Maciel Calvo

Maciel Calvo

Juzgado de distrito dejó sin efecto la suspensión provisional que fue otorgada como medida cautelar al inicio del juicio de garantías.

El Juzgado Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, al no existir una orden de aprensión en su contra.

Tras realizarse la audiencia constitucional, el juzgado de distrito dejó sin efecto la suspensión provisional que fue otorgada como medida cautelar al inicio del juicio de garantías.

De acuerdo con los informes recibidos por el juzgado de distrito de parte de la Fiscalía General de la República y el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, que fueron señaladas como autoridades responsables, no existe orden de aprehensión contra el ex jefe universitario, quien se encuentra implicado en el caso de “La Estafa Maestra”.

Fuentes consultadas informaron que la defensa legal de Vera Jiménez no descarta recurrir a otro juicio de amparo, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una segunda resolución, que confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta al ex rector por la Auditoría Superior de Fiscalización, esta vez por un monto de más de 22 millones de pesos.

Cabe destacar que el pasado 15 de julio, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria del ex funcionario por un monto de 239.3 millones de pesos que, con los más de 22 millones de la segunda resolución, suman casi 262 millones de pesos.

 

 

 

A través de una encuesta, la militancia debe elegir a representantes.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó renovar la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que sea el Instituto Nacional Electoral (INE), quien realice la encuesta abierta a la ciudadanía para elegir a quienes ocuparán la presidencia y la secretaría general del instituto político.

En sesión privada realizada a través de videoconferencia, el Pleno rechazó la petición del dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, para postergar la renovación de la dirigencia hasta 90 días después de los comicios de junio de 2021, porque implicaría modificar por casi un año el cumplimiento de la sentencia principal e incidentales, que ya son cosa juzgada.

Consideró que el partido no ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que, desde la primera determinación, las medidas que se han dictado no han sido eficaces para su cumplimiento.  

Por lo tanto, ordenó al partido realizar la renovación de su dirigencia nacional y que sea el INE quien, bajo el método y condiciones que libremente determine, lleve a cabo la encuesta abierta a la ciudadanía, es decir, entre las personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena.

Precisó que la encuesta puede llevarse a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria con las medidas de cuidado a la salud indispensables, y no resulta necesaria la celebración de asambleas conforme a dicho medio de designación.

Con este criterio, recalcó la Sala Superior, se privilegia el orden público e interés social que reviste el cumplimiento de las sentencias, así como el derecho de la militancia a la renovación periódica de sus órganos.

 

 

Ahora, por un monto superior a los 22 millones de pesos.

En un segundo fallo, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, ahora por un monto superior a los 22 millones de pesos.

Al resolver el expediente 4811/1917144/292/20PL0104, promovido por Vera Jiménez en contra de la resolución de la Dirección de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) el Pleno consideró infundados los agravios expuestos por el ex rector, quien alegó desde la violación de sus derechos humanos hasta la caducidad del procedimiento  de responsabilidad instaurado en su contra.

De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, a cargo del magistrado, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, en octubre de 2014, la ASF emitió las órdenes de fiscalización a la UAEM y a la Secretaría de Desarrollo Social federal, entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y enfrenta cargos por el caso conocido como “La Estafa Maestra” y que involucra a varias universidades estatales.

Posteriormente fue emitido el pliego de observaciones y, en el caso de Vera Jiménez, en marzo de 2018, el órgano fiscalizador dio por no solventadas las irregularidades e inició el procedimiento de responsabilidad resarcitoria.

En enero de 2019, la ASF resolvió que efectivamente el ex rector incurrió en daño a la hacienda pública y le atribuyó la responsabilidad resarcitoria por un monto de 22 millones 462 mil 182 pesos.

En la resolución se declararon infundados los agravios expuestos por el ex jefe universitario y particularmente se subrayó que, aun cuando el procedimiento de responsabilidad se resolvió fuera del plazo de 190 días previsto en la ley, de ninguna forma opera la caducidad, ya que el procedimiento de responsabilidad resarcitoria es muy relevante para la colectividad y, por ello, el legislador no fijó consecuencias o sanciones cuando dichos procedimiento no se resuelven en el plazo.

