Mientras el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa requiere ampliación presupuestal para que inicien funciones las magistradas designadas en noviembre pasado para el órgano, el Congreso local exhorta a hacer uso del presupuesto destinado al Tribunal para este año para dicho efecto.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) pidió apoyo presupuestal del Poder Ejecutivo al no disponer de recursos para que dos magistraturas de reciente designación comiencen con el trabajo jurisdiccional.

Previo a una reunión con funcionarios de las secretarías de Gobierno y Administración del Poder Ejecutivo, el magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, señaló que el recurso etiquetado por el Congreso local para la operatividad anual del tribunal tuvo un incremento de apenas el 3%, al pasar de 75 millones en el 2025 a 78 millones en el 2026.

“Nos dieron estrictamente el 3% que marca la norma, pero junto con ello nos aumentaron dos salas nuevas, que significa cuando menos un aproximado de 30 plazas por las dos salas nuevas, lo que significa que no tendríamos el recurso para hacerle frente a esas dos salas nuevas”, dijo.

Explicó que con el apoyo de las siete magistraturas se realiza un ejercicio de reestructura y racionalización de recursos en el TJA, para “tener la posibilidad de hacer una contención durante los dos primeros meses y las dos salas trabajen normal en los próximos días”, mientras se define la posibilidad de recibir o no una ampliación presupuestal.

Recalcó que el aumento de 3 millones de pesos que recibió el órgano jurisdiccional no será ocupado para la compra de equipamiento, sino para el pago de los salarios de las dos magistradas designadas en el mes noviembre por el Congreso local.

Agregó que se harán movimientos de personal para efecto de que en los próximos días, las dos salas que presidirán Karla Reyes Reyes y Clara Soto Castor cuenten con una “estructura básica” para que ambas juzgadoras puedan comenzar con la labor jurisdiccional. 

En tanto, el Congreso de Morelos emitió un exhorto para que se garantice la operatividad plena de las magistradas recientemente designadas, quienes, a más de dos meses de haber rendido protesta, no han podido ejercer sus funciones.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, informó que el llamado fue dirigido de manera directa al magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo, con el objetivo de que se asignen de forma equitativa los recursos presupuestales a las nuevas salas aprobadas.

“No se entiende el argumento de la presión presupuestaria, sobre todo cuando ya existe un nuevo presupuesto aprobado. No debe haber ninguna violación a los derechos de las compañeras magistradas; se les deben otorgar oficinas y personal para que puedan trabajar”, sostuvo.