Maciel Calvo

Maciel Calvo

Viernes, 20 Marzo 2020 05:00

Tres muertos en fuga en Cereso

Al menos diez reos más, y un custodio, lesionados.

Viernes, 20 Marzo 2020 05:15

Roberto Coranguez se dice perseguido

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

 

 

El partido debe recibir las prerrogativas retenidas por el instituto electoral.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Instituto Morelense de Participación Ciudadana (Impepac) entregar las prerrogativas que le corresponden al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al resolver el juicio de reconsideración TEEM/REC/01/2020-2 promovido por Marco Polo Morales Flores en representación el partido político, el tribunal local determinó que fue ilegal la retención que hizo la consejera presidente del Impepac, Ana Isabel León Trueba, del financiamiento público que le correspondía al PRI en Morelos en el mes de febrero.

Declaró fundado el agravio expuesto por el partido tricolor, que acusó que la consejera presidente no fundó ni motivó la decisión de retener las prerrogativas del partido, además de que carece de facultades legales para hacerlo.

Por tal razón, por unanimidad, el TEEM ordenó a la titular del Impepac hacer la entrega de las prerrogativas reclamadas, ya que al partido le asistió la razón y el derecho de recibir su respectivo financiamiento público para la realización de sus actividades partidistas.

La suspensión de la entrega de recursos, de acuerdo con la versión del Impepac, obedeció a la falta de certeza jurídica sobre la representación estatal del partido, debido al conflicto interno por la dirigencia que desde octubre de 2019 protagonizaron el otrora delegado Cirilo Valdés Hueso y Alberto Martínez González, quien hace un par de días renunció como presidente del PRI en Morelos y en su lugar fue designado Jonathan Márquez Godínez.

 

 

Miércoles, 18 Marzo 2020 05:14

El Poder Judicial suspende actividades

El TSJ Morelos establece rol de guardias en salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

El Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia de Morelos  (TSJ) suspenderán las actividades jurisdiccionales a partir de hoy, como parte de las medidas preventivas para evitar brotes de Coronavirus (Covid-19).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que se suspenden las funciones jurisdiccionales en todo el país a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta domingo 19 de abril de 2020.

La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Detalló que estarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como “vulnerables” al coronavirus como personas adultas mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias, así como mujeres embarazadas o en lactancia.

El horario laboral presencial de los juzgados de distrito y colegiados será de 9:00 am a 3:00 pm y, en la medida de lo posible, deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias.

Por la tarde, el Pleno del TSJ sesionó para tomar medidas preventivas y también optó por decretar la suspensión de labores a partir de este miércoles, y estableció un rol de guardias de las distintas salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

 

El expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rechaza haber incumplido sus funciones y afirma que todavía ostenta su cargo.

Anuncia una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

La destitución de Roberto Coranguez Esquivel reavivó el conflicto en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya que el ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA (CPC-SEA) contratacó a su detractores con una denuncia penal y un solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Acompañado por miembros de la organización Amigos de Cuauhnáhuac, Roberto Coranguez Esquivel y Edgar López Betanzos, ex presidente y actual integrante del CPC-SEA, respectivamente, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación SC01/ 2394/2020 por los presuntos delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y lo que resulte.

Ambos acusaron como presuntos responsables de los ilícitos a la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez; al secretario de la Contraloría, César Santana Nava; a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; a la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública, Mireya Arteaga Dirzo; a Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y a América Jiménez Molina, titular de la contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

Además, también acusó a Penélope Picazo Hernández, Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damiana Herrera Mota,  presidente sustituta y miembros del CPC-SEA, quienes impulsaron el relevo de Coranguez Esquivel como presidente del comité ciudadano, al aplicarle el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y cesarlo de la presidencia por “falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”.

Posteriormente, Roberto Coranguez y Edgar López acudieron a la sede del Poder Legislativo para presentar una solicitud de juicio político contra el resto de los miembros del CPC-SEA y de todos los titulares de las instituciones miembros del Comité Coordinador del SEA.

Ahí, Coranguez Esquivel acusó que hubo confabulación para relevarlo del cargo, el cual asumió que todavía ostenta porque le corresponde al Congreso retirarlo de la presidencia del CPC-SEA y ese proceso no ocurrió.

