El Congreso local ratificó como titular de la Secretaría de la Contraloría estatal a América Berenice Jiménez Molina.

Durante la sesión ordinaria de este viernes, los legisladores consideraron que Jiménez Molina cumple con los requisitos de ley para ocupar el cargo de secretaria de la Contraloría.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local, que finalmente ratificó por 15 votos a favor y dos en contra.

Cabe recordar que América Jiménez sustituye a César Santana Nava, quien renunció al cargo desde el pasado 15 de mayo; Jiménez Molina ocupaba hasta hoy el cargo de encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

En la misma sesión ordinaria, el Pleno del Congreso tomó protesta a la nueva contralora del estado.

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*A fin de evitar colapso financiero a Morelos y sus municipios*

El Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo que pueda solicitar a la federación un adelanto de participaciones por mil 200 millones de pesos, a fin de evitar un "colapso" financiero para Morelos y sus municipios, ante las afectaciones que causó la emergencia sanitaria.

Por la vía rápida, los legisladores dictaminaron y aprobaron el decreto por el cual avalaron que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pueda participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), ante la reducción de las participaciones para el estado y los municipios, así como el daño económico que causó la pandemia de covid-19 en este 2020.

Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo la tarde de este viernes, se explicó que el Poder Ejecutivo podrá llevar a cabo el proceso jurídico para crear un fideicomiso no público, mismo que administrará las participaciones federales a las que se accederá como adelanto, por un monto de mil 200 millones de pesos, del cual 250 millones corresponderán a los municipios.

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En un comunicado, el Congreso de Morelos informó que al reanudar la sesión ordinaria iniciada el pasado 30 de junio, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, presentó ante el Pleno del Poder Legislativo un paquete de iniciativas, con la intención de avanzar en los temas que han quedado pendientes a causa de la pandemia de covid-19.

Entre las propuestas presentadas por el legislador se encuentra una iniciativa para evitar la revictimización de quienes sufren el robo de su vehículo; una iniciativa de Ley contra el Acoso Sexual en Espacios Públicos y una propuesta de decreto por el que se busca tipificar el delito de fraude cibernético.

Asimismo, presentó una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y un exhorto para todos los municipios a fin de que promuevan el uso de cubrebocas obligatorio a las personas que transiten en los espacios públicos y de acceso público en la entidad.

En cuanto a la primera iniciativa, ésta es un proyecto de decreto para adicionar, a las leyes de Víctimas del Estado de Morelos y General de Hacienda del Estado de Morelos, artículos que permitan exentarlos del pago de gastos originados por maniobras, arrastre y almacenaje del vehículo recuperado, así como otros gastos administrativos; “es decir, el afectado no pagará ninguna cuota para que le sea devuelto su automotor”, puntualizó.

Por otro lado, en torno a la propuesta en contra del acoso sexual en espacios públicos, Sotelo Martínez detalló que “se pretende erradicar el problema de manera consistente y oportuna, para que la sociedad en sí, tenga un cambio de cultura y todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos”, sin “sentir acoso o miedo de ser objeto de alguna agresión verbal o física”.

En lo tocante al fraude cibernético, el diputado explicó que se trata de un decreto por el que se busca tipificar dicho delito a través de la adición el artículo 148 bis en el Código Penal para el Estado de Morelos y con ello “salvaguardar la identidad de la persona, y evitar el robo de datos como RFC, CURP, domicilio, fecha de nacimiento y datos bancarios, entre otros”.

Además explicó las dos iniciativas relacionadas con el tema de la pandemia, la primera “para modificar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el que se pretende ayudar a las y los trabajadores al servicio del estado que tengan un familiar menor de edad o de la tercera edad contagiado de covid-19, otorgándoles dos semanas con goce de salario íntegro para que pueda atender a sus parientes enfermos”.

En tanto que la segunda, es un exhorto para todos los municipios a fin de que promuevan el uso de cubrebocas obligatorio a las personas que transiten en los espacios públicos y de acceso público en el estado.

