienio (2016-2018) mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.

 

 

 

 

 

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Un individuo fue privado de su libertad en la colonia El Calvario de Zapata; durante el hecho, los delincuentes realizaron al menos 50 disparos al aire para intimidar a los testigos.

Emiliano Zapata.- Varios individuos realizaron al menos 50 disparos al aire para intimidar a quienes se percataron de que privaron de su libertad a un hombre, en la colonia El Calvario de este municipio, al mediodía del martes.

De acuerdo con información policial, fue alrededor de las 12:10 horas de ayer cuando un hombre era seguido por varias personas que viajaban en dos vehículos, sobre la Calzada de Guadalupe.

El perseguido pedía auxilio a gritos. Ello provocó que algunos vecinos de la zona salieran de sus casas para ver qué estaba sucediendo.

Al percatarse de que varias personas veían lo que ocurría, el grupo armado disparó decenas de veces al aire para intimidar a los testigos.

Momentos después, los responsables obligaron a la víctima a subirse a una camioneta de color gris, la cual era custodiada por un vehículo de color azul.

En seguida, algunas llamadas telefónicas comenzaron a registrarse en el número de emergencias 911.

Unos minutos más tarde arribaron agentes de la Policía Morelos, pero únicamente encontraron decenas de casquillos de calibre .223 percutidos.

La zona fue resguardada por los uniformados hasta que arribó el personal de la Fiscalía Regional Metropolitana para recoger la única evidencia que dejaron los sujetos.

Hasta el cierre de esta edición, el individuo aún no había sido localizado.

 

 

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Se integra una carpeta de investigación por una denuncia de un particular, señala el titular de la Fiscalía Anticorrupción.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, afirmó que el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y otros funcionarios implicados en una investigación abierta, todavía no son indiciados y en este momento solo se integra una carpeta de investigación iniciada con motivo de una denuncia de un particular.

Aclaró que el aseguramiento de documentos y equipos de cómputo en las oficinas de la comuna capitalina la tarde del lunes fue con base en una orden de cateo autorizada por un juez, luego de que la semana anterior el ayuntamiento rechazó la entrega de información a la vicefiscal de la FECC, Guadalupe Flores Servín.

Sostuvo que lo asegurado durante el cateo del martes, está bajo resguardo en el cuarto de evidencias de la fiscalía y aseguró que no hay forma de que se sustraiga o filtre información ahí contenida.

El fiscal rechazó confirmar si la investigación en integración es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, como ha trascendido en los medios de comunicación, pero ratificó que la indagatoria surgió a partir de un particular, que implica en presuntos actos de corrupción a más de cinco funcionarios del ayuntamiento capitalino.  

También afirmó que en este momento el edil no está en calidad de indiciado y que en todo momento se respetará su derecho a la presunción de inocencia.

“No puedo dar información del caso, pero te puedo decir que no es señalado en este momento, no lo tenemos, como se ha dicho, con una orden de aprehensión o ya como culpable. Hay una presunción de inocencia que respetamos”, dijo.

Lamentó la resistencia manifestada durante el cateo por la contralora municipal, Clara Soto Castor, cuya postura fue contraria a su función y de coadyuvar con las demás autoridades

Insistió en que la persona que denunció presuntos actos de corrupción en la comuna capitalina, cuya identidad reservó, presentó datos de prueba que se están verificando y es por eso que se llevó a cabo la diligencia en el Ayuntamiento de Cuernavaca.

 

 

 

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La diligencia fue ejecutada por orden de un juez, por una denuncia contra el presidente municipal.

La tarde de este lunes personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) junto con elementos de la Guardia Nacional acudió al Ayuntamiento de Cuernavaca a ejecutar una diligencia judicial para intervenir la nómina municipal.

La orden la concedió un juez la tarde de ayer, por lo que personal de la Fiscalía acompañados de elementos de la Guardia Nacional acudieron a las oficinas de la Tesorería para llevarse toda la documentación concerniente a la nómina.

De acuerdo a información recabada por La Unión de Morelos, además de la Tesorería también  fueron abiertas, con ayuda de un cerrajero,

las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales y también de la Contraloría.

La investigación está relacionada con la denuncia número 145/2020 presentada el pasado 28 de marzo en la que acusan al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de presunto enriquecimiento ilícito.

Cabe señalar que el viernes pasado personal de la FECC acudió a la sede municipal para pedir que entregaran la documentación concerniente a la nómina pero dicha información fue negada, motivo por el cual tuvieron que requerir la orden de un juez local para ejecutar la diligencia.

La secretaria de la Contraloría del ayuntamiento capitalino, Clara Soto Castor, calificó el hecho como un abuso y responsabilizó a la FECC de la documentación que fue sustraída de esa dependencia, pues denunció que se llevaron las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos municipales y otros documentos sin que le permitieran conocer con exactitud qué era lo que se llevaban.

Respecto a la intervención de la Fiscalía realizada el viernes pasado, Villalobos Adán acusó a esa institución de violar el debido proceso al realizar las investigaciones con exceso de fuerza pública.

El edil acusó a ex trabajadores de la comuna de haber presentado denuncias anónimas que dejaron como resultado el inicio de una indagatoria en contra suya y de otros de sus colaboradores y manifestó que está abierto a que se le investigue, pues aseguró que no hay motivo para tales acusaciones.

Sin embargo, consideró un abuso que llegarán al menos 30 elementos armados a  llevar a cabo la diligencia.