Rechazó haber incumplido sus funciones y aseguró que los últimos meses convocó a diversas sesiones al comité ciudadano.

“Aquí manifiestan que nada más se han llevado a cabo dos sesiones del comité ciudadano, lo cual es totalmente falso,  ya que se han llevado cuatro sesiones ordinarias y extraordinarias, y además la última sesión que se llevó fue el 10 de diciembre”, dijo y señaló que las actas fueron firmadas por la propia Penélope Picazo Hernández, quien se ostenta desde el fin de semana como presidenta del comité ciudadano.  

“Ese cargo lo sigue teniendo Roberto Coranguez Esquivel, no podemos tener una duplicidad de presidente, no se ha hecho el proceso adecuado para desconocerlo, para revocarle el nombramiento”, secundó Edgar López Betanzos, miembro del CPC-SEA, quien señaló que sería el Congreso local quien tendría que revocar la presidencia a Coranguez Esquivel y, si bien por orden de prelación Penélope Picazo sería la próxima presidente del órgano ciudadano, su periodo comenzaría hasta el próximo 2 de mayo.  

De esta manera, solicitaron la intervención del Congreso local, ante el conflicto que mantiene enfrentados a dos bandos y que los llevó a acusarse mutuamente de incurrir en responsabilidades penales, administrativas y políticas.

 

 

 

Comité Coordinador desecha terna para la designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

Mientras que Roberto Coránguez Esquivel fue destituido como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), el Comité Coordinador desechó la terna que le fue enviada en octubre de 2019 para la designación del secretario técnico del SEA, por no cumplir con los requisitos previstos en la ley.

A través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”

Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año.

Concretado el relevo, la presidente sustituta convocó a sesión del Comité Coordinador del SEA, integrado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaria de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y Contraloría Municipal de Cuernavaca.

Por unanimidad, el Comité Coordinador determinó que la terna que le envío el CPC-SEA en octubre pasado para la designación del secretario Técnico de la Secretaría  Ejecutiva del SEA “no se encuentra legalmente conformada, en virtud de que las personas que la integran, no reúnen los requisitos que exige el artículo 36 de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”.

En consecuencia, desechó la terna y conminó al CPC-SEA a presentar lo más pronto posible una nueva, integrada con personas que cubran los requisitos de ley, como ser mexicano y preferentemente morelense; tener al menos cinco años de experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de políticas públicas; tener más de 35 años al día de su designación y gozar de buena reputación, entre otros requisitos.

Además, se informó que lo actuado por el Comité Coordinador será informado al Juzgado Octavo de Distrito, donde los aspirantes al cargo de secretario técnico promovieron un juicio de amparo, con la finalidad de dar cuenta a la autoridad judicial que dicho comité expidió ya los lineamientos para el nombramiento.

“Los que suscribimos, hacemos votos para que ésta nueva etapa del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado, sea el inicio de la conformación de una instancia de vinculación que cumpla con las expectativas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. Y que a través de este Sistema logremos posicionar a nuestro Estado a la vanguardia de esta lucha”, afirmaron en su comunicado Penélope Picazo Hernández, Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damiana Herrera Mota, miembros del CPC-SEA.

A finales de 2019, se dio un fuerte conflicto entre el otrora presidente del CPC-SEA, Roberto Coránguez Esquivel, y algunos de los integrantes del comité ciudadano y el Comité Coordinador, debido a que se forzó la integración de una terna para la designación del secretario técnico del SEA (quien será el responsable de la operatividad del sistema anticorrupción).

Posteriormente, Coránguez Esquivel impulsó el nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino”, lo que avivó los desencuentros entre los integrantes del SEA porque esa figura no está prevista en la ley.

Incluso, González Chévez hace unos días fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por ostentarse con un cargo inexistente y haber emitido oficios y haber realizado gestiones ante diversas instancias gubernamentales.  

 

 

Desde el fin de semana es notoria en tiendas departamentales la compra inusual por volumen de cloro, desinfectantes en aerosol, agua embotellada, papel higiénico y alimentos enlatados.

Tiendas departamentales adoptaron medidas para racionar la venta de desinfectantes, ante la compra masiva que se desató el fin de semana tras el anuncio de gobierno federal de la implementación de la fase de “distanciamiento social” y la suspensión de clases como medida preventiva para evitar brotes de coronavirus.