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*Y de dos comisionados del IMIPE* 

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que existen acuerdos para concretar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en un periodo extraordinario de sesiones.

Al respecto, el legislador explicó que se busca reponer los procesos de designación que se impulsaron el año pasado, a fin de dar legalidad a los nombramientos.

Por ello, Zapotitla Becerro refirió que tendrá que ser a finales de julio o en agosto cuando se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para atender dichos asuntos y otros pendientes de la agenda legislativa.

Mientras tanto, se ha informado que este día podría llevarse a cabo una sesión ordinaria, en la que se busca autorizar al Ejecutivo del estado a participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), impulsado por la federación.

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A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que el jefe del Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, participó en la reunión virtual sostenida entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios del Gobierno de México, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Dicha sesión se llevó a cabo con la finalidad de analizar el semáforo epidemiológico que elabora el gobierno federal, así como la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuevo acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

En esta sesión también participaron los titulares federales de las secretarías de Economía, Graciela Márquez Colín; de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; de Turismo, Miguel Torruco Marqués; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Además, estuvieron enlazados Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Luis Antonio Ramírez Pineda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, el mandatario estatal estuvo acompañado por Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo; Mirna Zavala Zuñiga, de Administración; Margarita González Saravia, de Turismo y Cultura, así como Marco Antonio Cantú Cuevas, de Salud.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a los municipios de Cuernavaca y Cuautla sobre la suspensión concedida al Poder Ejecutivo estatal para efecto de que no se apliquen los acuerdos de reapertura socioeconómica aprobados por los cabildos de ambos municipios, lo que significa que a partir de este jueves, el comercio y las actividades no esenciales deberán volver a cerrar como parte de las medidas para evitar los contagios de covid-19.

“Se concede la medida cautelar para que se suspendan los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio (de Cuernavaca) a partir del 22 de junio del año en curso, exclusivamente en aquello que exceda la gradualidad o los porcentajes de la normatividad federal y estatal para la reapertura y/o reanudación de actividades, y mantenga en el acatamiento estricto a las políticas establecidas para el Estado de Morelos y sus municipios, tanto del Gobierno Federal y como de la propia entidad federativa, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del asunto”, dice el acuerdo dictado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dentro de la controversia 93/2020.

En el mismo sentido fue dictado el acuerdo dentro de la controversia constitucional 92/2020, que obliga también al Ayuntamiento de Cuautla a suspender la aplicación del acuerdo de Cabildo de reapertura socioeconómica a partir de hoy.

La medida cautelar obliga a ambos municipios a acatar las disposiciones federales y estatales ordenadas por las autoridades sanitarias, en virtud de que Morelos se mantiene en contingencia sanitaria en semáforo rojo, que significa un alto riesgo de contagio del covid-19.

La tarde de este miércoles, el ayuntamiento capitalino emitió un comunicado sobre el tema, el cual señala que: “… Una vez que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, respecto del acuerdo relativo a la reapertura económica en el municipio de Cuernavaca, información contenida en el documento relativo al incidente de de suspensión de la controversia constitucional 93/2020, se manifiesta que: El Ayuntamiento de Cuernavaca esperará a ser notificado formalmente para conocer el contenido y los alcances de lo dispuesto por el máximo órgano jurisdiccional del país para fijar su postura al respecto".

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Poder Ejecutivo la suspensión contra el acuerdo relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio de Cuernavaca, derivado de la sesión de cabildo de 21 de junio de 2020.

Al igual que Cuautla, la capital morelense tendría que respetar el semáforo rojo por el covid-19 y mantener únicamente las actividades esenciales.

Hasta el momento, las partes implicadas no han sido notificadas de la medida cautelar, luego de que el gobierno estatal promovió las controversias constitucionales 92/2020 y 93/2020.

Posteriormente, en un comunicado, el Gobierno de Morelos detalló lo siguiente:

"Ante la determinación del municipio de Cuernavaca de ordenar la reapertura total de las actividades no esenciales a pesar de que el estado se encuentra en semáforo rojo -alerta máxima del covid-19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión al acuerdo de apertura.

