La protección es contra medida cautelar en proceso penal por presunta violencia familiar.

Un juzgado de distrito otorgó la protección de la justicia federal al exdirigente de Morena en Morelos Ulises Bravo Molina para efecto de que la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos analice nuevamente la medida cautelar fijada dentro del proceso iniciado en contra del morenista por presunta violencia familiar, en agravio de su expareja, luego de que en julio pasado cambió la medida de firma periódica quincenal a prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente 1018/2025, el Juzgado Segundo de Distrito decidió conceder el amparo a Bravo Molina –hermano del exgobernador y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo– contra la determinación del 11 de julio de 2025, en la que la sala decidió modificar la medida cautelar, pese a que en resolución previa reconoció que no existía ningún elemento para presumir la intención del imputado de sustraerse de la acción de la justicia y que la firma periódica era una medida proporcional, “alternativa idónea y menos lasciva”.

Además recalcó que “no existe un análisis por parte de la responsable (magistrados de la Segunda Sala del TSJ, de alguna circunstancia de las previstas en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales o diversa que permita concluir que existe un riesgo de sustracción de la justicia y con ello justifique la imposición de la medida cautelar prevista en la fracción I del artículo 155 del Código en mención”.

Ante “las inconsistencias” y la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la determinación de los juzgadores de segunda instancia, el Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo para efecto de que la sala deje insubsistente la resolución impugnada y, “con libertad de jurisdicción, emita otra resolución que podrá ser en igual o diverso sentido al del acto reclamado, pero si es en el mismo, deberá subsanar las deficiencias formales destacadas en esta sentencia”.

El juzgado federal recalcó que “la protección constitucional se hace extensiva respecto del acto reclamado al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado (Luis Guillermo Ortega Castillo) con sede en Xochitepec, Morelos encargado de la causa penal JC/303/2024 consistente en la ejecución de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no haber sido reclamado por vicios propios, sino que su ilegalidad deriva de la propia resolución”.

La sentencia fue emitida el 13 de enero pasado y el juzgado federal declaró el lunes que ha causado ejecutoria, en virtud de que nadie se inconformó con el fallo. En consecuencia, el órgano de justicia federal instó a la Tercera Sala del TSJ a cumplir a la brevedad con el fallo protector, “en la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de doscientas treinta Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

Aún se encuentra pendiente de resolución en el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, con sede en Cuernavaca, el amparo en revisión en el que Ulises Bravo impugnó el fallo de la Tercera Sala del TSJ, que ordenó su vinculación a proceso por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su expareja.