Maciel Calvo

Maciel Calvo

Jueves, 01 Octubre 2020 05:19

Ataque directo, principal hipótesis

El exdiputado federal Juan Jaramillo Frikas falleció tras recibir tres balazos cuando circulaba en su camioneta por el norte de Cuernavaca.

Crean fondo con un monto de ocho millones de pesos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la modificación a la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos, que tuvo la finalidad de etiquetar un monto de ocho millones de pesos para crear el “Fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en el cumplimiento de su deber”.

De acuerdo con la fundamentación de la reforma y adición realizada por el Congreso al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al año fiscal 2020, los familiares de los policías fallecidos deben de iniciar ante las compañías de seguros el proceso del cobro de la póliza, pero el trámite puede tardar más de seis meses.

De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de los 19 elementos caídos en el 2019, únicamente se ha logrado concretar el pago del seguro de vida de un solo elemento.

Esto significa que las familias de los elementos fallecidos en el cumplimiento de su deber, no solo tienen que afrontar la pérdida de su ser querido, sino sortear toda clase de dificultades económicas para satisfacer las necesidades más básicas del hogar.

“Por ello, a manera de recompensa por la labor y años de servicio, prestados en favor de la sociedad del Estado, los policías caídos en cumplimiento del servicio adscritos tanto al Gobierno del Estado como a los Ayuntamientos de la Entidad que se hayan adherido al Mando Coordinado, puedan garantizar a sus beneficiarios o dependientes económicos, que el estado otorgara en su favor, el pago de un apoyo extraordinario, debido al fallecimiento del policía con motivo del desarrollo de sus funciones”, estableció el decreto.

El apoyo extraordinario será otorgado a quienes el elemento haya dejado como beneficiarios y únicamente será aplicable para los policías estatales, policías municipales adheridos al Mando Coordinado, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El Poder Ejecutivo o, en su caso, la Comisión Estatal Seguridad (CES), contará con un plazo de 30 días hábiles, para expedir el acuerdo por el que se emiten los lineamientos del “Fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en el cumplimiento de su deber”, en los que se establezcan los mecanismos legales y administrativos para el otorgamiento de dicho apoyo económico.

Por única ocasión –recalcó el decreto- y en pleno respeto a las garantías de igualdad y no discriminación de los elementos de las instituciones policiales, se autorizó al Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría Hacienda y en coordinación con la CES, otorgue el apoyo económico a los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

 

 

Partidos argumentan la presunta violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con sólo con 13 votos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos días las acciones de inconstitucionalidad promovidas por varios partidos políticos contra la reforma electoral promulgada hace tres meses junio.

En virtud de que el proceso electoral comenzó en Morelos el pasado 8 de septiembre y que el tema requiere resolución inmediata, el Alto Tribunal determinó darle prioridad al análisis y resolución de las impugnaciones promovidas por los partidos políticos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, quienes demandaron la invalidez del Decreto 690 en los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio de 2020.

Las acciones de inconstitucionalidad 139/2020, 142/2020, 223/2020 y 226/2020 fueron enlistadas en los asuntos que el Pleno de la SCJN tiene previsto resolver en los siguientes días, debido al proceso electoral está en curso en la entidad.

Recientemente, el Partido Humanista (PH) intentó sumarse a las impugnaciones contra la reforma electoral, pero la Corte determinó desechar el recurso porque fue promovido extemporáneamente, es decir, fuera del plazo de los 30 días naturales posteriores a la promulgación de la norma rebatida.

Las alegaciones de los partidos se centran básicamente  en la presunta violación al proceso legislativo, al aprobarse el decreto de la reforma electoral con solo con 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; y se inconformaron con el incremento del porcentaje necesario (de tres a cuatro por ciento) para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.

 

 

La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

 

 

El contenido de la legislación lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos, plantean.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) contra la recién promulgada Ley de Videovigilancia, por considerar que no solo hubo violaciones al proceso legislativo en su aprobación, sino que su contenido lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos.

El pasado 24 de septiembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 258/2020 y emplazo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a rendir sus respectivos informes, para dar contestación a la demanda.

De acuerdo con el documento presentado ante la SCJN, el organismo local alegó que existieron violaciones al proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Videovigilancia, ya que “el dictamen del cual deviene el decreto impugnado, fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, toda vez que al ser discutido y votado el mismo día en que por primera vez se enlistó dentro del orden del día de la sesión de Pleno, esto bajo una aparente urgencia, la cual nunca fue justificada, se impidió a las distintas fuerzas políticas estar en posibilidad de conocer y analizar y discutir adecuadamente el dictamen”.

Es decir, se “impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como para analizar y estudiar sus alcances que podría tener en beneficio o perjuicio de los derechos de la sociedad morelense como destinatario final de las normas y poder, en base a esto, realizar de una forma razonada y veraz la discusión y votación del dictamen al seno del Pleno del Congreso”.

La CDHEM también argumentó que la ley, al monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, regular, autorizar y operar sistemas de vigilancia en tareas de seguridad pública, acota derechos y obligaciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública dentro de su territorio, lo cual se traduce en perjuicio de sus atribuciones constitucionales.

