El motivo es el retraso en la puesta en marcha de la fiscalía contra la tortura.

El fiscal estatal, Fernando Blumekron Escobar, deberá pagar una multa por incumplir con una sentencia de amparo y retrasar la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.

Tras superar el tema de la disposición presupuestal, en el que la fiscalía, el Congreso local y la extinta Secretaria de Hacienda estatal se enfrascaron por meses, el Juzgado Segundo de Distrito consideró que los 10 millones de pesos asignados al organismo autónomo en el presupuesto de egresos del 2026 eran suficientes para comenzar con la operación de la fiscalía especializada.

Sin embargo, la fiscalía informó al juzgado federal que “con el presupuesto aprobado únicamente se encuentra en condiciones de iniciar de manera paulatina las gestiones que conllevan dicho fin”, pero la respuesta no fue suficiente para el órgano jurisdiccional federal, quien consideró que “se advierte la contumacia de la responsable en virtud de la omisión de acreditar gestión alguna tendiente para acatar el fallo protector”.

Ante ello, el juzgado impuso al fiscal Blumenkron Escobar una multa de 230 unidades de Medida y Actualización, equivalentes a casi 27 mil pesos, y le hizo un nuevo requerimiento de cumplimiento de sentencia para que en un plazo de cinco días informe de acciones concretas sobre la operación de la fiscalía especializada, la cual debió crearse desde 2017 tras la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México.

El incumplimiento de la sentencia por la que es sancionado el fiscal de Morelos derivó del amparo concedido al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en 2022, y en el que la justicia federal ordenó al Congreso de Morelos crear y poner en marcha la nueva fiscalía.