Maciel Calvo

Maciel Calvo

Se impidió el acceso al lugar a personal del organismo defensor de derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) inició una queja de oficio por el presunto sometimiento violento de menores al interior del Centro del Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), tras la protesta de un grupo de adolescentes. Además, la Fiscalía General del Estado anunció que investigará tanto a los menores rijosos como a las autoridades del centro.  

El ombudsman estatal, Raúl Hernández Cruz, informó que se inició la queja de oficio luego de que por espacio de 30 minutos se le impidió el acceso a personal del organismo que acudió a las instalaciones del albergue, tras conocer que estaba en curso una protesta de un grupo menores, por presuntos malos tratos recibidos del personal del CEDIF.

Indicó que cuando el visitador de la CDHM tuvo acceso al albergue, entrevistó a varios menores que participaron en la protesta y “recabó algunos indicios de que fueron objeto de malos tratos, específicamente algunos de ellos referían que recibieron coscorrones y que recibieron golpes en las pantorrillas, además de que había permanecido hincados y maniatados (permaneciendo) frente a una pared, lo cual es inaceptable, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no merecen ese trato, bajo ninguna circunstancia”.

Indicó que el organismo investigará los hechos y la eventual actuación irregular de servidores públicos que participaron en el origen del conflicto y en el sometimiento de los menores inconformes.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Morelos, la protesta comenzó la noche del martes, porque el personal del CEDIF llamó la atención a un grupo de menores por violar el reglamento de la institución, pero en respuesta comenzaron los disturbios y daños al inmueble.

El personal del centro solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), para reestablecer el orden y evitar que los menores saltaran la barda y escaparan.

La Fiscalía General del Estado comunicó también que abrió una carpeta de investigación, ya que se “tienen identificados a por lo menos seis menores que son los que incitan a los actos de violencia en donde reportes preliminares señalan algunos elementos policiales con golpes al ser atacados con piedras por los infantes”.

En el escueto comunicado, la fiscalía señaló que “trabajará de manera coordinada con las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como del Sistema DIF Morelos, con la finalidad de establecer cualquier tipo de responsabilidad que afecten a la niñez morelense”.

En la postura oficial, ninguna autoridad reconoció que hubiesen existido vejaciones hacia los menores, la cuales la CDHM comenzó a documentar.

 

 

 

La Fiscalía estatal confirmó el deceso de seis adultos y dos menores durante el ataque armado en un velorio en la colonia Antonio Barona.

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que tiene pistas de quienes perpetraron el ataque que cobró la vida de ocho personas en la colonia Antonio Barona, y que las armas ya habían sido utilizadas en otros homicidios, diferentes sectores de la sociedad expresaron su indignación y reclamaron la falta de resultados en la prevención, el combate y la sanción del delito.

A través de un comunicado, la fiscalía estatal confirmó el deceso de seis adultos y dos menores identificados como: Edgar Alexander “N” de 18 años, Roberto Eduardo “N” de 21 años, Marcelino Alejandro “N” de 18 años y el menor D.J.L. de 16 años de edad, quienes fallecieron  en el lugar del ataque (Calle Lázaro Cárdenas esquina Vicente Guerrero de la Colonia Antonio Barona del Municipio de Cuernavaca); y Aylin Sherezada “N” de 25 años, el menor D.M.B. de 15 años, Víctor Omar “N” de 31 años, y Óscar David “N” de 21 años, quienes fallecieron durante su traslado a los hospitales.

Las víctimas asistieron al funeral de un menor que murió el lunes pasado en un accidente de moto en el Paso Exprés. En el ataque, perpetrado por hombres fuertemente armados, también resultaron lesionadas 14 personas que participaban en el duelo.

De acuerdo con la FGE, existe “una línea de investigación sólida” que confirma la operación de grupos delictivos en la zona y, derivado de  los estudios periciales en materia balística, “se establece que las armas de grueso calibre utilizadas en los hechos, estarían relacionadas con otros delitos de alto impacto registrados de manera reciente, y en donde se cuenta con la participación de miembros de la delincuencia organizada”.

Este lamentable multihomicidio ocurrió apenas dos semanas después del asesinato de seis jóvenes en la colonia Flores Magón, cuyos atacantes utilizaron el mismo modus operandi. Hasta el momento, la FGE no ha revelado el probable móvil de ambas masacres.  

La reacción de algunos representantes de la sociedad no se hizo esperar. Además de sumarse al pésame a las familias, consideraron que el caso debe investigarse y criticaron los escasos resultados en materia de seguridad y justicia.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rafael Rueda Moncalian, lamentó la pérdidas de vidas, calificó el hecho como “muy reprochable y consideró que la FGE debe investigar a fondo del caso, para que no quede en la impunidad.