Detalló que “el deber de permitir y dar a la Comisión Estatal de Seguridad pública los elementos tecnológicos con los que cuenta el municipio para el desarrollo de la función de seguridad pública, vulnera su autonomía, como lo hace el asignar atribuciones a los cuerpos policiales de los municipios que no le son propias a su función y que, en todo caso, quién podría decidir si se les delega o no, sería el propio ayuntamiento, conforme a la normativa que lo rige y, en su caso, conforme su forma de organización interna”.

Subrayó que, en el caso de los tres municipios indígenas, el Congreso debió haber realizado, antes a la emisión de la ley, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución             Política de los Estados Unidos o relacionado con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.

Por otra parte, subrayó que el artículo 16 de la Constitución federal reconoce que las comunicaciones privadas son inviolables y, si bien la ley impugnada no señala de manera específica como objeto la intención de grabar las comunicaciones privadas de la ciudadanía, “lo cierto es que sí lo hacen y está permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por autoridades como por particulares sin importar el contenido de la conversación representa, es un acto antijurídico”.

Destacó que, atendiendo a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas se encuentra regulada dentro del texto constitucional federal y de éste no se disponen facultades hacia las legislaturas locales para su regulación, “cabe concluirse que el Congreso del Estado es incompetente para legislar y regular dicha materia, por lo que las normas cuestionadas en el presente concepto de invalidez resultan inconstitucionales”.

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó la invasión de facultades en que incurrió el Poder Legislativo en materia de recopilación, tratamiento y resguardo de información y datos personales en posesión de particulares, ya que vulnera el  derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad, ya el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar al respecto.

La CDHEM impugnó también las modificaciones al Código Penal, ligadas a la Ley de Videovigilancia, para imponer sanciones a quienes transgredan la nueva legislación promulgada en pasado 12 de agosto.

Consideró que el Congreso estableció un “tipo penal abierto”, violando la garantía de la aplicación exacta de la ley, ya que no se establece claramente cuál es la autorización a la que deben acceder los particulares (ciudadanos, empresas, condóminos, comercios, entre otros) para instalar, operar, retirar o modificar cámaras de videovigilancia, así como la recopilación, almacenamiento y tratamiento de las imágenes.

Además, dijo, indebidamente la ley impone a los particulares, ya sean personas físicas o morales, la obligación de adquirir determinado equipo de videovigilancia supuestamente en aras de contribuir a la seguridad pública, lo cual es totalmente inconstitucional.

 

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA?

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales, que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como para quienes instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

 La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

Las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

 

 

 

 

También fue secuestrado y asesinado el hijo de una de las dos mujeres 

Se postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.

Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.

“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.

“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.

Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se  informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.

Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.

 

 

Hay acumulación de asuntos pendientes.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó no suspender actividades en la sala y juzgados del Tercer Circuito el próximo 30 de septiembre, debido a la acumulación de asuntos pendientes y a la cancelación del tradicional desfile cívico.

Desde 2016, el TSJ declaró la fecha como día inhábil, debido a la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón y la realización del desfile cívico en la ciudad de Cuautla.

Por unanimidad de votos, el Pleno del TSJ determinó que, por esta única ocasión, no habrá suspensión de labores el próximo 30 de septiembre y, por lo tanto, laborará de manera normal el personal de la Sala del Tercer Circuito Judicial, de los Juzgados Civiles de Primera Instancia, del juzgado Menor de la Tercera Demarcación Territorial, de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Cuautla, Morelos.

También funcionará de manera habitual el Departamento de Orientación Familiar, todos con residencia en Cuautla.

“Lo anterior tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del virus Covid-19, se suspendió el desfile conmemorativo por el Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Cuautla”, informó el TSJ. 

 

 

 

El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

 

 

 

En la aeronave se encontraron armas y droga.

La aeronave robada la mañana del martes en el Aeropuerto “Mariano Matamoros” de Cuernavaca se estrelló en territorio guatemalteco, donde murieron dos tripulantes y se encontraron armas y droga.

De acuerdo con información confirmada por el Ejército de Guatemala, el avión cruzó su espacio aéreo a las 11:50 horas con dirección a Sudamérica y se presume que aterrizó a las 16:00 horas en el Estado de Zulia, en Venezuela.

Horas después, la aeronave, tipo Jet Hawker 800 color blanco con matrícula XB-PYZ, fue detectada nuevamente en territorio guatemalteco a las 20:00 horas, en un sobrevuelo en el departamento de Alta Verapaz, y a las 20:30 horas realizó maniobras para aterrizar en una pista clandestina ubicada en la comunidad de Santa Marta Salinas, del departamento de Alta Verapaz, donde colisionó.

Al lugar del siniestro, llegaron las unidades militares de la Sexta Brigada de Infantería, cuyos elementos resguardaron la zona y localizaron los cuerpos de dos tripulantes (cuya identidad se desconoce) y los restos de armas y droga.

Hasta el momento, se sabe que la mañana del martes dos hombres ingresaron a la zona de hangares del aeropuerto “Mariano Matamoros” y, sin cumplir los protocolos de navegación y a punto de ocasionar un accidente con otra aeronave, despegaron sin autorización con rumbo desconocido hasta que el aparato se estrelló.

 

 

 

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