Maciel Calvo

Maciel Calvo

Dicho órgano declara responsable de la falta al edil de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, por impedir que Marixa Mireya Castro Mendoza ejerza plenamente su cargo como síndica municipal.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) declaró responsable de violencia política de género al presidente municipal de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, por impedir que Marixa Mireya Castro Mendoza ejerza plenamente su cargo como síndica municipal.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano  TEEM/JDC/20/2020-1, el Pleno consideró que existieron elementos suficientes que probaron que González Pérez realizó actos para obstaculizar e impedir que la representante popular y representante legal del ayuntamiento pudiera realizar sus funciones, al restringirle personal, información, convocatorias a sesiones de Cabildo y eventos públicos, y negarle gastos de representación.  

“Por lo que hace al actuar del presidente municipal, ha quedado evidenciado que se ha enfocado en obstaculizar el desempeño de su cargo, ello porque él, en su carácter de representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, estuvo en oportunidad de girar las instrucciones para atender las solicitudes de información.

“Él es quien encabeza los proyectos institucionales, y por tanto, las decisiones de quienes asisten a los eventos públicos y quien no, así como nombrar y remover a los servidores públicos municipales, por lo cual se le atribuye la responsabilidad de que la síndica no tenga el personal suficiente, no cuente con toda la información necesaria, no ejerza en plenitud su voz y voto en plenitud al interior del Cabildo”, estableció el proyecto aprobado el Pleno.

En consecuencia, al Ayuntamiento de Tetela del Volcán  fue condenado a pagar  los gastos de representación reclamados por la síndica municipal, así como declaró responsable al presidente municipal, Israel González Pérez, de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y realizó una amonestación política pública por los agravios cometidos en contra de Marixa Mireya Castro Mendoza.  

 

 

 

Martes, 22 Septiembre 2020 05:09

Sindicatos y alcaldías, los más opacos

El órgano publica los resultados de la evaluación a los entes obligados a transparentar sus acciones.

Los sindicatos de burócratas, seguido por los partidos políticos y los ayuntamientos, fueron los entes más opacados e incumplidos en sus obligaciones en materia de transparencia, según los resultados de la última verificación realizada por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe).

El informe detalló que de 179 sujetos obligados, se verificaron 173 y los seis restantes se encuentran dentro del plazo de los seis meses para publicar su información pública, de acuerdo al Lineamiento Técnico General en su Capítulo II Fracción Cuarta apartado III.

Los más incumplidos en sus obligaciones de transparencia fueron los sindicatos de trabajadores de los ayuntamientos y organismo municipales descentralizados, ya que de un total 41 sindicatos, 26 de ellos (63.3%) incumplieron con su responsabilidad legal de subir a la Plataforma Nacional de Transparencia toda la información pública relacionado con sus agremiados, las cuotas que reciben y los bienes inmuebles públicos que ocupan, entre otros datos.

De acuerdo con el informe, la mayor parte de estos sindicatos no tiene ninguna información en la plataforma de transparencia, algunos menos del 12 por ciento de la información que están obligados a publicar y solo algunos se quedaron a un paso de cumplir al 100 por ciento.

Solo nueve sindicatos municipales (21.9%) cumplieron con el total de la información pública obligada, mientras que seis están en tiempo para cumplir con la publicación de la información.

En el caso de los partidos políticos la situación no es distinta, ya que de los 11 institutos incluidos como sujetos obligados, solo tres cumplieron con sus obligaciones de transparencia y cinco más  (Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Humanista, Partido Encuentro Social y Partido Nueva Alianza) fueron etiquetados como incumplidos.

Los partidos del Trabajo, Social Demócrata y Verde Ecologista, fueron ubicados entre los sujetos que están dentro del plazo para el cumplimiento de sus obligaciones.

En el caso del Poder Ejecutivo, 10 de las 16 dependencias cumplieron al 100% con la información, mientras que las secretarias de Desarrollo Agropecuario, Hacienda, Turismo y Cultura, Contraloría, Desarrollo Económico y Obras Públicas fueron ubicadas entre los entes incumplidos.