El grupo de la Barra de Abogados del Estado de Morelos liderado por José Luis Urióstegui, afirmó que “en Morelos es más fácil morir por un acto delictivo que por covid-19”, y está en duda la estrategia estatal de seguridad y de justicia.

En un pronunciamiento público, recordó que en lo que va del año han muerto violentamente más de mil personas en la entidad y exigieron a las autoridades estatales que establezcan una mesa de trabajo, no sólo para para que la sociedad civil y especialistas realicen propuestas, sino para vigilar y evaluar la actuación de las instituciones.

Exigió a la FGE investigar los homicidios dolosos que ocurren en la entidad para que las víctimas y las familias tengan justicia, porque ahora no existe el pretexto de la falta de recursos económicos; y exigió a los tres Poderes del Estado que hagan su trabajo en el área y nivel de competencia.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, también se sumó a la condena del ataque y exigió no solo a las autoridades estatales, sino también a la los gobiernos municipales asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública.

“No solamente es responsabilidad del gobierno del estado, es un llamado también a los alcaldes, porque estos hechos corrieron en un lugar donde hay un presidente municipal, en el caso de la ciudad capital, pues evidentemente ningún alcalde puede eximirse de la responsabilidad de brindar seguridad pública a los ciudadanos”, dijo.

Pidió a la sociedad no normalizar la violencia y a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hagan lo necesario para que no siga creciendo la violencia en todos los municipios de la entidad.  

 

  

Aspirante la impugnó por considerarla discriminatoria.

Un juez de distrito invalidó la convocatoria emitida en febrero de 2019 para la elección del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que la catedrática y aspirante, Carlota Olivia de las Casas Vega, impugnó dicha convocatoria por considerarla discriminatoria.

La abogada y catedrática consideró que la sentencia emitida  por el Juez Primero de Distrito, dentro del amparo indirecto  202/2019, es histórica tanto para la UAEM como para el resto de las universidades públicas del país y para las mujeres que aspiran a cargos directivos dentro de la instituciones de nivel superior.

Indicó que la justicia federal le dio la razón respecto a que la convocatoria, emitidas por  Consejo Universitario y Consejo Técnico de la Facultad, era discriminatoria y pretendía ser un acto de simulación para nombrar a un hombre como director.

Recalcó que el juez de distrito “determinó que el Consejo Universitario ha omitido fomentar el acceso a los puestos directivos a las mujeres que por razón de su sexo se encuentran relegadas impidiendo la participación paritaria de las mujeres en las altas esferas de la vida pública y en el espacio de toma de decisiones, lo cual  es una exigencia de carácter constitucional.

“Reconociendo la existencia de una discriminación estructural que se encuentra sustentada mediante la implementación de medidas aparentemente neutras que dan como resultado que la elección del puesto directivo de una Facultad de Derecho sea ocupado exclusivamente por hombres”.

También, resaltó la abogada, la sentencia subraya que “la autonomía universitaria no constituye un derecho humano de una persona colectiva que deba ponderarse con otros derechos humanos, sino que se trata de una garantía institucional del derecho a la educación superior, que tiene un carácter exclusivamente instrumental, sin conformar un fin en sí misma, por lo que es jurídicamente relevante sólo si maximiza el derecho humano a la educación.

En consecuencia, la sentencia dejó sin efectos la convocatoria para la elección del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como todos los  actos derivados de la misma, incluidos la "consulta" relativa a dicho proceso.

 

 

Se trata de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  también implicados en caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.

En los proyectos expuestos por separado por los magistrados ponentes, Víctor Martínez Orduña Muñoz y Guillermo Valls Esponda, los ex  funcionarios quejosos plantearon argumentos similares y rechazaron la responsabilidad resarcitoria mancomunada impuesta por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso de la Unión.

Pero en ambos proyectos, los ministros consideraron que si existió el daño a la hacienda federal por un monto de 239.3 millones de pesos, ya que no solo se comprobó que hubo violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento, así como con la cláusula tercera del convenio de firmado entre la Sedesol y la UAEM el 6 de mayo de 2013 que prohibía la subcontratación, sino que la ASF presentó evidencia de que los ex funcionarios participaron en el proceso irregular de licitación, contratación y pago de la empresa Evyena Servicios SA. De C.V.

Es decir, se  dispusieron de los recursos públicos para el pago de los servicios convenidos con la empresa, para establecer la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras  la Cruzada Contra el Hambre, pero  no hubo evidencia de que dicho servicio se hubiese prestado.