Al igual que en la sentencia del 15 de julio pasado el TFJA, se expuso que la responsabilidad administrativa impuesta al ex rector fue derivada del convenio firmado entre la UAEM y la Sedesol por un monto de 697 millones 767 mil 700 pesos.

Y es que, aun cuando en noviembre de 2013 la Sedesol dio por ejercidos los recursos y cumplida la prestación de bienes y servicios para el programa “Cruzada contra el Hambre” por parte de la UAEM, no fue hasta días después que la universidad realizó diversos procesos para la subcontratación de varias empresas (algunas de ellas presuntamente fantasmas), en contravención de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento.  

En la resolución del juicio contencioso administrativo 4808/1917133/165/20PL0704, del pasado 15 de julio, se confirmó la responsabilidad administrativa resarcitoria solidaria de Vera Jiménez por un monto de 239.3 millones de pesos, a cuya cantidad se le suman 22 millones 462 mil 182 pesos de esta segunda resolución.

 

 

 

Mediante la tecnología, magistrados resolvieron una apelación.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó la primera audiencia a través de videoconferencia, con la cual la administración de justicia inició una nueva etapa, al hacer uso de las tecnologías de la información para el desahogo de los asuntos, luego de que la contingencia sanitaria por el covid-19 obligó a la suspensión de actividades jurisdiccionales por cuatro meses.

Con apoyo de la telemática, los magistrados Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz Lara Chávez y Andrés Hipólito Prieto realizaron la primera audiencia por videoconferencia, para resolver una apelación.

Cada uno de los magistrados integrantes de la Primera Sala permaneció en su oficina  y las partes implicadas en el caso, previo cumplimiento del protocolo sanitario, ingresaron a la sede judicial y fueron conducidas a otras oficinas, donde se colocaron monitores y equipos de audio y video para realizar la transmisión remota, que permitió la interacción entre los juzgadores y los justiciables y la emisión del fallo.

El magistrado del TSJ Jorge Gambo Olea, consideró que esta audiencia vía videoconferencia marca un parteaguas en la administración de justicia, no solo porque fue la primera en desarrollarse, sino porque quedó manifiesta la voluntad de implementar las tecnologías de la información como factor determinante para avanzar en el desahogo de los asuntos en tiempos de contingencia.

Recalcó que, al dar tránsito a los asuntos judiciales con apoyo de los medios tecnológicos, se cumplió con la responsabilidad y protección de los derechos humanos, como acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, con base en las facultades que previstas en los artículos  44, 47 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.   

La parte técnica corrió a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del TSJ y la logística fue responsabilidad del personal de la Primera Sala.

 

 

Miércoles, 19 Agosto 2020 05:06

PRD y MC van a la SCJN contra reforma electoral

Impugnan que reformas fueron aprobadas por sólo 13 diputados.

Las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron acciones de inconstitucionalidad contra las recientes reformas realizadas por el Congreso de Morelos a la legislación electoral local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad 223/2020 y 226/2020, promovidas por el PRD y MC, y que se acumularon con el recurso 139/2020, iniciado por el Partido Social Demócrata de Morelos.

A través de los recursos de control constitucional, los partido políticos impugnaron el decreto 690, publicado el 8 de junio pasado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5832, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.

Esencialmente, los partidos alegaron la violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con solo 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislativos; y se inconformaron con el incremento, del tres a cuatro, del porcentaje de votos totales necesario para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.

Pese a que el PRD solicitó a la SCJN conceder, de manera excepcional y por la trascendencia del tema en víspera del arranque del proceso electoral, la suspensión del acto reclamado, el tribunal constitucional rechazó otorgar la medida cautelar.

“Por lo que hace a la solicitud de suspensión formulada por el Partido Político de la Revolución Democrática, debe señalarse que no ha lugar a acordar de conformidad, primero, porque por regla general, cuando se impugnan normas no existe la posibilidad de conceder dicha medida cautelar, según lo disponen los artículos 14, párrafo segundo, y 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria; y no se actualiza la excepción sobre la interpretación constitucionalmente válida que puede y debe darse al último párrafo de ese numeral 64, en el sentido de que en aquellos casos en que la controversia y/o la acción de inconstitucionalidad se hubiere planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión.