Lo anterior, luego de que el gobierno del estado tomó la decisión de presentar una controversia constitucional, a fin de que se suspendiera el acuerdo del referido municipio y, en su lugar, se obligue a seguir dando cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en Morelos”, publicado en el número 5835 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

El gobierno del estado en su calidad de autoridad sanitaria ha emitido las disposiciones necesarias para proteger la salud y la vida de toda la población de la entidad, en concordancia con los lineamientos y la semaforización que la federación marca, lo cual ha representado un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades, tanto estatales como municipales.

Se reitera que los integrantes del sistema estatal de salud, las autoridades civiles, los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, estarán obligados a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia que emita el gobierno federal y estatal.

El gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo es sensible al impacto económico que conlleva la suspensión de actividades, sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento implicaría un costo altísimo en términos de salud, además de que podría traer como consecuencia que no haya avances en la semaforización por la maximización de contagios que podría detonarse.

Es obligación del estado apoyar a la ciudadanía para que pueda tomar las acciones más responsables en la emergencia que se enfrenta, las cuales si se cumplen estrictamente podrían conseguir que la total reapertura económica pueda ser una realidad lo antes posible; por lo que es importante destacar que en próximos días Morelos se ubicaría en el semáforo naranja, lo cual permitirá la reapertura económica de ciertas actividades.

El Gobierno de Morelos puntualiza que no se trata de un tema de carácter político, sino de una cuestión legal por la que el Ayuntamiento de Cuernavaca deberá acatar los términos de la mencionada suspensión, una vez que reciba la notificación".

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*Durante las actuales administraciones*

El Congreso del estado avanza en la revisión de la propuesta para que los municipios puedan endeudarse durante las actuales administraciones.

Al respecto, la diputada panista Dalila Morales Sandoval adelantó que la iniciativa se ha visto como inviable, pues sería generar más problemas a los municipios que de por sí ya se encuentran en crisis.

Sin embargo, la legisladora anotó que la propuesta se sigue revisando en la Comisión de Hacienda del Congreso local, además de apuntar que también incluye la posibilidad de que el estado adquiera nueva deuda pública.

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*Para desahogar rezago legislativo*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que se analiza abrir un periodo extraordinario de sesiones para el mes de julio, a fin de desahogar el rezago legislativo.

El diputado pesedista admitió que hay muchas temas de importancia que se revisan para su desahogo en los próximos días, pero debido a la emergencia sanitaria se ha podido avanzar de manera lenta; por ello, se analiza seguir trabajando de manera extraordinaria en el receso legislativo que inicia después del 15 de julio.

Sotelo Martínez adelantó que mañana se reunirán con el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, a fin de conocer las reglas y prepararse para el regreso a la nueva normalidad después del 15 de julio.

Con respecto al dictamen de la llamada "ley de identidad de género ", el legislador afirmó que no fue mandada a la "congeladora" sino que se regresó a comisiones para seguir revisando el dictamen, y aseguró que existe toda la disposición de votar el asunto.

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*Entre ellos, el diputado federal Jorge Argüelles*

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Comisión de Quejas ordenó a servidoras y servidores públicos retirar publicaciones con promoción personalizada por covid-19, entre ellos el diputado federal por Morelos, Jorge Argüelles Víctorero.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió imponer medida cautelar a 63 servidoras y servidores públicos de distintos niveles, cargos y procedencia partidista en 15 estados, por la probable promoción personalizada derivada de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus covid-19, además de realizar un exhorto a las personas que ejercen cargos públicos para que su conducta se ajuste en todo momento al marco constitucional.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.

Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar, de oficio, procedimientos especiales sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.

Por votación unánime de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero Jaime Rivera, la comisión ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, ya que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.

De un análisis preliminar se consideró que estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.

Entre las servidoras y servidores mencionados está Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal por Morelos.

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