También en ambos proyectos, se consideró que la ASF sustentó debidamente la responsabilidad de Gerardo Ávila García, ex rector y que al momento de los hechos imputados se desempeñaba como secretario de la rectoría, quien también enfrenta un proceso penal por este caso; y del encargado del encargado de proyectos especiales de la UAEM y ex subsecretario de Educación durante sexenio de Graco Ramírez, Wistano Luis Orozco García.

Cabe destacar que ambos ex funcionarios universitarios comparten la responsabilidad resarcitoria solidaria con el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por su implicación en el caso de La Estafa Maestra, que mantiene en prisión preventiva a la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.

 

 

Obstaculizaron el ingreso de personal del organismo para realizar una supervisión en el lugar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio contra los funcionarios del penal de Atlacholoaya que obstaculizaron el ingreso del personal del organismo para supervisar el centro de reinserción social como parte de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).

A través de un comunicado, recordó que el pasado 18 de agosto dos integrantes de la CNDH llegaron al penal varonil de Atlacholoaya para iniciar la supervisión penitenciaria en Morelos, pero se les negó la entrada, primero con el pretexto de que no estaba la directora; luego, que no había suficiente personal de custodia para garantizar su seguridad; y finalmente se les dijo que la CNDH no pidió cita para realizar la inspección, y que regresaran en otra ocasión.

Luego de que el caso fue difundido por los medios de comunicación y luego de una espera de varias horas, se le permitió al personal de la comisión el ingreso, pero para la CNDH hubo una evidente obstaculización de su trabajo por parte de funcionarios del sistema penitenciario estatal.   

“En ese contexto, es evidente que tales restricciones, obstaculizan el trabajo del DNSP, al impedir supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, a través de la verificación de las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ello de conformidad con el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Cabe mencionar que, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, manifestó que también se les negó el acceso al mencionado Centro penitenciario.

 “En virtud de la gravedad de los hechos, que inciden en la opinión pública nacional y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos adscritos al Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos, esta Comisión Nacional Investigará de oficio el presente caso”, recalcó.

El sistema penitenciario estatal y, en particular el penal de Atlacholoaya, se encuentra en la mira nacional como uno de los penales con mayor inestabilidad, donde prevalece el cogobierno, es decir, que existe una complicidad entre un grupo de reos y funcionarios penitenciarios para tener el “control” de centro de reclusión.

Además, en los últimos diez meses el penal ya acumula casi una veintena de asesinatos violentos de reos por enfrentamientos, motines y riñas, más de 50 lesionados y varios presuntos suicidios.

Pese a la crisis del sistema penitenciario, se mantiene en su cargo el coordinador estatal de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, que forma parte de la ola de funcionarios veracruzanos que se incrustaron en el gobierno estatal.

 

 

Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:17

Piden abogados penalistas cabeza de Guarneros

Gremio exige esclarecer el asesinato de un litigante.

Por alto número de ilícitos que se registran en el estado y por la falta de resultados en la prevención del delito, la Asociación de Abogados Penalistas pidió la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, luego de que el rumor sobre su posible su salida del cargo ha sido insistente en diversos círculos políticos.

El dirigente de los litigantes penalistas, Efraín Márquez Durán, se sumó a la condena del asesinato del abogado Daniel Benítez Callado, ocurrido el fin de semana en el municipio de Temixco, y consideró que ante este tipo de hechos que lastiman a la sociedad es evidente que el responsable de la seguridad estatal no cumplió con su misión.

En rueda de prensa, señaló que “nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno de Morelos para el efecto de que realice un análisis sobre la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad Pública (José Antonio Ortiz) Guarneros, ante las negligencias, ante las omisiones que ha realizado, en trabajos de prevención del delito, para evitar este tipo de actos”, dijo.

También pidió al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que se realicen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Benítez Callado, pero también de otros litigantes, como fue el caso de Paul Zaragoza Popoca, asesinado en enero pasado dentro de su despacho en la ciudad de Jojutla.

 

 

 

Contabilizan 32 asesinatos de profesionales del derecho en los últimos ocho años.

El Foro Morelense de Abogados del Estado de Morelos condenó el homicidio del abogado Daniel Benítez Callado  y exigió a las autoridades estatales y municipales dar resultado en materia de seguridad.

Benítez Callado, quien se desempeñó como juez cívico en el municipio de Temixco  durante el trienio pasado y se dedicaba al litigio, murió tras ser acribillado en la colonia Aeropuerto.

Al conocerse la noticia, el gremio de abogados condenó el lamentable asesinato, al que le preceden cerca de 32 asesinatos violentos de profesionales del derechos en los últimos ochos años.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, realizó un llamado enérgico para que los ayuntamientos y el gabinete estatal de seguridad asuman su responsabilidad y de una vez por todas hagan frente a la inseguridad que agobia a la población en la entidad.