“Más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de Ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado.

“Situación que no acontece en la acción de inconstitucionalidad 223/2020, en virtud de no cuestionar la constitucionalidad de normas generales que impliquen o que puedan implicar la transgresión irreversible de derechos fundamentales”, argumentó la SCJN.

Por lo pronto, el Congreso local y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos han sido emplazados a presentar los informes correspondientes, en contestación a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los tres partidos.

Cabe destacar que a finales de julio, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad 142/2020, promovida por el PRD contra la reforma electoral, en virtud de que no cubrió con algunos requisitos para la promoción, sin embargo, el partido promovió un recurso de reclamación contra el auto de desechamiento, que se encuentra pendiente de resolución.

 

 

 

Retardan 90 minutos el ingreso al penal de Atlacholoaya de personal de la CNDH y CDHEM.

Personal de la Coordinación de Reinserción Social obstaculizó el ingreso del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que llegó sorpresivamente a realizar una supervisión al penal más grande de la entidad, donde en los últimos meses han ocurrido constantemente hechos violentos y asesinatos de internos.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, alrededor de las 10: 30 Horas, se presentaron en el penal de Atlacholoaya, Marta Patricia Orozco Pérez, directora del Área de Supervisión, y Humberto Pettit Gutiérrez, jefe de Departamento, ambos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la CNDH, para llevar a cabo la evaluación correspondiente al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

Sin embargo, directivos del penal y de la Coordinación de Reinserción Social impidieron su ingreso, con el argumento de que la CNDH no dio aviso del arribo de sus dos funcionarios y no está permitido el ingreso de personas ajenas sin antes cumplir los protocolos penitenciarios.

Por casi dos horas, los representantes de la CNDH permanecieron sentados en la jardinera que se encuentra frente al acceso principal, hasta que se les permitió el ingreso.

A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) detalló que el personal de la CNDH contactó al organismo estatal para solicitar el apoyo institucional, para realizar la inspección de varios de los centros de reinserción social en el Estado de Morelos, pero a los representantes de ambas comisiones se les negó el ingreso.

“Este organismo local recuerda a las autoridades penitenciarias en la entidad, que la obstrucción de la labor de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos puede ser sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable, como puntual y categóricamente lo dispone el último párrafo del artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Es importante destacar que los diagnósticos de supervisión penitenciaria se realizan de manera sorpresiva y aleatoria, con el objeto de verificar las condiciones reales que prevalecen en los centros penitenciarios del país, de ahí que no resulte necesario notificación previa; subrayando que cualquier dilación o entorpecimiento puede viciar los resultados de la inspección. En el caso, esta mañana no se permitió el acceso al centro sino transcurridos 90 minutos, los cuales son considerados una obstrucción atribuible a las autoridades penitenciarias”, recalcó la CDHM en su comunicado.

Informó que, a partir de este incidente, representantes de la CNDH y la CDHM sostendrán una reunión para compartir información sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la entidad.

En contraparte, la Comisión Estatal de Seguridad, también a través de un comunicado, argumentó que fueron aplicados los protocolos de seguridad para el adecuado acceso del personal de las comisiones en compañía de directivos del penal, ya que “en ningún momento es posible abrir el acceso de manera inmediata a ninguna autoridad, toda vez que es necesario cumplir con lineamientos, reglas y protocolos establecidos, a fin de garantizar la seguridad de quienes ingresan a las instalaciones penitenciarias”.

Agregó que, una vez cumplidos los protocolos, se permitió el ingreso a los funcionarios de la CNDH y la CDHM al  penal varonil de  Atlacholoaya y a la cárcel distrital de Cuautla, así como se acordó una visita al área femenil del CERESO Morelos, como parte del Diagnóstico Penitenciario 2020.

 

 

 

Un ciudadano inicia el recurso por actos anticipados de campaña.

Con el apoyo del Foro Morelense de Abogados, un ciudadano promovió una denuncia por actos anticipados de precampaña en contra del presidente del instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefom), Enrique Alonso Plascencia, y las alcaldesas de Zacatepec y Tetecala, Olivia Ramírez Lamadrid y Luz Dari Quevedo Maldonado.