Los ayuntamientos también destacaron por opacidad, ya que de los 33 municipios verificados, 31 incumplieron de manera total o parcial con sus obligaciones de transparencia. Solo los ayuntamientos de Cuautla y Xochitepec cumplieron al 100%.

El IMIPE destacó que el Poder Judicial del Estado de Morelos, integrado por los tribunales Electoral,  Unitario de Justicia para Adolescentes y Superior de Justicia, cumplió en su totalidad con sus obligaciones de transparencia.  

 

 

 

El órgano concentrará ocho unidades y fiscalías.

El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara oficializó el nombramiento de Adriana Pineda Fernández como titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Alto Impacto (FIDAI), que concentrará ocho unidades y fiscalías.

Al cumplirse el plazo de 45 días establecido en el decreto de creación de la superfiscalía para el nombramiento del titular, Carmona Gándara formalizó la designación de la otrora fiscal antisecuestro, que había sido anunciada desde el 24 de junio pasado durante un acto oficial.

La súper fiscalía es la “unidad administrativa de investigación de élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos que determine, previo acuerdo con el fiscal estatal.

En su comunicado, la FGE informó que Pineda Fernández durante 10 años prestó sus servicios en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y cuenta con 12 años de servicios en la fiscalía estatal, además de que cuenta con sus evaluaciones de control de confianza.

La superfiscalía contará con edificio propio, el cual se construye con una inversión de 79 millones de pesos donde estuvieron las antiguas instalaciones de la Secretaría de Transportes.

 

 

 

Lunes, 21 Septiembre 2020 05:10

Pierden diputadas recurso electoral

Lo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.

 

Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.

Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.

En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.

El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.

Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.

También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era  una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.

 

 

 

Existen suspensiones que impiden el funcionamiento de la planta, insisten opositores.

El Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala  (FPDTA-MPT) promovió sendos incidentes de violación de suspensión ante juzgados federales, tras el anuncio del gobierno federal sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca a finales de este año.

A través de un comunicado, el colectivo –integrado por organizaciones y pobladores de comunidades de las tres entidades- informó que ayer fueron promovidos cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el director de la CFE, Manuel Barttlet Diaz y la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otras autoridades, quienes deberán explicar a la justicia federal el porqué de su intención de poner en funcionamiento la termoeléctrica, cuando existen suspensiones que lo impiden.

“El Presidente Obrador, Director de la CFE y Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal porque han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, las tierras del ejido de Amilcingo sobre el Gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca”, argumentó.

Señaló que las declaraciones recientes del mandatario federal respecto a que ya no hay amparos que impidan echar a andar la termoeléctrica en tres meses, son “un hecho notorio” en el que “las autoridades responsables están realizando y van a realizar diversas acciones para que en el mes de diciembre inicie el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos (PIM), basados en que ya se resolvieron todos los amparos, no hay suspensiones vigentes”, lo cual es totalmente falso.

Recordó que el 5 de diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, confirmó la suspensión de plano otorgada al Ejido de Amilcingo, que frenó el inminente funcionamiento del Gasoducto Morelos.

En el caso de la protección al agua de los ejidos, la situación es similar en los amparos 1180/2019 y 162/2020, contando con suspensión de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme”.

En el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumentó que fueron incumplidas las recomendaciones establecidas por la UNESCO al aumentar, supuestamente, el volumen de agua que recibe la planta tratadora a 885 lps, cuando la comisión de la UNESCO recomendó en su punto 1.5.

El FPDTA-MPT reiteró que se mantendrá en pie de lucha y que no permitirá que se concrete el funcionamiento de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto que forman parte del PIM.

“Los pueblos y ejidos que se defienden contra la imposición del PIM agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún más al poder judicial y a falsos representantes, para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”, advirtió.

 

 

La medida busca impedir la naturalización de ideas y estereotipos sexistas, como la exhibición de imágenes de mujeres semidesnudas para lograr captar la atención del público.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las reformas a la Ley del Transporte y la Ley de Equilibrio Ecológico, que prohíben la colocación en rutas y vía pública de anuncios con imágenes y mensajes sexistas, discriminatorios u ofensivos contra las mujeres.