Manifestó que existen inconsistencias y excesos al investigarlo por presunto incremento injustificado de su patrimonio y afirmó que hasta ayer por la mañana no había sido notificado de dicho proceso.

“Fue desproporcionada e innecesaria la forma como llegan 30 elementos con armas largas al interior de nuestras oficinas, ostentando el uso de la fuerza solo para buscar un documento que a la fecha no se cuál es”, señaló el edil en entrevista.

Villalobos Adán reiteró que con esas acciones no sólo se violó el debido proceso, sino que además se viola el principio de presunción de la inocencia.

 

 

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La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), que fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, el robo de vehículos y narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Al publicarse el acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedó instaurada la FIDAI que dirigirá la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, cuya designación fue adelantada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, el pasado 24 de junio durante un acto oficial, aun cuando el acuerdo establece que, posterior a la creación de la nueva fiscalía, tendrá 45 días para hacer el nombramiento.  

La súper fiscalía fue definida en el acuerdo como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional  y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.

Con la creación de la nueva fiscalía, fue derogado el Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delegaba a los titulares de las Fiscalías Regionales y Especializadas, la facultad para realizar requerimientos a los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática.

Lo anterior, debido a que estás facultades serán exclusivas de la nueva fiscal, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, los titulares y agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías y unidades adscritas a la FIDAI deberán de cumplir con la normatividad local y federal, conforme al ámbito de su competencia de investigación.

También se adicionó el nivel 102-A al Tabulador de Sueldos, fijado en el  Acuerdo 05/2019 del Fiscal General del Estado de Morelos publicado el 10 de abril de 2019 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para incluir al Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto como categoría única y la percepción mensual que determine la Coordinación General de Administración con base en la suficiencia presupuestal.

 

 

 

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Consejo Ciudadano de Seguridad exige indagar irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal.

El Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a los Poderes del Estado implementar las acciones necesarias para investigar las irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal, que permiten que los presuntos criminales evadan la ley, luego de que públicamente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que al menos 11 jueces están bajo sospecha por la liberación de al menos 64 presuntos secuestradores en 2019.

El presidente del consejo ciudadano, Rafael Rueda Moncalián, señaló que desde la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad se planteó la necesidad de revisar varios casos de imputados que obtienen sulibertad, “porque la misma ciudadanía nos ha comentado en donde varios de los personajes que han sido asesinados, resulta que la mayoría tenía antecedentes penales, y chistosamente  se encontraban en la calle, como el caso que tuvimos en Plaza Bugambilias (un hombre asesinado el 27 de septiembre de 2019), un caso muy sonado, una persona con droga y armas de fuego (detenido) y al mes ya estaba en la calle”.

“Esto si puso el llamado, en donde los autoridades, nosotros como ciudadanía y como Consejo pedimos que se esclarezca dónde está mal, quién esta mal, ¿la Comisión Estatal de Seguridad, la cadena de custodia, la investigación que hizo la fiscalía o qué juez dictaminó que la persona no era culpable?.

“Y algo que es muy interesantes saber, que es lo más chistoso y hay una semejanza, que varios de los grupos de abogados son al parecer los mismos que tienen este  tipo de problemas, son los que  han  tenido la gracia de decir, de sacar libre a tanta gente”.

Indicó que todas las variables e intervinientes en el sistema de justicia penal tienen que ser revisados para saber qué está sucediendo, donde están las anomalías o fallas, y tomar las medidas necesarias para evitar que delincuentes sigan libres.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad informó que el 2019 cerró con una incidencia delictiva ligeramente a la baja, pero se registró un aumento significativo en los delitos de alto impacto y muy particularmente  en la extorsión.

De acuerdo con el recuento estadístico realizado por el órgano ciudadano, el año pasado concluyó con una incidencia de 43 mil 191 delitos,  que significó un descenso de 3.9 por ciento con respecto al 2018, que cerró con 44 mil 936 ilícitos denunciados.

Sin embargo, los delitos considerados de alto impacto registraron una alza significativa entre 2018 y 2019. Mientras en 2018 se reportaron 693 homicidios dolosos, el 2019 cerró con 911 casos, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El aumento significó una diferencia de 31.5%. y ubicó a la entidad en el sexto lugar de la incidencia de este delito.

Las estadísticas oficiales indicaron que particularmente el delito de extorsión se disparó 666.7%, pues mientras en el 2018 se denunciaron 24 casos, el 2019 cerró con 184 casos. El feminicidio aumentó un 39.8% con 11 casos más que en el 2018, y el secuestro subió 56.5% al pasar de 46 casos en 2018 a 72 casos denunciados 2019, lo que ubicó a Morelos en el primer lugar en el ranking nacional en la incidencia de este ilícito por número de habitantes.

También aumentó el robo a negocio, al registrarse mil 827 casos en 2019, 24.1% más que en 2018; la violencia familiar aumentó 3.6%; y el narcomenudeo aumentó 21.8%.

Detalló que los delitos que tuvieron baja en su incidencia fueron robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transportistas, así como robo de motocicletas y violación.

 

 

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Viernes, 24 Enero 2020 05:18

Niegan suspensión a Beatriz Vicera

Fiscalía podrá solicitar la información financiera necesaria relativa al presunto desvío de recursos imputado a la exdiputada.

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Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

 

 

 

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La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

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Viernes, 20 Diciembre 2019 05:17

Rechaza fiscalía incurrir en intimidación

Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

 

 

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