Desde el fin de semana las tiendas departamentales de venta al menudo y mayoreo estuvieron abarrotadas por los consumidores, que acudían a comprar desinfectantes y especialmente gel antibacterial.

Ante la alta demanda, particularmente en las tiendas de productos al mayoreo, limitaron, por ejemplo, la venta de gel sanitario a dos botellas por membresía. También fue visible la compra inusual por volumen de cloro, desinfectantes en aerosol, agua embotellada, papel higiénico y alimentos enlatados.

Ante ello, en las redes sociales hubo reacciones de usuarios que pedían a la población no realizar compras de pánico, sobre todo de desinfectantes, jabones, mascarillas y productos sanitizantes, porque generarían escasez.

“A los que compran 30 jabones y dejan los estantes vacíos para los demás ¿Sabías que para protegerse del coronavirus se necesita que los demás también se laven las manos?”, fueron algunas de los comentarios que circularon en la redes sociales.

Las autoridades del sector salud han insistido en pedir a la población mantener la calma, reforzar las medidas de higiene, evitar lugares concurridos, no  generar alarma, no hacer caso a las noticias falsas y atender la información que las autoridades generen de manera oficial.

 

 

En su lugar se usará la figura “de resistencia de particulares y “desobediencia”, que tiene menor penalidad.

El delito de ultrajes a la autoridad quedó oficialmente eliminado del Código Penal del Estado de Morelos y fue sustituido por la figura de resistencia de particulares y desobediencia, como una “forma aminorada” de sancionar a quienes agredan o desacaten el mandato de una autoridad”.

La reforma se realizó con base en el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2016, cuando declaró la inconstitucionalidad del delito de “Ultrajes a la Autoridad” previsto y sancionado por el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal con seis meses y hasta dos años de prisión, porque era contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, por considerar que era demasiado amplio y era una bolsa en la que cabía prácticamente cualquier conducta.

El legislador morelense calificó como inoperante la tipificación de la conducta en el Código Penal de Morelos, que establecía de uno a seis años de prisión, ya que entre 2014 y 2015 se iniciaron 185 carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, de las cuales solo 10 fueron judicializadas y ninguna concluyó en sentencia.

Además de ser violatorio del principio de taxatividad, el legislador razonó que dicha figura penal atentaba contra el principio fundamental de expresión.

“El delito de ultrajes a la autoridad, dentro de nuestra legislación se encuentra establecido como una conducta generadora de responsabilidad penal en el entendido de que la misma consistirá en injuriar, ofender o insultar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones.

“En ese sentido, se considera que dicho tipo penal es una limitante a las ideas que deseen expresar los gobernados vulnerando los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, así como lo establecido en los instrumentos internacionales aplicables en la materia, ya que, si bien es cierto la libertad de expresión, de conformidad a las normas señaladas, puede ser restringida si así se encuentra establecido en la ley, si persigue un fin legítimo y si es necesaria en una sociedad democrática, no menos ciertos es, que en efecto el delito en estudio cumple con los primeros dos requisitos señalados resulta insuficiente para tener por satisfechos los requisitos de necesidad e idoneidad de la medida en consideración a lo siguiente.

“La medida contenida en la ley resulta ser de las más lesivas en virtud de que puede llegar a afectar la libertad del ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad sin que esto sea verdaderamente justificado o necesario en una sociedad con un sistema meramente democrático”, fundamentó.

Así, con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma por la que se derogó el artículo 294 que contemplaba la figura de ultrajes a la autoridad, y modificó el artículo 288 para proteger a los funcionarios que ejecuten un mandato de autoridad y establecer nuevas sanciones “como una forma aminorada de esa resistencia, insultar a las autoridades, cuando estas actúan en el cumplimiento de un mandato legítimo”.

En consecuencia, “al que sin causa legítima y por primera vez rehusare prestar un servicio al que la ley le obliga, desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad o la insulte en su cumplimiento, se le impondrá de treinta a ciento veinte días de semilibertad.

“Si la desobediencia ocurre con violencia por segunda ocasión o en relación con otros participantes, se duplicará la sanción, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido”.