El abogado e integrante del foro, Daniel Trinidad Figueroa Tejeda, detalló que en calidad de ciudadano, decidió presentar una denuncia ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para efecto de que se sancione a los servidores públicos que aprovechan su encargo y usan el erario para publicitar su imagen en vísperas del arranque del proceso electoral 2020-2021.

Señaló que cada uno de los funcionarios, por medio de sus cuentas de redes sociales, promociona la entrega de apoyos como despensas y fertilizantes a personas vulnerables y campesinos, pero no en actos institucionales sino de proyección personal.

“Si bien es cierto que estamos pasando por una pandemia, también es cierto que ellos no pueden promover su imagen a nivel personal con fines electorales. Por lo tanto nosotros consideramos que se están realizando actos anticipados de campaña. Por lo tanto estamos promoviendo una denuncia ante las autoridades electorales”, detalló.

Explicó que, en el caso específico de Alonso Plascencia, la entrega de apoyos la realiza en calidad de director de Idefomm, lo cual está totalmente fuera de sus atribuciones y hay una evidente promoción personalizada.

En el caso de las alcaldesas, señaló que también ellas han aprovechado las circunstancias que impuso la contingencia sanitaria por el covid-19 para promocionar su imagen.

Dijo que esperan que las autoridades electorales admitan las denuncias, para entonces aportar la mayor cantidad de pruebas en torno a las violaciones a ley electoral en que han incurrido los servidores públicos denunciados por realizar actos anticipados de precampaña.

 

 

Martes, 18 Agosto 2020 04:12

Juzgados reinician actividades

El Poder Judicial opera sistema de citas y protocolos sanitarios en instalaciones.

En orden y acatando todas las medidas de seguridad sanitaria, los abogados pudieron ingresar a los juzgados en las tres sedes judiciales del Tribunal Superior de Justicia, luego de poco más de cuatro meses de permanecer cerradas al público.

El presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, detalló que los litigantes realizaron con anticipación sus citas y con base en los horarios asignados ingresaron poco a poco a los juzgados a presentar sus demandas.

Explicó que, en el caso de la sede de Cuernavaca, aproximadamente 60 litigantes pudieron ingresar a los órganos jurisdiccionales cada 45 minutos, y en las dos sedes restantes el número de abogados fue menor pero sí representó un flujo importantes.

En los juzgados se observó la aplicación de estrictas medidas sanitarias: cada persona debía portar su propio bolígrafo; las copias de los expedientes podían obtenerse solo dentro de la sede judicial o a través de medios electrónicos; el tiempo máximo de consulta de expedientes fue de 15 minutos; se pidió no ensalivar los dedos para cambiar de página; el uso de cubrebocas obligatoriamente y se prohibieron las reuniones o pláticas en los juzgados o en los pasillos de las instalaciones judiciales.

 

 

 

 

Empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Dentro de un plazo máximo de 180 días naturales, las empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, que será operado por la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Al entrar en vigor la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, así como diversas modificaciones a Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y el Código Penal local, se establecieron plazos de entre 120 y 180 días naturales para acatar lo previsto en la nueva legislación, que tiene como objetivo “regular lo que ya se encuentra en funcionamiento, y al mismo tiempo tener un marco legal que permita la creación y consolidación de un Sistema Estatal de Videovigilancia”, y una coordinación en la materia entre los tres niveles de gobierno.

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública, las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de su promulgación, el Ejecutivo estatal deberá emitir el reglamento de la Ley de videovigilancia para el Estado de Morelos.

En el mismo periodo, los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos, bandos y disposiciones en materia de seguridad pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, y a licencias para establecimientos mercantiles, conforme a la nueva ley.

De igual forma, las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

Actualmente, la CES cuenta con 1,008 cámaras de videovigilancia y Morelos es la undécima entidad en contar con una legislación de esta naturaleza. En los próximos meses, la CES deberá integrar el Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, e informar con cuánto equipos de monitoreo (públicos y privados) cuenta, para realizar tareas de videovigilancia, prevención y persecución del delito.

 

 

El organismo continuará con las asesorías virtuales

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.