De acuerdo con la justificación de las modificaciones legales, la pretensión del legislador fue evitar que mediante la mercadotecnia y la publicidad todos los espacios públicos favorezcan la naturalización de ideas y estereotipos sexistas, como la exhibición de imágenes de mujeres semidesnudas para lograr captar la atención del público y promocionar algún producto o servicio.

“Se ha venido asimilando a la mujer como un objeto, mismo que está al servicio del poseedor y en el caso de la publicidad, se encuentra al servicio del consumidor, de tal manera que se han venido creando en la sociedad, estereotipos dirigidos a la identidad de la mujer con un sentido machista y mostrando un género femenino como sumiso e inferior, ejerciéndose de este modo, violencia simbólica y mediática sobre las mujeres.

“Es por ello que nuestros esfuerzos deben concentrarse en atender, castigar, pero sobre todo en prevenir la violencia contra las mujeres y niñas desde la perspectiva de género, desde los aspectos interculturales, en nuestro ciclo de vida, reconociendo los derechos humanos y fomentando en todo momento la cultura de la paz”.

Con base en estos argumentos, el Congreso local reformó la fracción I del artículo 117 de la Ley de Ley de Transporte del Estado de Morelos, que otorga a la Secretaría de Movilidad y Transporte la facultad de “prohibir  la instalación y colocación, en los vehículos destinados al servicio de transporte público con y sin itinerario fijo y de carga, de publicidad que contenga frases, palabras, fotografías y/o dibujos, así como objetos que muestren contenido sexista, estereotipos y expresiones que denoten, atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de aversión y que construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres”.

También fue reformado el artículo 160 Ter y adicionado el artículo 160 Quáter de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para prohibir la instalación y colocación de anuncios o elementos visibles en áreas naturales protegidas o en zonas clasificadas como habitacionales; sitios y monumentos considerados de patrimonio histórico, arquitectónico o cultural; y cuando afecten o impacten nocivamente el paisaje natural o urbano.

También cuando ocasionen riesgo o peligro para la población; cuando obstruyan la visibilidad en túneles puentes, pasos a desnivel vialidades o señalamientos de tránsito; cuando los anuncios o elementos visibles publiciten y muestren contenido sexista, ofensivo, degradante, de desprecio o falta de respeto hacia las mujeres, así como expresiones y estereotipos que denoten, atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de aversión y que construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la reforma, se entenderá como publicidad sexista, aquella que exprese una actitud discriminatoria, que infravalore a las personas del sexo opuesto y que haga distinción de las personas según su sexo.

Adicionalmente, los municipios “deberán incorporar en sus bandos de policía y gobierno reglamentos y disposiciones que regulen de forma estricta los términos de las prohibiciones, así como las obras, actividades y elementos publicitarios, a fin de evitar el deterioro del paisaje rural y urbano, y evitar la contaminación visual, procurando crear una imagen armónica de los centros de población y en atención a los principios de una cultura libre de violencia simbólica y mediática”.

 

 

 

Se requerirá una fuerte inversión para su reparación: CES.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que el 40 por ciento de las cámaras de videovigilancia se encuentran fuera de servicio y que los recursos para su reparación serán aportados por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom).

Recordó que el C-5 cuanta con 1,002 cámaras disponibles que operan vía microondas y fibra óptica, pero 400 sufrieron daños en el transcurso de la temporada de lluvias y se requerirá de una fuerte inversión para su reparación.

En virtud de los altos niveles de violencia en Cuernavaca y diez municipios más de la entidad, señaló que los empresarios pugnaron porque el Fidecom subsidie la compostura de las cámaras.

“Ahorita ya estamos con un plan para reactivarlas, porque les recuerdo que el Fidecom, en esta ocasión,  los empresarios decidieron invertirlo en el C-5”, dijo al señalar que el fideicomiso destinará 31 millones de pesos para la reparación de las cámaras.