 

Catorce empleados de la Fiscalía serán presentados como testigos.

Orlando “N”,  perito de la Fiscalía General del Estado, será sometido a juicio oral como presunto responsable del hurto de un arma de fuego que estaba asegurada en el cuarto de evidencias de Fiscalía Regional Sur Poniente.

Al ex servidor público se le atribuyen los delitos de ejercicio indebido del servicio público y robo calificado, por lo cual el agente del Ministerio Públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó pruebas de su presunta responsabilidad y 14 servidores públicos de la fiscalía serán presentados como testigos.

Durante la apertura de la audiencia de juicio oral, la fiscalía anticorrupción solicitó al tribunal de enjuiciamiento imponer al imputado una pena de  23 años de prisión, ocho por el delito de ejercicio ilícito y 15 por el robo calificado.

En julio de 2019, la fiscalía anticorrupción ejecutó la orden de aprehensión girada por un juez de control contra el perito identificado como Orlando “N”, cuando caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el centro de la cabecera municipal de Jojutla.

El servidor público fue implicado en la carpeta de investigación FECC/104/2019, iniciada por personal de la propia FGE, que se percató de  la ausencia de armamento asegurado y resguardado en el cuarto de evidencias de la fiscalía regional de la zona surponiente, el cual habría sido sustraído y sustituido dentro de los embalajes por objetos y armas de fuego viejos.

Desde 2014 se han practicado supuestas auditorías en los cuartos de evidencia de la fiscalía, pero los últimos tres titulares, incluidos Carmona Gándara, no han hecho públicos los resultados ni han abundado sobre la gravedad de la sustracción, pérdida y alteración de evidencias, especialmente de armas de fuego.  

Incluso, está pendiente el deslinde de responsabilidades por la sustracción de objetos y armas del cuarto de evidencias detectado también en la fiscalía metropolitana.

Fue el mismo fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, quien reveló en mayo pasado que el arma usada por el joven Maximiliano “N” para asesinar en pleno zócalo de Cuernavaca a los líderes sindicales Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón, habría sido  sustraída de uno de los cuartos de evidencia de la fiscalía.

 

 

Entraron en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada y la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Morelos.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tendrá la regulación y control en ambos temas.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada y la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad la regulación y control en ambos temas.

De acuerdo con la ley de Seguridad Privada,  su objetivo es regular, controlar, y en su caso autorizar y revalidar las actividades y prestación de los servicios de seguridad privada por parte de personas físicas y morales en sus modalidades de reguardo de bienes, de valores, de reguardo de vehículos y personas, blindaje y seguridad electrónica.

El nuevo marco jurídico permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) crear el Registro Estatal de Prestadores, Personal y Equipo de Seguridad Privada, para disponer de una base actualizada de datos del personal directivo, técnico, administrativo y personal operativo, así como del equipo y, en su caso, los datos de la asignación del armamento utilizado, así como los servicios y la cobertura de los servicios de seguridad privada.

Además, impone la obligación que los elementos de seguridad privada obligadamente sean sometidos a los exámenes de control de confianza, y sólo que apruebe la evaluación podrán ser habilitados y obtener su cédula de identificación.

También, el personal contratado para prestar este servicio deberá ser capacitado en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, previo el pago de derechos, en materia de derechos humanos, violencia de género, relaciones Humanas, primeros auxilios, técnicas y tácticas, radio comunicación, entre otros rubros.

La ley también contempla la creación del Consejo de Seguridad Privada del Estado, como órgano de consulta y opinión de la CES y la mejora continua de los servicios de seguridad privada que se presten en el Estado de Morelos.

Las empresas o personas físicas prestadoras del servicio serán sancionadas desde una “amonestación con difusión pública” hasta la clausura de instalaciones y revocación de la autorización para operar, en caso de transgredir las disposiciones legales que rigen su funcionamiento.

 En los artículos transitorios se estableció que quienes brinden servicios de seguridad privada y no cuenten con registro, tendrán 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para tramitar y obtener la autorización.

En un plazo máximo de 180 días naturales el Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos.

Paralelamente entró en vigor la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad pública del Estado de Morelos, que establece las bases de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la entidad, los municipios y los prestadores de servicios de seguridad privada, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

 

 

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