El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sugiere la necesidad de poner un alto a la escalada de controversias por la falta de recursos para decretos pensionarios de trabajadores del Poder Judicial local y otros organismos.

La Suprema Corte de la Justicia (SCJN) vio con preocupación la cascada de impugnaciones que llegan al tribunal constitucional por la recurrente omisión del Congreso de Morelos de etiquetar presupuesto para el pago de los decretos pensionarios de trabajadores del Poder Judicial local y otros entes que también han recurrido a las controversias constitucionales como vía legal para conseguir presupuesto para cumplir con el pago jubilaciones.

Por segunda ocasión, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, expresó ante los integrantes del Pleno su inquietud por la gran cantidad de asuntos relacionados con el mismo tema que llegan al máximo tribunal del país.

En octubre de 2025, cuando apenas tomaba las riendas de la nueva Corte, explicó que, del total de las sentencias de controversias constitucionales en ejecución, la mitad (alrededor de 220 expedientes) correspondían a asuntos relacionados con las pensiones del Poder Judicial.

Tres meses después, el ministro presidente retomó el tema al destacar que cerca de cien sentencias han sido cumplidas por el Congreso de Morelos —con la emisión de nuevos decretos ya con presupuesto etiquetado—, pero el problema es que siguen las controversias constitucionales con la misma problemática.

Destacó que la Corte ya tiene acumuladas más de 550 controversias vinculadas al tema de pensiones en Morelos, por lo que consideró necesario buscar alguna alternativa para ayudar al estado a resolver este tema, ya con lineamiento o directrices.

“Si no es en este asunto, en otros subsecuentes relacionados con el estado de Morelos, veamos algunos lineamientos, consideraciones, directrices, que ayuden al estado a resolverlo, porque, de lo contrario, vamos a tener muchas más controversias constitucionales.

“¿Y dónde está el tema? En el estado de Morelos se aprobó una Ley del Servicio Civil que prevé básicamente que el Congreso del estado se convierta en un instituto de servicios sociales o en un instituto que maneja el tema de las pensiones”, dijo en el marco de la resolución de una controversia constitucional relacionada con el decreto pensionario de un trabajador del Poder Judicial local.

Y es que durante el 2025, no sólo se acumularon las controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial, sino que se sumaron controversias de otros entes, como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Fue en el 2016, durante la gestión de la otrora magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y representante del Poder Judicial estatal, Carmen Cuevas López, cuando comenzó la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos pensionarios de trabajadores judiciales sin ir acompañados de presupuesto para su cumplimiento, en virtud de la crisis financiera por la que atravesaba la institución administradora de justicia.

La situación obligó a la SCJN a emitir un acuerdo en febrero de 2019 para obligar al Congreso a etiquetar más de 80 millones de pesos para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales, en las que el máximo tribunal del país ordenó disponer de recursos para el pago de las pensiones a los trabajadores judiciales en retiro.

La dinámica, ya durante una década del Congreso de Morelos, de aprobar pensiones sin etiquetar presupuesto, y del Poder Judicial de impugnar los decretos, ha puesto a pensar a la Corte en una forma jurídica de ponerle un alto.