Explico que, adicionalmente, el gobierno de Morelos tiene planeado adquirir e instalar otras 400 cámaras de videovigilancia en los diez municipios más violentos de la entidad, de las cuales 34 serían colocadas en la ciudad capital.

Respecto al operativo de seguridad implementado con motivo de las fiestas patrias, agregó que se registró saldo blanco y que únicamente se registraron dos decesos violentos en Cuernavaca y la muerte de una persona más, cuya causa de fallecimiento está por determinarse por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

 

 

Martes, 15 Septiembre 2020 05:10

Habrá más personal en los juzgados

El TSJ determina también aumentar el número de citas otorgadas y desaparecer el circuito único en materia penal, para agilizar los procesos.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó aumentar el número de personal y el aforo de abogados en los juzgados en las tres sedes judiciales. Además, aprobó eliminar el Circuito Único y retornar a la antigua división de tres circuitos.

Luego de que Morelos pasó al color amarillo del semáforo epidemiológico, los magistrados aprobaron el acuerdo por el cual se determinó que, a partir de este martes, se reincorpora el 60 por ciento del personal judicial y, el 40 por ciento restante hará trabajo en casa, hasta que las autoridades sanitarias emitan nuevas disposiciones.

Para evitar aglomeraciones, cada sala y área del TSJ fijará el horario de entrada de su personal, ingresará de manera escalonada entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana y, en lugar de checar en el libro de asistencia, los empleados tendrán que usar una aplicación en sus teléfonos para el registro de entrada y salida.

Paralelamente, el TSJ ampliará el número de citas emitidas, con el fin de permitir el ingreso de un mayor número de abogados a los juzgados a realizar sus promociones y consultas de expedientes. Tanto el personal como los litigantes o justiciables deberán acatar el protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus.

Para evitar la movilidad de magistrados y litigantes, el Pleno también acordó desaparecer el Circuito Único en materia de justicia penal oral, creado el 19 de septiembre de 2019 y que dio pie a varios amparos de magistrados (que alegaron que era ilegal porque fue aprobado únicamente con la presencia y votación de nueve de los 18 magistrados que integran el Pleno del TS), y retornar de tres circuitos de sala, con cabeceras en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla.

 

 

Están en vigor reformas a la Ley Orgánica Municipal alusivas.

Las oficialías del registro civil municipales ya cuentan con las facultades legales para realizar divorcios administrativos, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

De acuerdo con la justificación de la reforma, en las atribuciones de las Oficialías del Registro Civil establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos no estaba contemplada la tramitación del divorcio administrativo, pese ser parte de competencia

Por esta razón, el legislador consideró necesario adicionar la fracción VIII al artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal, el cual está correlacionado con lo que dispone el Código Familiar y el Código Procesal Familiar de Morelos, que prevén el concepto y el procedimiento jurídico para llevar a cabo el divorcio administrativo.

Con la reforma, quedan claras las atribuciones de los oficiales del Registro Civil de cada ayuntamiento, para tramitar en sus demarcaciones, en apoyo de la Dirección General del Registro Civil, los procedimientos de divorcio administrativo, que exigen solo la petición expresa de los cónyuges casados dentro del estado de Morelos o que tengan su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo.

Dicho procedimiento, es una forma de divorcio que prevé la ley para cuando los cónyuges están de acuerdo con la separación, siempre que tengan un año o más de matrimonio y no estén en juego los intereses de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de edad, la cónyuge no se encuentra embarazada y no requieren de alimentos.

No requiere de la intervención de la autoridad judicial y solo exige la voluntad de los consortes en un acta, previa identificación de los cónyuges y ratificación en el mismo acto de su solicitud de divorcio y ello es suficiente para considerar disuelto el vínculo matrimonial.

El acta levantada declara divorciados a los cónyuges, y se ordena la anotación correspondiente en el acta de matrimonio anterior.

 

 

Serán responsables de la integración, custodia y difusión de la memoria histórica y del patrimonio cultural de los municipios

Página 5 de 517
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.