Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidad (CEDAW) confirma violaciones a derechos humanos para al menos 22 mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social 16.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidad (CEDAW) confirmó que al menos 22 mujeres recluidas en Centro Federal de Readaptación (CEFERESO) Social 16, sufrieron constantes violaciones a sus derechos humanos tras ser sometidas de manera prologada a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El Comité difundió el dictamen realizado a partir de la denuncia de un grupo de mujeres en prisión preventiva en el único penal federal femenil del país -ubicado en el municipio de Coatlán del Río-, acusadas de presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada, y cuyos procesos no avanzan en los tribunales federales para la resolución de sus casos, a pesar que muchas de ellas llevan más de 10 años bajo la medida cautelar de reclusión

«Estas mujeres han permanecido en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas durante más de 15 años, sin que se revisara adecuadamente la medida de detención y sin que se evaluara, desde una perspectiva de género, su impacto desproporcionado sobre ellas como mujeres», afirmó Erika Schläppi, miembro del Comité.

Según la información presentada al Comité, el número de mujeres en prisión preventiva oficiosa en México aumentó un 10.3 % en los primeros seis meses de 2020, en comparación con el aumento del 1.9 % en el caso de los hombres.

En general, el 51.7 % de las mujeres detenidas se encontraban en prisión preventiva oficiosa a nivel federal en 2020, en comparación con el 41.34 % de los hombres.

Recalcó que además de sufrir el uso obligatorio y prolongado de la prisión preventiva oficiosa (automática) para determinados tipos de delitos en México, también padecen la carencia de personal médico continuo y permanente, incluidos médicos generales, ginecólogos, psiquiatras y pediatras, necesarios para la atención de las mujeres detenidas y sus hijos.

Además, la mayoría de ella no reciben visitas de sus familias, porque viven lejos y carecen de recursos económicos y recordó que en 2023, 12 mujeres se suicidaron en el CEFERESO 16, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación en la que se destacaba la falta de medidas adecuadas para garantizar el acceso a la salud.

En sus conclusiones, el CEDAW sostuvo que la prisión preventiva oficiosa en México, en este caso, es el resultado tanto de disposiciones legales como de prácticas judiciales arraigadas que imponen la medida de forma automática, sin evaluar las circunstancias individuales, lo que viola el principio de proporcionalidad y excluía injustificadamente a las mujeres de medidas alternativas o atenuantes.

Consideró que la prisión preventiva prolongada tiene efectos desproporcionados en las mujeres, especialmente en lo que respecta a su capacidad para mantener el contacto con sus familias y, advirtió, que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 agravaron el problema estructural al ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y restringir la revisión judicial significativa de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El comité pidió que conceder reparaciones integrales y adecuadas, incluida una indemnización económica a las 22 víctimas e Instó a México, con carácter de urgente, garantizar la atención médica y psicológica especializada y adaptada a sus necesidades y,  consonancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México, la modificación de las disposiciones constitucionales y legislativas para eliminar la prisión preventiva oficiosa obligatoria, que tiene un efecto desproporcionado en las mujeres, y revisar las medidas cautelares de las demandantes desde una perspectiva de género, incluidas las responsabilidades de cuidado, con el fin de poner fin a la prisión preventiva oficiosa siempre que fuera posible y sustituirla por alternativas no privativas de libertad.

También instó al Estado Mexicano a adoptar medidas urgentes para mitigar los daños causados por la detención prolongada, entre otras cosas, facilitando los traslados a centros más cercanos a las familias, teniendo en cuenta las consideraciones de género y el papel de las mujeres como principales cuidadoras.