“Queremos hacer un enérgico llamado a las autoridades, a todo el gabinete de seguridad pública del estado, a la presidente municipal (de Temixco) y en general  a todos los presidentes municipales, para que asuman su responsabilidad de hacer frente a la inseguridad pública”, dijo.

Exigió el esclarecimiento del homicidio de Daniel Benítez Callado, quien fue privado de la vida en el ejercicio de su profesión, e insistió en que las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de realizar las acciones previstas en el marco constitucional, para que los profesionales del derecho y los ciudadanos puedan recuperar la paz que la delincuencia les ha arrebatado.

 

 

 

Martes, 01 Septiembre 2020 05:12

Sin resolver, más de 300 desapariciones

Reclaman familias a la FGE por falta de resultados.

Miembros de la organización Regresando a Casa Morelos reclamaron a la Fiscalía General del Estado la falta de resultados en la investigación y esclarecimiento de más de 300 casos de desaparecidos.

Luego de que el 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres y familiares de personas desparecidas acudieron a la ofrenda dedicada a las víctimas, que permanece en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para recordar a sus seres queridos y reprochar la inacción de los responsables de las investigaciones para dar con su paradero.

Previo a la rueda de prensa, la organización Regresando a Casa Morelos comenzó en redes sociales una campaña, acompañada de las  etiquetas (hashtag) #MemoriaVivadeTuRecuerdo y #HastaEncontrarlos, con el propósito de visibilizar la lucha de padres, madres, hermanos y amigos contra el burocratismo de la fiscalía estatal y mantener vivo el recuerdo de todos aquellos ausentes.

Ataviada con un rebozo de satén rojo y acompañada de otros madres que también vistieron sus hombros con una tela roja, Angélica Rodríguez Monroy, vocera de la organización Regresando a Casa Morelos y madre de la estudiante universitaria Viridiana Morales Rodríguez, desparecida desde agosto de 2012, reconoció que existe una mesa de trabajo con la FGE y comunicación con el fiscal Uriel Carmona Gándara, pero esto no es suficiente, porque lo que reclaman las familias son resultados en las investigaciones para dar con el paradero de sus seres querido.

Indico que, de acuerdo con estadísticas recopiladas por las diferentes organizaciones de familiares de víctimas y personas desparecidas, se estima que son más de 300 casos no esclarecidos de personas ausentes y cuyas investigaciones sobre su paradero no avanzan.

Señaló que reiteradamente fiscal aseguró que hay disposición a trabajar de manera coordinada, sin embargo, la institución se niega a dar información importante para cada uno de los casos, por lo que difícilmente podrán existir avances.

Dijo que hasta ahora el trabajo realizado con las instituciones solo son mesas de trabajo y promesas de los funcionarios, pero lo que verdaderamente interesa a la familias es dar con el paradero de sus seres querido.

De esta manera, integrantes del colectivo Regresando a Casa advirtieron que continuarán con las acciones para mantener visible la lucha y encontrar respuestas a las dolorosas ausencias.

 

 

 

Sergio Valdespín Pérez difunde en redes sociales fotos y un video en torno a los hechos.

El exombudsman, Sergio Valdespín Pérez, denunció en redes sociales el robo de su perro y exhibió imágenes del presunto ladrón.

En una primera publicación, el también ex presidente municipal de Cuautla (2006-2009) expresó abiertamente su enojo y describió cómo fue hurtado el cachorro de pastor belga malinois, cuya raza suele ser entrenada para vigilancia y es utilizada por las corporaciones policíacas para la detección de cuerpos y narcóticos.

“Rateros de perros, H.D.S.P.M., en un descuido se abrió el portón y pasaban y se lo jalaron, perro pastor belga malinois. ¡Es un gol de VW gris estamos identificando placas, mejor entrégalo. ¡Colonia Gabriel Tepepa, atrás de la secundaria!”, narró escuetamente.

En un segundo mensaje, el exfuncionario panista exhibió fotos y un video del presunto ladrón, un hombre que conducía el vehículo Volkswagen, vestido con sombrero y camisa a cuadros.

Notablemente molesto, lanzó una advertencia para el presunto ladrón: “Este es el paisa que se chingo el perro, ayuden a identificar, estamos tras él, entrégalo. ¡Te va a salir barato¡”.

En los comentarios de las publicaciones, el exombudsman recibió el apoyo de su sus seguidores, y puntualizó que el can fue un regalo que él le hizo a su nieto, y por ello el gran enojo.

 

 

     

El activista afirma que deja una Visitaduría fortalecida

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