Autoridades implementan una campaña en centros de reinserción social y el CEMPLA para impedir la introducción ilegal de teléfonos celulares; se refuerza estrategia nacional contra el delito: SSPC.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó una campaña de difusión dirigida a las visitas de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los penales estatales, para advertirles de las consecuencias que podrían afrontar si son sorprendidas en el intento de introducir ilegalmente teléfonos celulares o algún otro dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes.

Este fin de semana, en el exterior de los penales y del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) fueron colocadas lonas en las que se informa a familiares y amigos de las personas internas, que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que entró en vigor a partir del 28 de noviembre de 2025, tipifica como delito la introducción de dispositivos de comunicación a los centros de reinserción social.

El artículo 23 de esta ley, en su capítulo II “De los Delitos Vinculados al Delito de Extorsión”, establece que “quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de ciento veinte a doscientas cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

El caso más reciente de una detención durante una visita familiar ocurrió el 27 de diciembre pasado en el penal de Atlacholoaya, cuando custodios realizaron una inspección de rutina y detectaron que una mujer, identificada como María Elena “N”, de 62 años de edad, ocultaba a la altura de la entrepierna dos equipos de telefonía celular.

Por tal razón, fue puesta a disposición del Ministerio Público y, posteriormente, imputada, fue vinculada a proceso y sometida a la medida de prisión preventiva durante su proceso penal.